Policías mataron a Víctor; su familia reclama disculpa y nueva investigación
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Policías mataron a Víctor: a 15 años del crimen su familia exige disculpa y una nueva investigación

La familia denuncia que el gobierno de la CDMX nunca cumplió con la disculpa pública y que ni siquiera han tenido acceso a una copia de los expedientes de la investigación por el homicidio.
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Víctor Emmanuel Torres Leyva tenía 29 años cuando policías de la Ciudad de México lo acribillaron en Eje Cinco, Iztacalco, en lo que antes era el Distrito Federal. Ocurrió el 19 de agosto de 2005, hace exactamente 15 años. El hombre, ajustador de seguros, circulaba de madrugada en contravía cuando, tras recibir el alto e ignorarlo, fue perseguido por varias patrullas. Los agentes lo interceptaron y le dispararon: al menos diez balazos alcanzaron su coche y tres de ellos impactaron en su cuerpo, causándole la muerte. Su familia lleva desde entonces denunciando el asesinato y el intento de las autoridades de no investigar a fondo los hechos.

“Nos sentimos frustrados y defraudados. Después de 15 años solo vemos mucha demagogia. Seguimos esperando que se pueda dar lo que necesitamos: seguridad, confianza en autoridades, verdad y tener una disculpa en consecuencia”, dice Antonio Javier Torres Leyva, de 50 años y hermano de la víctima. Al ser asesinado, su hermano dejó viuda, que falleció cinco años después de su muerte, y tres hijos menores de edad.

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Hasta el momento únicamente un policía ha sido condenado por la muerte. En 2006, el agente Víctor Manuel Ríos Tapia fue sentenciado a 27 años y seis meses de cárcel por homicidio, pero recuperó la libertad tras cumplir la mitad de la pena.

La familia denuncia que el gobierno de la CDMX nunca cumplió con la disculpa pública y que ni siquiera han tenido acceso a una copia de los expedientes de la investigación por el homicidio.

Agotadas las vías legales en México, los hermanos de Torres Leyva no se dieron por vencidos. En 2007 iniciaron el proceso para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigase el caso. Hace un año que la institución admitió su denuncia. Hubo una oportunidad para para que familia y gobierno mexicano llegasen a un acuerdo amistoso, pero el año pasado se rompieron las negociaciones sin llegar a un entendimiento.

Según Fabián Sánchez Matus, abogado de la familia, el gobierno federal alegó que se trata de un “hecho juzgado” y rechazó las peticiones de los familiares de la víctima, entre las que se encuentran medidas compensatorias y una copia de los expedientes para su revisión, así como garantías de una disculpa pública adecuada.

En el diálogo participaron funcionarios de la secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Ciudad de México.

Animal Político consultó a estas tres instituciones, pero al cierre de la nota únicamente recibió respuesta de la subsecretaría de Derechos Humanos. Esta aseguró que sí que estaba dispuesta a un acuerdo que facilitase una investigación a pesar de que la legislación mexicana no lo permite, ya que el crimen fue juzgado como homicidio y no como ejecución extrajudicial. Según la institución, la negativa de la familia a incluir esta aclaración en el documento final frustró el acuerdo, aunque se mostró dispuesta a retomar esta vía.

Más allá de tecnicismos hay un hecho claro: que 15 años después de la ejecución de Torres Leyva a manos de policías su familia todavía no ha podido disponer de una copia del expediente. Este es un paso previo para que pudiese reabrirse una investigación.

El caso no es ajeno para las personas que están en puestos de relevancia en el actual gobierno. El homicidio tuvo lugar 21 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiese licencia para dedicarse a la campaña de 2006. Fue sustituido al frente del gobierno de la ciudad por Alejandro Encinas, actualmente subsecretario de Derechos Humanos dentro de la secretaría de Gobernación. Además, el canciller Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la capital tras las elecciones de 2006.

“El gobierno decide que es cosa juzgada, da veracidad a algo que no está claro y hacer vigente un pacto de impunidad”, denuncia el abogado Fabián Sánchez Matus, que acompaña a la familia. “No se sabe qué pasó ni se tiene claridad de responsabilidad individual e institucional. Igual que administraciones anteriores, niegan verdad, justicia y reparación”, afirma.

Salir de un cóctel y terminar baleado

La pesadilla para la familia Torres Leyva comenzó en la madrugada del 19 de agosto de 2005. Aquella noche Víctor Emmanuel salió de un cóctel en la empresa en la que trabajaba como como ajustador de seguros. Algo ocurrió. Es probable que hubiese tomado algunas copas. Más que probable, en realidad. Sin embargo, eso no explica que a la 1.30 termine muerto a balazos.

Hasta hoy no hay una sola explicación sobre cómo un hombre que sale de un evento social termina acribillado a balazos por varios policías que luego negarán haber apretado el gatillo.
Sabemos por los relatos aparecidos en la nota roja de la época y los testimonios de los policías en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) que Torres Leyva manejaba su Pontiac Sunfire en contravía. Que policías que se encontraban en la zona le dieron el alto, que este no obedeció y que se organizó una persecución durante al menos tres kilómetros. El hombre fue interceptado en la calzada La Viga, colonia San Francisco Xicaltongo, Iztacalco. ¿Cómo? Nadie lo dice, pero podemos intuirlo. El vehículo recibió entre 10 y 27 disparos, según distintas versiones, y la víctima entre tres y cuatro balazos. En las imágenes que trascendieron se observa a Víctor Emmanuel Torres Leyva, ya muerto, tendido de espaldas en el asiento del copiloto con varios impactos de bala y un charco de sangre en el suelo.

La CDHCDMX fue contundente en su descripción de los hechos. “El perito en criminalística concluyó en cuanto a la posible posición víctima victimario, que al ser lesionada la víctima, se encontraba sentada en el interior del vehículo en el asiento del conductor y su victimario se encontraba de pie fuera del vehículo, del lado derecho y del lado izquierdo, lo que hace suponer que fueron varios policías preventivos los que dispararon al cuerpo de Víctor Emmanuel Torres Leyva, de cada lado del vehículo, es decir por dos flancos, a corta distancia y que lo hicieron en el momento que bajaron de sus patrullas y no cuando éstas estaban en movimiento, además de que lo hicieron en forma ventajosa, ya que no existen indicios de que el hoy occiso les hubiera disparado”, se dice en la recomendación 07/2005.

La autopsia, según se recoge en este informe, determinó que la víctima recibió tres disparos (el tercero de ellos mortal) y que su cuerpo fue movido antes de que llegasen los investigadores. Los únicos que pudieron moverlo eran los policías que estaban allí. Precisamente los mismos policías (o algunos de ellos) que serán acusados del homicidio.

Las primeras explicaciones de las autoridades llegaron al día siguiente. Según relata Alma Patricia Torres Leyva, hermana de la víctima, fueron contactados por una autoridad de Seguridad Pública que les informó de que la institución se hacía cargo de los gastos funerarios. Ante la insistencia de la familia de saber qué había ocurrido, este dejó caer que quizás su hermano había tomado unas copas. “Venía de una fiesta, venía borracho. Lo voy a recoger al torito, pero no me diga que por eso está muerto”, fue la respuesta de la hermana.

A partir de ahí, los Torres Leyva relatan una odisea en su búsqueda de justicia que incluso les llevó a tratar de protestar en las conferencias matutinas de la jefatura de gobierno de la CDMX.

En primer lugar, porque nunca tuvieron acceso al expediente más que de forma parcial. En segundo, porque la compensación se limitó a 150 mil pesos que recibió la viuda. En tercero, porque ni siquiera fueron informados de los movimientos judiciales que llevarían a dos de los tres condenados a ser liberados sin apenas poner un pie en la cárcel. En cuarto, porque lo que debía ser una disculpa pública se limitó a una nota redactada en un único periódico y en la que ni siquiera se reflejaba una versión de los hechos que contentase a los familiares.

“Hemos sufrido una odisea. Nadie está preparado ni sabe todo lo que implica pasar todo esto”, dice Alma Patricia Torres Leyva.

Un solo policía condenado

Mientras los allegados de la víctima trataban de ser reconocidos hubo una vía judicial que señaló a varios policías. Se trataba de Víctor Manuel Ríos Tapia, Marco Antonio Vázquez Salazar y Gabriel Hernández Salazar. Los tres fueron condenados por homicidio doloso en agosto de 2006, un año después de los hechos. Sin embargo, los dos últimos fueron exonerados tras un amparo el 28 de marzo de 2007: según los jueces, estaba probado que ellos dispararon contra el vehículo, pero no podía asegurarse que sus balas alcanzasen a la víctima.

A partir de ahí no se volvió a investigar. Los allegados de la víctima ni siquiera recibieron la notificación de estos últimos amparos.

A pesar de estas resoluciones judiciales, la familia insiste en que quedan muchas interrogantes sobre la muerte de Torres Leyva. Entre ellas: quién dio la orden de disparar contra el vehículo en contravía, si se alteró la escena del crimen, por qué no había sangre en el asiento del conductor si se dijo que la víctima recibió los disparos mientras manejaba o cuál fue la participación del resto de policías, si se supone que hubo al menos ocho patrullas.

La CDHCDMX pidió una investigación administrativa que, según la familia, nunca se realizó.

También la reparación del daño y “las acciones necesarias para reivindicar y preservar el buen nombre e imagen pública de Víctor Emmanuel Torres Leyva”. Algo que, según sus hermanos, tampoco se llevó a cabo.

Así fue como el caso llegó a la CIDH. En el proceso, el gobierno mexicano, en aquel momento encabezado por Enrique Peña Nieto, alegó que los hechos ya habían sido juzgados y que se había cumplido con las recomendaciones de la CDHCDMX. La institución internacional, sin embargo, admitió a trámite la denuncia.

A partir de entonces inició un proceso para llegar a un acuerdo amistoso. Esto implica que el Estado asume su responsabilidad y pacta con los agraviados diversas medidas, pero sin elevar el caso a la instancia internacional. En varias ocasiones se vieron los hermanos de la víctima y representantes del gobierno. El 13 de noviembre de 2019, dentro del 174º período ordinario de sesiones de la CIDH celebrado en Quito, Ecuador, tuvo lugar la última reunión auspiciada por la CIDH. No hubo acuerdo.

Según el abogado Fabián Sánchez Matus, “nunca pudimos avanzar más allá del tema de justicia. Se debatió una nueva investigación previa entrega del expediente, que especialistas lo viesen y se hiciese una investigación seria. Pero nos quedamos en ese punto. No hablamos de reparación, ni de garantías de no repetición”.

Durante el último año, la representación de la familia y la subsecretaría de Derechos Humanos mantuvieron cuatro encuentros en los que se abordó la demanda de acceder al expediente. La institución que dirige Alejandro Encinas explicó que en julio hizo la petición a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX para que se hiciese entrega de los documentos certificados. La solicitud fue rechazada por no ser los representantes legales de la familia de la víctima. Aunque el argumento es lo de menos. La familia de la víctima también ha pedido que se le entregue una copia y jamás lo ha conseguido: únicamente pudo ver parcialmente algunos tomos.

La subsecretaría aseguró a Animal Político que promoverá iniciativas para destrabar la situación y que la familia Torres Leyva acceda al expediente. Este, en todo caso, es un primer paso. Los familiares de un hombre acribillado por manejar en sentido contrario quieren una nueva investigación que aclare qué ocurrió realmente aquella noche de hace 15 años y quiénes fueron los responsables. Por ahora confían en encontrar en la CIDH la justicia que no hallaron en México.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

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En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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