Sin ser acusada de desvíos de La Estafa, así está el caso Robles a un año de estar presa
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Un año presa y Robles no está acusada de peculado o desvíos con Estafa Maestra, solo de omisiones

Aunque se dijo que fue procesada por La Estafa Maestra, la exfuncionaria no está acusada de haber desviado o haber aprovechado ilícitamente los recursos.
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13 de agosto, 2020
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El 13 de agosto de 2019, en una audiencia a la que Rosario Robles acudió voluntariamente tras ser citada por un juez, la Fiscalía General de la República denunció públicamente que las dos dependencias que ella había encabezado en el sexenio pasado – Sedesol y Sedatu – habían firmado convenios fraudulentos que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Los fiscales aseguraron, al enumerar las pruebas, que tenían 16 averiguaciones y carpetas de investigación en curso iniciadas por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que detallaban uno a uno los desvíos bajo el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

Entérate: Viajes lujosos y contradicciones en domicilios: cómo justificó el juez mantener a Rosario en la cárcel

Pero a un año de distancia y pese a haber sido encarcelada, Rosario Robles no ha sido acusada de haber robado, lavado o aprovechado ilícitamente los miles de millones que presuntamente fueron desviados con este esquema fraudulento. Incluso, en una nueva audiencia privada en marzo masado, a la que Animal Político tuvo acceso, los fiscales reconocieron que en ninguna de las 16 indagatorias referidas inicialmente figura como responsable de algún delito.

¿Qué hay entonces contra Rosario Robles? Un solo proceso penal en curso, que está por llegar a la fase de juicio, en el que se le responsabiliza de presuntas omisiones. En concreto: de no haber hecho nada para impedir que Sedesol y Sedatu firmaran convenios fraudulentos que causaron el posible desvío de millonarios recursos.

Son los mismos convenios que, de acuerdo con el reportaje de “La Estafa Maestra” y las auditorías de la ASF, también se firmaron en once dependencias del gobierno federal, entre ellas Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin. Pero hasta ahora ni él ni ninguno de los otros exsecretarios de Estado han sido procesados por permitirlo.

El delito que se le imputó a Robles no es de los que se conocen como “graves” y que ameritan prisión automática. Pese a ello, y a que compareció de forma voluntaria a la audiencia a la que fue citada (nunca tuvo orden de arresto girada en su contra), el juez ordenó que fuera encarcelada.

La justificación es que había riesgo de que se fugara pues tenía dos licencias de manejo con distintas direcciones. Pero la defensa realizó un peritaje que muestra que la firma y huellas de una de esas licencias no corresponden a Robles, y que dicho documento fue expedido ilegalmente por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México (Semovi).

La Semovi confirmó a Animal Político que separó a un funcionario operativo de su cargo por las presuntas irregularidades, y que hay una indagatoria en curso. La Fiscalía capitalina también tiene una carpeta de investigación por un posible delito de servidores públicos.

Unos días después de ser procesada penalmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que se había inhabilitado a Robles por 10 años por “falsear información en su declaración patrimonial”, sin dar más detalles

El dictamen de dicha sanción, al que este medio tuvo acceso, revela que la única anomalía detectada fue una tarjeta de débito con 2 mil 800 pesos de saldo, que fue dada de baja desde 2016, pero que Robles no reportó en sus declaraciones. Es una falta administrativa ajena a La Estafa Maestra. La SFP también indagó el patrimonio de la exfuncionaria, pero concluyó que no había irregularidades.

“Estas imputaciones contra Robles no son solo muy limitadas, no es un combate real a una red de corrupción. Se señala a una sola funcionaria cuando en los hechos operó un gran sistema que involucró a secretarios de Estado, rectores de universidades y muchos más. Nada de eso se ha reflejado”, dijo en entrevista Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL, la cual también presentó una denuncia penal por este caso.

Proceso y ¿estafa?

El 6 de mayo de 2019 el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, prometió una “reestructura” de la investigación de La Estafa Maestra. Dijo que, aunque había denuncias, estas se habían manejado erróneamente como casos aislados. “Debe investigarse como un saqueo desde el poder (…) encubierto por el Estado y desde la perspectiva de la delincuencia organizada”, dijo el fiscal.

Cinco meses más tarde, la FGR procedió en contra de Robles, extitular de dos de las once dependencias implicadas en el mega fraude. No hubo orden de aprehensión, pero se le citó a comparecer ante el juez. Públicamente se interpretó como el primer caso de alto nivel por La Estafa Maestra.

En la audiencia inicial, los fiscales confirmaron que se habían registrado desvíos de hasta 5 mil millones a partir de los convenios firmados desde Sedesol y Sedatu. No obstante, no imputaron a Robles de quedarse, desviar o robar ese dinero, sino del delito de ejercicio ilícito del servicio público, bajos la hipótesis de que no impidió que el mal manejo ocurriera. Es decir, un cargo de omisión cuya pena no rebasaba los 7 años de prisión.

El juez que encabezó la audiencia, Jesús Delgadillo Padierna (que a la postre fue acusado por la defensa de conflicto de interés al estar emparentado con una contrincante política de Robles), vinculó a proceso la exfuncionaria, pero agravó la imputación. Dijo que el delito imputado por los fiscales debía multiplicarse por dos: la omisión de Sedesol y la omisión en Sedatu.

Como parte de las pruebas para sustentar la solidez del caso, los fiscales refirieron 16 averiguaciones y carpetas en curso iniciadas por los convenios irregulares denunciados por la ASF. Algunas de estas carpetas fueron referidas por el juez Delgadillo en su decisión de vincular a proceso a Robles, determinación de la que este medio también tiene copia por escrito.

Sin embargo, en una nueva audiencia judicial – esta de carácter privado – realizada el pasado 10 de abril y en la que la defensa de Robles pedía copia de dichas carpetas, los fiscales señalaron que eran investigaciones iniciadas contra otros funcionarios de menor rango, pero donde Robles no estaba en calidad de indiciada.

En ese contexto, Animal Político solicitó a la FGR conocer si había algún otro proceso o investigación relacionada contra Robles o con los desvíos evidenciados en La Estafa Maestra, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido respuesta.

“La verdad es que Rosario Robles no está acusada por La Estafa Maestra. La acusación no es por peculado, no es por desviación, no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, concretamente: Rosario no está acusada de haberse robado un solo peso. Esta acusación, la que presentaron, es solo de omisión”, dijo en entrevista el abogado defensor Epigmenio Mendieta.

Aunque Gertz dijo que el caso de La Estafa era una maquinación de Estado, hasta la fecha no se ha procesado a otros exfuncionarios de alto nivel pese a que, como ya se documentó en varios reportajes, la firma de los mismos convenios también fue permitida en otras dependencias.

Incluso en el mismo caso de Sedesol y Sedatu existe un personaje clave, Emilio Zebadúa, al que la propia ASF señala en sus denuncias como el principal operador de los posibles malos manejos de dinero, ya que él era el Oficial Mayor de dichas dependencias. Pero a diferencia de Robles, Zebadúa no se presentó a comparecer y hasta el momento sigue prófugo de la justicia.

“Es muy desafortunado, se confirma la tesis inicial en la cual la Fiscalía demuestra su incapacidad y falta de voluntad para investigar los casos de manera integral, y buscar la existencia de una red de corrupción, su operación, para lograr su desmantelamiento y sanciones. Pero por el contrario se concentran en dividir el hecho y los personajes en acusaciones muy limitadas”, dijo Estefanía Medina.

Diez años por dos mil pesos

Un mes después de que Robles fuera procesada y encarcelada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció su inhabilitación como funcionaria pública por un periodo de diez años. En un comunicado oficial, en el que no se dio ningún detalle, solo se refirió que la exfuncionaria había “falseado información en su declaración patrimonial.

Pero una revisión del expediente 000064/2018 que la SFP integró por este caso y al que Animal Político tuvo acceso, arroja que la irregularidad no tuvo que ver con datos falsos sino con la omisión de Robles de referir en sus declaraciones patrimoniales una tarjeta bancaria cancelada desde 2016, en la que había un saldo de 2 mil 888 pesos.

Dicha irregularidad fue detectada en primera instancia por un análisis de evolución patrimonial, asentado en el expediente VP/028/2018, y que la propia Robles solicitó en 2018 a la SFP. En dicho procedimiento, según consta en el oficio DG/DGAVP/311/168/2018, se determinó que no había incrementos injustificados en el patrimonio de la exfuncionaria por lo que se dio por concluida la revisión.

No obstante, derivado de ese análisis se inició un procedimiento administrativo por separado ya que se había identificado una tarjeta de débito correspondiente a la Cuenta Súper nómina Santander número 56-57716325-3, con el monto ya referido, que no aparecía en las declaraciones de la exfuncionaria.

Dicha anomalía, que tampoco tiene relación alguna con las indagatorias penales ni la de La Estafa Maestra, fue la razón por la cual la SFP decidió imponer una suspensión de diez años a la exfuncionaria. Fue, en síntesis, una falta administrativa. La sanción no se ha podido aplicar dado que la defensa obtuvo una suspensión definitiva por un juicio de amparo.

“Es una sanción completamente desproporcionada. Se creó la idea de que se sancionaba a Rosario por La Estafa Maestra pero nuevamente es una tergiversación. A ella la terminan sancionando por no reportar una cuenta que no recordó. Fue omisa en recordar que tenía una tarjeta de débito que tenía desde 2008 y por eso la pretenden inhabilitar 10 años”, dijo el abogado.

Cuestionada sobre esta determinación, la SFP dijo a través de su área de comunicación a Animal Político que el monto no es relevante para la sanción, sino la irregularidad misma. “La sanción es por falta de veracidad en la declaración, ese es el motivo, independientemente del monto”, respondió la dependencia.

Para la organización TOJIL, la disparidad entre lo que se ha documentado y denunciado y lo que la SFP indagó evidencia una “fractura operativa” entre las investigaciones administrativas y las penales, lo que dificulta una persecución integral de los grandes hechos de corrupción

Doble licencia: ¿engaño de Rosario o del Estado?

Pese a que el delito que se le imputa a Robles no amerita prisión preventiva automática, la exfuncionaria está a punto de cumplir un año encarcelada. Ello luego de que el juez, a petición de los fiscales, considerara que era necesario imponerle una prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que huyera.

El principal argumento en el que se sustentó esa decisión es la duda que existe sobre su domicilio. Ello ya que si bien la exfuncionaria ha sostenido siempre que vive en Coyoacán, la FGR expuso que hay una licencia de manejo a su nombre con otra dirección: Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón.

La defensa de Robles ha sostenido que esta licencia no fue tramitada por Robles y que los datos son falsos. Epigmenio Mendieta entregó a este medio copia de tres peritajes en fotografía, dactiloscopia y grafoscopía realizados por la empresa CYA Servicios Periciales que analizaron dicho documento.

Lo que concluyen los estudios es que ninguna de las huellas dactilares que aparecen en la referida licencia de manejo, con folio 3117487, corresponden a las manos de Robles; la firma asentada en el documento no procede de su puño y letra; y la fotografía de documento no fue tomada en Semovi, sino extraída de una página de internet. Todo ello pese a que la licencia sí es oficial.

Cuestionada sobre este tema, la Semovi confirmó a Animal Político a través de su área de comunicación que hubo una presunta irregularidad interna que está siendo investigada. De hecho, un funcionario operativo de la dependencia, responsable del trámite de la licencia falsa de Robles, ya fue dado de baja.

Por su parte la Fiscalía de Ciudad de México confirmó que, a partir de una denuncia de la propia defensa, inició la carpeta de investigación número CI-FSP/B/UI/B-3C/19178/12-2019 en la Fiscalía para delitos cometidos por Servidores Públicos, la cual continua en integración.

“El supuesto domicilio de la segunda licencia ni siquiera existe. Es falso. Ni la calle ni la colonia existe en Álvaro Obregón. Distintos peritajes lo muestran y ya lo denunciamos. La realidad es que se le pretende atribuir (a Rosario) un trámite que no hizo, que es falso. Y esto es muy peligroso porque quiere decir que a cualquiera pueden meterlo a la cárcel, a cualquiera que vaya una audiencia. Basta decir que tiene otro domicilio y se acredite con una licencia apócrifa. Y con eso lo metemos a la cárcel”, dijo Epigmenio Mendieta.

El juicio que viene y la indagatoria que falta

El proceso contra Robles por las omisiones que le imputa la FGR se acerca a la fase de juicio. Luego de un año en el que el periodo de investigación se alargó a petición de la defensa y por la pandemia, a finales de septiembre se llevará a cabo la audiencia intermedia en la que cada una de las partes presentará sus pruebas.

Previo a ello y en un plazo de 15 días que concluirá en la tercera semana de agosto, la FGR deberá presentar por escrito la acusación final contra Robles. Después la defensa tendrá oportunidad de contestarla.

Una vez superado lo anterior el caso pasará a manos de un nuevo juez federal quien convocará al juicio oral en un plazo de sesenta días. En caso de ser encontrada culpable, Robles podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión, luego de que el juez Delgadillo le duplicó los delitos.

No obstante, el abogado Mendieta dijo que no temen ir a juicio pues tienen la evidencia suficiente para probar que los cargos de omisión que se imputan a Robles no son procedentes, dado que la ley establece que ella no tenía facultades para evitar la firma de los referidos convenios. En caso de un resultado adverso, adelantó que buscarán un amparo.

Lo que continúa siendo una interrogante es la investigación relacionada con la red de corrupción detrás de los desvíos documentados en La Estafa Maestra y que, según el propio fiscal Gertz Manero, representaban prácticamente un crimen de Estado.

Estefanía Medina, de la organización TOJIL, sostuvo que desde su perspectiva los resultados de la Fiscalía en el caso de “La Estafa Maestra” se han quedado muy cortos respecto a lo que las investigaciones y denuncias han evidenciado, y a lo que se había prometido. “Ha habido una simulación de justicia hasta ahora procediendo contra un solo personaje visible nada más y con una acusación muy menor”, dijo.

Cuestionados sobre este mismo tema, la propia defensa de Robles sostuvo que el tema debe indagarse y procederse contra los que consideran son los responsables reales de este desfalco, así como el destino del dinero desviado.

“Sí tiene que investigarse el esquema y deslindarse responsabilidades, y resarcir el patrimonio perdido. Que los que resulten responsables reparen el daño. Si la ASF detecta que los trabajos no se llevaron a cabo hay procedimientos para resarcir eso (…) Y además, ¿dónde quedó el dinero? ¿quién se lo quedó? Hay que recuperar ese patrimonio”, dijo el abogado defensor de Robles.

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COVID: 6 efectos de la catástrofe generacional en la educación en América Latina

En BBC Mundo te presentamos algunos de los efectos y soluciones de emergencia que se han implementado en varios países.
19 de septiembre, 2020
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Es tan alto el riesgo de contagio al reabrir las escuelas, que en muchos países de América Latina y otras partes del mundo, el sistema educativo tuvo que moverse de la noche a la mañana hacia las clases virtuales.

Pero en las zonas rurales más apartadas o los barrios vulnerables con poca conectividad, las clases online son prácticamente imposibles.

Es ahí, en medio de la emergencia, cuando los maestros reparten guías de trabajo puerta a puerta o dejan los deberes a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, hay zonas donde la covid-19 se ha propagado con tanta fuerza que ni siquiera los profesores pueden acercarse a las casas. Y como muchas familias que viven en el campo no tienen teléfono, se ha perdido el contacto.

“Hay niños que se quedaron sin aprender a leer ni escribir”, le dice a BBC Mundo Wilson León, profesor boliviano de primaria en Loman, Chuquisaca, una zona agrícola y ganadera con mínimo acceso a internet.

Wilson León

Wilson León
“Hay niños que se quedaron sin aprender a leer ni escribir”, le dice a BBC Mundo Wilson León, profesor boliviano.

Una de las cosas que más le preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los estudiantes y la imposibilidad de llegar a ellos.

“Donde viven mis alumnos no hay señal de internet”, cuenta León, quien solía caminar durante horas para llevar material educativo casa por casa, algo que ya no puede hacer.

Primero porque en su distrito se han disparado los contagios. Y segundo, porque el gobierno de Bolivia anunció en agosto el cierre anticipado del año escolar, por la falta de condiciones para garantizar el acceso a la educación virtual.

Como resultado, los alumnos fueron promovidos automáticamente al curso siguiente, con un vacío de conocimiento que probablemente será difícil de recuperar.

En América Latina la pandemia de coronavirus provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La conectividad debería ser un derecho humano“, argumenta Claudia Uribe, directora de Educación para América Latina de la organización, en diálogo con BBC Mundo.

Pero mientras eso no ocurra, la región está expuesta a “enfrentar una catástrofe generacional” en educación, advierte.

Niñas mexicana estudiando en casa

Getty Images
En América Latina la pandemia de coronavirus provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes.

De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que cerca del 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil.

Y si no están conectados, la posibilidad de que las familias con hijos sigan las clases, es bastante baja.

Estos son seis efectos que ha provocado la pandemia a nivel educacional:

1. Interrupción del aprendizaje

El efecto más evidente del cierre de escuelas es la interrupción del aprendizaje. Aunque es un problema en todos los niveles educacionales, quienes más lo sufren son los pequeños que están iniciando el ciclo escolar y aquellos a punto de egresar.

Los más pequeños porque, si no adquieren las destrezas básicas como leer y escribir o sumar y restar, se enfrentan a un déficit esencial para avanzar hacia los cursos superiores.

Y los más grandes porque se hacen más difíciles sus perspectivas de ingreso a la educación superior o al mundo laboral.

2. Falta de alimentación

Gran parte de las escuelas públicas en Latinoamérica reparten alimentación gratuita a los niños que no tienen los recursos económicos para financiar el desayuno y el almuerzo.

3. Familias sin preparación para enseñar

Ya sea que los niños se conecten virtualmente o que reciban guías de trabajo en papel, muchos padres no están preparados para responder preguntas y para asistir todo el proceso de enseñanza.

Niño frente a computador en México

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Las familias han tenido que adaptarse a las duras condiciones que imponen los confinamientos y en muchas ocasiones no tienen los conocimientos necesarios para apoyar a los estudiantes de primaria.

Durante la pandemia les ha caído esta gran responsabilidad que habitualmente se suma a las responsabilidades laborales.

4. Desigualdad en el acceso a las clases digitales

En muchas zonas de la región no hay señal de internet y la posibilidad de que algún día llegue es bastante remota.

Hay países en África donde empresas como Google han invertido en planes piloto como el envío de señal a través de globos aerostáticos, pero son iniciativas muy complejas de replicar a una escala más masiva, como le explica a BBC Mundo Valtencir Mendes, especialista en programas de educación e innovación de la Unesco.

“Es difícil implementar esas alternativas porque el costo es muy alto”, apunta.

Estudiantes en México

Getty Images
Cerca del 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil.

También hay casas donde sí tienen acceso a internet -a través de la compra de minutos de conexión- pero es un acceso limitado.

Hay padres que me dicen que tienen que elegir entre comprar minutos o comprar comida”, dice una profesora chilena que se enfrenta a este tipo de problemas trabajando en zonas vulnerables de Santiago.

Los expertos coinciden en que, si bien la brecha digital siempre ha existido, la pandemia ha puesto en evidencia las huellas que deja la desigualdad en el acceso tecnológico.

5. Aumento del abandono escolar

Aunque aún no hay cifras sobre el abandono escolar en Latinoamérica durante la pandemia, fuentes consultadas por BBC Mundo en escuelas y organizaciones que trabajan en barrios pobres o zonas alejadas, dicen que hay estudiantes que abandonaron las clases en los últimos meses a raíz de la pandemia.

Niña estudiando

Dalia Dávila
Aún no hay estadísticas regionales, pero los expertos estiman que durante la pandemia aumentará la tasa de abandono escolar.

“El mayor problema es que algunos de esos estudiantes no van a regresar”, dice Uribe, porque algunos se integran directamente al mercado laboral o las niñas se quedan en la casa ayudando a cuidar a los familiares que necesitan asistencia.

6. Violencia doméstica y embarazos prematuros

“Esta crisis ha afectado más a las niñas”, comenta Mendes, porque al permanecer en la casa quedan expuestas a situaciones de abusos o porque simplemente quedan relegadas a las labores del hogar.

La cara más dramática de esta situación es que han aumentado los embarazos prematuros y en algunos países, los matrimonios forzados.

“La mayoría de esas niñas no va a volver al sistema educativo”, agrega, y su vida cambiará para siempre.


Dado que el cierre de escuelas es una situación tan grave, han surgido algunas iniciativas de emergencia que tratan de mitigar en parte los efectos del cierre de las escuelas por parte de gobiernos, empresas o la propia comunidad.

1. Un modelo “modelo híbrido” durante la pandemia

En muchos países de la región, incluidos Brasil y México, los gobiernos centrales y locales han puesto en marcha programas de educación a través de la televisión y la radio, pensando precisamente en las familias sin acceso a internet.

Sin embargo, expertos como Mendes de la Unesco, aseguran que los estudios han demostrado que las clases por televisión son una buena opción si van acompañadas de material impreso, tutorías por teléfono, o algún tipo de seguimiento a los alumnos.

Si son clases por televisión sin ningún otro complemento, no generan buenos resultados.

“Los más efectivos son los modelos híbridos”, plantea Mendes, y cita como ejemplo el plan que se está implementando en Sao Paulo, Brasil, donde combinan clases por televisión, recursos online y contenidos en papel.

Materiales escolares en una mesa

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Expertos en educación recomiendan la aplicación de modelos híbridos de educación para enfrentar la emergencia.

Las clases en Sao Paulo se interrumpieron a mediados de marzo con el cierre de 5.400 escuelas y en septiembre han comenzado a reabrir sus puertas solo algunos establecimientos.

“Creamos una aplicación para celulares, negociada con operadores telefónicos, para ofrecer internet gratuito a los estudiantes más pobres y transmitimos clases en dos canales de televisión”, le explica a BBC Mundo Rossieli Soares da Silva , secretario de Educación del estado de Sao Paulo.

Y en México, desde fines de agosto los estudiantes comenzaron a tener clases por televisión tras un acuerdo del gobierno con las televisoras para impartir contenidos a distancia, dado que solo el 56% de los hogares tiene acceso a internet, según cifras oficiales.

Las autoridades esperan producir 4.550 programas de televisión y 640 de radio en español y en lenguas indígenas.

Niña mexicana estudiando en su casa

Getty Images
A fines de agosto el gobierno mexicano decidió impartir clases a través de la televisión.

Sin embargo, sindicatos de maestros han expresado reparos ante la iniciativa, argumentando que el aprendizaje no funciona con la observación de contenidos informativos, sino a través de la interacción con los alumnos.

2. Participación de empresas

Las alianzas entre empresas y gobiernos u organismos internacionales son uno de los caminos más utilizados para aumentar la conectividad. Este año, con la urgencia impuesta por la pandemia, surgieron nuevos proyectos o se expandieron aquellos que ya existían.

Por ejemplo, en Argentina, la empresa Telefónica hizo un acuerdo con el gobierno para dar acceso gratuito a sitios educativos de internet durante la pandemia a familias que no pueden pagar el servicio.

Y en Perú, la misma empresa junto a Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), crearon “Internet para Todos”, una firma que ofrece servicios a los operadores móviles locales para llegar a zonas remotas.

A escala más pequeña, hay organizaciones que reparten chips, celulares, paquetes con gigas y minutos de conexión, computadores y cualquier herramienta que ayude a mejorar el acceso a internet.

Niñas estudiando

Getty Images
Las alianzas entre empresas y gobierno ha sido esencial para facilitar el acceso a internet en algunas zonas de la región.

Y en las actuales circunstancias, en aquellas zonas donde las familias no tienen ninguna posibilidad de conectarse, hay organizaciones que reparten tinta para las impresoras en colegios, con el fin de que los padres lleven los deberes en papel a la casa.

También hay iniciativas para entrenar a los maestros en habilidades digitales básicas. Es el caso de Unicef y la empresa Tigo-Millicom que han entrenado a cerca de 130.000 docentes en Bolivia y Paraguay.

O lo que está haciendo Technovation Chile, con apoyo de la empresa telefónica Wom y otros fondos internacionales, al distribuir contenidos digitales -que también se pueden descargar e imprimir en papel- en colegios que entregan canastas de alimentos a sus alumnos.

3. Héroes anónimos de las propias comunidades

Aunque existen iniciativas del sector público y privado, lo cierto es que Latinoamérica está lleno de lugares donde los niños quedaron completamente excluidos del sistema escolar.

Mientras sigue propagándose la covid-19, hay ocasiones en que la única alternativa es la ayuda de los vecinos.

Dalia Dávila

Dalia Dávila
La mexicana Dalia Dávila comparte internet desde su tortillería a los niños del barrio.

Vecinos que se consiguen fotocopiadoras para compartir las lecciones, que hacen turnos para compartir los computadores o que se prestan internet.

Incluso hay personas que ayudan a los estudiantes desde su lugar de trabajo.

Eso hace Dalia Dávila, una mexicana de Tlalpan, que comparte el internet de su negocio, “Tortillerías La Abuela”, con los niños del barrio y les facilita un computador portátil, un celular y un televisor.

Para que no estuvieran sentados en el suelo, Dávila convirtió la cajuela de una camioneta en un lugar de aprendizaje. Y lo llamó “El rinconcito de la esperanza”.

Dalia Dávila

Dalia Dávila
Dávila comenzó habilitando la cajuela de una camioneta para que los niños del sector pudieran continuar aprendiendo.

Tanto éxito tuvo su iniciativa, que llegaron personas a ofrecer ayuda económica a través de un “apadrinamiento” a los niños y maestros voluntarios que refuerzan los contenidos que se transmiten por televisión.

“Me conseguí otros lugares cercanos a la tortillería donde los niños siguen aprendiendo”, le dice a BBC Mundo. Ahora tengo entre 50 y 60 niños que vienen a buscar ayuda.

“Estoy muy feliz“, dice emocionada. “Quisiera que todos los niños pudieran estudiar”.


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