Cargos criminales, disputas internas, las claves tras la captura del Marro
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Foto: Fiscalía de Guanajuato

Cargos criminales en su contra, disputa por el territorio, las claves tras la captura del Marro

Entre las indagatorias en curso contra el presunto líder criminal está la operación de una red de lavado de dinero que involucra a empresas de autotransporte y prestanombres.
Foto: Fiscalía de Guanajuato
3 de agosto, 2020
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La detención de Juan Antonio Yépez alias el Marro, presunto líder criminal en Guanajuato y uno de los hombres más buscados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un golpe importante a uno de los grupos del crimen organizados más activos y violentos de los últimos años del país.

La captura, según lo destacaron ayer diversos funcionarios federales y estatales, fue resultado de un esfuerzo de coordinación e inteligencia de varios meses para cercar al líder criminal, mermar sus apoyos y finalmente localizarlo.

Entérate: Cártel del Marro creció con la complicidad de autoridades municipales y estatales, acusa AMLO

¿Pero qué sigue ahora? El esclarecimiento de una larga lista de hechos delictivos que se le atribuyen a Yépez y que requieren de investigaciones que aun no llegan a los jueces, y que se suman a procesos penales que ya tiene en curso, aunque en fases iniciales.

Además expertos en seguridad en Guanajuato, consultados por Animal Político, advierten
que la captura de un líder criminal, por sí sola, no frenará la violencia en la entidad. El riesgo de disputas internas por el control del grupo y la ofensiva de otras organizaciones rivales que buscan expandirse son nuevas amenazas.

A continuación, Animal Político detalla los puntos clave tras la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, a partir de los datos oficiales e información proporcionada por autoridades y los especialistas.

Los casos pendientes

Sobre José Antonio Yépez existe un alto número de hechos criminales en los que directa o indirectamente se le identifica como un posible autor intelectual, debido a su posición de liderazgo en el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Entre esos casos pendientes se encuentran los siguientes:

*Lavado de dinero: empresas, prestanombres y cuentas congeladas

La Fiscalía General de la República (FGR) inició a través de la SEIDO una carpeta de investigación por posibles operaciones de lavado de dinero en contra del Marro, su círculo familiar y sus redes de apoyo logísticas dentro del Cártel de Santa Rosa de Lima. El caso sigue en integración sin que aun se presente a un juez.

Fuentes federales explicaron a Animal Político que la indagatoria se abrió a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, a su vez, procedió con el congelamiento de las cuentas bancarias de 99 personas, de las cuales 43 son personas físicas (individuos) y 56 son personas morales (empresas).

Los trabajos de inteligencia financiera permitieron detectar que, a partir de las ganancias ilícitas provenientes del robo de combustible, la esposa de Yépez y otros operadores financieros adquirieron flotillas de camiones y tráileres, los cuales eran abastecidos por el propio combustible que obtenía el Cártel.

Se identificaron empresas de reciente creación con actividad declarada ante el SAT de “autotransporte de carga foránea”, cuyos accionistas en realidad eran o son prestanombres de este circulo familiar de Yépez.

“Se presume que ofrecían sus servicios de transporte a bajo costo con la finalidad de hacerse de clientes potenciales. De esta manera el Cártel pudo generar ganancias ilícitas dentro del sistema financiero para la adquisición de inmuebles, vehículos de lujo, ganado de diverso tipo, entre otros”, dice la indagatoria.

Dado que la UIF ha continuado con los trabajos de inteligencia financiera que la semana pasada derivaron en el congelamiento de nuevas cuentas bancarias, esta vez de presuntos abogados de Yépez, se prevé la presentación de al menos otra denuncia por lavado de dinero ante FGR.

*Crimen organizado y robo de combustible

La FGR tiene en curso otra carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada correlacionado con sustracción de hidrocarburos en contra del Marro. Es el caso de mayor avance, pues ya fue presentado ante un juez y dio paso a una orden de aprehensión contra el probable responsable.

Al Marro y a su grupo la FGR les atribuye una operación sistemática de robo de combustible a Pemex al menos durante la última década. Se trata de una actividad criminal que le originó a la empresa del Estado pérdidas por más de cien mil millones de pesos, tan solo en el lapso de 2014 a 2018.

Lo que sigue en este caso es que la FGR obtenga la vinculación a proceso en contra de Yépez por los delitos referidos, y posteriormente complete la investigación de cara a un juicio oral y una eventual sentencia condenatoria.

*Policías, jóvenes y miles de asesinados; secuestros, extorsiones…

En los últimos cuatro años los homicidios en Guanajuato se multiplicaron casi por cuatro. La entidad pasó de una cifra anual de 957 víctimas de homicidio doloso en 2015 hasta llegar a 3 mil 540 víctimas en 2019.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, se estima que hasta el 80% de los asesinatos en la entidad están ligados a la presencia o disputa de grupos del crimen organizado, en el que el CSRL liderado por el Marro ha sido protagonista.

La mayor parte de esos crímenes no se ha resuelto. Hay múltiples casos de alto impacto como el ataque a un centro de rehabilitación de adicciones en Irapuato, que dejó 26 muertos, en donde se detiene a algún presunto autor material, pero donde faltan los intelectuales.

Lo mismo ocurre con el asesinato de policías. En el primer semestre de 2020 se contabilizaron 63 policías asesinados solo en Guanajuato, que equivale a casi el 20% de todos los policías abatidos en el país. Se presume que la mayor parte de los asesinatos de los agentes se da en el contexto de lucha y venganza de los cárteles, y la mayor parte está impune.

A todo ello se suman casos de robos, extorsiones cobro de derecho de piso y secuestros como el de la empresaria rescatada en el operativo donde fue capturado el Marro, entre otros.

El problema es que la responsabilidad de esclarecer estos casos recae en la Fiscalía de Guanajuato que, como Animal Político documentó en esta nota, carece del personal técnico y científico suficiente para poder investigar y resolver la mayor parte de las investigaciones.

*Infiltración y corrupción local

De acuerdo con David Saucedo, especialista consultor en seguridad en Guanajuato, el CSRL llegó a tener presencia e infiltrar estructuras de gobierno en 16 municipios de la entidad. Todo ello corrompiendo funcionarios a través del pago de sobornos o de la violencia.

“No solo infiltraron las estructuras de seguridad sino lo hicieron en muchas áreas más de estos gobiernos municipales. Llegaron a colocar funcionarios, alcaldes, y a manejar el presupuesto de obra pública. Todo eso nunca ha sido investigado ni se conocen esas redes de complicidad política”, dijo.

En ese contexto Saucedo consideró que la detención de Yépez abre una posibilidad para que estos casos se clarifiquen. “Este sujeto está cargado de datos de pactos y sobornos. Podría llegarse a un acuerdo para que lo declare con la Fiscalía”, añadió.

Más guerra criminal

De acuerdo con los especialistas, la detención de Yépez es un golpe fuere al Cártel de Santa Rosa pero no significa la extinción de este, ni el cese de las disputas entre otras organizaciones del crimen organizado que también tienen presencia importante de Guanajuato.

En el caso específico del CSRL, David Saucedo – quien desde hace años mantiene un seguimiento puntual de estos grupos – advierte que aun con el embate del gobierno y de grupos rivales, dicha organización criminal mantiene una presencia importante en 12 municipios del estado.

“Hay líderes en el grupo criminal que van a desatar una contienda en el interior de esta organización que, contrario a lo que se comenta por algunos, mantiene una estructura importante. No hay un sucesor claro porque el que se perfilaba que era el jefe de plaza de Celaya, un sujeto apodado el Mamey, ya fue detenido. Entonces es previsible que haya una fractura y eso genere violencia”, dijo Saucedo.

Por otro lado, el especialista explicó que si bien un “ganador” del debilitamiento del Cártel de Santa Rosa es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto no significa en automático que dicho grupo delictivo pueda ocupar sus espacios.

El CJNG, añade, tendrá que luchar primero con los remanentes del grupo del Marro, luego con las propias autoridades, y finalmente con otros grupos criminales con presencia notable en el estado. Ciudades clave en este escenario de disputa son Celaya, Salamanca, Irapuato y Acámbaro.

Mientras que en el resto de Guanajuato hay una lucha que se mantiene con grupos contrarios entre los que destacan La Unión de León y el Cártel Nueva Plaza (este ultimo escisión del CJNG) por el control de León y zonas aledañas; el grupo de Los Viagras por el dominio de la zona sur de la entidad y remanentes de Los Caballeros Templarios en áreas colindantes con Michoacán.

La violencia en crecimiento

Aunque desde finales de 2019 se había advertido que el Marro se encontraba sumamente debilitado y en plena huida, este hecho no ha tenido ningún impacto positivo en la reducción de la violencia en la entidad. Al contrario.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el primer semestre de 2020 se registraron 2 mil 293 víctimas de homicidio doloso en la entidad, cifra que representa un incremento de la tasa de asesinatos cercana al 30% respecto al mismo periodo de 2019 que, de por sí, ya era récord para el estado.

El que la violencia no disminuyera con el debilitamiento notorio de Yépez Ortiz genera dudas en si su captura realmente impactará en la pacificación de la entidad. De hecho, de acuerdo con David Saucedo, el efecto podría ser exactamente al revés.

“Me atrevería a decir que no veremos una disminución en la violencia homicida en los siguientes meses, sino incluso un incremento por la posible disputa de los otros grupos criminales en Guanajuato. Esto no es hacer una profecía o una adivinanza. Es una previsión porque es algo que ya ha ocurrido antes”, señaló.

El que se consiga frenar el avance de la violencia en Guanajuato es uno de los objetivos prioritarios del gabinete de seguridad del presidente López Obrador. Como el propio presidente lo ha detallado en varias ocasiones, solo esta entidad llega a concentrar cerca de la quinta parte de todos los asesinatos en el país.

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Pedro Castillo: 3 claves detrás del caos político en Perú que llevó a la destitución y detención del mandatario

La decisión del ahora exmandatario Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción desató una tormenta política que sacudió a todas las instituciones del Estado.
7 de diciembre, 2022
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Perú se sumió este miércoles en un caos político tras la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar “un gobierno de excepción” que gobernaría a través de decretos ley hasta que un nuevo Parlamento con poderes constituyentes elaborara una nueva Constitución.

El anuncio del mandatario fue inmediatamente respondido con acusaciones de que estaba dando un “golpe de Estado”.

La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por otras autoridades del Estado -incluyendo la Policía y las Fuerzas Armadas- y generó una ola de renuncias de altos funcionarios, entre los que se encuentran varios ministros y embajadores.

Mientras tanto, los miembros del Congreso adelantaron unas horas la sesión que tenían prevista para debatir y votar una moción de vacancia contra Castillo que, finalmente, terminó en su destitución del cargo.

Tras su anuncio de este miércoles, Castillo se presentó después ante la prefectura de la policía en Lima, donde fue arrestado.

Poco después, la hasta ahora vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió la presidencia del país sudamericano.

Aquí te ofrecemos algunas claves para entender lo que está ocurriendo.

1. ¿Cómo se llegó hasta aquí?

Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces vivió varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su cartera de ministros en más de una ocasión.

La sesión de este miércoles era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder declarando su vacancia del cargo por “permanente incapacidad moral” para gobernar.

El día antes, Castillo acusó a la oposición de querer “dinamitar la democracia” y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra.

La convocatoria del Congreso para discutir la destitución de Castillo, que estaba prevista antes de la declaración del gobierno de excepción, se basaba en la supuesta incompetencia del mandatario para gobernar pues en año y medio de gestión había nombrado cinco gabinetes y unos 80 ministros.

Sobre el mandatario pesan varias acusaciones de corrupción que involucran a miembros de su familia, pero que -en algunos casos- también le tocan directamente. De hecho, en octubre pasado, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, a quien señala por supuestamente liderar “una organización criminal” para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones.

Sin embargo, durante la sesión de este miércoles para destituirle el argumento más mencionado por los parlamentarios para votar en su contra era la necesidad de preservar la democracia y el Estado de Derecho.

Para la destitución de Castillo era necesario el voto de dos tercios de los 130 miembros del Congreso, unos 87 parlamentarios, y fue aprobada con el respaldo de una holgada mayoría de 101.

Tras la declaración de vacancia, le correspondió a la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumir la presidencia del país hasta concluir el periodo presidencial en julio de 2026.

Boluarte fue compañera de fórmula electoral de Castillo, postulada por el partido Perú Libre, y ocupó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta el pasado 25 de noviembre.

Cuando Castillo anunció este miércoles su decisión de disolver el Congreso, Boluarte se distanció públicamente de él, señalando que se trataba de un quiebre del orden constitucional.

2. Entre 2018 y 2022: 6 presidentes

Con la caída de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, Perú suma ya seis presidentes de la República desde 2018. En marzo de ese año, se produjo la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido electo en los comicios de 2016 y optó por renunciar al cargo antes de que el Congreso procediera a realizar una votación -que el mandatario tenía perdida- para destituirle.

Kuczynski fue sustituido por su entonces vicepresidente Martín Vizcarra, quien fue removido del cargo por el Parlamento en 2020.

Tanto Kuczynski como Vizcarra están siendo investigados por la Fiscalía, pero hasta ahora no hay procesos judiciales en su contra.

Vizcarra fue sustituido por el congresista Manuel Merino, quien renunció al cargo cinco días después de asumir la presidencia. En su lugar, el Congreso juramentó a Francisco Sagasti, quien gobernó el país hasta la elección de Pedro Castillo.

Analistas señalan que, más allá de los posibles casos de corrupción en los que presuntamente puedan estar involucrados estos exmandatarios, los recurrentes cambios en la presidencia del país se explican también por la fragmentación política y por el diseño institucional del país que facilita que el Congreso use sus facultades de control para forzar cambios en el Ejecutivo.

Manifestantes protestando contra Castillo este miércoles en Perú.

Reuters
Manifestantes protestando contra Castillo este miércoles en Perú.

“Lo sucedido hoy es el final de la permanente rivalidad entre Pedro Castillo y el Congreso de Perú. Es un ejemplo más del difícil equilibrio y el pulso permanente al que aboca a estas dos instituciones el diseño constitucional actual de Perú”, dice Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Perú.

“En los últimos años ya hemos visto como muchos presidentes, con los Congresos con los que les tocó convivir tenían una relación en la que uno y otro están permanentemente apuntándose. El Congreso cuenta con el mecanismo de la vacancia y el presidente cuenta con el mecanismo del cierre del Congreso. Esto hace que la gobernabilidad del país sea muy difícil”, agrega.

3. ¿Qué puede pasar ahora con Pedro Castillo y con la nueva presidenta?

Según informan medios locales, Castillo se presentó la tarde de este miércoles ante la prefectura de la Policía Nacional de Perú (PNP), donde fue puesto bajo custodia.

Todavía se desconoce qué pasará con él, pero a juzgar por las declaraciones de altos funcionarios durante esta jornada es probable que sea sometido a algún tipo de procedimiento judicial.

Antes de la detención de Castillo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, le acusó de estar violando “flagrantemente” la Constitución del país y anunció que formularía una denuncia penal contra el ahora exmandatario.

Por otra parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que su país podría recibir a Castillo si éste lo solicita. “Tenemos una política favorable al asilo, si lo pide no debiéramos oponerlo, pero no lo ha hecho”, señaló a la prensa.

En cuanto a la nueva presidenta, Dina Boluarte, durante su discurso de investidura hizo un llamamiento a las fuerzas políticas del país para impulsar el diálogo y el entendimiento.

Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y por todos”, aseguró.

“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de dialogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, agregó.

El corresponsal de BBC Mundo en Perú, Guillermo Olmo, destaca que, por lo pronto, lo ocurrido este miércoles puso fin a la presidencia de Castillo, pero no es el final de la crisis política en Perú.

“Esto supone el final de la presidencia de Castillo, pero no el final de la crisis política en Perú. El Congreso sigue muy dividido y, según las encuestas, es tan impopular como el ya expresidente. Y no se atisba un acuerdo que vaya más allá del hecho de que había que sacar a Castillo. No está claro que haya consenso sobre qué gobierno y qué programa seguir”, advirtió.


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