Durante la presentación del Grupo de Trabajo para el análisis del delito de feminicidio, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso una reforma al Código Penal federal para que todos los homicidios violentos de mujeres sean investigados como feminicidio.
Este miércoles, el grupo de trabajo presentó virtualmente ante la Cámara de Diputados, la Propuesta de Tipo Penal Homologado del Delito de Feminicidio.
Además de la homologación, dicho documento plantea condenas que vayan de los 40 a los 60 años para quien cometa el delito de feminicidio.
En su intervención, el fiscal general Gertz Manero calificó la propuesta como sólida y sugirió una acotación.
“Yo creo que si nosotros le agregamos nada más un pequeño párrafo en el que podamos decir que en la investigación de todos los hechos en los que se prive de la vida con violencia a una mujer, el Ministerio Público está obligado a constatar si existen algunas de las razones de género previstas en las fracciones de este artículo, para que en su caso se aplique”, señaló el fiscal.
Argumentó que al investigar todo asesinato violento contra una mujer como feminicidio, permitiría lograr un castigo suficiente.
“No se modifica lo que ustedes hicieron, al contrario, lo ratifica y lo sostiene mejor”, aclaró Gertz.
Qué proponen las diputadas
La Propuesta de Tipo Penal Homologado de Feminicidio fue trabajada desde hace meses por el Grupo de Trabajo para el análisis de dicho delito.
El grupo está conformado por 14 diputadas y 2 diputados e iniciaron sus reuniones de trabajo desde febrero pasado.
Sumado a las penas de entre 40 y 60 años de cárcel, la propuesta de plantea que (además de cuando el motivo sea por razones de género) se considere feminicidio cuando:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral,
docente, de confianza o alguna otra que evidencia desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público; o
VIII. El sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación.
Adicionalmente, la propuesta establece que las penas previstas se incrementen hasta en una tercera parte “si el delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos para causar la inconsciencia de la víctima”.
Así como el incremento de la pena de prisión hasta en una mitad “si el delito es cometido por algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, o por algún prestador de servicios de seguridad privada.
Finalmente, proponen que al servidor público que “retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia” la procuración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a 1,500 días multa. “Además, será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La propuesta completa puede consultarse aquí:
“Hay que mejorar el marco jurídico”
La diputada de Morena e integrante del grupo de trabajo, Lorena Villavicencio, señaló que para que la propuesta funcione, se debe mejorar el sistema jurídico del país.
En entrevista para Animal Político, Villavicencio señaló que “los operadores del sistema de justicia no están desarrollando adecuadamente su trabajo porque no tienen las herramientas, trabajan en condiciones deplorables pero también hay corrupción”.
Hasta no cambiar esta situación, acotó la diputada, “ningún cambio en las leyes dará resultado”.
Villavicencio apoyó la propuesta de Gertz Manero pero insistió en que se necesita invertir más en el sistema de justicia para que los resultados de estos proyectos se vean reflejados.
También recomendó revisar los protocolos actuales y la infraestructura para, si es necesario, aumentar el presupuesto en 2021 destinado a la investigación de todo tipo de delitos.
Con información de Arturo Angel.
