Tribunal propuso comprar camionetas blindadas; Judicatura lo impidió
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Archivo Cuartoscuro

Tribunal Electoral propuso comprar (otra vez) camionetas blindadas, pero Judicatura lo impidió

Las unidades se comprarían con los recursos no ejercidos en diversas áreas de la institución durante el cierre provocado por la pandemia; el TEPJF argumentaba que la situación de inseguridad pública del país ameritaba considerar la adquisición.
Archivo Cuartoscuro
1 de agosto, 2020
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Aunque ya cuenta con un parque de nueve vehículos blindados para uso de los magistrados de la Sala Superior, el Tribunal Electoral federal pretendió, otra vez, comprar unidades blindadas nuevas, pero esta vez el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desautorizó la adquisición, que implicaría un gasto de 27.5 millones de pesos del erario.

La Comisión de Administración del TEPJF sometió a votación el pasado jueves un nuevo proyecto para comprar 10 camionetas blindadas SUV con los recursos que no ejercieron diversas áreas de la institución durante el cierre provocado por la pandemia. El tribunal estimó una bolsa de 45.8 millones de pesos conformada por dichos ahorros más los ingresos excedentes por rendimientos financieros que se generarían a lo largo del año.

Consultada al respecto, la Dirección de Comunicación Social del TEPJF negó que el proyecto de compra volviera a retomarse con el argumento de que no fue aprobado; además, insistió en que la situación de inseguridad pública ameritaba considerar la adquisición.

El proyecto de compra fue propuesto y apoyado por el magistrado Felipe Fuen9tes, presidente tanto de la Sala Superior como de la Comisión de Administración, y el magistrado José Luis Vargas Valdez, pero lo rechazaron de manera unánime los tres representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y Jorge Cruz Ramos, por considerarlo un gasto innecesario que contraviene la política de austeridad de la actual administración.

La negativa derivó en un debate de tres horas en el que los magistrados Fuentes y Vargas intentaron convencer a los consejeros de la Judicatura de que la compra era no sólo necesaria sino urgente ante el clima de inseguridad en el país; incluso, Vargas deslizó que sería responsabilidad de los consejeros si algo le sucedía a él, según confirmaron fuentes de la Sala Superior a Animal Político.

El intento de comprar autos blindados se remonta a marzo, cuando, en plena emergencia por la pandemia de COVID-19, la Comisión de Administración aprobó la adquisición de ocho camionetas por 22 millones de pesos; no obstante, el acuerdo se echó atrás luego de que este medio reveló la intención de compra.

Ahora, en un contexto en el que las dependencias del gobierno federal han aplicado drásticos recortes a su gasto con la finalidad de ahorrar, el órgano jurisdiccional electoral volvió a proponer la compra de vehículos nuevos, pero ya no 8 unidades, sino 10, por un monto también mayor: 27.5 millones de pesos.

En el proyecto defendido por los magistrados Fuentes y Vargas, la Dirección General de Protección Institucional alegó que los nueve vehículos blindados que actualmente posee el TEPJF, que tienen una antigüedad de entre 6 y 10 años, ya se desgastaron y no garantizan una protección adecuada para los funcionarios que los utilizan.

Lee: El TEPJF inaugura “juicios virtuales”, pero magistrados señalan fallas

Para sustentar la necesidad de renovar el parque de autos blindados, la propuesta señaló que el país atraviesa “una oleada de inseguridad que no cesa” y citó los atentados hacia dos funcionarios públicos de “muy alta exposición al riesgo”: el ataque en el que resultó herido el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado 26 de junio, y el asesinato del juez penal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa el 16 de junio en Colima.

El proyecto reconocía que la actividad jurisdiccional que desempeñan los juzgadores electorales implica un riesgo menor en comparación con la labor de los dos funcionarios citados, pero, aún así, sostenía que las sentencias del tribunal pueden afectar los intereses de actores políticos y ello provocar movilizaciones sociales violentas.

“De ahí que esta función, por sí misma, tiene implícito un riesgo, ya que esto podría animar a diferentes grupos o actores políticos a movilizarse y manifestarse como medida de presión a la Magistratura, en ocasiones a través de actos radicales”, se explicó en la propuesta.

Otro argumento para justificar la compra de camionetas blindadas es la existencia de “grupos terroristas con ideologías anarquistas” y la posibilidad de que los mismos partidos políticos estuvieran infiltrados por el crimen organizado, amén de las críticas en los medios de comunicación hacia la labor de los magistrados que generan opiniones adversas.

El proyecto señalaba que era mejor comprar las 10 camionetas blindadas en lugar de arrendarlas porque resulta menos costoso, en apego, supuestamente, a la política de austeridad actual. No obstante, durante la discusión de la Comisión de Administración, el consejero Bernardo Bátiz señaló que lo verdaderamente austero sería definitivamente no hacer la adquisición.

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Vacuna contra COVID: por qué algunas dosis acaban en la basura y qué se puede hacer para evitarlo

El mundo vive una carrera por hacerse con las escasas vacunas disponibles contra la COVID. ¿Por qué algunas acaban en la basura o se vacuna a personas no prioritarias?
5 de febrero, 2021
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Enfermeras cargan dosis de la vacuna en Nantes, Francia.

Reuters
Muchos países se enfrentan al reto de administrar las vacunas antes de que se estropeen.

Golpeado por la pandemia de covid, el mundo se enfrentó primero al reto de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Ahora, al de distribuirla a escala planetaria sin malgastar una sola de las preciadas dosis.

Con la oferta de vacunas disponibles lejos aún de cubrir la ingente demanda mundial, los gobiernos han establecido rigurosos planes de vacunación que establecen los colectivos que deben ser vacunados primero: generalmente, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores de los servicios de salud.

Sin embargo, no han tardado en aparecer las noticias de personas no pertenecientes a estos grupos prioritarios que recibían la vacuna, o, algo más sorprendente aún, de dosis que acababan en el cubo de la basura.

En la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina, la prensa local informó de que hubo que desechar 140 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V porque se había roto la cadena de frío en su conservación.

En España, el general al mando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir después de que se hiciera público que había recibido la vacuna, pese a que algunos de sus colaboradores les dijeron a los medios españoles que lo había hecho precisamente para evitar que se echaran a perder las dosis sobrantes en su departamento tras vacunar a las personas prioritarias.

En México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó por “inmoral” al médico que vacunó a dos familiares después de un error en el sistema de citas del hospital en el que trabaja.

Son solo algunos ejemplos de noticias que han provocado malestar y críticas en muchos países cuando la mayoría de la gente sigue a la espera y en muchos casos aún sujeta a distintos grados de confinamiento.

El desafío de optimizar las vacunas

Lo cierto es que los sanitarios se pueden ver a veces ante un incómodo dilema, ya que las vacunas requieren condiciones especiales de conservación y, en algunos casos, sobre todo en pequeñas localidades o lugares alejados, no pueden cumplirse a rajatabla los estrictos criterios fijados por los gobiernos.

La vacuna fabricada por Pfizer, por ejemplo, debe conservarse a temperaturas muy bajas y, una vez descongelada, ha de usarse antes de 5 días.

La Sputnik-V se comercializa en ampollas de cinco dosis, por lo que si se quiere evitar malgastar ninguna, debe haber un número igual de pacientes listos para recibir el pinchazo.

Una profesional de la salud recibe la vacuna en un hospital de Ciudad Juárez, México.

Reuters
Los trabajadores sanitarios figuran entre los colectivos prioritarios en la mayoría de países.

Como explicó en conversación con BBC Mundo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de la sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, un centro de investigación médica de Buenos Aires, “la prioridad es no desperdiciar la vacuna“.

“Una campaña de vacunación, y más una como esta, es siempre un gran desafío de ingeniería”, indica el experto. Y no siempre es posible acomodar la disponibilidad de vacunas con el número de pacientes dispuestos a ponérsela, su disponibilidad para acercarse a los centros de vacunación a recibirla y las necesidades de espacio para mantener la distancia social en ellos.

A esto se suma el problema de los pacientes que no acuden a las citas programadas, sea porque no pueden desplazarse o porque, como los seguidores del movimiento antivacunas, rechazan la inmunización o desconfían de los gobiernos y los fabricantes de medicamentos.

¿Qué hacer entonces con la dosis sobrante cuando ya se ha cubierto el cupo de pacientes prioritarios agendados para el día?

Contenedores de residuos sanitarios en Manchester, Inglaterra.

Getty Images
En algunos países ya ha habido noticias de vacunas que acaban en la basura.

En Estados Unidos ya ha habido centros sanitarios que han empezado a convocar por la emisora de emergencias a los paramédicos que quieran vacunarse una vez cubierto el cupo diario para evitar que se echen a perder las dosis sobrantes.

Y un equipo médico del estado de Oregón que quedó atrapado en una congestión de tráfico comenzó a vacunar a otros automovilistas retenidos ante la imposibilidad de volver a refrigerar a tiempo las dosis que llevaban consigo.

Mejor en un brazo que en el cubo de la basura

Ante la emergencia sanitaria global, los centros médicos a nivel local se enfrentan al desafío de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, conservando adecuadamente las vacunas y priorizando a los grupos de población de riesgo establecidos por las autoridades nacionales.

En esa tarea titánica, han encontrado una inesperada colaboración en los grupos de espontáneos que hacen fila junto a las clínicas y los centros de vacunación a la espera de que se les administre alguna de las dosis no utilizadas, una imagen cada vez más frecuente en Estados Unidos y en Israel, el país que lidera la frenética carrera global por la vacunación.

“A todas las dificultades se suma la de la incertidumbre acerca de las dosis que se van recibir y cuándo”, señala el doctor Bonvehí.

Para los dispensarios locales se complica aún más llevar una planificación adecuada de la vacunación ya que en muchos casos los gobiernos tampoco han podido ofrecer un calendario claro de vacunación y son ellos quienes centralizan la adquisición de los medicamentos.

Un hombre carga una bombona de oxígeno en Manaos, Brasil.

Reuters
América Latina es una de las regiones más golpeadas por la pandemia y muchos países aún no han podido comenzar a vacunar.

Para los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, que se encuentran detrás de los más ricos en la lista de espera global por recibir la vacuna en la cantidad y con la regularidad suficientes, hacer un uso óptimo de las que llegan se hace más crítico si cabe.

Bonvehí propone que “en las citas se llame a pacientes suplentes, para que, si alguien no se presenta, no haya que desperdiciar ninguna dosis”.

Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que los países más prósperos, que han comprado muchas más dosis de las necesarias para vacunar a toda su población, envíen las que no usen a los países en desarrollo.

Todo, porque, como le dijo Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Johns Hopkins University, a la cadena NPR, “una vacuna en un brazo siempre va a ser mejor que una vacuna en el cubo de la basura”.


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