“Exigimos que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del caso del asesinato de mi esposo. El 20 se cumplieron 11 años y no hay un solo detenido”. Martha Idalia Obezo Cázares es viuda de Armando Chavarría, quien fungía como presidente del Congreso de Guerrero cuando fue asesinado el 20 agosto de 2009. Aquel día, hombres armados lo tirotearon en el interior de su vehículo, nada más salir de su domicilio. Desde entonces no hay avances en la investigación: ni un imputado, ni un detenido. Sus familiares piden que el expediente pase a la FGR porque creen que en Guerrero no hay voluntad para aclarar el crimen.
“El presidente dijo que la paz es fruto de la justicia. Pero en este gobierno de la 4T no vemos llegar la justicia. Hay elementos para la federalización del caso y no pueden desentenderse”, dijo Obezo Cázares. Ante la falta de avances, la mujer se manifestó en la mañana del lunes ante el Palacio Nacional acompañada de integrantes del Centro de Atención a las Víctimas Minerva Bello. Su objetivo era hacer llegar su reclamo hasta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el momento en el que este participaba en la conferencia mañanera. Las medidas de seguridad alrededor de la sede de gobierno lo impidieron. Oficiales que se identificaron como parte del equipo de Atención Ciudadana de la Presidencia tomaron sus datos para tratar de gestionar un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Armando Chavarría era un destacado miembro del PRD asesinado el 20 de agosto de 2009. Ejerció como diputado, senador y llevaba un año al frente del congreso estatal cuando lo tirotearon en Chilpancingo. Fue alcanzado por diez impactos de bala: siete de un arma calibre 38 y otros tres de una pistola calibre 9 milímetros, con la que le dieron un tiro de gracia. Según un documento facilitado por su familia, “días antes” del asesinato “se le había retirado los escoltas por parte del gobierno del estado, en aquel momento en manos de Zeferino Torreblanca Galindo, también miembro del PRD.
Según explicó su viuda, la FGE abrió en su día cuatro líneas de investigación: delincuencia organizada, grupos armados, entorno familiar o entorno político. Sin embargo, en 2011 solo se ejerció acción penal contra cuatro presuntos integrantes de un grupo guerrillero denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. El juez, sin embargo, negó la orden de aprensión y el expediente quedó estancado.
“Solo por la línea de investigación de la delincuencia organizada ya debería atraerlo la FGR. Además, el asesinato atenta contra la libertad de expresión por las actividades políticas y sociales que desarrollaba mi esposo. Además, están las circunstancias que imposibilitan que en Guerrero haya una investigación que esclarezca los hechos y castigue a los culpables”, dijo Obezo Cázares.
“Si once años no son suficiente para demostrarlo, no podemos esperar nada”, lamentó.
La familia ya formalizó su petición para que la FGR atraiga el caso. Lo hizo el 26 de noviembre de 2019 a través de una carta de Obezo Cázares dirigida al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Un mes después, el 27 de diciembre, la institución rechazó hacerse con el caso argumentando que no es de su competencia y que existen mecanismos e instancias para impulsar la investigación.
Animal Político consultó a la FGR sobre este expediente pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Hay un olvido institucional del caso, pretendiendo borrar la relevancia política y social de Armando Chavarría Barrera”, dice un documento entregado a los enviados de Atención Ciudadana. “Hay un estancamiento de las investigaciones, haciendo nugatorio el derecho de la víctima, de la familia y de la sociedad (por el cargo de representación que ostentaba) de acceder a la justicia, al no esclarecerse los hechos ni la identidad de los autores materiales e intelectuales”, añade el escrito.
En este sentido, Obezo Cázares lamentó que en todo este tiempo no han tenido acceso a una copia de los expedientes.
“Hay una complicidad institucional, al ocultar la verdad y encubrir a los autores materiales e intelectuales, debido a que se han dado a conocer indicios de que en la planeación y comisión de la ejecución extrajudicial existió la participación de servidores públicos estatales de Guerrero, sin que hasta la fecha se hay seguido esta línea de investigación”, dice la carta firmada por la viuda de Chavarría. “Las autoridades estatales se han dedicado a entorpecer, impedir y alterar las investigaciones del caso, como manifestó el procurador general de Justicia de Guerrero, que en aquel entonces era Alberto López Rosas, quien en 2011 señaló al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de haber ordenado la sustracción del expediente con el propósito de borrar evidencias”, denuncia.
Once años después del asesinato y sin ningún avance, Obezo Cázares dice sentirse “ignorada” y recuerda que en el velorio de su esposo estuvieron presentes algunas de las principales figuras del gobierno de López Obrador, que en aquel momento era miembro del PRD. De hecho, en la manta con la que protesta puede verse, junto al féretro, al actual canciller, Marcelo Ebrard.
“Estuvieron en las exequias, hicieron declaraciones contundentes, reconociendo que es un crimen político y exigiendo justicia en la administración pasada. Ahora decimos que tienen que retomarse, que no pueden ignorar el compromiso conmigo y con la sociedad de Guerrero”, dijo la viuda. “Me siento ignorada, tengo que decirlo. Es evidente que la realidad del país es muy compleja, es innegable que el presidente y el gabinete recibieron un país en ruinas, destruido, pero la justicia es una altísima prioridad, si no se restablece, si no impera, no veo cómo puedan encauzar a este país”, asegura.
La familia ha mantenido diversos encuentros con Alejandro Encinas, pero hasta el momento no han logrado su objetivo.
Su gran propósito: que el crimen no caiga en el olvido después de once años. “Queremos que la FGR atraiga y deje de estar en el ostracismo, en el olvido. Guerrero es Ayotzinapa, pero también el magnicidio de Armando Chavarría. Si sigue permeando la impunidad no podemos aspirar a que en Guerrero haya justicia”.
Actualmente el caso está en trámite de un juicio de amparo indirecto promovido ante al juzgado Décimo de Distrito del 21er Circuito contra la negativa de la FGR de atraer las investigaciones.
