Policías mataron a Víctor; su familia reclama disculpa y nueva investigación
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Policías mataron a Víctor: a 15 años del crimen su familia exige disculpa y una nueva investigación

La familia denuncia que el gobierno de la CDMX nunca cumplió con la disculpa pública y que ni siquiera han tenido acceso a una copia de los expedientes de la investigación por el homicidio.
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Víctor Emmanuel Torres Leyva tenía 29 años cuando policías de la Ciudad de México lo acribillaron en Eje Cinco, Iztacalco, en lo que antes era el Distrito Federal. Ocurrió el 19 de agosto de 2005, hace exactamente 15 años. El hombre, ajustador de seguros, circulaba de madrugada en contravía cuando, tras recibir el alto e ignorarlo, fue perseguido por varias patrullas. Los agentes lo interceptaron y le dispararon: al menos diez balazos alcanzaron su coche y tres de ellos impactaron en su cuerpo, causándole la muerte. Su familia lleva desde entonces denunciando el asesinato y el intento de las autoridades de no investigar a fondo los hechos.

“Nos sentimos frustrados y defraudados. Después de 15 años solo vemos mucha demagogia. Seguimos esperando que se pueda dar lo que necesitamos: seguridad, confianza en autoridades, verdad y tener una disculpa en consecuencia”, dice Antonio Javier Torres Leyva, de 50 años y hermano de la víctima. Al ser asesinado, su hermano dejó viuda, que falleció cinco años después de su muerte, y tres hijos menores de edad.

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Hasta el momento únicamente un policía ha sido condenado por la muerte. En 2006, el agente Víctor Manuel Ríos Tapia fue sentenciado a 27 años y seis meses de cárcel por homicidio, pero recuperó la libertad tras cumplir la mitad de la pena.

La familia denuncia que el gobierno de la CDMX nunca cumplió con la disculpa pública y que ni siquiera han tenido acceso a una copia de los expedientes de la investigación por el homicidio.

Agotadas las vías legales en México, los hermanos de Torres Leyva no se dieron por vencidos. En 2007 iniciaron el proceso para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigase el caso. Hace un año que la institución admitió su denuncia. Hubo una oportunidad para para que familia y gobierno mexicano llegasen a un acuerdo amistoso, pero el año pasado se rompieron las negociaciones sin llegar a un entendimiento.

Según Fabián Sánchez Matus, abogado de la familia, el gobierno federal alegó que se trata de un “hecho juzgado” y rechazó las peticiones de los familiares de la víctima, entre las que se encuentran medidas compensatorias y una copia de los expedientes para su revisión, así como garantías de una disculpa pública adecuada.

En el diálogo participaron funcionarios de la secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Ciudad de México.

Animal Político consultó a estas tres instituciones, pero al cierre de la nota únicamente recibió respuesta de la subsecretaría de Derechos Humanos. Esta aseguró que sí que estaba dispuesta a un acuerdo que facilitase una investigación a pesar de que la legislación mexicana no lo permite, ya que el crimen fue juzgado como homicidio y no como ejecución extrajudicial. Según la institución, la negativa de la familia a incluir esta aclaración en el documento final frustró el acuerdo, aunque se mostró dispuesta a retomar esta vía.

Más allá de tecnicismos hay un hecho claro: que 15 años después de la ejecución de Torres Leyva a manos de policías su familia todavía no ha podido disponer de una copia del expediente. Este es un paso previo para que pudiese reabrirse una investigación.

El caso no es ajeno para las personas que están en puestos de relevancia en el actual gobierno. El homicidio tuvo lugar 21 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiese licencia para dedicarse a la campaña de 2006. Fue sustituido al frente del gobierno de la ciudad por Alejandro Encinas, actualmente subsecretario de Derechos Humanos dentro de la secretaría de Gobernación. Además, el canciller Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la capital tras las elecciones de 2006.

“El gobierno decide que es cosa juzgada, da veracidad a algo que no está claro y hacer vigente un pacto de impunidad”, denuncia el abogado Fabián Sánchez Matus, que acompaña a la familia. “No se sabe qué pasó ni se tiene claridad de responsabilidad individual e institucional. Igual que administraciones anteriores, niegan verdad, justicia y reparación”, afirma.

Salir de un cóctel y terminar baleado

La pesadilla para la familia Torres Leyva comenzó en la madrugada del 19 de agosto de 2005. Aquella noche Víctor Emmanuel salió de un cóctel en la empresa en la que trabajaba como como ajustador de seguros. Algo ocurrió. Es probable que hubiese tomado algunas copas. Más que probable, en realidad. Sin embargo, eso no explica que a la 1.30 termine muerto a balazos.

Hasta hoy no hay una sola explicación sobre cómo un hombre que sale de un evento social termina acribillado a balazos por varios policías que luego negarán haber apretado el gatillo.
Sabemos por los relatos aparecidos en la nota roja de la época y los testimonios de los policías en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) que Torres Leyva manejaba su Pontiac Sunfire en contravía. Que policías que se encontraban en la zona le dieron el alto, que este no obedeció y que se organizó una persecución durante al menos tres kilómetros. El hombre fue interceptado en la calzada La Viga, colonia San Francisco Xicaltongo, Iztacalco. ¿Cómo? Nadie lo dice, pero podemos intuirlo. El vehículo recibió entre 10 y 27 disparos, según distintas versiones, y la víctima entre tres y cuatro balazos. En las imágenes que trascendieron se observa a Víctor Emmanuel Torres Leyva, ya muerto, tendido de espaldas en el asiento del copiloto con varios impactos de bala y un charco de sangre en el suelo.

La CDHCDMX fue contundente en su descripción de los hechos. “El perito en criminalística concluyó en cuanto a la posible posición víctima victimario, que al ser lesionada la víctima, se encontraba sentada en el interior del vehículo en el asiento del conductor y su victimario se encontraba de pie fuera del vehículo, del lado derecho y del lado izquierdo, lo que hace suponer que fueron varios policías preventivos los que dispararon al cuerpo de Víctor Emmanuel Torres Leyva, de cada lado del vehículo, es decir por dos flancos, a corta distancia y que lo hicieron en el momento que bajaron de sus patrullas y no cuando éstas estaban en movimiento, además de que lo hicieron en forma ventajosa, ya que no existen indicios de que el hoy occiso les hubiera disparado”, se dice en la recomendación 07/2005.

La autopsia, según se recoge en este informe, determinó que la víctima recibió tres disparos (el tercero de ellos mortal) y que su cuerpo fue movido antes de que llegasen los investigadores. Los únicos que pudieron moverlo eran los policías que estaban allí. Precisamente los mismos policías (o algunos de ellos) que serán acusados del homicidio.

Las primeras explicaciones de las autoridades llegaron al día siguiente. Según relata Alma Patricia Torres Leyva, hermana de la víctima, fueron contactados por una autoridad de Seguridad Pública que les informó de que la institución se hacía cargo de los gastos funerarios. Ante la insistencia de la familia de saber qué había ocurrido, este dejó caer que quizás su hermano había tomado unas copas. “Venía de una fiesta, venía borracho. Lo voy a recoger al torito, pero no me diga que por eso está muerto”, fue la respuesta de la hermana.

A partir de ahí, los Torres Leyva relatan una odisea en su búsqueda de justicia que incluso les llevó a tratar de protestar en las conferencias matutinas de la jefatura de gobierno de la CDMX.

En primer lugar, porque nunca tuvieron acceso al expediente más que de forma parcial. En segundo, porque la compensación se limitó a 150 mil pesos que recibió la viuda. En tercero, porque ni siquiera fueron informados de los movimientos judiciales que llevarían a dos de los tres condenados a ser liberados sin apenas poner un pie en la cárcel. En cuarto, porque lo que debía ser una disculpa pública se limitó a una nota redactada en un único periódico y en la que ni siquiera se reflejaba una versión de los hechos que contentase a los familiares.

“Hemos sufrido una odisea. Nadie está preparado ni sabe todo lo que implica pasar todo esto”, dice Alma Patricia Torres Leyva.

Un solo policía condenado

Mientras los allegados de la víctima trataban de ser reconocidos hubo una vía judicial que señaló a varios policías. Se trataba de Víctor Manuel Ríos Tapia, Marco Antonio Vázquez Salazar y Gabriel Hernández Salazar. Los tres fueron condenados por homicidio doloso en agosto de 2006, un año después de los hechos. Sin embargo, los dos últimos fueron exonerados tras un amparo el 28 de marzo de 2007: según los jueces, estaba probado que ellos dispararon contra el vehículo, pero no podía asegurarse que sus balas alcanzasen a la víctima.

A partir de ahí no se volvió a investigar. Los allegados de la víctima ni siquiera recibieron la notificación de estos últimos amparos.

A pesar de estas resoluciones judiciales, la familia insiste en que quedan muchas interrogantes sobre la muerte de Torres Leyva. Entre ellas: quién dio la orden de disparar contra el vehículo en contravía, si se alteró la escena del crimen, por qué no había sangre en el asiento del conductor si se dijo que la víctima recibió los disparos mientras manejaba o cuál fue la participación del resto de policías, si se supone que hubo al menos ocho patrullas.

La CDHCDMX pidió una investigación administrativa que, según la familia, nunca se realizó.

También la reparación del daño y “las acciones necesarias para reivindicar y preservar el buen nombre e imagen pública de Víctor Emmanuel Torres Leyva”. Algo que, según sus hermanos, tampoco se llevó a cabo.

Así fue como el caso llegó a la CIDH. En el proceso, el gobierno mexicano, en aquel momento encabezado por Enrique Peña Nieto, alegó que los hechos ya habían sido juzgados y que se había cumplido con las recomendaciones de la CDHCDMX. La institución internacional, sin embargo, admitió a trámite la denuncia.

A partir de entonces inició un proceso para llegar a un acuerdo amistoso. Esto implica que el Estado asume su responsabilidad y pacta con los agraviados diversas medidas, pero sin elevar el caso a la instancia internacional. En varias ocasiones se vieron los hermanos de la víctima y representantes del gobierno. El 13 de noviembre de 2019, dentro del 174º período ordinario de sesiones de la CIDH celebrado en Quito, Ecuador, tuvo lugar la última reunión auspiciada por la CIDH. No hubo acuerdo.

Según el abogado Fabián Sánchez Matus, “nunca pudimos avanzar más allá del tema de justicia. Se debatió una nueva investigación previa entrega del expediente, que especialistas lo viesen y se hiciese una investigación seria. Pero nos quedamos en ese punto. No hablamos de reparación, ni de garantías de no repetición”.

Durante el último año, la representación de la familia y la subsecretaría de Derechos Humanos mantuvieron cuatro encuentros en los que se abordó la demanda de acceder al expediente. La institución que dirige Alejandro Encinas explicó que en julio hizo la petición a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX para que se hiciese entrega de los documentos certificados. La solicitud fue rechazada por no ser los representantes legales de la familia de la víctima. Aunque el argumento es lo de menos. La familia de la víctima también ha pedido que se le entregue una copia y jamás lo ha conseguido: únicamente pudo ver parcialmente algunos tomos.

La subsecretaría aseguró a Animal Político que promoverá iniciativas para destrabar la situación y que la familia Torres Leyva acceda al expediente. Este, en todo caso, es un primer paso. Los familiares de un hombre acribillado por manejar en sentido contrario quieren una nueva investigación que aclare qué ocurrió realmente aquella noche de hace 15 años y quiénes fueron los responsables. Por ahora confían en encontrar en la CIDH la justicia que no hallaron en México.

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La 'nueva fase' de coronavirus de EU y por qué es una amenaza mayor que cuando empezó la pandemia

Estados Unidos se encuentra en una peligrosa fase de la pandemia, según la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la covid-19, la doctora Deborah Birx.
3 de agosto, 2020
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Hombre con mascarilla y bandera de EE.UU. detrás.

Getty Images

La epidemia de coronavirus en Estados Unidos ha entrado en una “nueva y peligrosa fase”.

Así lo advirtió la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la covid-19.

La enfermedad está “extremadamente extendida” en el país y actualmente supone una amenaza mayor que cuando comenzaron los primeros brotes, a principios de año, dijo Birx el domingo.

Hasta este 3 de agosto, EE.UU. había registrado el mayor número de casos y muertes atribuidas al coronavirus de todo el mundo.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, la primera economía mundial ha confirmado más de 4,6 millones de contagios y 155.165 muertes.

A nivel mundial, se han contabilizado más de 18 millones de casos y más de 690.000 fallecimientos hasta este 3 de agosto.

¿En qué consiste la “nueva fase”?

Hay una clara diferencia que marca esta nueva etapa en la que ha entrado Estados Unidos: las zonas afectadas.

Ya no solo son las zonas urbanizadas las más golpeadas, sino múltiples y diferentes áreas por todo el país.

“Esta epidemia ahora mismo es diferente y está más extendida. Y es tanto rural como urbana”, destacó el domingo Birx en el programa State of the Union, de la cadena CNN.

""La epidemia en EE.UU. ahora mismo es diferente y está más extendida. Y es tanto rural como urbana"", Source: Deborah Birx, Source description: Coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la covid-19., Image: Deborah Birx

Birx lanzó una advertencia a las comunidades rurales por el escepticismo que mostraron algunas de ellas a la llegada del virus a sus zonas.

“A todo aquel que vive en un área rural: no eres inmune ni estás protegido contra este virus“, espetó.

La asesora de la Casa Blanca insistió en la necesidad de portar mascarilla, incluso dentro de la propia vivienda si hay personas de riesgo y se está en una zona donde se haya producido un brote.

También manifestó su preocupación por la gente que se está yendo de vacaciones a puntos con un alto número de casos, haciendo referencia a las visitas que ha realizado a 14 estados en las últimas tres semanas.

“A medida que viajaba por el país, vi a todo Estados Unidos moviéndose (…) Si usted ha decidido irse de vacaciones a un lugar muy afectado, necesita volver y proteger a aquellos con comorbilidades y asumir que está contagiado”.

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La epidemia de coronavirus en Estados Unidos ha avanzado durante estos últimos meses, especialmente en estados del sureste y medio oeste.

Si en marzo y abril, Nueva York y Nueva Jersey, en la costa este, eran los puntos más vapuleados por el virus, en las últimas semanas se han dado preocupantes aumentos de casos y muertes en California, Florida o Texas.

“Nosotros subimos mucho cuando el área metropolitana de Nueva York era el epicentro del brote. Luego las curvas comenzaron a descender de vuelta, pero no como sucedió en otros países (…) Nunca llegamos a descender a un punto realmente bajo”, explicaba el 30 de julio Anthony Fauci, el científico jefe del equipo especial contra el coronavirus de la Casa Blanca, en entrevista con la BBC.

“Cuando levantamos algunas restricciones con el objetivo de reactivar la economía en ciertas regiones del país, algunos estados del sur como Florida, Texas, Arizona o el sur de California empezaron a sufrir contagios. Entonces la base pasó de 20.000 casos diarios, a 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 e incluso 70.000 pacientes diarios”, añadió.

Hombre con cartel pidiendo la vuelta al trabajo.

Getty Images
La pandemia ha asestado un duro golpe a la economía estadounidense, con la consecuente pérdida de empleos.

Desde entonces, la mayor preocupación del gobierno es controlar esa situación pero también la de otras regiones que parecen empezar a atravesar lo que pasaron los estados del sur, puntualizó el experto.

Según datos recopilados por The New York Times, el país registró más de 1,9 millones de nuevos contagios en julio, cerca del 42% de los más de 4,5 millones de casos confirmados en todo el país desde que comenzó la pandemia y más del doble que cualquier otro mes.

Expertos en salud pública que vinculan el aumento de casos con la reapertura temprana han pedido nuevas medidas, si bien también continúan los llamados para seguir por el camino de la “nueva normalidad”, entre ellos, por parte del propio presidente.

Trump insiste en que el repunte de casos se debe al aumento en el número de pruebas realizadas y aboga por reabrir los colegios próximamente.

“Gran parte de nuestro país está muy bien”, aseguró Trump la noche del domingo, en claro contraste con la opinión manifestada por su asesora.

Disputa política

El presidente fue más allá este lunes y criticó abiertamente las declaraciones de Birx en televisión y calificó su intervención de “patética”.

Birx y Trump.

Getty Images
Desde el Partido Demócrata se ha criticado a Birx, vinculándola a la “campaña de desinformación” de Trump.

Trump consideró que Birx había cedido a la presión por parte de los demócratas, en referencia a las críticas que trascendieron contra la doctora.

“Deborah mordió el anzuelo y nos golpeó. ¡Patético!“, señaló el mandatario en Twitter este lunes.

La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, criticó a Birx por su supuesta disposición a adaptar su mensaje para conseguir el apoyo de Trump.

“Creo que el presidente está difundiendo desinformación sobre el virus y que ella es su responsable, así que no tengo ninguna confianza“, señaló Pelosi en la cadena ABC.

Birx, por su parte, ha defendido que sus decisiones siempre se han basado y se basan en la ciencia.

Mujer con mascarilla en Miami Beach.

Getty Images
Ante el repunte de casos en lugares como Miami, las autoridades impusieron la orden de portar mascarillas.

Mientras continúa la disputa política, una nueva proyección de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estima que el número de muertos por la crisis del coronavirus puede superar los 180.000 en el país para el 22 de agosto.

Y la sociedad sigue dividida en torno a la crisis, con cuestiones como portar una mascarilla, una práctica que los expertos recomiendan encarecidamente para frenar la propagación del virus pero que en Estados Unidos se ha convertido en un asunto extremadamente politizado.

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