Sin ser acusada de desvíos de La Estafa, así está el caso Robles a un año de estar presa
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Un año presa y Robles no está acusada de peculado o desvíos con Estafa Maestra, solo de omisiones

Aunque se dijo que fue procesada por La Estafa Maestra, la exfuncionaria no está acusada de haber desviado o haber aprovechado ilícitamente los recursos.
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13 de agosto, 2020
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El 13 de agosto de 2019, en una audiencia a la que Rosario Robles acudió voluntariamente tras ser citada por un juez, la Fiscalía General de la República denunció públicamente que las dos dependencias que ella había encabezado en el sexenio pasado – Sedesol y Sedatu – habían firmado convenios fraudulentos que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Los fiscales aseguraron, al enumerar las pruebas, que tenían 16 averiguaciones y carpetas de investigación en curso iniciadas por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que detallaban uno a uno los desvíos bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

Entérate: Viajes lujosos y contradicciones en domicilios: cómo justificó el juez mantener a Rosario en la cárcel

Pero a un año de distancia y pese a haber sido encarcelada, Rosario Robles no ha sido acusada de haber robado, lavado o aprovechado ilícitamente los miles de millones que presuntamente fueron desviados con este esquema fraudulento. Incluso, en una nueva audiencia privada en marzo masado, a la que Animal Político tuvo acceso, los fiscales reconocieron que en ninguna de las 16 indagatorias referidas inicialmente figura como responsable de algún delito.

¿Qué hay entonces contra Rosario Robles? Un solo proceso penal en curso, que está por llegar a la fase de juicio, en el que se le responsabiliza de presuntas omisiones. En concreto: de no haber hecho nada para impedir que Sedesol y Sedatu firmaran convenios fraudulentos que causaron el posible desvío de millonarios recursos.

Son los mismos convenios que, de acuerdo con el reportaje de “La Estafa Maestra” y las auditorías de la ASF, también se firmaron en once dependencias del gobierno federal, entre ellas Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin. Pero hasta ahora ni él ni ninguno de los otros exsecretarios de Estado han sido procesados por permitirlo.

El delito que se le imputó a Robles no es de los que se conocen como “graves” y que ameritan prisión automática. Pese a ello, y a que compareció de forma voluntaria a la audiencia a la que fue citada (nunca tuvo orden de arresto girada en su contra), el juez ordenó que fuera encarcelada.

La justificación es que había riesgo de que se fugara pues tenía dos licencias de manejo con distintas direcciones. Pero la defensa realizó un peritaje que muestra que la firma y huellas de una de esas licencias no corresponden a Robles, y que dicho documento fue expedido ilegalmente por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México (Semovi).

La Semovi confirmó a Animal Político que separó a un funcionario operativo de su cargo por las presuntas irregularidades, y que hay una indagatoria en curso. La Fiscalía capitalina también tiene una carpeta de investigación por un posible delito de servidores públicos.

Unos días después de ser procesada penalmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que se había inhabilitado a Robles por 10 años por “falsear información en su declaración patrimonial”, sin dar más detalles

El dictamen de dicha sanción, al que este medio tuvo acceso, revela que la única anomalía detectada fue una tarjeta de débito con 2 mil 800 pesos de saldo, que fue dada de baja desde 2016, pero que Robles no reportó en sus declaraciones. Es una falta administrativa ajena a La Estafa Maestra. La SFP también indagó el patrimonio de la exfuncionaria, pero concluyó que no había irregularidades.

“Estas imputaciones contra Robles no son solo muy limitadas, no es un combate real a una red de corrupción. Se señala a una sola funcionaria cuando en los hechos operó un gran sistema que involucró a secretarios de Estado, rectores de universidades y muchos más. Nada de eso se ha reflejado”, dijo en entrevista Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL, la cual también presentó una denuncia penal por este caso.

Proceso y ¿estafa?

El 6 de mayo de 2019 el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, prometió una “reestructura” de la investigación de La Estafa Maestra. Dijo que, aunque había denuncias, estas se habían manejado erróneamente como casos aislados. “Debe investigarse como un saqueo desde el poder (…) encubierto por el Estado y desde la perspectiva de la delincuencia organizada”, dijo el fiscal.

Cinco meses más tarde, la FGR procedió en contra de Robles, extitular de dos de las once dependencias implicadas en el mega fraude. No hubo orden de aprehensión, pero se le citó a comparecer ante el juez. Públicamente se interpretó como el primer caso de alto nivel por La Estafa Maestra.

En la audiencia inicial, los fiscales confirmaron que se habían registrado desvíos de hasta 5 mil millones a partir de los convenios firmados desde Sedesol y Sedatu. No obstante, no imputaron a Robles de quedarse, desviar o robar ese dinero, sino del delito de ejercicio ilícito del servicio público, bajos la hipótesis de que no impidió que el mal manejo ocurriera. Es decir, un cargo de omisión cuya pena no rebasaba los 7 años de prisión.

El juez que encabezó la audiencia, Jesús Delgadillo Padierna (que a la postre fue acusado por la defensa de conflicto de interés al estar emparentado con una contrincante política de Robles), vinculó a proceso la exfuncionaria, pero agravó la imputación. Dijo que el delito imputado por los fiscales debía multiplicarse por dos: la omisión de Sedesol y la omisión en Sedatu.

Como parte de las pruebas para sustentar la solidez del caso, los fiscales refirieron 16 averiguaciones y carpetas en curso iniciadas por los convenios irregulares denunciados por la ASF. Algunas de estas carpetas fueron referidas por el juez Delgadillo en su decisión de vincular a proceso a Robles, determinación de la que este medio también tiene copia por escrito.

Sin embargo, en una nueva audiencia judicial – esta de carácter privado – realizada el pasado 10 de abril y en la que la defensa de Robles pedía copia de dichas carpetas, los fiscales señalaron que eran investigaciones iniciadas contra otros funcionarios de menor rango, pero donde Robles no estaba en calidad de indiciada.

En ese contexto, Animal Político solicitó a la FGR conocer si había algún otro proceso o investigación relacionada contra Robles o con los desvíos evidenciados en La Estafa Maestra, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido respuesta.

“La verdad es que Rosario Robles no está acusada por La Estafa Maestra. La acusación no es por peculado, no es por desviación, no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, concretamente: Rosario no está acusada de haberse robado un solo peso. Esta acusación, la que presentaron, es solo de omisión”, dijo en entrevista el abogado defensor Epigmenio Mendieta.

Aunque Gertz dijo que el caso de La Estafa era una maquinación de Estado, hasta la fecha no se ha procesado a otros exfuncionarios de alto nivel pese a que, como ya se documentó en varios reportajes, la firma de los mismos convenios también fue permitida en otras dependencias.

Incluso en el mismo caso de Sedesol y Sedatu existe un personaje clave, Emilio Zebadúa, al que la propia ASF señala en sus denuncias como el principal operador de los posibles malos manejos de dinero, ya que él era el Oficial Mayor de dichas dependencias. Pero a diferencia de Robles, Zebadúa no se presentó a comparecer y hasta el momento sigue prófugo de la justicia.

“Es muy desafortunado, se confirma la tesis inicial en la cual la Fiscalía demuestra su incapacidad y falta de voluntad para investigar los casos de manera integral, y buscar la existencia de una red de corrupción, su operación, para lograr su desmantelamiento y sanciones. Pero por el contrario se concentran en dividir el hecho y los personajes en acusaciones muy limitadas”, dijo Estefanía Medina.

Diez años por dos mil pesos

Un mes después de que Robles fuera procesada y encarcelada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció su inhabilitación como funcionaria pública por un periodo de diez años. En un comunicado oficial, en el que no se dio ningún detalle, solo se refirió que la exfuncionaria había “falseado información en su declaración patrimonial.

Pero una revisión del expediente 000064/2018 que la SFP integró por este caso y al que Animal Político tuvo acceso, arroja que la irregularidad no tuvo que ver con datos falsos sino con la omisión de Robles de referir en sus declaraciones patrimoniales una tarjeta bancaria cancelada desde 2016, en la que había un saldo de 2 mil 888 pesos.

Dicha irregularidad fue detectada en primera instancia por un análisis de evolución patrimonial, asentado en el expediente VP/028/2018, y que la propia Robles solicitó en 2018 a la SFP. En dicho procedimiento, según consta en el oficio DG/DGAVP/311/168/2018, se determinó que no había incrementos injustificados en el patrimonio de la exfuncionaria por lo que se dio por concluida la revisión.

No obstante, derivado de ese análisis se inició un procedimiento administrativo por separado ya que se había identificado una tarjeta de débito correspondiente a la Cuenta Súper nómina Santander número 56-57716325-3, con el monto ya referido, que no aparecía en las declaraciones de la exfuncionaria.

Dicha anomalía, que tampoco tiene relación alguna con las indagatorias penales ni la de La Estafa Maestra, fue la razón por la cual la SFP decidió imponer una suspensión de diez años a la exfuncionaria. Fue, en síntesis, una falta administrativa. La sanción no se ha podido aplicar dado que la defensa obtuvo una suspensión definitiva por un juicio de amparo.

“Es una sanción completamente desproporcionada. Se creó la idea de que se sancionaba a Rosario por La Estafa Maestra pero nuevamente es una tergiversación. A ella la terminan sancionando por no reportar una cuenta que no recordó. Fue omisa en recordar que tenía una tarjeta de débito que tenía desde 2008 y por eso la pretenden inhabilitar 10 años”, dijo el abogado.

Cuestionada sobre esta determinación, la SFP dijo a través de su área de comunicación a Animal Político que el monto no es relevante para la sanción, sino la irregularidad misma. “La sanción es por falta de veracidad en la declaración, ese es el motivo, independientemente del monto”, respondió la dependencia.

Para la organización TOJIL, la disparidad entre lo que se ha documentado y denunciado y lo que la SFP indagó evidencia una “fractura operativa” entre las investigaciones administrativas y las penales, lo que dificulta una persecución integral de los grandes hechos de corrupción

Doble licencia: ¿engaño de Rosario o del Estado?

Pese a que el delito que se le imputa a Robles no amerita prisión preventiva automática, la exfuncionaria está a punto de cumplir un año encarcelada. Ello luego de que el juez, a petición de los fiscales, considerara que era necesario imponerle una prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que huyera.

El principal argumento en el que se sustentó esa decisión es la duda que existe sobre su domicilio. Ello ya que si bien la exfuncionaria ha sostenido siempre que vive en Coyoacán, la FGR expuso que hay una licencia de manejo a su nombre con otra dirección: Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón.

La defensa de Robles ha sostenido que esta licencia no fue tramitada por Robles y que los datos son falsos. Epigmenio Mendieta entregó a este medio copia de tres peritajes en fotografía, dactiloscopia y grafoscopía realizados por la empresa CYA Servicios Periciales que analizaron dicho documento.

Lo que concluyen los estudios es que ninguna de las huellas dactilares que aparecen en la referida licencia de manejo, con folio 3117487, corresponden a las manos de Robles; la firma asentada en el documento no procede de su puño y letra; y la fotografía de documento no fue tomada en Semovi, sino extraída de una página de internet. Todo ello pese a que la licencia sí es oficial.

Cuestionada sobre este tema, la Semovi confirmó a Animal Político a través de su área de comunicación que hubo una presunta irregularidad interna que está siendo investigada. De hecho, un funcionario operativo de la dependencia, responsable del trámite de la licencia falsa de Robles, ya fue dado de baja.

Por su parte la Fiscalía de Ciudad de México confirmó que, a partir de una denuncia de la propia defensa, inició la carpeta de investigación número CI-FSP/B/UI/B-3C/19178/12-2019 en la Fiscalía para delitos cometidos por Servidores Públicos, la cual continua en integración.

“El supuesto domicilio de la segunda licencia ni siquiera existe. Es falso. Ni la calle ni la colonia existe en Álvaro Obregón. Distintos peritajes lo muestran y ya lo denunciamos. La realidad es que se le pretende atribuir (a Rosario) un trámite que no hizo, que es falso. Y esto es muy peligroso porque quiere decir que a cualquiera pueden meterlo a la cárcel, a cualquiera que vaya una audiencia. Basta decir que tiene otro domicilio y se acredite con una licencia apócrifa. Y con eso lo metemos a la cárcel”, dijo Epigmenio Mendieta.

El juicio que viene y la indagatoria que falta

El proceso contra Robles por las omisiones que le imputa la FGR se acerca a la fase de juicio. Luego de un año en el que el periodo de investigación se alargó a petición de la defensa y por la pandemia, a finales de septiembre se llevará a cabo la audiencia intermedia en la que cada una de las partes presentará sus pruebas.

Previo a ello y en un plazo de 15 días que concluirá en la tercera semana de agosto, la FGR deberá presentar por escrito la acusación final contra Robles. Después la defensa tendrá oportunidad de contestarla.

Una vez superado lo anterior el caso pasará a manos de un nuevo juez federal quien convocará al juicio oral en un plazo de sesenta días. En caso de ser encontrada culpable, Robles podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión, luego de que el juez Delgadillo le duplicó los delitos.

No obstante, el abogado Mendieta dijo que no temen ir a juicio pues tienen la evidencia suficiente para probar que los cargos de omisión que se imputan a Robles no son procedentes, dado que la ley establece que ella no tenía facultades para evitar la firma de los referidos convenios. En caso de un resultado adverso, adelantó que buscarán un amparo.

Lo que continúa siendo una interrogante es la investigación relacionada con la red de corrupción detrás de los desvíos documentados en La Estafa Maestra y que, según el propio fiscal Gertz Manero, representaban prácticamente un crimen de Estado.

Estefanía Medina, de la organización TOJIL, sostuvo que desde su perspectiva los resultados de la Fiscalía en el caso de “La Estafa Maestra” se han quedado muy cortos respecto a lo que las investigaciones y denuncias han evidenciado, y a lo que se había prometido. “Ha habido una simulación de justicia hasta ahora procediendo contra un solo personaje visible nada más y con una acusación muy menor”, dijo.

Cuestionados sobre este mismo tema, la propia defensa de Robles sostuvo que el tema debe indagarse y procederse contra los que consideran son los responsables reales de este desfalco, así como el destino del dinero desviado.

“Sí tiene que investigarse el esquema y deslindarse responsabilidades, y resarcir el patrimonio perdido. Que los que resulten responsables reparen el daño. Si la ASF detecta que los trabajos no se llevaron a cabo hay procedimientos para resarcir eso (…) Y además, ¿dónde quedó el dinero? ¿quién se lo quedó? Hay que recuperar ese patrimonio”, dijo el abogado defensor de Robles.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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