Red facturera que recibió recursos públicos participó en desvíos a García Luna
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Red facturera que defraudó al fisco y recibió recursos públicos participó en desvíos millonarios a García Luna

García Luna recibió al menos cuatro millones de pesos de recursos públicos de esta red, provenientes de la Secretaría de Gobernación y del gobierno capitalino.
Cuartoscuro Archivo
Por Francisco Sandoval y Manu Ureste
5 de agosto, 2020
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Las llamadas empresas factureras que denunció el gobierno federal no solo eran utilizadas para defraudar al fisco: Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón acusado de tráfico de cocaína y de dar protección al cártel de Sinaloa, recibió al menos cuatro millones de pesos de recursos públicos de esta red, provenientes de la Secretaría de Gobernación y del gobierno capitalino.

Es la misma presunta red facturera de la que forman parte compañías de los empresarios beisboleros Alfredo Aramburo y los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández, quienes fueron beneficiados con recursos públicos tanto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como de Sinaloa.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la compañía de esta red que participó en un presunto desvío millonario de recursos públicos a García Luna es Operadora Grupo Gas Mart, que está vinculada con Costa Bella & Sands; una empresa facturera denunciada por fraude fiscal y lavado de dinero.

Y su participación en la trama fue la siguiente:

La UIF acusó en diciembre pasado a García Luna y a su familia de recibir transferencias por más de 2 mil 600 millones de pesos que, entre 2012 y 2018, salieron de las arcas públicas. En concreto de la Secretaría de Gobernación, la Tesorería de la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México.

Para mover ese dinero, la UIF detectó que hubo una triangulación de recursos entre múltiples sociedades que terminaban en Glac Security, empresa que es de García Luna, según dijo en una conferencia de prensa el 27 de diciembre el titular de la UIF, Santiago Nieto.

En esta triangulación participó Nunvav Inc, compañía panameña que presuntamente fue la que esparció los recursos a cuentas en países extranjeros, como Israel y Panamá, y a otras compañías, entre éstas, Operadora Grupo Gas Mart.

Según la UIF, Operadora Grupo Gas Mart fue utilizada en la trama como puente: recibió 26 millones de pesos de Nunvav. De ese dinero, la investigación apunta que en 2016 Operadora Grupo Gas Mart depositó 4 millones 200 mil pesos a Glac Security, la compañía del exsecretario de Seguridad.

El 24 de diciembre pasado, la UIF congeló las cuentas bancarias de las cinco empresas que presuntamente participaron en esta trama de García Luna, entre ellas Operadora Grupo Gas Mart.

Además, anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual dijo en un comunicado el pasado 31 de julio que ésta sigue activa y en proceso de integración.

Ahora, Animal Político revela que Operadora Grupo Gas Mart, implicada en el caso García Luna, comparte socios, representantes y apoderados, con la presunta red de compañías de los empresarios beisboleros Alfredo Aramburo, dueño de Los Algodoneros de Guasave, y los hermanos Juan José y Erick Arellano, entre las que hay empresas declaradas fantasma o factureras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las factureras son empresas que no tienen infraestructura real, ni personal, ni activos, pero que simulan actividades con facturas falsas con las que, a su vez, inflan sus gastos de manera ficticia para engañar a Hacienda y exigirle devoluciones millonarias. También se utilizan, según el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT), para “encubrir pagos de actividades ilegales, disfrazándolos de operaciones de compraventa de bienes y servicios inexistentes (…), como sobornos, tráfico de drogas, extorsión, y actos de corrupción de servidores públicos, entre otros”.

Una de las factureras de la red con la que Operadora Grupo Gas Mart está vinculada es Costa Bella and Sands. Esta compañía fue incluida por la Procuraduría Fiscal en la lista de 43 principales factureras que más dinero han defraudado al país: a todas las acusa por los presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, y por generar un boquete en las arcas públicas de más de 55 mil millones de pesos.

A través de revisiones en el Registro Público de Comercio y de Sinapsis, una herramienta digital para detectar conexiones entre empresas, este medio documentó que, además de Costa Bella, integrantes de Operadora Grupo Gas Mart aparecen en la documentación de múltiples compañías de la presunta red facturera.

Las conexiones

Al igual que Costa Bella and Sands, Operadora Grupo Gas Mart está integrada tanto por personas físicas, como por otras empresas.

Entre las personas físicas que aparecen en la documentación de Operadora Grupo Gas Mart está José Guadalupe Patrón Millán, tío político de los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández.

Patrón Millán figura como representante de Operadora Grupo Gas Mart y en múltiples empresas de sus sobrinos. Por ejemplo, en Administradora de Negocios y Nóminas, compañía en la que también tuvo el cargo de apoderado Alfredo Aramburo Nájar, el dueño de Los Algodoneros de Guasave.

Otra persona que aparece en la documentación de Operadora Grupo Gas Mart es Juan Carlos Osuna Garay.

Osuna Garay figura como representante legal de esta empresa investigada por la UIF en el caso García Luna y, al mismo tiempo, aparece como representante de Caja Noroeste, de los hermanos Arellano Hernández, y un dato clave: aparece también como accionista de Inmobiliaria Grupo Saparly, una de las dueñas de la facturera Costa Bella and Sands.

Más vínculos: José Luis Sánchez Osuna, aparece como representante de Operadora Grupo Gas Mart, y también de Total Control and Management (que ha tenido otras razones sociales como Operadora de Servicios Paquete Express), de los hermanos Arellano.

Sánchez Osuna también figura en los documentos como representante de CLC Integradora Financiera, de los hermanos Arellano. Según actas obtenidas en el Registro Público de Comercio, esta compañía amasó un capital social de 783 millones de pesos. Sin embargo, en su reporte más actualizado de este 18 de junio el SAT la incluyó en su lista negra de empresas fantasma por simular operaciones con facturas falsas.

Otro representante legal de Operadora Grupo Gas Mart es Jesús Nieblas Talamantes, que aparece como representante de la firma servicios legales y fiscales UPC & Legal Advisors, quien tuvo como director general a Alfredo Aramburo Nájar, el hoy dueño de Los Algodoneros.

Y lo mismo sucede con otros personajes, como Juan Javier Bringas Cota, Juan Rogelio León Jara, o Antonio Leyva Domínguez, quienes aparecen en la documentación de Operadora Grupo Gas Mart y de múltiples empresas de los Arellano Hernández.

En las actas notariadas de Operadora Grupo Gas Mart también aparece como representante María Elodia Robles Burgueño, abogada de otro equipo de béisbol, Los Toros de Tijuana, que ocupa distintos cargos en otra red de empresas gasolineras tijuanenses llamada Gasmart, nombre similar al de la Operadora Grupo Gas Mart, y que fue investigada por COFECE por supuestas prácticas monopólicas.

A pesar de que María Elodia Robles aparece en la documentación de ambos grupos, Gas Mart de Sinaloa y Gasmart de Tijuana, esta red de gasolineras se deslindó en diciembre pasado de cualquier vínculo con la empresa acusada por la UIF de triangular recursos al exsecretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos.

Para esta investigación, Animal Político buscó una entrevista con los empresarios Alfredo Aramburo Nájar y a los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández, para conocer su postura. Sin embargo, ninguno dio respuesta a las solicitudes previo a la publicación.

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Reforma fiscal en Colombia: tres claves para entender la histórica alza de impuestos a los más ricos y al petróleo

Esta semana se aprobó en el Congreso colombiano la reforma tributaria con la que Gustavo Petro busca mantener la estabilidad económica y cumplir sus ambiciosas promesas sociales. Te explicamos sus principales ejes.
5 de noviembre, 2022
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Al día siguiente de tomar el poder en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia del país.

Este jueves, casi tres meses después, esa reforma fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. Aunque sufrió modificaciones impulsadas por la oposición, el grueso de la reforma quedó intacto.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo tras la votación que la ley ayudará a “erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos, y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno”.

Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda entre las economías medias y grandes de América Latina: el Estado ingresa por esta vía un 13% del PIB, mientras el promedio es 16%.

En campaña, Petro propuso una reforma que recaudara 50 billones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) adicionales para el Estado, pero el 8 de agosto se presentó una que buscaba recoger la mitad, un 1.8% del PIB.

Finalmente se aprobó una reforma que —de 2023 en adelante— dará 20 billones adicionales al Estado (4 mil millones de dólares), un 1.2% del PIB de más que ayudará a cerrar el enorme déficit fiscal —de 6%— que genera preocupaciones en los mercados internacionales y está detrás, entre otras cosas, de la reciente devaluación del peso colombiano.

Los críticos alegan que la reforma frenará el crecimiento económico y el consumo, y afectará a la inversión extranjera. La oposición logró que se retiraran los impuestos a las iglesias y a las pensiones altas. También consiguió matizar los tributos a los alimentos ultraprocesados.

Ocampo, no obstante, aseguró que esta es la reforma “más liberal de la historia, pero también la más consensuada“.

La próxima semana se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, y que el presidente sancione la ley.

Estos son los tres grandes ejes de la reforma tributaria con la que Petro busca cumplir sus ambiciosas promesas electorales.

Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

EPA
La votación en el Congreso duró tres días esta semana. Sus protagonistas fueron Jose Antonio Ocampo (izquierda) y Gustavo Bolívar (derecha).

1. Impuestos a los hidrocarburos y a los financieros

Petro tiene como prioridad la protección del medio ambiente y cree que su país debe iniciar el camino hacia la energía renovable.

Por eso la principal fuente de este recaudo adicional vendrá de las empresas que producen petróleo y carbón en Colombia.

Y eso genera un resultado quizá paradójico: el Estado será más dependiente de la explotación de recursos naturales a la vez que se puede desincentivar la inversión y exploración de hidrocarburos.

Las empresas petroleras, en todo caso, tendrán dos nuevas obligaciones: sus rentas serán gravadas entre 35% y 60%, dependiendo del precio internacional del crudo, y las regalías que pagan a las regiones donde explotan recursos ya no serán deducidas de sus impuestos.

En el caso de los productores de carbón ocurre igual, con la diferencia de que el impuesto a la renta será de entre 35% y 45%.

Las mineras tampoco verán las regalías deducidas de sus obligaciones de renta.

Además, los impuestos a las empresas financieras, así como los de las hidroeléctricas, aumentarán entre 3% y 5%, con lo que pagarán un total de entre 35% y 40% de su renta.

Ecopetrol

Reuters
La mitad de los ingresos de Colombia viene del petróleo. Un mayor impuesto a los hidrocarburos tiene enormes consecuencias.

2. Impuestos a los más ricos

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las razones de la victoria de Petro fue que, como senador y como candidato, se mostró como un defensor de la justicia social. Muchos de sus votantes fueron los habitantes de las regiones más pobres del país.

Por eso, el otro grueso de su reforma tributaria se basa en aumentar los impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan pocos impuestos.

Quienes ganen más de 10 millones de pesos (2 mil dólares) pagarán más.

Las ganancias ocasionales derivadas de ventas o herencias pasarán de pagar del 10% al 15%.

Y quienes tengan patrimonios de más de 2 mil 700 millones de pesos (unos 540 mil dólares) pagarán un equivalente de 0.5%; para los que poseen más de 1 millón y 2 millones de dólares, el porcentaje aumenta a 1% y 1.5%, respectivamente.

El impuesto a los dividendos empresariales también aumentará: quedará en entre 15% y 20%.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales impulsores de la reforma por parte del oficialista Pacto Histórico, declaró que la ley “no alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza, pero sí para que vivan dignamente“.

Algunos de los recursos estatales creados por esta reforma estarán destinados, por ley, a planes de asistencia a los más pobres.

Comercio en Colombia

Reuters
La inflación rampante afecta sobre todo a los más pobres en un país ya de por sí desigual.

3. Impuestos a la comida chatarra

Como en muchas partes del mundo, en Colombia la obesidad y la diabetes son una epidemia. Cifras oficiales dicen que la mitad de la población sufre alguna de estas dos condiciones. Al año mueren cerca de 20 mil colombianos por estas razones.

Durante años, los partidos progresistas habían intentado impulsar leyes que combatieran estas problemáticas, a través de impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Pero el poder de las empresas productoras probó ser más grande que en otros países como Chile, donde este tipo de medidas están en vigor desde hace años.

La reforma tributaria de Petro quiso gravar una gran cantidad de alimentos, muchos de ellos tradicionales en la mesa de los colombianos. Por eso, si bien no son la fuente principal de recaudo, la medida generó una enorme polémica.

Al final, quedaron fuera de la reforma el pan, el bocadillo, la leche, la miel y el salchichón. Y aquellos productos que van para programas asistenciales quedaron exentos.

Sin embargo, aumentarán los impuestos de la carne de hamburguesa, el chocolate, los cereales, las salsas, la pastelería y algunas bebidas con gran contiendo de azúcar.

Jose Antonio Ocampo

Reuters
Ocampo, un reputado profesor de economía en Estados Unidos, es considerado el muro de contención de Petro ante los mercados internacionales.

Gracias a una eficiente campaña mediática de la oposición, la medida entrará en vigor a mediados de 2023 y será progresiva, lo que les dará tiempo a las empresas productoras para adaptarse.

Asimismo, como parte de la iniciativa para defender el medio ambiente, la reforma aumenta el impuesto a los productos de plástico de uso único y el impuesto al uso de carbono.

La situación de la economía colombiana es crítica. Una devaluación del 25% del peso este año es reflejo de la gran vulnerabilidad macroeconómica. El Estado, además, tiene enormes compromisos de deuda externa en los próximos años. El recaudo de la reforma tributaria irá, también, a honrar dichos pagos.

Petro debe mantener la estabilidad económica al tiempo que cumple sus ambiciosas promesas sociales. Parecen objetivos contradictorios que, sin embargo, con esta nueva reforma tributaria, parecen más alcanzables.

Lee: Elecciones en Colombia: Gustavo Petro se impone a Rodolfo Hernández y será el primer presidente de izquierda del país


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