Niños tarahumaras con fácil acceso al alcohol, pero no a escuela ni servicios
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Niños tarahumaras tienen fácil acceso al alcohol, pero no a escuela ni servicios

Nadie sanciona la venta ilegal en las comunidades de los ódami y los rarámuris, donde sí llega el alcohol pero no hay acceso a educación ni opciones para que los menores practiquen deportes o arte.
Foto: Especial
6 de agosto, 2020
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En cada calle del pueblo de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, enclavado en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, hay al menos dos expendios clandestinos de bebidas alcohólicas. Los niños del pueblo indígena ódami, de entre 8 a 10 años, acuden a esos lugares a comprar embriagantes. Nadie castiga a quienes se los venden.

Los menores se aficionan a la bebida, a la cerveza, sobre todo, cuando acuden a trabajar a los campos de amapola, señala la organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

Entérate: Campesinos de Guerrero cambian cultivo de amapola por el de mariguana para fabricar productos con ella

Esa es una de las pocas actividades en las que los indígenas, se pueden emplear en la Tarahumara. Ahí nadie tiene reparo en admitir también a niños para el jornal. Una parte de la paga es con dinero y otra con alcohol, cuenta uno de los pobladores de Baborigame, a quien llamaremos Ángel para proteger su identidad.

Ahora que la pandemia de COVID dejó a los niños sin deberes escolares –allá en la Tarahumara no hay ni forma de cómo seguir las clases a distancia porque las familias no tienen computadoras, el internet es escaso y caro, lo mismo que los datos para celular– los hijos de Ángel quisieron emplearse en esos campos. “No les gustó que les quisieran pagar con alcohol, así que ya no fueron, pero pues otros niños sí aceptan ese pago y empiezan con la bebida”.

El poblador dice que una de las razones por las que en esos campos les pagan así, no solo a los menores sino a todos los trabajadores, es porque los mismos dueños de los plantíos tienen relación comercial con los depósitos clandestinos de venta de alcohol. Así logran tener más clientes.

Entre los meses de abril y julio es cuando hay trabajo en los campos de amapola y también se ve a más niños en estado de embriaguez. Después, buscan la forma de conseguir dinero para seguir comprando bebidas en los depósitos clandestinos.

“A veces los de aquí se van a otros pueblos y de otros pueblos se vienen para acá a comprar cerveza para que los papás no los vean y ahí en los depósitos les venden”, dice Ángel.

No hay inspectores que quieran ir a la Sierra Tarahumara a verificar lo que ahí sucede, por el clima de violencia impuesto por los grupos de narcotraficantes.

“No existe ningún control o sanción para quienes venden a los menores de edad que son víctimas de este comercio clandestino”, alerta Diana Villalobos, directora de la organización civil Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

Ángel cuenta que si la policía ve a los niños comprando no pasa nada y no ha habido hasta ahora una estrategia por parte de las autoridades ni municipales ni estatales ni federales que llegue a esos lugares para tratar la adicción al alcohol en menores o en adultos.

“No, acá no hay nada para quitar lo de la bebida, apenas si hay un hospital que inauguraron, pero no hay médico ni nada. Nomas hay una clínica del IMSS, donde atienden dos enfermeras y ya”.

Martín Ruiz comisionado estatal para la Atención de las Adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de Chihuahua, aseguró a Animal Político que sí hay una estrategia en marcha contra el consumo de alcohol en menores en Guadalupe y Calvo, basada en dos instancias: el Comité Municipal de Salud y el Centro de Atención Primaria en Adicciones (Capa) de ese municipio.

Aunque admite que hasta ahora no ha habido un resultado contundente de las estrategias contra las adicciones en la zona por la misma lejanía y dispersión de las comunidades y por el consumo desde casa.

Por la distancia de la capital del estado (hasta nueve horas) y lo disperso de las comunidades es complejo operar una estrategia que no esté basada en instancias asentadas en los lugares, añade el funcionario.

Con el Comité Municipal de Salud se está integrando, explicó Ruiz, el Comité Municipal de Atención a las Adicciones, conformado por el presidente municipal, un médico y una trabajadora social del Centro de Salud más cercano a la presidencia municipal.

Este Comité se coordinará a su vez con el Capa de Guadalupe y Calvo, que hace labor preventiva, difundiendo información sobre los riesgos de las adicciones y capacitando a los profesores para que permeen este mensaje, y de atención al problema, a través de tamizajes con los que se identifica a menores que ya padezcan alcoholismo para darles un tratamiento ambulatorio.

Martín Ruíz culpa a los padres, a quienes señala de permitir y tolerar el consumo de alcohol en las festividades y de manera rutinaria y natural entre los menores. Aunque acepta también como problema la venta ilegal de alcohol.

Aunque es verdad que los ódami y los rarámuris (los dos pueblos indígenas que son mayoría en la zona) consumen alcohol, el tesgüino, en sus celebraciones tradicionales, en las que les permiten ingerir esta bebida a los menores, y aunque los niños crecen observando a su padres y a veces hasta a sus madres beber, porque en las comunidades indígenas ha venido creciendo la adicción al alcohol, en realidad los padres no les permiten a los hijos menores tomar, fuera de las celebraciones, “eso no se fomenta ni se permite”, asegura Ángel.

El poblado de Baborigame es la muestra de lo que pasa en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde hay 56 mil 130 habitantes, de acuerdo a datos del Inegi. El municipio es a su vez el ejemplo de lo que pasa en el resto de la Sierra Tarahumara, una extensa cadena de montañas que atraviesa de norte a sur el oeste de Chihuahua.

A Contec no le ha sido posible levantar un censo de todos los depósitos clandestinos donde se venden bebidas alcohólicas en la Sierra Tarahumara, compuesta por 13 municipios, ni del número de niños que las consumen. La extensa y compleja geografía del lugar, así como la violencia en la zona impiden desplegar ese tipo de trabajo. Las instancias de gobierno no han realizado tampoco un conteo así.

Lo que se sabe es lo que documentó la diputada local Blanca Gámez al presentar al Congreso del estado una iniciativa para castigar la venta ilícita de bebidas con contenido alcohólico y de su adulteración, que por ahora está estacionada en el legislativo.

En la exposición de motivos para sustentarla se señala que, de acuerdo a lo documentando en las conclusiones de la investigación de Resultados del Diálogo Intercultural para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Abuso Sexual y Violencia en Infancia y Adolescencia en Comunidades de Pueblos Originarios en Chihuahua, de fecha 29 de enero de 2020, hay un aumento en el consumo de alcohol y drogas en personas menores de edad.

“Se tiene conocimiento que los rarámuris tienen un consumo activo, que inicia desde los ocho años, y continúan con la mariguana. En Chihuahua, cuatro de cada 10 personas indígenas son adictas”, señala el documento.

Lee: El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios

Aunque Contec no tiene datos duros, por su trabajo de más de 20 años acompañando a las comunidades ódami y rarámuri de la Tarahumara, ha sido testigo de este problema. “En Baborigame, por poner ese ejemplo, hemos visto a los niños, de 8 o 10 años, consumiendo alcohol (…) gracias a la facilidad para acceder a todo tipo de bebidas, los niños indígenas de allá han desarrollado adicción al alcohol”, denuncia Villalobos.

Martín Ruiz dice que esperan bajar el índice de alcoholismo entre los niños, que hoy calcula entre 20 y 25% en municipios como Guadalupe y Calvo, a la mitad, 10%, en dos años. “Aunque todo es complejo, porque ahorita los 35 millones que teníamos para la estrategia de adicciones en todo el estado, todo se fue a lo de la pandemia, solo nos quedó la mitad de lo que nos daba la federación (9 millones), que se fueron a gastos administrativos: gasolina y todo eso”.

Sin oportunidades y con mucho crimen

Baborigame, un poblado a nueve horas de la capital de Chihuahua, es uno de los pueblos principales de Guadalupe y Calvo, municipio enclavado en lo que se conoce como el Triángulo Dorado para el cultivo y el trasiego de enervantes (Chihuahua, Durango y Sinaloa).

En Guadalupe y Calvo la gente siembra maíz y frijol, pero para el autoconsumo. Lo que se siembra en grandes cantidades, en estas zonas poco pobladas, de geografía complicada y poca vigilancia del Estado, son los enervantes. Antes de la legalización en Estados Unidos se sembraba marihuana, ahora se siembra amapola.

Los grupos del crimen organizado, que buscan dominar en la región, han tomado el control. En la Sierra Tarahumara, dice el diagnóstico de Contec, por décadas se han cometido delitos del fuero federal, como siembra y cultivo de enervantes, crimen organizado, portación de armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de drogas, tala ilegal, entre otros; sin embargo, no hay agencias del Ministerio Público Federal ni existe presencia de agentes de la Policía Federal, quienes acuden más bien de manera esporádica a las comunidades. El Ejército es el que tiene mayor presencia en esta zona.

En 2018, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guadalupe y Calvo hubo 56 asesinatos dolosos en 2018; 58 durante 2019 y de enero a junio de este año 24 homicidios.

En los últimos años, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado aquí el desplazamiento interno forzado de la población por causa de la violencia. Entre 2016 y 2017, salieron de las localidades de El Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán, 30 familias, alrededor de 138 personas. En otro poblado, en Maderas, salieron ese mismo año 500 personas, de acuerdo a reportes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Para los que se quedan en las comunidades de Guadalupe y Calvo no existen oportunidades de estudio ni de trabajo. Los empleos en las mineras, en el turismo, el comercio o los servicios están reservados para los mestizos con más estudios que los indígenas. A ellos les queda dos opciones, irse de su comunidad para buscar trabajo en los campos de manzana en Cuauhtémoc, en el mismo estado de Chihuahua, o más lejos, en los campos de cultivo de Sinaloa, o bien emplearse en la siembra de enervantes.

Lee: Consumo de azúcar, cigarros, alcohol y sedentarismo aumentaron en confinamiento, revela encuesta

Hasta los niños lo hacen, en un intento por tener un poco más del dinero que pueden ganar sus padres. Al fin de cuentas –señala  Diana Villalobos, la directora de Contec–   tampoco hay para ellos actividades recreativas, deportivas o culturales, y las clases escolares, cuando las hay, se dan apenas dos o tres veces a la semana.

Los maestros duran poco en esta zona marcada por la violencia, y los que se animan a llegar a la sierra y aguantar en el puesto de profesor, se quedan unos días de la semana, dan unas pocas clases, y luego se van a sus casas en otros municipios.

“Hay niños que llegan a quinto de primaria y no saben ni leer”, dice Villalobos. El promedio de escolaridad en Guadalupe y Calvo, de acuerdo a datos del Inegi es justo ese: 5.4 años.

El acceso a servicios básicos es otro problema en el municipio: solo 71.67% de las viviendas tiene acceso a luz eléctrica; 54.07% no tiene drenaje; 94.24% usa carbón o leña para cocinar; 26% tiene piso de tierra y 12.67% no cuenta con agua entubada.

En Guadalupe y Calvo hay población tanto mestiza como indígena, pero ésta tiene las peores condiciones, y los mayores índices de falta de acceso a servicios.

Así pasa en Baborigame, los niños ódami tienen piso de tierra en sus viviendas, no tienen drenaje, muchos no tienen luz ni agua; la educación a la que tienen acceso es deficiente y deben pasar largas horas ayudando a sus padres en la siembra ya sea de maíz y frijol para el autoconsumo o en algunos casos de los enervantes para ganarse unos pesos. Una vida dura y de rezagos con fácil acceso al alcohol, que para ellos ya representa hasta una moneda de cambio por su trabajo.

Por eso, desde hace meses se le ha planteado a las autoridades la necesidad de enviar una iniciativa para regular esta situación, pero el asunto ha marchado lento.

En enero de 2020, Contec hizo llegar a la diputada Blanca Gámez una solicitud para que el Poder Legislativo haga una adición a la Ley General de Alcoholes para regular de manera clara, precisa la venta ilegal de alcohol, bebidas no registradas, venta a menores, el establecimiento de horarios, lugares de venta y también reformas al Código Penal para establecer sanciones al incumplimiento.

La diputada Gámez presentó en mayo pasado la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del estado, para tipificar como delitos la venta clandestina de bebidas con contenido alcohólico, así como su adulteración.

Las modificaciones serían al Artículo 157 Bis del Código Penal del estado de Chihuahua, para quedar como sigue: “A quien fabrique, venda, suministre o distribuya bebidas adulteradas con sustancias que pongan en riesgo la salud de la persona, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa”.

Además, se modificará el Artículo 157, Ter, que quedaría así: “A quien sin contar con la licencia o el permiso emitido por la autoridad facultada para ello o teniéndola, desacate las disposiciones contenidas en la Ley de Alcoholes de Chihuahua y su reglamento, se le impondrá prisión de seis meses a un año de cincuenta a doscientos días de multa. La misma pena se aplicará a quien expenda bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios permitidos por la Ley”.

Contec señala que asesores del Congreso del Estado de Chihuahua les informaron que está pendiente de estudio para hacer las adiciones correspondientes a la Ley.

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Cuánto se construyó del muro de Trump en la frontera con México que Joe Biden mandó parar

En la búsqueda de la reelección, Trump insistió en que el muro avanzaba rápidamente y en que la factura estaba del lado mexicano.
21 de enero, 2021
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Trump firmando el muro

AFP
En uno de sus últimos actos como presidente Trump visitó el muro y estampó su firma en una placa colocada en la barrera.

Tal y como había prometido durante su campaña, una de las primeras medidas ordenadas por Joe Biden durante su primer día como presidente de Estados Unidos fue detener la construcción del muro en la frontera con México.

Durante la jornada el nuevo mandatario también anunció otros importantes cambios en materia de política migratoria, empezando por un proyecto de ley que establece un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados.

Pero nada ejemplifica mejor la ruptura con las políticas de la anterior administración como el fin de la construcción del muro, tal vez el proyecto más representativo de todo el mandato de Donald Trump.

“Ya hemos construido 300 millas (480 kilómetros) del muro fronterizo”, presumió Trump el 28 de agosto pasado, en un mitin celebrado justo después de terminada la Convención Nacional Republicana que oficializó su candidatura a la reelección.

Columpio

AFP
Estos columpios a ambos lados del muro permiten interacción entre personas a ambos lados de la frontera.

“El muro pronto estará listo y nuestros números en la frontera son los mejores de la historia. Por cierto, México está pagando por el muro, por si no lo sabían“, añadió en esa oportunidad el mandatario.

Desde ese momento, en todos sus actos de campaña, Trump insistió en estas dos ideas: que el muro avanzaba rápidamente y que la factura estaba del lado mexicano.

Y, según las proyecciones del mandatario, se esperaba que para principios de 2021 ya se hubieran completado un total de 800km.

Biden firmando una orden ejecutiva

Getty Images
Una de las primeras medidas de Biden fue detener la construcción del muro.

Como en muchas otras cosas, la realidad resultó ser bastante diferente.

¿Cuánto logró realmente avanzar el muro de Trump antes de que Biden cerrara la llave del financiamiento federal que mantenía vivo al proyecto?

Cómo es la frontera

Empecemos ofreciendo algo de contexto.

La frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud de 3.142 kilómetros y antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, había barreras o vallas de separación en un tercio de la frontera, unos 1.050km.

Mapa de la frontera entre EE.UU. y México

BBC

En las zonas más urbanas, las barreras están hechas para impedir el paso de peatones y vehículos.

Las vallas son de diversos tipos: en algunos segmentos son paneles de chapa o acero corrugado, en otras partes hay una malla de alambre o varias superpuestas, y en ciertos sectores, hay barras verticales que miden entre 5,5 y 9,1 metros de altura colocadas sobre cemento y separadas por pequeños espacios.

Instalación de postes verticales en la frontera

Getty Images
Instalación de una valla secundaria de postes verticales en California.

En las áreas más remotas, el gobierno usa “cercas vehiculares”, que son postes de madera cruzados (generalmente obtenidos de las vías ferroviarias) que impiden el paso de vehículos pero que pueden ser superados por peatones.

En el puesto fronterizo entre San Diego y Tijuana, las vallas se adentran hasta 100 metros en el mar y están hechas por materiales resistentes al óxido y la corrosión salina.

Valla se adentra en el océano Pacífico

Getty Images
El muro o valla separa a San Diego y Tijuana y se adentra unos 100 metros en el mar.

En el resto de la frontera, donde hay zonas montañosas, desiertos, humedales y canales en torno al río Bravo (o río Grande), no existe una estructura hecha por el ser humano: la naturaleza forma su propia barrera.

En algunos puntos, la frontera tiene dos o hasta tres capas de barreras, una detrás de otra. Las autoridades se refieren a ellas como barreras primarias, secundarias y terciarias.

Gráfico de detenciones en la frontera EE.UU.-México

BBC

La promesa y las cifras de Trump

Durante la campaña de 2016, Trump prometió construir el muro a lo largo de toda la frontera.

Posteriormente aclaró que solo cubriría la mitad, dado que la naturaleza se encarga del resto.

El rio Bravo (río Grande en EE.UU.)

Getty Images
El rio Bravo (río Grande en EE.UU.) y otros accidentes geográficos crean una frontera natural de por sí difícil de cruzar.

Las dificultades para encontrar financiación para el muro retrasaron los planes del presidente.

Pero a unas semanas de las elecciones y con más de tres años y medio de gobierno en la espalda, Trump se jactaba de que el muro está prácticamente listo.

Muro en el desierto de Sonora

Getty Images
Partes del muro atraviesan el desierto como esta que separa San Luis, Colorado, de Sonora.

En ese momento el presidente afirmaba que ya se han construido 480km y que se esperaba que para principios de 2021 ya se hubieran completado un total de 800km.

Pero las cifras oficiales muestran una cara diferente.

Los datos

Según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), al pasado 4 de enero se habían construido “452 millas” (es decir 727 kilómetros) del llamado nuevo sistema de muro fronterizo”.

Pero aunque esto no parece muy lejano a lo prometido por Trump, un análisis más detallado de las cifras ofrece un retrato muy diferente.

Una excavadora en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez

Reuters
En distintos puntos fronterizos de Texas se podían ver los trabajos de construcción o sustitución del muro.

Efectivamente, de los más de 700 km construidos a esa fecha -la inmensa mayoría son sustituciones o reparaciones de estructuras ya existentes que estaban deterioradas.

Eso significa que en realidad solamente se construyeron unos 129 kilómetros de muro nuevo, de los cuales 53km corresponden a vallas secundarias, lo que deja un total de 76km de barreras primarias totalmente nuevas.

Las dificultades para construir de cero

El hecho de que el gobierno Trump no pudiera avanzar en la construcción de un muro totalmente nuevo se explica por varias razones.

Una de ellas es la ya mencionada dificultad para construir en zonas donde la naturaleza se impone, especialmente en las inmediaciones del río Grande.

Valla en Texas

Getty Images
La valla también cruza zonas rurales y agrícolas, como esta cerca en Brownsville, Texas. Los rancheros del norte que tienen propiedades en el sur cruzan la frontera por una gran puerta metálica con cerrojo de seguridad.

También hay que tener en cuenta que muchas de las zonas libres de barreras se encuentran en tierras de propiedad privada y sus dueños no están dispuestos a permitir que se erija un muro en su terreno.

A diferencia de los estados del oeste, donde gran parte de la tierra está bajo control del gobierno, hay cientos de granjas en la ribera del río, ranchos y otras propiedades en manos privadas en Texas.

Algunas carecen de registros de propiedad, otras están en manos de múltiples herederos.

El gobierno planeaba hacer uso de su derecho de expropiación para adquirir los terrenos, pero el proceso es lento e implica dilatadas acciones legales

Y a estos obstáculos se les sumó la falta del presupuesto total necesario para completar la construcción prometida.

Donald Trump en un mitin en New Hampshire el 28 de agosto de 2020

Reuters
La visión de Trump sobre el muro cambió varias veces mientras estuvo en la Casa Blanca.

Lo que nos lleva al siguiente punto: ¿quién pagó por el muro?

México en la mira

El 25 de enero de 2017, Trump firmó un decreto que autorizaba la construcción del muro en la frontera sur.

Pocos meses después, en abril, Trump tuvo que renunciar a hacer la obra en su primer año fiscal como presidente, como era su promesa.

El mandatario insistió en que la gran obra de infraestructura sería financiada por México.

Trabajador en el muro entre Estados Unidos y México a la altura de Mission, Texas

Reuters
El presidente Trump insistió hasta el final en que México estaba pagando la construcción del muro fronterizo.

El entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazó esa afirmación y aseguró en varias ocasiones que su país no pagaría ningún muro.

Y en un encuentro en la Casa Blanca, tanto el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como Trump evitaron hablar del delicado asunto.

Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca el 8 de julio de 2020

Reuters
Los presidentes de México y Estados Unidos no hablaron sobre la financiación del muro durante su encuentro en la Casa Blanca a primeros de julio.

Aun así, el mandatario estadounidense siempre insistió en que México estaba pagando el muro, algo que los datos oficiales también contradicen.

Según la CBP, la financiación para la construcción procede de los Departamentos de Seguridad Nacional, Defensa yTesoro.

Esto fue posible gracias a la declaración de estado de emergencia nacional en la frontera firmada por Trump el 15 de febrero de 2019.

El presidente justificó que la declaración era necesaria para proteger al país de una “invasión de drogas y criminales” procedente de México y que supone “un grave riesgo para la seguridad nacional”.

Gráfico de detenciones en la frontera EE.UU.-México

BBC

La medida le permitió desviar para el muro US$6.300 millones de partidas presupuestarias del Departamento de Defensa para la lucha contra las drogas.

A esa cantidad se le sumaron US$3.600 millones del presupuesto del Departamento de Defensa para construcciones militares más unos US$3.400 millones de los presupuestos anuales de la CBP (que depende del Departamento de Seguridad Nacional).

Muro de paneles metálicos

Getty Images
Muro de paneles metálicos vistos desde México.

Todas esas partidas más los US$1.375 millones que sí fueron aprobados por el Congreso en 2018 suman un total de unos US$15.000 millones, una cantidad inferior a los US$25.000 millones inicialmente presupuestados para la construcción del muro.

En cualquier caso, ninguna de estas partidas parece haber provenido de México.

Y el equipo de campaña de Biden no dudó en calificar al muro como “una pérdida de dinero” que “desvía recursos críticos de las amenazas reales”.

El equipo dijo que, en su lugar, desviará los fondos federales hacia esfuerzos como nuevas medidas de control fronterizo.

Así las cosas, todo indica que el muro ya no va a seguir creciendo y que el debate sobre su financiamiento ya llegó a su fin.


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