El 4 julio de 2020 marcó la vida de Jeidy Hernández. Tres mecánicos la balearon por la espalda y la hirieron en una pierna; ya caída, le dispararon en la cabeza; sólo dos de ellos enfrentan un proceso legal por tentativa de homicidio, sin la agravante de odio.
A partir de esa fecha, Jeidy, mujer transgénero e indígena de Puebla, decidió dejar Tehuacán por temor a una nueva agresión; lleva en su cuerpo las dos balas que los médicos decidieron no retirarle para no poner su vida en mayor riesgo.
Jeidy ha acudido a dos revisiones médicas desde que la dieron de alta en el Hospital General de Tehuacán, Puebla, municipio al que llegó a vivir en 2010, cuando tenía 22 años de edad.
Cada vez que acude al médico viaja alrededor de seis horas para trasladarse desde la zona donde actualmente vive al hospital de Tehuacán, donde la atienden especialistas en ortopedia, neurología, medicina interna y recibe terapia psicológica.
La agresión de la que fue víctima se mediatizó y llevó a colectivos de la comunidad LGBTTTIQ en Tehuacán a pedir, una vez más, que las autoridades detengan la discriminación y las agresiones contra sus integrantes.
El 8 de agosto, en su segunda revisión médica, Jeidy se mostró tranquila. Es consciente de que dos balas estarán en ella por tiempo indefinido o hasta que su cuerpo genere las condiciones necesarias para que le sean retiradas sin peligro.
Hasta ese día no había mostrado pérdida de fuerza en alguna de sus extremidades, ni dificultad para hablar, ni mareos o dolores de cabeza, reacciones comunes en condiciones similares a las de Jeidy, explicó a Animal Político el director de salud municipal de Tehuacán, Samuel Rodríguez Serrano, quien da seguimiento al caso.
“Acepta que tendrá la bala adentro y sigue con su vida normal (…) si llegase a haber un cambio se tendría que operar de emergencia para evitar complicaciones, pero tras valoraciones de rutina vemos que no hay cambio neurológico y eso es lo que se esperaba”, explicó el médico.
Cada valoración implica tres esferas neurológicas: tiempo, lugar y espacio (saber dónde está, qué día es y quién es). Así se determina que no tiene pérdida de funciones motoras, que sus signos vitales están dentro de los parámetros normales y que no hay infección. Se espera que con el paso del tiempo las balas modifiquen su posición.
El día de la agresión Jeidy recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza, que le provocó un hematoma epidural, una acumulación de sangre que ocurre entre la capa que rodea al sistema nervioso y el cráneo; en ella la bala se encuentra en tejido celular, lo que no implica afectaciones cerebrales.
“Extraer la bala podría afectar ciertas funciones de la cabeza, conlleva el riesgo de tocar una parte sensible y afectar el estilo de vida del paciente (…) Una persona puede permanecer de por vida con una bala bajo seguimiento médico, y en caso de una alteración motora o neurológica se actúa de otra manera. Ahorita se valora el riesgo-beneficio”, explicó Rodríguez Serrano.
La otra bala la recibió en la tibia de la pierna derecha. Retirársela implicaría una fractura de hueso, por esa razón se le colocó una férula hasta ver la evolución. “Muchas veces el cuerpo va rechazando elementos extraños, al hacerlo, el médico interviene para retirarlos sin generar alguna fractura”. Por eso periódicamente Jeidy debe someterse a masajes.
Aparte de las revisiones periódicas recibe, también antiinflamatorios, antimicrobianos y analgésicos, contra el dolor, infecciones e inflamaciones; para evitar cualquier otro daño deberá cumplir con sus citas médicas por un periodo largo. También recibe un apoyo económico del área de atención a grupos vulnerables del municipio. Un tratamiento como el de Jeidy puede rebasar los 60 mil pesos.
Sin la agravante de odio
El pasado 22 de julio dos de los tres agresores que identificó Jeidy fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio, sin considerar la agravante por odio que contempla el Código Penal de Puebla en su artículo 330 bis: “existe odio cuando el agente lo comete por razón de preferencias sexuales, apariencia física (…) La existencia de cualquier otro móvil no excluye el odio”.
Animal Político preguntó a la Fiscalía General del Estado el motivo para no considerar el delito como intento de homicidio con agravante por odio. Respondió que es una investigación en curso, por lo que no puede dar más información. Sobre la vinculación a proceso de sólo dos agresores indicó que “por el momento es lo que obra en la carpeta de investigación.”
Tras la detención de los mecánicos y su vinculación a proceso, sus familiares declararon que son “inocentes” y dijeron que no entienden el por qué fue liberado el tercer agresor, que es además dueño del taller cercano a la zona donde vivía Jeidy.
En mayo de 2020, la Fiscalía General nombró a María Eugenia Calderón Olimán como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Se pidió una entrevista con ella para conocer su posición sobre las agresiones contra las mujeres transgénero en Puebla y la aplicación de la agravante por odio, pero se negó señalando que no tienen autorizadas entrevistas.
Una sentencia por el delito de tentativa de homicidio podría llevar a los agresores de Jeidy a 30 años de prisión, pero si se considerara la agravante por odio la pena aumentaría hasta 50 años, explicó el abogado penalista, Rubén Curiel Tejeda.
En el caso Tehuacán el municipio suma 16 crímenes por homofobia, transfobia y bifobia de 2010 a la fecha, de acuerdo con un registro del Club G, organización defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.
Por su parte, el colectivo Vida Plena registra en el estado tres ataques transfóbicos en lo que va de 2020, y 67 crímenes de odio en los últimos 23 años.
La organización Letra Ese, especializada en temas de diversidad, género y sexualidad, reporta en promedio 79 agresiones contra la comunidad al año. El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana en Puebla registra 32 agresiones de 2007 a 2018.
A consideración de Rubén Curiel, quien también coordina la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, en la etapa de investigación del delito cometido contra Jeidy corresponde al Ministerio Público investigar el intento de homicidio como crimen de odio y solicitar el encuadre en el tipo penal, si no quedaría como intento de homicidio simple no agravado, detalló, recortando las penas para sus agresores.
Lamentablemente, agregó, existen vacíos legales en la Fiscalía, ya que debe cubrir todas las agresiones hacia la comunidad observando la agravante por odio y la fiscalía especializada debería atraer los casos, lo que en el caso de Jeidy no está ocurriendo, porque las autoridades no la reconocen como una mujer trans y durante la investigación han tratado a Jeidy como hombre, quien por temor a una nueva agresión huyó de Tehuacán, en tanto dos de sus agresores alegan inocencia y un tercero, sin la agravante del odio, ya cobró su libertad.
