Desaparecidos: entre la esperanza y la duda hacia el gobierno
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Desaparecidos: entre la esperanza y la duda hacia el gobierno

Hoy domingo se conmemora el día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas y los colectivos de familiares se debaten entre la esperanza hacia cambios legales que van en la línea de lo que llevan años reivindicando y la desconfianza en las instituciones.
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A Gabriela la sacaron de su casa de Irapuato, Guanajuato, el 27 de mayo de 2019. A Waldo se le perdió la pista a mediados de octubre de 2018 en Matamoros, Tamaulipas, cuando trataba de llegar a Estados Unidos. Mónica Alejandrina salió de su casa de Ecatepec, Estado de México, el 14 de diciembre de 2004 y nadie volvió a saber nada de ella. No son sucesos excepcionales. Más de 75 mil personas están desaparecidas en México según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Hoy domingo se conmemora el día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas y los colectivos de familiares se debaten entre la esperanza hacia cambios legales que van en la línea de lo que llevan años reivindicando y la desconfianza en las instituciones que no les dan garantías. Al mismo tiempo, la pandemia por COVID-19 ha frenado las búsquedas, lo que genera inquietud entre las familias.

La petición al Senado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que la ONU pueda intervenir en casos individuales de desaparición forzada es visto por los colectivos como un gesto esperanzador. Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los senadores que permitan la participación de la instancia internacional. Esto es algo que los grupos de familiares como el Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos llevan tiempo demandando. Sin embargo, también piden eficacia en las medidas que ya se han aprobado. Por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda, que recibió el aval de la CNB el jueves, y el mecanismo de identificación forense, aprobado en marzo de 2019. 

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El protocolo se aprobó el jueves en la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas pero con la abstención de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Esto provocó la molestia de los colectivos como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que consideran que estas instituciones están ralentizando las investigaciones.

“Seguimos en búsqueda, esperamos que sea en vida. Sentimos que sigue con vida”, dice Martiniano Ríos, de 60 años, sobre su nieta Gabriela. Ella era estudiante, no había terminado la preparatoria, pero quería seguir con los libros. Personas armadas entraron en la casa y se la llevaron. “Sacaron a la muchacha a empujones. Ella pedía ayuda, pero no se pudo hacer nada”, dice su abuelo. La testigo de aquel secuestro fue su madre, María, pero falleció antes de ver a su hija de vuelta en casa.

En opinión de Martiniano Ríos la fiscalía le tiene abandonado. Cuenta que cada vez que acude a sus oficinas le mandan de vuelta sin darle siquiera el número de carpeta. Considera que se la llevaron para explotarla sexualmente, pero en realidad no sabe absolutamente nada. Solo pide que cuando llegue a solicitar información no lo maltraten. “Nos tratan con la punta del pie”, se queja. 

Guanajuato es un estado que hasta hace dos meses apenas reconocía la existencia de desaparecidos. Ahora, según datos de su propia comisión, son más de dos mil. 

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Nadie en la familia de Waldo sabe qué ocurrió en aquellos días de octubre de hace dos años cuando se lo tragó la tierra. La idea no era mala. María Luisa, la madre, que vive en Houston, quería dar a su hijo una oportunidad de cruzar al otro lado. Y pagó a un pollero para que le cruzase como hizo ella misma. Algo se torció. Los primeros días hablaba con su hijo y le mandaba dinero, pensando que estaba pagando su manutención. De repente dejó de contactar con él. Unos le decían que ya había cruzado y otros que todavía estaba en México. La realidad es que nunca más supo de él. Por eso, desde entonces sigue buscando. Cuenta cinco fiscales diferentes. Y no entiende por qué. Ella vive en Houston y pagó para que le trajesen a su hijo. Nunca se lo entregaron.  

Desde entonces, Luisa, su abuela, y Marisol, su cuñada, tratan de encontrar a Waldo. Viajaron hasta Tijuana siguiendo una pista, pero no tuvieron suerte. Solo quieren que alguien les de una respuesta. Han pasado por cinco fiscales y, según explica Luisa, se sienten abandonadas. 

Para Manuel Martínez la agonía dura más de 15 años. Su hija Mónica salió de casa y alguien se la llevó. Iba a cumplir 21 años. Se enoja cuando explica que a ella ni siquiera la cuentan como desaparecida porque cuando se la llevaron la legislación ni siquiera contemplaba el drama actual. A él le cambió la vida. Desde entonces es un activista que no solo busca a su hija, sino que se apoya a todas las personas que lamentablemente caen su situación. 

Estos son algunos ejemplos de una tragedia que marca a la sociedad mexicana. Actualmente el gobierno se ha comprometido con algunas de las demandas de la sociedad civil. Sin embargo, los colectivos exigen pasos concretos. Por ejemplo, el año pasado el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a invitar oficialmente al Comité contra la Desaparición Forzada. Hasta ahora, la secretaría de Relaciones Exteriores no ha tramitado la petición. 

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El caso de Antonia Barra, la joven de 21 años que se suicidó tras ser violada y que estremece a Chile

A mediados de septiembre, Antonia Barra, de 21 años, fue violada. Tres semanas después, se suicidó. El fallo, que descartó la prisión preventiva del acusado, ha desatado indignación en Chile.
23 de julio, 2020
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Antonia Barra

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Antonia Barra fue violada en la mañana del 18 de septiembre de 2019. Un mes después, se suicidó.

Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba dedicado a ella.

Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista “¡El violador eres tú!”, dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: justicia para Antonia.

El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva.

La joven fue violada a mediados de septiembre pasado. Casi un mes después, se suicidó. Tenía 21 años.

El rechazo a la prisión preventiva de Pradenas, de 28 años, se argumentó en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado, investigado por cinco casos de abuso sexual y violación a otras jóvenes.

“La chispa que enciende la movilización ciudadana, porque se entiende que esto es una instancia en medio de un proceso judicial, no su sentencia definitiva, es el argumento del juez, que resulta indignante y que no se hace cargo de la gravedad del caso“, le cuenta a BBC Mundo desde Santiago de Chile la periodista Paula Molina.

Además, el juez del caso, Federico Gutiérrez, definió que dos de las cinco acusaciones -ocurridas entre 2010 (a una joven de 16) y 2014 (a otra de 19 años)- están prescritas. En Chile, este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años.

“Eso es algo que indigna porque sabemos que a las víctimas les toma muchos años denunciar. Al mandar a prescripción lo que denuncian hace que todo el proceso sea inútil. Además, resulta difícil de entender cuando parece existir un continuo de delitos similares, como se denuncia en este caso”, explica Molina.

Durante la audiencia judicial, que fue transmitida en vivo, se emitió un video de Antonia y Martín, que después se publicó en la televisión nacional, en el que se ve cómo él tira de ella mientras caminan.

“Al ver el video donde aparece el acusado junto a la víctima, que va a ser violada y que se va a quitar la vida, el juez dice: ‘Yo solo veo a una pareja caminando’. Es una señal muy potente de cómo la justicia chilena no ve o elige no ver lo que ocurre en estos delitos“, explica Molina.

El Poder Judicial transmitió la audiencia en directo.

Poder Judicial
El Poder Judicial transmitió la audiencia en vivo. A la izda., el juez Federico Gutiérrez.

Pradenas contó en un video de YouTube publicado el 17 de julio que en las imágenes que distribuyeron “se puede ver cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales”.

Meses antes había confirmado que tuvieron relaciones sexuales, pero dijo que fueron consensuadas.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, no pierde la esperanza.

“Seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo”, añadió Barra.

El juicio comenzó el martes 21 de julio. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato.

Antonia Barra

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Antonia guardó silencio durante casi un mes por miedo a la reacción de sus padres, según su propio relato.

En ellos cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió.

Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida.

“Hastío”

El caso de Antonia Barra ocurre en medio del estallido social que se inició el 18 de octubre del año pasado y que ha tenido una repercusión especial. “Hay un hastío con lo que se percibe como abusos en general en la sociedad chilena”, dice Molina.

“En esa reacción inmediata, intensa, a lo que se planteó en la audiencia del juicio hubo esa sensación en mucha gente. De alguna manera, es como la misma pulsión del 18 de octubre y de las últimas manifestaciones que hemos vivido. Hay muchas personas que no están dispuestas a callar cuando consideran que algo es injusto“.

La periodista chilena considera que el caso de Antonia Barra pone de relieve que “existe la percepción de que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy generalizada en Chile”.

Mujeres en Santiago de Chile coreografiando "Un violador en tu camino". Diciembre de 2019.

JAVIER TORRES/Getty Images
Mujeres en Santiago de Chile coreografiando “Un violador en tu camino”.

“Precisamente un día antes de la audiencia judicial se publicó una radiografía del acoso en Chile donde se decía que más del 90 por ciento de las mujeres vive situación de acoso de distinto tipo en el país. Eso crea una identificación de parte de muchas mujeres con las víctimas”, añade Molina, que se refiere a una encuesta nacional en la que participaron más de 1.200 mujeres.

Pero el contexto de la fuerza actual del movimiento feminista en Chile también influye.

“Precisamente, la última gran manifestación antes de la pandemia fue la del 8 de marzo, y no solo hubo activistas o militantes, sino mujeres que, pensando distinto en muchos temas, coinciden en que es momento de que las mujeres reivindiquen la total igualdad de derechos. Eso también ha movilizado una toma de conciencia en muchas mujeres“, opina la colaboradora de BBC Mundo.

“También en otros países hay una sensación generalizada de que en los procesos judiciales todo el peso de la prueba recae sobre las mujeres, y de que el mismo proceso judicial revictimiza a las mujeres y las cuestiona de una manera que no se condice con la agresión que denuncian”.


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