Salud sigue sin gastar el presupuesto para equipo médico e infraestructura
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Salud sigue sin gastar el presupuesto de 45 proyectos para equipo médico e infraestructura

De los 54 proyectos de inversión en materia de Salud registrados para este año, solo en 9 se ha aplicado una parte del presupuesto previsto para los primeros seis meses del año.
Cuartoscuro
15 de agosto, 2020
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La Secretaría de Salud no ha aplicado los recursos que ya estaban aprobados en el presupuesto para 45 proyectos de inversión en los primeros seis meses del año, y que incluyen la mejora o ampliación de infraestructura hospitalaria, sustitución y compra de equipos de diagnóstico e incluso equipamiento médico para atención de COVID-19.

De acuerdo con el informe trimestral de gasto de la Secretaría de Hacienda, de los 54 proyectos de inversión en materia de Salud registrados para este año, solo en 9 se ha aplicado una parte del presupuesto previsto para los primeros seis meses del año.

Leer más: Equipar a personal médico contra COVID-19, una tarea titánica

De acuerdo con el registro ante la Secretaría de Hacienda, la clave de inversión 2012M7B0001 se encuentra en cero gasto, y tenía prevista la adquisición de 150 ventiladores adulto-pediátrico, 200 monitores de signos vitales y 245 oxímetros de pulso portátil, para ser distribuidos en las entidades federativas “considerando las unidades médicas del IMSS Bienestar, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, con el fin de hacer frente a las necesidades de COVID-19, así como, al perfil epidemiológico de la población”.

El Hospital Juárez de México tiene etiquetados 31 millones 450 mil pesos para la adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X y la Construcción del búnker para alojamiento del mismo y que servirá en el área de oncología, pero no aplicó nada en los primeros seis meses del año.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez tampoco gastó los 65 millones de pesos para “sustituir el equipo industrial que por su desgaste natural y obsolescencia ya no se localizan refacciones para su reparación, así como la adquisición de equipo nuevo que se requiere para el buen funcionamiento de la institución”.

Ni se aplicaron los 20 millones previstos para comprar equipo e instrumental médico y de laboratorio que serviría para la realización “de manera oportuna los servicios de hospitalización, quirófano, unidad coronaria, hemodinámica, terapia intensiva, banco de sangre y laboratorios de investigación”, entre otros.

El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, donde médicos residentes denunciaron un brote de COVID-19 y carencias para atender a pacientes, tenía 65 millones 498 mil pesos de presupuesto para el programa integral para “la construcción y equipamiento de las áreas de servicios ambulatorios y urgencias”, pero tampoco aplicó nada.

Para los Centros de Integración Juvenil en Mérida se tiene previsto la construcción de Unidad de Hospitalización que contendría consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pero tampoco aplicó recursos; igual que la Unidad de Hospitalización para Mujeres en Iztacalco.

Entre los que sí han gastado el presupuesto etiquetado está el programa de adquisición de equipo instrumental médico para pacientes con padecimientos respiratorios en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, que aplicaron 12 millones 706 mil pesos, lo que representa 91% del gasto previsto de enero a junio.

Otros tres proyectos con avance de menos de 35% de presupuesto está la “sustitución de arrendamiento por la adquisición de inmuebles” para diversas áreas de la Secretaría de Salud. Por lo que se ejerció 1.5 millones, 3.8 millones y 3.2 millones de pesos para edificios ubicadas en Guadalajara, 46; Homero, 213; y Reforma, 450 de la Ciudad de México, respectivamente.

Mientras que para el arrendamiento del edificio donde se encuentra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en avenida Monterrey en la colonia Roma, se destinó 2 millones 447 mil pesos de los 10 millones 907 mil pesos presupuestados para el primer semestre del año.

El edificio que albergará áreas administrativas para “devolver espacios a las áreas médicas” del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra tenía previsto 38 millones de pesos para gastar de enero a junio, pero sólo se aplicaron 11 millones 320 pesos, lo que representa 29%.

Mientras que el proyecto de construcción de la Torre de Hospitalización 10 niveles y cuatro niveles de sótano, con el “fin de cumplir con la normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y sus familiares” en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, sólo gastó 5% del presupuesto para este periodo, con 20 millones de los 386 millones aprobados en el presupuesto.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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