Gobierno de AMLO da contratos por 664 mdp a empresa ligada a Lozoya
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Gobierno de AMLO da contratos por 664 mdp a empresa ligada al caso de Lozoya y Odebrecht

La administración de López Obrador ha adjudicado contratos para el suministro y transporte de diésel a una empresa que es investigada por presunto tráfico de hidrocarburos en altamar.
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10 de agosto, 2020
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Tres instituciones de la actual administración federal han adjudicado contratos para el suministro y transporte de diésel a una empresa que es investigada por presunto tráfico de hidrocarburos en altamar y por presuntamente participar en la red de corrupción formada por Odebrecht y Emilio Lozoya.

Se trata de la compañía Tagal S.A. de C.V., que entre 2019 y 2020 ha recibido contratos por hasta 664 millones 527 mil 862 pesos de parte del IMSS, así como de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT) e incluso de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal a la que presuntamente ha ordeñado hidrocarburos a lo largo de varios años. De hecho, Tagal figura en el padrón de contratistas de la petrolera como proveedor del servicio de autotransporte de carga.

Entérate: Empresa ligada a Lozoya trafica en altamar combustible robado a Pemex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a dicha empresa por haber triangulado 37.1 millones de pesos a cuentas de la planta Etileno XXI –propiedad de Odebrecht– en 2015 y 2016, cuando Lozoya era director de Pemex.

En 2019, un empresario identificado por la UIF como representante de Tagal, Renán Ariel Herrera Valls, participó en el tráfico ilegal en el Golfo de México de 745 toneladas de diésel robado a Pemex.

Los hallazgos sobre Tagal S.A. de C.V. y Herrera Valls abren una nueva ruta de investigación que indicaría que la red Lozoya-Odebrecht no sólo desfalcó las arcas financieras de Pemex, sino que también habría saqueado las materias primas de la petrolera nacional. Precisamente, una de las cuatro denuncias presentadas por la UIF contra Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) está relacionada con el caso de robo de hidrocarburos en altamar.

El decomiso de buques fue efectuado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 27 de enero. La embarcación principal fue surtida con 745 toneladas de diésel mediante 14 pipas propiedad de Herrera Valls en el puerto de Coatzacoalcos, según información en poder la Semar.

Apenas unos días antes del operativo, el 4 de enero, la subsidiaria Pemex Etileno suscribió un contrato bianual con Tagal S.A. de C.V. para el servicio de autotransporte de diésel proveniente de la terminal de Pajaritos, ubicada, precisamente, en Coatzacoalcos.

El contrato 5400030904, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, establece que Tagal debe transportar entre 8 mil 580 y 20 mil 820 toneladas de hidrocarburos de la terminal Pajaritos a los complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera, un circuito localizado íntegramente en Coatzacoalcos. El costo del servicio es de mínimo 796 mil 224 pesos con IVA y máximo 1 millón 932 mil 096 pesos.

La institución federal que ha adjudicado los contratos más jugosos a Tagal, por un monto global de hasta 634.7 millones de pesos, ha sido Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT), empresa paraestatal que tiene asignada la concesión de la ruta del tren de Salina Cruz, Oaxaca, a Medias Aguas, Veracruz, que atraviesa la zona más angosta del país y conecta al Golfo con el Pacífico.

El FIT forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo público descentralizado que fue creado por decreto para coordinar el proyecto del tren transístmico, una de las obras emblemáticas del sexenio obradorista.

En noviembre del año pasado, el FIT adjudicó a Tagal S.A. de C.V. un contrato de hasta 322 millones 560 mil pesos, IVA incluido, por el suministro de diésel industrial bajo en azufre para locomotoras para el ejercicio 2020.

En 2019, por el mismo servicio, la paraestatal le asignó tres contratos abiertos por hasta 312 millones 223 mil 997 pesos con IVA.

Fuentes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec confirmaron a Animal Político que se encuentra en revisión del contrato que continúa vigente este año con Tagal, tras conocerse que la compañía es investigada por presunto robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

Señalaron que dicho contrato fue signado por el anterior titular del FIT, Gustavo Baca, quien fue removido este año, y adelantaron que, a partir de ahora, se comprará el diésel directamente a Pemex, sin intermediarios.

El IMSS es otra de las instituciones públicas que en la presente administración ha adjudicado a Tagal S.A. de C.V. contratos abiertos por un monto de hasta 27 millones 811 mil 769 pesos, IVA incluido.

En 2019, para el periodo de enero a marzo, la delegación del IMSS-Veracruz Norte le asignó dos contratos por hasta 10.9 millones de pesos para el suministro de diésel bajo en azufre para maquinaria.

Ese mismo año, la delegación del IMSS-Chiapas le adjudicó también dos contratos por hasta 7.8 millones de pesos, uno para el suministro de diésel para unidades médicas durante todo el año, y otro para la adquisición de diésel para maquinaria de septiembre a diciembre.

Por último, el IMSS-Quintana Roo asignó a Tagal dos contratos para el suministro y transportación de diésel para unidades médicas en 2019 y 2020 por un monto de hasta 9 millones 60 mil pesos.

Animal Político consultó a las áreas de comunicación social de Pemex y del IMSS para cuestionarles sobre la contratación de una compañía indagada por presuntos delitos federales, pero ambas instancias rechazaron emitir un posicionamiento.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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