Más de un mes sin que comisión explique pasos para dar amnistía a presos
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Ley de Amnistía: más de un mes sin que comisión explique los pasos para ser excarcelado

La institución que dirige Olga Sánchez Cordero dijo que “se está trabajando” sobre el procedimiento; dos ONG denuncian inacción para despresurizar las cárceles durante la pandemia.
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Ha transcurrido más de un mes desde la primera y única reunión de la Comisión de Amnistía y todavía no se ha hecho público el procedimiento para que las personas privadas de libertad puedan optar a su excarcelación.

“No contamos con lineamientos claros. Seguimos sin tener certeza de los requisitos para presentar las solicitudes”, dice Viridiana Valgañón, abogada litigante de Equis Justicia para las Mujeres. Esta organización presentó el 1 de julio un caso para que sea resuelto por la comisión, pero todavía no ha recibido respuesta. En la misma situación está Documenta, otra asociación civil que registró otro caso y que tampoco tiene noticias sobre su evolución.

Entérate: Inquietudes para la Ley de Amnistía: ¿altas expectativas y bajo impacto?

Según el Transitorio Segundo del acuerdo por el que se creó la Comisión de Amnistía el 12 de junio, esta debía hacer público el procedimiento en un máximo de 72 horas desde la celebración de su primera reunión. Esta tuvo lugar el 23 de junio, pero todavía no se conoce documento alguno que explique qué es lo que un preso debe presentar para pedir ser liberado.

La Ley de Amnistía, aprobada el 22 de abril, sí recoge los delitos que pueden aspirar a las excarcelación (aborto; homicidio por razón de parentesco;delitos contra la salud, en especial aquellos condicionados por su situación de vulnerabilidad; robo simple y sin violencia y sedición). Lo que no señala es qué deben hacer los presos que quieran acogerse a la amnistía y sus abogados: qué presentar y de qué plazos disponen. Únicamente, la norma indica que si transcurren 4 meses sin obtener respuesta, la persona presa debe dar por hecho que rechazaron su solicitud. “Esto genera indefensión, ya que ni siquiera sabemos qué debemos apelar”, explica Nohemí Juárez, del área jurídica de Documenta.  

El mismo 23 de junio, cuando tuvo lugar la primera reunión (por vía telemática debido la pandemia de COVID-19), la secretaría de Gobernación hizo público que se habían recibido 2 mil 487 solicitudes de amnistía (de las que 56 eran del fuero federal, 2 mil 016 del fuero común, 496 sin identificar y 9 ya habían alcanzado su libertad). Animal Político solicitó la actualización de esta cifra, pero en la Segob respondieron que solo se hará pública cuando se celebre una nueva reunión de la comisión, para la que no hay fecha todavía. 

La institución que dirige Olga Sánchez Cordero dijo que “se está trabajando” sobre el procedimiento. 

Recientemente, Equis Justicia para las Mujeres presentó un amparo por el incumplimiento de la obligación de hacer público en el Boletín Oficial de la Federación (BOF) los requisitos para aspirar a la amnistía. 

Los dos casos presentados por las ONG entran dentro de los supuestos que marca la ley. Una es una mujer de Oaxaca, zapoteca, que está al cuidado de su madre. Está en prisión tras ser detenida con un paquete con droga de camino a Ciudad de México. Le pagaron 2 mil pesos por transportarlo. El otro es un joven que tenía 18 cuando fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos. Fue condenado en el país vecino pero regresó por un acuerdo que le permite cumplir la pena en México. 

“Seguimos sin tener certeza de los requisitos”, denunció Viridiana Valgañón. Las únicas comunicaciones recibidas desde la comisión han sido para que los presos entreguen copia de su expediente. Pero la abogada recordó que no todas las personas recluidas tienen recursos para acceder a esta documentación. Además, consideró que esta ley no se ha explicado bien al interior de los reclusorios. 

La aprobación de la Ley de Amnistía coincidió con la expansión de la pandemia por COVID-19 en México. Ambas organizaciones consideraron que este podía haber sido un mecanismo para “despresurizar” las cárceles, espacios vulnerables por su hacinamiento y falta de medidas higiénicas. 

El impacto que la enfermedad ha tenido en los reclusorios mexicanos no está claro. La única entidad que está haciendo públicos los datos es la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), cuyo último recuento cifra en más de mil 700 los contagios y 180 los fallecimientos.

“Hay un subregistro porque no todos los penales están reportando”, dijo María Sirvent, directora de Documenta. 

Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el número de muertes en prisión se triplicó en mayo. 

Además, este mismo informe revela que en mayo había 7 mil presos más que en enero, lo que contradice las promesas de gobiernos federales y estatales para acelerar las preliberaciones y tratar de descongestionar las prisiones. 

“Hay más decesos que nunca y hay más personas que están entrando a prisión. Debería haber estrategia integral de despresurización de las prisiones”, dijo Sirvent. 

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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