Niños tarahumaras con fácil acceso al alcohol, pero no a escuela ni servicios
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Niños tarahumaras tienen fácil acceso al alcohol, pero no a escuela ni servicios

Nadie sanciona la venta ilegal en las comunidades de los ódami y los rarámuris, donde sí llega el alcohol pero no hay acceso a educación ni opciones para que los menores practiquen deportes o arte.
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6 de agosto, 2020
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En cada calle del pueblo de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, enclavado en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, hay al menos dos expendios clandestinos de bebidas alcohólicas. Los niños del pueblo indígena ódami, de entre 8 a 10 años, acuden a esos lugares a comprar embriagantes. Nadie castiga a quienes se los venden.

Los menores se aficionan a la bebida, a la cerveza, sobre todo, cuando acuden a trabajar a los campos de amapola, señala la organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

Entérate: Campesinos de Guerrero cambian cultivo de amapola por el de mariguana para fabricar productos con ella

Esa es una de las pocas actividades en las que los indígenas, se pueden emplear en la Tarahumara. Ahí nadie tiene reparo en admitir también a niños para el jornal. Una parte de la paga es con dinero y otra con alcohol, cuenta uno de los pobladores de Baborigame, a quien llamaremos Ángel para proteger su identidad.

Ahora que la pandemia de COVID dejó a los niños sin deberes escolares –allá en la Tarahumara no hay ni forma de cómo seguir las clases a distancia porque las familias no tienen computadoras, el internet es escaso y caro, lo mismo que los datos para celular– los hijos de Ángel quisieron emplearse en esos campos. “No les gustó que les quisieran pagar con alcohol, así que ya no fueron, pero pues otros niños sí aceptan ese pago y empiezan con la bebida”.

El poblador dice que una de las razones por las que en esos campos les pagan así, no solo a los menores sino a todos los trabajadores, es porque los mismos dueños de los plantíos tienen relación comercial con los depósitos clandestinos de venta de alcohol. Así logran tener más clientes.

Entre los meses de abril y julio es cuando hay trabajo en los campos de amapola y también se ve a más niños en estado de embriaguez. Después, buscan la forma de conseguir dinero para seguir comprando bebidas en los depósitos clandestinos.

“A veces los de aquí se van a otros pueblos y de otros pueblos se vienen para acá a comprar cerveza para que los papás no los vean y ahí en los depósitos les venden”, dice Ángel.

No hay inspectores que quieran ir a la Sierra Tarahumara a verificar lo que ahí sucede, por el clima de violencia impuesto por los grupos de narcotraficantes.

“No existe ningún control o sanción para quienes venden a los menores de edad que son víctimas de este comercio clandestino”, alerta Diana Villalobos, directora de la organización civil Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec).

Ángel cuenta que si la policía ve a los niños comprando no pasa nada y no ha habido hasta ahora una estrategia por parte de las autoridades ni municipales ni estatales ni federales que llegue a esos lugares para tratar la adicción al alcohol en menores o en adultos.

“No, acá no hay nada para quitar lo de la bebida, apenas si hay un hospital que inauguraron, pero no hay médico ni nada. Nomas hay una clínica del IMSS, donde atienden dos enfermeras y ya”.

Martín Ruiz comisionado estatal para la Atención de las Adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de Chihuahua, aseguró a Animal Político que sí hay una estrategia en marcha contra el consumo de alcohol en menores en Guadalupe y Calvo, basada en dos instancias: el Comité Municipal de Salud y el Centro de Atención Primaria en Adicciones (Capa) de ese municipio.

Aunque admite que hasta ahora no ha habido un resultado contundente de las estrategias contra las adicciones en la zona por la misma lejanía y dispersión de las comunidades y por el consumo desde casa.

Por la distancia de la capital del estado (hasta nueve horas) y lo disperso de las comunidades es complejo operar una estrategia que no esté basada en instancias asentadas en los lugares, añade el funcionario.

Con el Comité Municipal de Salud se está integrando, explicó Ruiz, el Comité Municipal de Atención a las Adicciones, conformado por el presidente municipal, un médico y una trabajadora social del Centro de Salud más cercano a la presidencia municipal.

Este Comité se coordinará a su vez con el Capa de Guadalupe y Calvo, que hace labor preventiva, difundiendo información sobre los riesgos de las adicciones y capacitando a los profesores para que permeen este mensaje, y de atención al problema, a través de tamizajes con los que se identifica a menores que ya padezcan alcoholismo para darles un tratamiento ambulatorio.

Martín Ruíz culpa a los padres, a quienes señala de permitir y tolerar el consumo de alcohol en las festividades y de manera rutinaria y natural entre los menores. Aunque acepta también como problema la venta ilegal de alcohol.

Aunque es verdad que los ódami y los rarámuris (los dos pueblos indígenas que son mayoría en la zona) consumen alcohol, el tesgüino, en sus celebraciones tradicionales, en las que les permiten ingerir esta bebida a los menores, y aunque los niños crecen observando a su padres y a veces hasta a sus madres beber, porque en las comunidades indígenas ha venido creciendo la adicción al alcohol, en realidad los padres no les permiten a los hijos menores tomar, fuera de las celebraciones, “eso no se fomenta ni se permite”, asegura Ángel.

El poblado de Baborigame es la muestra de lo que pasa en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde hay 56 mil 130 habitantes, de acuerdo a datos del Inegi. El municipio es a su vez el ejemplo de lo que pasa en el resto de la Sierra Tarahumara, una extensa cadena de montañas que atraviesa de norte a sur el oeste de Chihuahua.

A Contec no le ha sido posible levantar un censo de todos los depósitos clandestinos donde se venden bebidas alcohólicas en la Sierra Tarahumara, compuesta por 13 municipios, ni del número de niños que las consumen. La extensa y compleja geografía del lugar, así como la violencia en la zona impiden desplegar ese tipo de trabajo. Las instancias de gobierno no han realizado tampoco un conteo así.

Lo que se sabe es lo que documentó la diputada local Blanca Gámez al presentar al Congreso del estado una iniciativa para castigar la venta ilícita de bebidas con contenido alcohólico y de su adulteración, que por ahora está estacionada en el legislativo.

En la exposición de motivos para sustentarla se señala que, de acuerdo a lo documentando en las conclusiones de la investigación de Resultados del Diálogo Intercultural para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Abuso Sexual y Violencia en Infancia y Adolescencia en Comunidades de Pueblos Originarios en Chihuahua, de fecha 29 de enero de 2020, hay un aumento en el consumo de alcohol y drogas en personas menores de edad.

“Se tiene conocimiento que los rarámuris tienen un consumo activo, que inicia desde los ocho años, y continúan con la mariguana. En Chihuahua, cuatro de cada 10 personas indígenas son adictas”, señala el documento.

Lee: El plan de AMLO contra adicciones: sin presupuesto, infraestructura y con mensajes contradictorios

Aunque Contec no tiene datos duros, por su trabajo de más de 20 años acompañando a las comunidades ódami y rarámuri de la Tarahumara, ha sido testigo de este problema. “En Baborigame, por poner ese ejemplo, hemos visto a los niños, de 8 o 10 años, consumiendo alcohol (…) gracias a la facilidad para acceder a todo tipo de bebidas, los niños indígenas de allá han desarrollado adicción al alcohol”, denuncia Villalobos.

Martín Ruiz dice que esperan bajar el índice de alcoholismo entre los niños, que hoy calcula entre 20 y 25% en municipios como Guadalupe y Calvo, a la mitad, 10%, en dos años. “Aunque todo es complejo, porque ahorita los 35 millones que teníamos para la estrategia de adicciones en todo el estado, todo se fue a lo de la pandemia, solo nos quedó la mitad de lo que nos daba la federación (9 millones), que se fueron a gastos administrativos: gasolina y todo eso”.

Sin oportunidades y con mucho crimen

Baborigame, un poblado a nueve horas de la capital de Chihuahua, es uno de los pueblos principales de Guadalupe y Calvo, municipio enclavado en lo que se conoce como el Triángulo Dorado para el cultivo y el trasiego de enervantes (Chihuahua, Durango y Sinaloa).

En Guadalupe y Calvo la gente siembra maíz y frijol, pero para el autoconsumo. Lo que se siembra en grandes cantidades, en estas zonas poco pobladas, de geografía complicada y poca vigilancia del Estado, son los enervantes. Antes de la legalización en Estados Unidos se sembraba marihuana, ahora se siembra amapola.

Los grupos del crimen organizado, que buscan dominar en la región, han tomado el control. En la Sierra Tarahumara, dice el diagnóstico de Contec, por décadas se han cometido delitos del fuero federal, como siembra y cultivo de enervantes, crimen organizado, portación de armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de drogas, tala ilegal, entre otros; sin embargo, no hay agencias del Ministerio Público Federal ni existe presencia de agentes de la Policía Federal, quienes acuden más bien de manera esporádica a las comunidades. El Ejército es el que tiene mayor presencia en esta zona.

En 2018, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guadalupe y Calvo hubo 56 asesinatos dolosos en 2018; 58 durante 2019 y de enero a junio de este año 24 homicidios.

En los últimos años, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado aquí el desplazamiento interno forzado de la población por causa de la violencia. Entre 2016 y 2017, salieron de las localidades de El Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán, 30 familias, alrededor de 138 personas. En otro poblado, en Maderas, salieron ese mismo año 500 personas, de acuerdo a reportes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Para los que se quedan en las comunidades de Guadalupe y Calvo no existen oportunidades de estudio ni de trabajo. Los empleos en las mineras, en el turismo, el comercio o los servicios están reservados para los mestizos con más estudios que los indígenas. A ellos les queda dos opciones, irse de su comunidad para buscar trabajo en los campos de manzana en Cuauhtémoc, en el mismo estado de Chihuahua, o más lejos, en los campos de cultivo de Sinaloa, o bien emplearse en la siembra de enervantes.

Lee: Consumo de azúcar, cigarros, alcohol y sedentarismo aumentaron en confinamiento, revela encuesta

Hasta los niños lo hacen, en un intento por tener un poco más del dinero que pueden ganar sus padres. Al fin de cuentas –señala  Diana Villalobos, la directora de Contec–   tampoco hay para ellos actividades recreativas, deportivas o culturales, y las clases escolares, cuando las hay, se dan apenas dos o tres veces a la semana.

Los maestros duran poco en esta zona marcada por la violencia, y los que se animan a llegar a la sierra y aguantar en el puesto de profesor, se quedan unos días de la semana, dan unas pocas clases, y luego se van a sus casas en otros municipios.

“Hay niños que llegan a quinto de primaria y no saben ni leer”, dice Villalobos. El promedio de escolaridad en Guadalupe y Calvo, de acuerdo a datos del Inegi es justo ese: 5.4 años.

El acceso a servicios básicos es otro problema en el municipio: solo 71.67% de las viviendas tiene acceso a luz eléctrica; 54.07% no tiene drenaje; 94.24% usa carbón o leña para cocinar; 26% tiene piso de tierra y 12.67% no cuenta con agua entubada.

En Guadalupe y Calvo hay población tanto mestiza como indígena, pero ésta tiene las peores condiciones, y los mayores índices de falta de acceso a servicios.

Así pasa en Baborigame, los niños ódami tienen piso de tierra en sus viviendas, no tienen drenaje, muchos no tienen luz ni agua; la educación a la que tienen acceso es deficiente y deben pasar largas horas ayudando a sus padres en la siembra ya sea de maíz y frijol para el autoconsumo o en algunos casos de los enervantes para ganarse unos pesos. Una vida dura y de rezagos con fácil acceso al alcohol, que para ellos ya representa hasta una moneda de cambio por su trabajo.

Por eso, desde hace meses se le ha planteado a las autoridades la necesidad de enviar una iniciativa para regular esta situación, pero el asunto ha marchado lento.

En enero de 2020, Contec hizo llegar a la diputada Blanca Gámez una solicitud para que el Poder Legislativo haga una adición a la Ley General de Alcoholes para regular de manera clara, precisa la venta ilegal de alcohol, bebidas no registradas, venta a menores, el establecimiento de horarios, lugares de venta y también reformas al Código Penal para establecer sanciones al incumplimiento.

La diputada Gámez presentó en mayo pasado la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del estado, para tipificar como delitos la venta clandestina de bebidas con contenido alcohólico, así como su adulteración.

Las modificaciones serían al Artículo 157 Bis del Código Penal del estado de Chihuahua, para quedar como sigue: “A quien fabrique, venda, suministre o distribuya bebidas adulteradas con sustancias que pongan en riesgo la salud de la persona, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa”.

Además, se modificará el Artículo 157, Ter, que quedaría así: “A quien sin contar con la licencia o el permiso emitido por la autoridad facultada para ello o teniéndola, desacate las disposiciones contenidas en la Ley de Alcoholes de Chihuahua y su reglamento, se le impondrá prisión de seis meses a un año de cincuenta a doscientos días de multa. La misma pena se aplicará a quien expenda bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios permitidos por la Ley”.

Contec señala que asesores del Congreso del Estado de Chihuahua les informaron que está pendiente de estudio para hacer las adiciones correspondientes a la Ley.

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El estudiante de medicina que se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.
4 de agosto, 2021
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La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados” enviados a las escuelas de medicina de su país.

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver con el que debía trabajar ese día.

No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo.

El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, gritó y corrió.

El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años.

“Solíamos ir a bailar juntos”, me dijo. “Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres adjunto.

Egbe envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo.

El impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Trauma

Entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes en Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina.

El estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en 2007.

Enya Egbe

Enya Egbe
Enya Egbe quedó impactado al descubrir en su clase el cadáver de su amigo

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”, según una investigación de 2011 publicada en la revista médica Clinical Anatomy.

En realidad, esto significa que eran sospechosos matados a tiros por las fuerzas de seguridad.

Sus edades estimadas se encuentran entre los 20 y los 40 años, el 95% son hombres y tres de cada cuatro pertenecen a la clase socioeconómica más baja. No hay donaciones de cuerpos.

“Nada ha cambiado diez años después”, dice Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria y coautor del estudio.

‘Servicio de ambulancia’

El año pasado, el gobierno de Nigeria estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados para investigar las denuncias de brutalidad policial.

Esto fue en respuesta a las protestas provocadas por el video viral de otro joven presuntamente que murió por disparos del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars) de la policía en el estado sureño de Delta.

Muchos de los que testificaron ante los paneles han hablado de familiares arrestados por agentes de seguridad y que desaparecieron.

En la mayoría de los casos, la policía se ha defendido diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que murieron en un tiroteo.

Sin embargo, el portavoz de la policía Frank Mba me dijo que no tenía conocimiento de ningún caso en el que la policía hubiera enviado cadáveres a laboratorios de anatomía o depósitos.

Nigeria

Getty Images
Las fuerzas de seguridad de Nigeria son acusadas de frecuentes abusos.

En un testimonio escrito presentado al panel judicial en el estado de Enugu, el comerciante Cheta Nnamani, de 36 años, dijo que había ayudado a los agentes de seguridad a deshacerse de los cuerpos de las personas a las que habían torturado o ejecutado durante los cuatro meses que estuvo bajo la custodia de Sars en 2009.

Dijo que una noche le pidieron que cargara tres cadáveres en una camioneta, una tarea conocida en el lenguaje de la detención como ‘servicio de ambulancia’.

Luego condujo al cercano Hospital Universitario de la Universidad de Nigeria (UNTH), donde Nnamani descargó los cuerpos. Fueron llevados por un asistente de la morgue.

Nnamani me dijo que luego lo amenazaron con la misma suerte.

En el depósito

En la ciudad sudoriental de Owerri, el depósito de cadáveres del Hospital Aladinma, de propiedad privada, dejó de aceptar cadáveres de presuntos delincuentes porque la policía rara vez proporcionaba identificación o notificaba a los familiares de los fallecidos.

Esto solía dejar al depósito de cadáveres atascado con los costos de mantenimiento de los cuerpos no reclamados hasta que cada pocos años el gobierno finalmente concedía permiso para entierros masivos.

“A veces, la policía intenta obligarnos a aceptar cadáveres, pero insistimos en que los lleven a un hospital del gobierno”, dice Ugonna Amamasi, administradora del depósito de cadáveres.

“Los depósitos de cadáveres privados no están autorizados a donar cuerpos a las escuelas de medicina, pero los depósitos de cadáveres del gobierno sí pueden”, agregó.

Familiares olvidados

Un abogado de alto nivel, Fred Onuobia, asegura que los familiares tienen derecho a recoger los cuerpos de los criminales ejecutados legalmente.

“Si nadie se presenta después de cierto tiempo, los cuerpos se envían a hospitales universitarios”, dice el defensor.

Pero la situación es peor con las ejecuciones extrajudiciales, ya que los familiares nunca se enteran de las muertes o no pueden localizar los cuerpos, afirma.

carro policia

AFP

Después de todo, fue solo por casualidad que la familia del amigo de Egbe, Divine, pudo darle un entierro adecuado.

La asociación de anatomistas de Nigeria ahora está presionando por un cambio en la ley que garantice que las morgues obtengan registros históricos completos de los cuerpos donados a las escuelas, y también el consentimiento de la familia.

También establecerá formas de alentar a las personas a donar sus cuerpos a la ciencia médica.

“Habrá mucha educación y mucha promoción para que la gente pueda ver que si donan su cuerpo, será por el bien de la sociedad”, cuenta el director de la asociación, Olugbenga Ayannuga.

En cuanto a Egbe, estaba tan traumatizado al ver el cuerpo de su amigo que abandonó sus estudios durante semanas.

Dice que imaginaba a Divine de pie junto a la puerta cada vez que intentaba entrar a la sala de anatomía.


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