Colectivas de Jalisco presentaron este lunes una serie de exigencias para diversas autoridades del estado, desde la fiscalía hasta la comisión de derechos humanos local, por el caso de la menor que sufrió abuso sexual en un vehículo por parte de un funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta. Entre estas exigencias está ir al fondo de la investigación y perfil del funcionario e indagar quiénes pudieron encubrirlo.
“Parte de las exigencias son que tanto en el ayuntamiento de Puerto Vallarta como en la fiscalía se hagan todas las investigaciones correspondientes para determinar quiénes pudieran estar relacionados a la protección a este exfuncionario, porque hemos detectado, en la carpeta de investigación, que se movía en ciertas zonas”, aseguró, en rueda de prensa, Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Vallarta.
La activista señaló que le corresponde al ayuntamiento informar si, por ejemplo, en el tiempo que el funcionario estuvo laborando para la dependencia, contraloría o alguno de sus jefes recibió quejas por abuso o por agresiones sexuales tanto a trabajadoras como a usuarias.
Fiscalía, advirtió Quiñones, debe realizar todas estas líneas tendientes a investigar qué hay detrás de él, “porque es sabido, es un secreto a voces, aunque en Vallarta no se quiera reconocer o aceptar, que somos un destino de turismo sexual en materia infantil y si nos preocupa que sea un funcionario de la Dirección de Seguridad Pública el que haya sido encontrado en flagrancia en este caso en particular”.
Este hecho, subrayó la activista, “nos deja muchas preguntas y son estas instancias las que deben responderlas, para que una vez teniendo datos precisos se puedan iniciar las investigaciones y si hay más delitos y más personas, que sea la fiscalía la que inicie las carpetas necesarias”.
El caso de la menor de 10 años violentada sexualmente en Puerto Vallarta el pasado 26 de julio, señalaron los colectivos, se suma a las 67denuncias que existen en el Puerto por abuso sexual infantil en el primer semestre del año y a las 738 denuncias en la zona metropolitana de Guadalajara (Guadalajara 189, Zapopan 180, Tlajomulco 116, Tlaquepaque 96, Tonalá 90).
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Sobre las fallas cometidas hasta ahora en la investigación, Quiñones, afirmó que hubo fallas elementales, como no retener los equipos electrónicos del ex funcionario. “Eso nos mete la duda de qué información pudieran tener o por qué no le retuvieron el teléfono a esta persona”.
Además, no se ha llamado a declarar al padre de la víctima, ni se ha hecho testimonial del lugar donde el presunto agresor subió a la menor al vehículo, “cuando estos son datos de prueba básicos que fiscalía desde un inicio debió recabar para la integración de la carpeta y todavía hoy siguen sin realizar estas diligencias. Si llegan con una carpeta en estas condiciones, no va a soportar el juicio”, denunció Quiñones.
Respecto a que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal bloqueó las cuentas bancarias del ex funcionario señalado de abuso, quien ya fue separado de su cargo, y del juez Jorge Luis Solís Aranda, del Centro de Justicia para las mujeres, por encontrar movimientos irregulares, Quiñones señaló que las colectivas piden respetar el debido proceso y los derechos humanos en todos los casos.
“Cuando estos se violentan, por dar estos anuncios mediáticos, se cometen violaciones y esto más que ayudar a las víctimas entorpece el acceso a la justicia y no tienen una repercusión mayor”, advirtió Quiñones.
Las colectivas, entre estas Cladem, el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el Colectivo MAM, Vallarta FEM, Colectiva Puerto Feminista, también exigieron, en rueda de prensa, frenar el recorte en Jalisco al presupuesto para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
A pesar del incremento en los casos y los altos índices de impunidad en los delitos cometidos contra mujeres y niñas, señalaron, el gobierno del estado de Jalisco realizó recortes presupuestales al anexo transversal para la igualdad de género, a través del decreto 27912/20.
El presupuesto total asignado, dijeron las activistas, era de 921 millones de pesos, pero con el decreto del mes en curso se realizaron recortes presupuestales a las partidas que atienden a mujeres y niñas en este anexo por casi 30 millones de pesos.
“Es lamentable que las prioridades en el gasto público para la administración actual sea el camino de la megadeuda, de comprar autos de lujo en plena pandemia y recortar recursos prioritarios para el avance de las mujeres y niñas en Jalisco”, denunciaron.
Algunos de los recortes afectan las capacidades institucionales del gobierno del estado y la fiscalía, a la que se le ha recortado el presupuesto por un millón 600 mil pesos.
“Esto es grave porque no hay evidencia que muestre que en Jalisco la violencia contra las mujeres va en descenso y aun así se recortan más de 30 millones a programas que atienden su prevención, sanción y erradicación”, aseguraron las colectivas.
Frente a esto es que lanzaron una serie de exigencias, como:
AL GOBIERNO DEL ESTADO
– Se reintegren los recortes presupuestales correspondientes al anexo
transversal para la igualdad de género.
– Se priorice e incrementen los montos asignados a los programas y acciones
gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación
de las violencias contra las niñas y mujeres.
– En el proyecto de presupuesto 2021 se garanticen recursos suficientes en
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias
contra las mujeres y las niñas.
AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA
– Entregue un informe realizado por la contraloría del municipio, respecto a la
investigación de la conducta de dicho funcionario desde su reinstalación
hasta su cese, para conocer y determinar si actuaba solo o de manera
protegida por otros compañeros/as, así como si existían elementos que den
luz a denuncias o quejas anteriores de él.
– Seguimos exigiendo el informe de las acciones realizadas desde el 2015 a la
fecha en materias de políticas públicas en materia de violencias contra las
mujeres y niñas, especialmente violencia sexual.
– Asimismo, un informe de las acciones en materia de prevención y atención
de trata de personas con fines sexuales.
AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO
– Instrumente mecanismos de evaluación del personal judicial a efecto de
corroborar de que cuentan con los conocimientos y herramientas de máxima
protección de derechos.
– Se seleccionen a los jueces que estarán en el juzgado adscrito al centro de
justicia para mujeres, para que estos brinden máxima protección a las niñas
y mujeres.
– Que el Juez Bernardo Salazar Rodríguez sea reasignado al juzgado adscrito
al centro de justicia para mujeres de Puerto Vallarta, ya que es un juzgador
con perspectiva de género.
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:
– La designación de un MP con perspectiva de género que sea quien lleve el
mando y conducción de la investigación de la Carpeta de Investigación.
– Que se amplíen la línea de investigación a los delitos de privación ilegal de
la libertad y tentativa de prostitución infantil.
– Que se lleven a cabo todas las gestiones necesarias para que la Fiscalía
Regional de Puerto Vallarta cuente con la dirección de delitos contra mujeres
en razón de género y trata de personas y que las carpetas que lleve la
dirección regional de la fiscalía sean llevadas por esta dirección.
– Que se inicien los expedientes administrativos y penales ante la contraloría
de la fiscalía para que revise el actuar del personal en la integración de la
carpeta.
