Empresa ligada a Lozoya trafica en altamar combustible robado a Pemex
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Cuartoscuro

Empresa ligada a Lozoya trafica en altamar combustible robado a Pemex

El empresario gasolinero Renán Ariel Herrera Valls está relacionado con triangulaciones millonarias de compañías relacionadas a Odebrecht.
Cuartoscuro
4 de agosto, 2020
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Una empresa mexicana que forma parte de la presunta red de lavado de dinero formada por Odebrecht y Emilio Lozoya es señalada por autoridades federales de participar en el robo y tráfico de combustible de Pemex en altamar, una nueva ruta de investigación que podría confirmar que la petrolera nacional habría sido saqueada por partida doble: no sólo de sus arcas financieras, sino también de sus materias primas esenciales.

A raíz de un aseguramiento de buques cargados con cientos de toneladas de robo de combustible, conocido como huachicol, en el puerto de Dos Bocas en 2019, las autoridades federales iniciaron una investigación contra el empresario gasolinero Renán Ariel Herrera Valls. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó triangulaciones millonarias entre las cuentas de Herrera Valls, Tagal S.A. de C.V. –una compañía de la que es representante– y Etileno XXI, que tiene participación de la constructora brasileña Odebrecht a través de una subsidiaria, Braskem.

Lee: Vinculan a Lozoya por delitos relacionados con Odebrecht, pero enfrentará libre el proceso

La Secretaría de Marina (Semar) efectuó el decomiso del hidrocarburo en enero del año pasado frente al puerto de Dos Bocas, Tabasco, una de las principales rutas de exportación del crudo mexicano. Para ese momento, el gobierno federal ya había emprendido una dura estrategia de combate al huachicol.

El titular de la Semar, Rafael Ojeda, detalló el 30 de enero que 14 pipas pertenecientes a la empresa Grupo Combustibles S.A. de C.V. –también de Herrera Valls– surtieron en el puerto de Coatzacoalcos 745 toneladas de diésel al buque “Imiloa”, que posteriormente traspasó el hidrocarburo a otras dos embarcaciones de gran tamaño localizadas en Dos Bocas.

En el operativo fueron detenidos los tripulantes y capitanes de los buques, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el caso. Por esas fechas, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, también denunció que “miles de barriles” de crudo eran robados del puerto de Dos Bocas, e implicó en la red de cómplices a funcionarios de Pemex y de la Administración Portuaria Integral (API).

Hace un mes, el titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó en una entrevista con El Economista que se investigaba la relación de Lozoya y Odebrecht con el tráfico de combustible de Pemex en altamar, y dijo que ya se había presentado una nueva denuncia por estos hechos ante la FGR. A través de diversas fuentes federales, Animal Político conoció detalles de la acusación en contra del exdirector de Pemex, quien ya fue vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Entérate: Jueces dan luz verde para abrir caso Odebrecht, pero FGR aún no lo hace

La UIF detectó que Herrera Valls y Tagal S.A. de C.V. –empresa dedicada a la distribución de combustibles– efectuaron triangulaciones por 37.1 millones de pesos hacia y desde cuentas asociadas a Etileno XXI. Las transferencias se realizaron en 2015 y 2016, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex.

Conforme las investigaciones de autoridades federales, Tagal S.A. de C.V. depositó a Etileno XXI 18 millones 440 mil 577 pesos en 2015 y 2016. A su vez, Etileno XXI transfirió 15 millones 565 mil 008 pesos directamente a las cuentas de Herrera Valls en 2015. En un tercer momento, Tagal S.A. de C.V. depositó 3 millones 095 mil pesos a la cuenta de la esposa del empresario gasolinero, Norma Alicia Cruz Flores, en 2014 y 2016.

El matrimonio Herrera Valls-Cruz Flores se asoció para crear en 2002 la empresa Grupo Combustibles S.A. de C.V., que fue señalada directamente por la Semar de proveer el hidrocarburo robado que se traficaba en el Golfo de México en enero de 2019. A su vez, Cruz Flores es la accionista mayoritaria y vicepresidenta del consejo de administración de Tagal S.A. de C.V., de acuerdo con documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El complejo petroquímico Etileno XXI, localizado en Coatzacoalcos, se inserta en la trama de corrupción de Odebrecht y Lozoya como un centro nodal mediante el cual se recibieron y enviaron miles de millones de dólares hacia empresas fachada ubicadas en paraísos fiscales, de acuerdo con la indagatoria de la UIF.

Proceso dio a conocer que dichas transferencias de dinero fueron efectuadas por Braskem y Etileno XXI en años en los que la planta ni siquiera había comenzado funcionar, entre 2013 y 2016, por 244.1 millones de pesos y 653.2 millones de dólares; una de las empresas vinculadas con las triangulaciones es Tagal S.A. de C.V., que incluso hizo depósitos a cuentas de Oceanografía S.A. de C.V., de Amado Yáñez.

Una investigación reciente del Congreso de Brasil señaló que los sobornos transferidos en 2012 por Odebrecht a Lozoya, quien entonces era coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, se pagaron a través de la filial petroquímica Braskem, que en ese momento construía la planta de Etileno XXI, según un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Más ordeña a Pemex 

Herrera Valls no sólo está implicado en el caso de robo de hidrocarburos en altamar de enero de 2019, sino que en años anteriores fueron asegurados varios cargamentos de huachicol en vehículos pertenecientes a compañías a las que está vinculado el empresario veracruzano.

En febrero de 2019, elementos de la Policía Federal y del Ejército decomisaron en Campeche una pipa con 30 mil 861 litros de diésel industrial robado; el vehículo era propiedad de Tagal S.A. de C.V. En junio de 2017, otra unidad de la empresa, cargada con 62 mil litros de diésel, fue asegurada por la Policía Federal en Coatzacoalcos. Tagal también se vio envuelta en un operativo antihuachicol de marzo de 2004 en el que elementos de la entonces PGR aseguraron pipas con combustible robado.

Pese a su implicación en estas presuntas actividades criminales, Herrera Valls y Tagal han sido, durante años, proveedores de diésel de instituciones del gobierno federal, principalmente mediante contrataciones por adjudicación directa.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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