Gobierno de AMLO da contratos por 664 mdp a empresa ligada a Lozoya
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Gobierno de AMLO da contratos por 664 mdp a empresa ligada al caso de Lozoya y Odebrecht

La administración de López Obrador ha adjudicado contratos para el suministro y transporte de diésel a una empresa que es investigada por presunto tráfico de hidrocarburos en altamar.
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10 de agosto, 2020
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Tres instituciones de la actual administración federal han adjudicado contratos para el suministro y transporte de diésel a una empresa que es investigada por presunto tráfico de hidrocarburos en altamar y por presuntamente participar en la red de corrupción formada por Odebrecht y Emilio Lozoya.

Se trata de la compañía Tagal S.A. de C.V., que entre 2019 y 2020 ha recibido contratos por hasta 664 millones 527 mil 862 pesos de parte del IMSS, así como de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT) e incluso de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal a la que presuntamente ha ordeñado hidrocarburos a lo largo de varios años. De hecho, Tagal figura en el padrón de contratistas de la petrolera como proveedor del servicio de autotransporte de carga.

Entérate: Empresa ligada a Lozoya trafica en altamar combustible robado a Pemex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a dicha empresa por haber triangulado 37.1 millones de pesos a cuentas de la planta Etileno XXI –propiedad de Odebrecht– en 2015 y 2016, cuando Lozoya era director de Pemex.

En 2019, un empresario identificado por la UIF como representante de Tagal, Renán Ariel Herrera Valls, participó en el tráfico ilegal en el Golfo de México de 745 toneladas de diésel robado a Pemex.

Los hallazgos sobre Tagal S.A. de C.V. y Herrera Valls abren una nueva ruta de investigación que indicaría que la red Lozoya-Odebrecht no sólo desfalcó las arcas financieras de Pemex, sino que también habría saqueado las materias primas de la petrolera nacional. Precisamente, una de las cuatro denuncias presentadas por la UIF contra Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) está relacionada con el caso de robo de hidrocarburos en altamar.

El decomiso de buques fue efectuado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 27 de enero. La embarcación principal fue surtida con 745 toneladas de diésel mediante 14 pipas propiedad de Herrera Valls en el puerto de Coatzacoalcos, según información en poder la Semar.

Apenas unos días antes del operativo, el 4 de enero, la subsidiaria Pemex Etileno suscribió un contrato bianual con Tagal S.A. de C.V. para el servicio de autotransporte de diésel proveniente de la terminal de Pajaritos, ubicada, precisamente, en Coatzacoalcos.

El contrato 5400030904, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, establece que Tagal debe transportar entre 8 mil 580 y 20 mil 820 toneladas de hidrocarburos de la terminal Pajaritos a los complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera, un circuito localizado íntegramente en Coatzacoalcos. El costo del servicio es de mínimo 796 mil 224 pesos con IVA y máximo 1 millón 932 mil 096 pesos.

La institución federal que ha adjudicado los contratos más jugosos a Tagal, por un monto global de hasta 634.7 millones de pesos, ha sido Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT), empresa paraestatal que tiene asignada la concesión de la ruta del tren de Salina Cruz, Oaxaca, a Medias Aguas, Veracruz, que atraviesa la zona más angosta del país y conecta al Golfo con el Pacífico.

El FIT forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo público descentralizado que fue creado por decreto para coordinar el proyecto del tren transístmico, una de las obras emblemáticas del sexenio obradorista.

En noviembre del año pasado, el FIT adjudicó a Tagal S.A. de C.V. un contrato de hasta 322 millones 560 mil pesos, IVA incluido, por el suministro de diésel industrial bajo en azufre para locomotoras para el ejercicio 2020.

En 2019, por el mismo servicio, la paraestatal le asignó tres contratos abiertos por hasta 312 millones 223 mil 997 pesos con IVA.

Fuentes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec confirmaron a Animal Político que se encuentra en revisión del contrato que continúa vigente este año con Tagal, tras conocerse que la compañía es investigada por presunto robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

Señalaron que dicho contrato fue signado por el anterior titular del FIT, Gustavo Baca, quien fue removido este año, y adelantaron que, a partir de ahora, se comprará el diésel directamente a Pemex, sin intermediarios.

El IMSS es otra de las instituciones públicas que en la presente administración ha adjudicado a Tagal S.A. de C.V. contratos abiertos por un monto de hasta 27 millones 811 mil 769 pesos, IVA incluido.

En 2019, para el periodo de enero a marzo, la delegación del IMSS-Veracruz Norte le asignó dos contratos por hasta 10.9 millones de pesos para el suministro de diésel bajo en azufre para maquinaria.

Ese mismo año, la delegación del IMSS-Chiapas le adjudicó también dos contratos por hasta 7.8 millones de pesos, uno para el suministro de diésel para unidades médicas durante todo el año, y otro para la adquisición de diésel para maquinaria de septiembre a diciembre.

Por último, el IMSS-Quintana Roo asignó a Tagal dos contratos para el suministro y transportación de diésel para unidades médicas en 2019 y 2020 por un monto de hasta 9 millones 60 mil pesos.

Animal Político consultó a las áreas de comunicación social de Pemex y del IMSS para cuestionarles sobre la contratación de una compañía indagada por presuntos delitos federales, pero ambas instancias rechazaron emitir un posicionamiento.

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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