Avanza poco el castigo a policías por delitos sexuales en CDMX: activistas
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#NoMeCuidanMeViolan: activistas ven pocos avances en castigo a policías por delitos sexuales en CDMX

Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum se han abierto 252 carpetas de investigación por delitos sexuales presuntamente cometidos por policías en la CDMX.
Cuartoscuro
12 de agosto, 2020
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A un año de que mujeres salieron a las calles a protestar contra la violencia sexual cometida por policías capitalinos, el diálogo con las autoridades sigue, pero hasta el momento no ha dado un resultado contundente. Lo que es un hecho es que las denuncias contra elementos de seguridad siguen aumentando: desde septiembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020 se han abierto 165 carpetas de investigación por delitos sexuales.

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Activistas feministas como Sofía J. Poiré y Suhayla Bazbaz, quienes participaron en las mesas de diálogo que las autoridades capitalinas establecieron para tratar el tema de agresiones sexuales cometidas por fuerzas de seguridad, señalan que pese a la voluntad que mostraron las instituciones, el número de denuncias crece, sin que lleguen a ser judicializadas.

En opinión de Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC,  más allá de los posicionamientos vagos que han hecho al respecto las autoridades, “necesitamos que haya sanciones y que haya medidas eficaces y efectivas para prevenir que ocurran casos. Es inaceptable que elementos de seguridad cometan delitos sexuales contra quienes deberían cuidar en la Ciudad de México, y no podemos normalizar que cada mes se sigan sumando carpetas de investigación”.

De acuerdo con el informe Carpetas de Investigación de Delitos Sexuales cometidos por Elementos de Instituciones Policiales, desde el inicio de la presente administración y hasta junio pasado se presentaron 252 denuncias por delitos sexuales contra integrantes de instituciones policiales.

El delito que más se denunció fue el de abuso sexual (148), seguido del acoso sexual (65), violación (30), contra la libertad sexual (5), corrupción de menores (2), estupro (1) y feminicidio en grado de tentativa (1).

La mayoría de las carpetas de investigación, 193, fueron interpuestas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los segundos más denunciados fueron los que forman parte de instituciones privadas, con 31 registros.

También fueron denunciados elementos del Ejército (6), Policías de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina (4), del Sistema Penitenciario (4) y de la Policía Bancaria (3), de la Policía Federal (2) y del Estado de México (2).

Otras corporaciones acusadas por delitos sexuales fueron la Policía Auxiliar y la Guardia Nacional, con una denuncia en cada caso. En cinco de las denuncias, no se especificó a qué dependencia dependían los agresores.

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“No es solo un caso”

El reclamo de las mujeres surgió ante la denuncia de una joven que dijo haber sido violada por cuatro elementos policiacos en la alcaldía Azcapotzalco, lo que motivó que activistas feministas realizaran una protesta en redes sociales con la etiqueta #NoMeCuidanMeViolan.

En los siguientes días, se dio a conocer que existían dos denuncias más contra elementos de seguridad de la Ciudad de México: una violación presuntamente cometida por dos policías en la colonia Tabacalera, y el abuso sexual de un integrante de la Policía Bancaria en el Museo Archivo de la Fotografía.

Por ello, el lunes 12 de agosto de 2019, mujeres se manifestaron en las oficinas de la SSC, donde lanzaron diamantina rosa al entonces titular Jesús Orta, y marcharon hasta la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde rompieron cristales e ingresaron por la fuerza, ante la negativa de la procuradora Ernestina Godoy de recibir a una comisión.

La jefa de Gobierno y la procuradora calificaron como una provocación lo ocurrido, y sus declaraciones motivaron la realización de una segunda protesta, el viernes 16 de agosto, en la que las manifestantes incendiaron una estación de policía y pintaron con consignas feministas la Victoria Alada.

Esta vez, la respuesta de las autoridades fue anunciar la realización de mesas de trabajo con grupos feministas para abordar el tema de la seguridad pública y las denuncias contra elementos policiales por delitos sexuales.

Fue a partir de entonces que se estableció el compromiso por parte del gobierno capitalino de hacer pública la información sobre las carpetas de investigación abiertas por estos hechos, lo que, de acuerdo con Suhayla Bazbaz, permitió saber que no se trata de un solo caso, sino de conductas que se cometen de manera constante.

“Los informes lo que nos han permitido saber es que no es solo un caso el de la adolescente de Azcapotzalco por el cual cimbramos las calles de la ciudad hace un año, sino que tenemos al menos 252 carpetas de investigación”, señaló en entrevista con Animal Político.

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Agresiones de policías ocurren en toda la ciudad

En todas las alcaldías se han presentado denuncias contra elementos de seguridad por agresiones sexuales: la localidad con mayor número de carpetas de investigación es Cuauhtémoc (49), seguida por Iztapalapa (31), Venustiano Carranza (25), Miguel Hidalgo (25) y Gustavo A. Madero (22).

Álvaro Obregón (13), Benito Juárez (13), Iztacalco (7), Azcapotzalco (7), Milpa Alta (6), Xochimilco (5), Tláhuac (5), Coyoacán (4), Cuajimalpa (3) y Magdalena Contreras (2) también registraron denuncias. 

Las colonias de la Ciudad de México donde se cometieron la mayoría de las agresiones son Centro (14), Lomas de Chapultepec (8), Guerrero (7), Roma Sur y Norte (5), Morelos (4), Polanco (4), Agrícola Pantitlán (4), San Pedro de los Pinos (3), Santa Martha Acatitla (3), Cuauhtémoc (3), Narvarte (3), Tepalcates (3) y San Lorenzo Tezonco (3).

En caso de que se compruebe la culpabilidad de los imputados, estos en su mayoría habrían cometido las agresiones sexuales en horas de trabajo: en el 81% de las denuncias se señaló que las agresiones fueron cometidas mientras los imputados se encontraban en funciones.

El 95% de las acusaciones se han presentado contra elementos del sexo masculino, y el 5% contra mujeres. Las víctimas son en un 92% del sexo femenino, y 8% fueron hombres.

La mayoría de los presuntos agresores son funcionarios de entre 30 y 59 años (90), seguidos por los que tienen entre 18 y 29 años (32) y de 60 años o más (10).

Por su parte, las víctimas fueron desde niños de 0 a 5 años (1), de seis a 11 años (8), de entre 12 y 17 años (24), de 18 a 29 años (114), de 30 a 59 años (97), y de 60 años o más (4).

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Alerta de Género no frenó violencia contra mujeres

En respuesta a las demandas planteadas por diferentes colectivos sobre respuestas a las agresiones contra las mujeres en la capital, el gobierno de la Ciudad de México decretó una Alerta por Violencia de Género con la que planteó algunas medidas para responder al aumento de delitos sexuales.

El 21 de noviembre de 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que como parte de las medidas que tomaría su administración contra la violencia de género se crearía un registro de agresores sexuales y se aprobaría una ley para sancionar el acoso y la violencia digital.

Además, se anunció que invertirían recursos en el programa Camina Libre, Camina Segura, que contemplaba la instalación de luminaria pública y botones de pánico por diferentes zonas de la ciudad, así como la profesionalización del personal de Ministerios Públicos en temas de género.

Sin embargo, para Sofía J. Poiré, una de las activistas que participó en los diálogos con autoridades para trabajar en estrategias contra los delitos sexuales, señaló que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México no fue una satisfactoria, pues nunca cumplieron con los compromisos de disculparse con las manifestantes por criminalizarlas, ni se determinaron medidas que realmente impactaran en la disminución de los casos.

“Se criticó las medidas de vigilancia, como invertir en botones de pánico, porque no estábamos convencidas de que fueran medidas eficaces para el problema en particular. A pesar de que hubo voluntad por parte de las instituciones de dialogar con interlocutoras mujeres, finalmente hay una institución detrás de ellas que impidió concretar soluciones conjuntas”, explicó.

Para Suhayla Bazbaz, el problema es que las instituciones “ ni entienden que no se trata de presentar una lista de acciones que surgieron quien sabe de dónde y que no tienen resultados claros ni una línea base para saber si funcionaron”.

“Ha sido muy desgastante invertir tiempo y esfuerzo para cambiar la forma en que están acostumbradas a gobernar las autoridades, y no lo digo únicamente por la administración de Sheinbaum, la mayoría, aunque cambien los partidos están acostumbrados a administrar los problemas y no a pensar en las causas y mejores intervenciones para atenderlos”, concluyó.

Animal Político consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de las Mujeres y a la Fiscalía General de Justicia acerca del estado de las investigaciones que se iniciaron contra elementos acusados por delitos sexuales en la Ciudad de México, sin que hasta el momento de la publicación se obtuviera respuesta.

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Lilly

Cómo funciona el bamlanivimab, el primer medicamento diseñado específicamente contra la COVID-19

La terapia, aprobada por la FDA en Estados Unidos para uso de emergencia, consiste en anticuerpos monoclonales que se unen al virus para bloquear la infección.
Lilly
16 de noviembre, 2020
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La agencia reguladora de medicamentos norteamericana, FDA (Food and Drug Administration), acaba de emitir una autorización de uso de emergencia (EUA, Emergency Use Authorization) para el tratamiento de la COVID-19 de intensidad leve a moderada en pacientes adultos y pediátricos que no han sido hospitalizados.

La terapia, todavía en investigación, está basada en anticuerpos monoclonales y tiene el nombre de bamlanivimab.

Este agente terapéutico, desarrollado por la compañía farmacéutica Eli Lilly, es un anticuerpo monoclonal similar a los que formaban parte del cóctel de medicamentos para la COVID-19 que se administró a Donald Trump.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?

Por lo general, los anticuerpos son grandes proteínas integrantes del sistema inmunológico necesarias para identificar y neutralizar objetos extraños al organismo, como bacterias y virus.

En el caso concreto de los anticuerpos monoclonales (mAbs, del inglés monoclonal antibodies), se trata de glicoproteínas producidas por el clon de una célula híbrida (creada a partir de la fusión de una sola célula madre del sistema inmune y una célula plasmática tumoral) y diseñada para atacar a un antígeno concreto.

Su producción se basa en el establecimiento de linfocitos B inmortales modificados para producir una inmunoglobulina específica.

Según el nivel de pureza de la inmunoglobulina, ésta puede ser completamente murina, quimérica, humanizada o completamente humana.

Los anticuerpos monoclonales se seleccionan cuidadosamente y se dirigen contra una molécula concreta que desempeña una función clave en un proceso patológico, y suelen utilizarse en el tratamiento de ciertas enfermedades como el cáncer o la artritis reumatoide.

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Pruebas de estabilidad de los materiales de los ensayos clínicos.

¿Y los anticuerpos neutralizantes?

Los anticuerpos neutralizantes constituyen una de las posibles defensas que tiene el sistema inmunitario frente a las infecciones.

Estos anticuerpos permiten contrarrestar y eliminar el efecto de microorganismos invasores, y su actividad se desencadena, por ejemplo, gracias a proteínas situadas en la superficie de los virus, a las que se unen para “bloquear” la infección.

En este sentido, la comunidad científica lleva tiempo estudiando si la respuesta defensiva mediante anticuerpos neutralizantes puede inducir inmunidad efectiva y duradera.

Y, más concretamente, se está investigando si los anticuerpos generados por pacientes que han estado en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 podrían utilizarse como base para nuevos tratamientos de la COVID-19.

Sin embargo, aunque los anticuerpos neutralizantes se generan cuando una persona sufre una infección y parece que juegan una función importante en la respuesta inmunitaria, su papel concreto en los engranajes de la COVID-19 no está del todo dilucidado.

Los estudios llevados a cabo hasta el momento con el virus SARS-CoV-2 señalan que los anticuerpos neutralizantes aparecen unas dos semanas tras comenzar la infección, y que su pico máximo de actividad se situaría entre las semanas 4 y 6.

Pero existen aún muchas incógnitas: no se ha confirmado si todos los pacientes infectados generan anticuerpos neutralizantes; qué factores determinan su aparición y actividad (edad del paciente, gravedad de la infección).

Tampoco si sus niveles de neutralización son siempre suficientes para conferir protección, ya que estos niveles son muy variables y no se detectan en el 10-30 % de los pacientes.

La entrada de SARS-CoV-2 en las células se inicia por la interacción del dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína viral Spike (S) con la enzima convertidora de angiotensina-2 (ACE2), que actúa como receptor del virus en la superficie de la célula diana.

Los mAb neutralizantes más potentes se dirigen al RBD y algunos pueden actuar simplemente compitiendo con el receptor para unirse a la proteína S.

¿Qué es el bamlanivimab?

El bamlanivimab es un anticuerpo monoclonal IgG1-kappa humano recombinante neutralizante contra la proteína Spike del virus SARS-CoV-2, y no está modificado en la región Fc.

Este agente está autorizado para el tratamiento de pacientes con resultados positivos en las pruebas del SARS-CoV-2 que tengan 12 años de edad o más y pesen al menos 40 kilogramos y que tengan un alto riesgo de progresar a COVID-19 grave u hospitalización.

Esto incluye a aquellos pacientes que tienen 65 años de edad o más, o que presenten ciertas afecciones médicas crónicas.

El bamlanivimab es un medicamento que debe ser aplicado por vía intravenosa, por lo que los pacientes deben acudir a un centro hospitalario para que les sea administrado.

Si bien se sigue evaluando la seguridad y la eficacia de esta terapia en fase de investigación, los ensayos clínicos han confirmado que el bamlanivimab, en comparación con placebo, reduce las hospitalizaciones o las entradas a los servicios de urgencia relacionadas con la COVID-19 en pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad, dentro de los 28 días posteriores al inicio del tratamiento.

Por este motivo, su uso es recomendable en las primeras fases de la enfermedad, a ser posible en los primeros 10 días tras la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Sin embargo, el bamlanivimab no está autorizado en el caso de pacientes hospitalizados por COVID-19 o que requieran oxigenoterapia, ya que no se ha demostrado un beneficio significativo del tratamiento con este anticuerpo monoclonal en pacientes hospitalizados con COVID-19.

Y, de hecho, los mAb, como el bamlanivimab, pueden estar asociados con peores resultados clínicos cuando se administran a pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica.

Con respecto al perfil de seguridad, los efectos adversos de los mAb, en general, se pueden agrupar en dos tipos diferentes: los derivados de la acción del anticuerpo, como infecciones oportunistas, infecciones comunes o desarrollo de fenómenos autoinmunes; y los derivados de la administración de proteínas: reacciones anafilácticas, síndrome de liberación de citoquinas y desarrollo de anticuerpos.

En el caso concreto del bamlanivimab, las reacciones adversas más frecuentemente comunicadas a la FDA han sido náuseas, mareos, dolor de cabeza, prurito, hipersensibilidad inmediata no grave, diarrea y vómitos.

hospital

Getty Images
Las hospitalizaciones por coronavirus en muchos países han aumentado durante las últimas semanas.

En conclusión

El bamlanivimab constituye una nueva herramienta terapéutica en la lucha contra la COVID-19 que ha sido autorizada de forma condicional en EE.UU., bajo el epígrafe de Emergency Use Authorization, lo que implica, al igual que ocurre en Europa, que satisface una necesidad médica no cubierta, en la medida en que el beneficio para la salud pública de su inmediata disponibilidad es superior a la incertidumbre derivada de la limitación de los datos clínicos disponibles.

Sin embargo, la compañía farmacéutica responsable del desarrollo, Eli Lilly, debe comprometerse a proporcionar más datos clínicos que completen la información sobre eficacia y seguridad del medicamento, a medida que se van obteniendo de los resultados de los ensayos clínicos en marcha.

Y solo cuando estos datos sean positivos se concedería la autorización completa y definitiva, mientras que, en caso contrario, habría que retirar el medicamento del mercado.

El bamlanivimab abre una nueva y esperanzadora ventana en la terapia de la COVID-19, pues, al contrario que otros fármacos disponibles en el mercado para otras enfermedades y que han demostrado una cierta eficacia en esta patología (remdesivir, plitidepsina, dexametasona, hidroxicloroquina, etc.), éste es el primer medicamento desarrollado y autorizado específicamente para el tratamiento de los pacientes de COVID-19.

La batalla final contra el virus ha comenzado.

*Francisco López-Muñoz es profesor de farmacología y vicerrector de investigación y ciencia de la Universidad Camilo José Cela y Jose Antonio Guerra Guirao es profesor de farmacología y toxicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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