Tribunal propuso comprar camionetas blindadas; Judicatura lo impidió
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Archivo Cuartoscuro

Tribunal Electoral propuso comprar (otra vez) camionetas blindadas, pero Judicatura lo impidió

Las unidades se comprarían con los recursos no ejercidos en diversas áreas de la institución durante el cierre provocado por la pandemia; el TEPJF argumentaba que la situación de inseguridad pública del país ameritaba considerar la adquisición.
Archivo Cuartoscuro
1 de agosto, 2020
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Aunque ya cuenta con un parque de nueve vehículos blindados para uso de los magistrados de la Sala Superior, el Tribunal Electoral federal pretendió, otra vez, comprar unidades blindadas nuevas, pero esta vez el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desautorizó la adquisición, que implicaría un gasto de 27.5 millones de pesos del erario.

La Comisión de Administración del TEPJF sometió a votación el pasado jueves un nuevo proyecto para comprar 10 camionetas blindadas SUV con los recursos que no ejercieron diversas áreas de la institución durante el cierre provocado por la pandemia. El tribunal estimó una bolsa de 45.8 millones de pesos conformada por dichos ahorros más los ingresos excedentes por rendimientos financieros que se generarían a lo largo del año.

Consultada al respecto, la Dirección de Comunicación Social del TEPJF negó que el proyecto de compra volviera a retomarse con el argumento de que no fue aprobado; además, insistió en que la situación de inseguridad pública ameritaba considerar la adquisición.

El proyecto de compra fue propuesto y apoyado por el magistrado Felipe Fuen9tes, presidente tanto de la Sala Superior como de la Comisión de Administración, y el magistrado José Luis Vargas Valdez, pero lo rechazaron de manera unánime los tres representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y Jorge Cruz Ramos, por considerarlo un gasto innecesario que contraviene la política de austeridad de la actual administración.

La negativa derivó en un debate de tres horas en el que los magistrados Fuentes y Vargas intentaron convencer a los consejeros de la Judicatura de que la compra era no sólo necesaria sino urgente ante el clima de inseguridad en el país; incluso, Vargas deslizó que sería responsabilidad de los consejeros si algo le sucedía a él, según confirmaron fuentes de la Sala Superior a Animal Político.

El intento de comprar autos blindados se remonta a marzo, cuando, en plena emergencia por la pandemia de COVID-19, la Comisión de Administración aprobó la adquisición de ocho camionetas por 22 millones de pesos; no obstante, el acuerdo se echó atrás luego de que este medio reveló la intención de compra.

Ahora, en un contexto en el que las dependencias del gobierno federal han aplicado drásticos recortes a su gasto con la finalidad de ahorrar, el órgano jurisdiccional electoral volvió a proponer la compra de vehículos nuevos, pero ya no 8 unidades, sino 10, por un monto también mayor: 27.5 millones de pesos.

En el proyecto defendido por los magistrados Fuentes y Vargas, la Dirección General de Protección Institucional alegó que los nueve vehículos blindados que actualmente posee el TEPJF, que tienen una antigüedad de entre 6 y 10 años, ya se desgastaron y no garantizan una protección adecuada para los funcionarios que los utilizan.

Lee: El TEPJF inaugura “juicios virtuales”, pero magistrados señalan fallas

Para sustentar la necesidad de renovar el parque de autos blindados, la propuesta señaló que el país atraviesa “una oleada de inseguridad que no cesa” y citó los atentados hacia dos funcionarios públicos de “muy alta exposición al riesgo”: el ataque en el que resultó herido el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado 26 de junio, y el asesinato del juez penal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa el 16 de junio en Colima.

El proyecto reconocía que la actividad jurisdiccional que desempeñan los juzgadores electorales implica un riesgo menor en comparación con la labor de los dos funcionarios citados, pero, aún así, sostenía que las sentencias del tribunal pueden afectar los intereses de actores políticos y ello provocar movilizaciones sociales violentas.

“De ahí que esta función, por sí misma, tiene implícito un riesgo, ya que esto podría animar a diferentes grupos o actores políticos a movilizarse y manifestarse como medida de presión a la Magistratura, en ocasiones a través de actos radicales”, se explicó en la propuesta.

Otro argumento para justificar la compra de camionetas blindadas es la existencia de “grupos terroristas con ideologías anarquistas” y la posibilidad de que los mismos partidos políticos estuvieran infiltrados por el crimen organizado, amén de las críticas en los medios de comunicación hacia la labor de los magistrados que generan opiniones adversas.

El proyecto señalaba que era mejor comprar las 10 camionetas blindadas en lugar de arrendarlas porque resulta menos costoso, en apego, supuestamente, a la política de austeridad actual. No obstante, durante la discusión de la Comisión de Administración, el consejero Bernardo Bátiz señaló que lo verdaderamente austero sería definitivamente no hacer la adquisición.

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Condenan a 4 años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote de COVID en Wuhan, China

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus en Wuhan y que se encuentra en huelga de hambre, se enfrenta a cuatro años de prisión.
28 de diciembre, 2020
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Zhang Zhan

YOUTUBE
La exabogada Zhang Zhan había sido detenida en mayo.

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión.

Zhan fue declarada culpable de “buscar altercados y provocar problemas”, un cargo que se usa frecuentemente en ese país contra activistas.

La exabogada de 37 años fue detenida en mayo y lleva varios meses en huelga de hambre. Sus abogados dicen que se encuentra en mal estado de salud.

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote.

“Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia”, dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores, a la agencia de noticias AFP.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Otras detenciones

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote.

Un ciudadano de Wuhan

Getty Images
La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo cual llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas que pedían una rendición de cuentas.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote.

Una vez allí, comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

“Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”, dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC.

“No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder”.

“Información falsa”

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia.

El presidente de China, Xi Jinping, con otros funcionarios

Reuters
En marzo, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el virus había sido controlado con éxito en la provincia de Wuhan y Hubei.

A principios de noviembre se le presentaron cargos formales.

El documento de la acusación señala que Zhang envió “información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube”.

También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de “difundir maliciosamente” información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuatro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado su salud.

Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda.

También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago.

“Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño”, dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

“Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento”, dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud.

Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.

“Sentencia alarmante”

Leo Lan, consultor de investigación y defensa del grupo de derechos humanos Network of Chinese Human Rights Defenders, dijo que la sentencia de Zhang es “alarmante”.

“(Su) sentencia es muy dura. El gobierno chino está muy decidido a silenciarla e intimidar a otros ciudadanos que intentaron exponer lo que sucedió en Wuhan”, le dijo a la BBC.

“Me preocupa el destino de otros ciudadanos detenidos que también informaron sobre la pandemia”.

Varios reporteros ciudadanos que informaron desde Wuhan, entre ellos: Li Zehua, Chen Qiushi y Fang Bin, desaparecieron a principios de este año.

Li finalmente apareció y explicó que había sido puesto en cuarentena a la fuerza, mientras que se informó que Chen está con su familia, pero bajo supervisión del gobierno.

Aún se desconoce el paradero de Fang Bin.


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