'Enfrentamos campaña sucia del gobierno', responden OSC a AMLO
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'Enfrentamos una campaña sucia del gobierno', dicen OSC sobre acusaciones de AMLO por el Tren Maya

Las organizaciones pidieron al Estado mexicano no contribuir a criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos ni a periodistas, en uno de los países más riesgosos del mundo para desempeñar estas labores.
Cuartoscuro
31 de agosto, 2020
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“Nosotras hemos estado aquí desde hace mucho años, más de 15 o 20, desde mucho antes de su mal llamado Tren Maya, trabajando por la defensa de los territorios y los derechos humanos. No somos ambientalistas disfrazados, ni la derecha. Nos han ofendido y criminalizado con sus declaraciones, en un país de alto riesgo para los defensores y defensoras. Exigimos una disculpa pública al presidente”, señaló Sara López, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).

En lo declarado por la activista se resume la respuesta que este lunes dieron, durante una conferencia de prensa, las organizaciones de la sociedad civil ante los señalamientos del  presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, en su conferencia de prensa matutina, respecto a que reciben financiamiento de fundaciones internacionales, como Ford y Kellogg, para oponerse al proyecto del Tren Maya. 

Lee: Gobierno de AMLO acusa a Animal Político y a OSC de recibir recursos para atacar al Tren Maya

“El presidente pidió una aclaración respecto a los fondos que recibimos y la estamos dando, le decimos que está muy mal informado. Es claro que nos encontramos frente a una campaña sucia, claramente orquestada desde el gobierno federal. Es inmoral usar el pulpito presidencial para golpear con mentiras. Notamos mucha ignorancia por parte del presidente. Porque uno difiere con la manera en la que él piensa y actúa, descalifica sin base”, afirmó Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), otra de las organizaciones señaladas por el mandatario. 

Alanís también aseguró que se busca descalificar el trabajo de los activistas, desprestigiar, difamar, deslegitimar, censurar. “Hemos visto cómo muchas de estas agresiones verbales se han vuelto un patrón por parte del Estado mexicano en casos como el Tren Maya. Esto puede llevar a que se produzcan agresiones físicas y asesinatos de defensores. En México, desde 2012, en Cemda hemos documentando 500 agresiones a defensores y defensoras y solo en 2019, mataron a 18 ambientalistas de acuerdo con datos de Global Witness”. 

El director de Cemda subrayó que lo que hacen es legal. “Lo que hacemos es lícito, lo reportamos anualmente a la Secretaría de Hacienda (los fondos que reciben) y nos auditan anualmente, en el caso de nosotros, firmas conocidas y prestigiadas a nivel internacional. Y sí protegemos intereses: los de la naturaleza, los territorios indígenas, el medio ambiente, la legalidad, los recursos naturales de la región”. 

Las organizaciones también aclararon que aunque sí reciben financiamiento de fundaciones internacionales, estos no están etiquetados para ir en contra del Tren Maya, como lo señaló el presidente. 

“Nuestro financiamiento viene de financiadores nacionales e internacionales. Los datos son públicos, los informes están en el SAT y desde presidencia los han usado para armar este escándalo. Pero este dinero no está etiquetado para oponerse al Tren Maya, es para hacer cumplir nuestra misión y visión”, aclaró Alanís.  

Entérate: OSC exigen a gobierno disculpa pública por acusación sobre financiamiento a medios y organizaciones

Por su parte, Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), aseguró que ellos no son ambientalistas disfrazados, ni conservadores. Explicó que tienen más de 15 años trabajando en la capacitación de intérpretes traductores indígenas, en proyectos para frenar la contaminación del agua y la agroindustria, las afectaciones de proyectos mineros y de energía, y en la defensa de los bienes comunes, de los bosques y las selvas.

“La información presentada por el gobierno es engañosa y fuera de contexto, se acusa a las organizaciones de recibir recursos para oponerse al Tren Maya, cuando las cifras presentadas se refieren a ingresos acumulados en los pasados 14 años, y lo que hacemos es legal, es un derecho”, dijo Madrid. 

Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, afirmó, que les resulta preocupante que el gobierno dedique tiempo, recursos humanos y tecnológicos, en particular en un proceso de crisis como éste, a investigar cómo y por qué se financian las organizaciones de la sociedad civil. 

“Es preocupante que esto haya sido dirigido a una obra en particular que es de interés del gobierno y en contra de organizaciones de la zona del sureste del país. Hacemos un llamado a que el gobierno aclare cuál es la información y cuáles son sus fuentes para decir que esto es contra el Tren Maya y por qué desacredita a las organizaciones en uno   de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y el periodismo, esperaríamos que el gobierno no contribuya a esto”. 

Como posicionamiento conjunto, las organizaciones reprocharon los señalamientos y exigieron una disculpa pública de parte del mandatario, además lo responsabilizaron de cualquier agresión que sufran ellos o sus familiares. 

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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