A Gabriela la sacaron de su casa de Irapuato, Guanajuato, el 27 de mayo de 2019. A Waldo se le perdió la pista a mediados de octubre de 2018 en Matamoros, Tamaulipas, cuando trataba de llegar a Estados Unidos. Mónica Alejandrina salió de su casa de Ecatepec, Estado de México, el 14 de diciembre de 2004 y nadie volvió a saber nada de ella. No son sucesos excepcionales. Más de 75 mil personas están desaparecidas en México según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Hoy domingo se conmemora el día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas y los colectivos de familiares se debaten entre la esperanza hacia cambios legales que van en la línea de lo que llevan años reivindicando y la desconfianza en las instituciones que no les dan garantías. Al mismo tiempo, la pandemia por COVID-19 ha frenado las búsquedas, lo que genera inquietud entre las familias.
La petición al Senado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que la ONU pueda intervenir en casos individuales de desaparición forzada es visto por los colectivos como un gesto esperanzador. Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los senadores que permitan la participación de la instancia internacional. Esto es algo que los grupos de familiares como el Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos llevan tiempo demandando. Sin embargo, también piden eficacia en las medidas que ya se han aprobado. Por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda, que recibió el aval de la CNB el jueves, y el mecanismo de identificación forense, aprobado en marzo de 2019.
El protocolo se aprobó el jueves en la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas pero con la abstención de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Esto provocó la molestia de los colectivos como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que consideran que estas instituciones están ralentizando las investigaciones.
“Seguimos en búsqueda, esperamos que sea en vida. Sentimos que sigue con vida”, dice Martiniano Ríos, de 60 años, sobre su nieta Gabriela. Ella era estudiante, no había terminado la preparatoria, pero quería seguir con los libros. Personas armadas entraron en la casa y se la llevaron. “Sacaron a la muchacha a empujones. Ella pedía ayuda, pero no se pudo hacer nada”, dice su abuelo. La testigo de aquel secuestro fue su madre, María, pero falleció antes de ver a su hija de vuelta en casa.
En opinión de Martiniano Ríos la fiscalía le tiene abandonado. Cuenta que cada vez que acude a sus oficinas le mandan de vuelta sin darle siquiera el número de carpeta. Considera que se la llevaron para explotarla sexualmente, pero en realidad no sabe absolutamente nada. Solo pide que cuando llegue a solicitar información no lo maltraten. “Nos tratan con la punta del pie”, se queja.
Guanajuato es un estado que hasta hace dos meses apenas reconocía la existencia de desaparecidos. Ahora, según datos de su propia comisión, son más de dos mil.
Nadie en la familia de Waldo sabe qué ocurrió en aquellos días de octubre de hace dos años cuando se lo tragó la tierra. La idea no era mala. María Luisa, la madre, que vive en Houston, quería dar a su hijo una oportunidad de cruzar al otro lado. Y pagó a un pollero para que le cruzase como hizo ella misma. Algo se torció. Los primeros días hablaba con su hijo y le mandaba dinero, pensando que estaba pagando su manutención. De repente dejó de contactar con él. Unos le decían que ya había cruzado y otros que todavía estaba en México. La realidad es que nunca más supo de él. Por eso, desde entonces sigue buscando. Cuenta cinco fiscales diferentes. Y no entiende por qué. Ella vive en Houston y pagó para que le trajesen a su hijo. Nunca se lo entregaron.
Desde entonces, Luisa, su abuela, y Marisol, su cuñada, tratan de encontrar a Waldo. Viajaron hasta Tijuana siguiendo una pista, pero no tuvieron suerte. Solo quieren que alguien les de una respuesta. Han pasado por cinco fiscales y, según explica Luisa, se sienten abandonadas.
Para Manuel Martínez la agonía dura más de 15 años. Su hija Mónica salió de casa y alguien se la llevó. Iba a cumplir 21 años. Se enoja cuando explica que a ella ni siquiera la cuentan como desaparecida porque cuando se la llevaron la legislación ni siquiera contemplaba el drama actual. A él le cambió la vida. Desde entonces es un activista que no solo busca a su hija, sino que se apoya a todas las personas que lamentablemente caen su situación.
Estos son algunos ejemplos de una tragedia que marca a la sociedad mexicana. Actualmente el gobierno se ha comprometido con algunas de las demandas de la sociedad civil. Sin embargo, los colectivos exigen pasos concretos. Por ejemplo, el año pasado el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a invitar oficialmente al Comité contra la Desaparición Forzada. Hasta ahora, la secretaría de Relaciones Exteriores no ha tramitado la petición.
