Víctor Emmanuel Torres Leyva tenía 29 años cuando policías de la Ciudad de México lo acribillaron en Eje Cinco, Iztacalco, en lo que antes era el Distrito Federal. Ocurrió el 19 de agosto de 2005, hace exactamente 15 años. El hombre, ajustador de seguros, circulaba de madrugada en contravía cuando, tras recibir el alto e ignorarlo, fue perseguido por varias patrullas. Los agentes lo interceptaron y le dispararon: al menos diez balazos alcanzaron su coche y tres de ellos impactaron en su cuerpo, causándole la muerte. Su familia lleva desde entonces denunciando el asesinato y el intento de las autoridades de no investigar a fondo los hechos.
“Nos sentimos frustrados y defraudados. Después de 15 años solo vemos mucha demagogia. Seguimos esperando que se pueda dar lo que necesitamos: seguridad, confianza en autoridades, verdad y tener una disculpa en consecuencia”, dice Antonio Javier Torres Leyva, de 50 años y hermano de la víctima. Al ser asesinado, su hermano dejó viuda, que falleció cinco años después de su muerte, y tres hijos menores de edad.
Hasta el momento únicamente un policía ha sido condenado por la muerte. En 2006, el agente Víctor Manuel Ríos Tapia fue sentenciado a 27 años y seis meses de cárcel por homicidio, pero recuperó la libertad tras cumplir la mitad de la pena.
La familia denuncia que el gobierno de la CDMX nunca cumplió con la disculpa pública y que ni siquiera han tenido acceso a una copia de los expedientes de la investigación por el homicidio.
Agotadas las vías legales en México, los hermanos de Torres Leyva no se dieron por vencidos. En 2007 iniciaron el proceso para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigase el caso. Hace un año que la institución admitió su denuncia. Hubo una oportunidad para para que familia y gobierno mexicano llegasen a un acuerdo amistoso, pero el año pasado se rompieron las negociaciones sin llegar a un entendimiento.
Según Fabián Sánchez Matus, abogado de la familia, el gobierno federal alegó que se trata de un “hecho juzgado” y rechazó las peticiones de los familiares de la víctima, entre las que se encuentran medidas compensatorias y una copia de los expedientes para su revisión, así como garantías de una disculpa pública adecuada.
En el diálogo participaron funcionarios de la secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Ciudad de México.
Animal Político consultó a estas tres instituciones, pero al cierre de la nota únicamente recibió respuesta de la subsecretaría de Derechos Humanos. Esta aseguró que sí que estaba dispuesta a un acuerdo que facilitase una investigación a pesar de que la legislación mexicana no lo permite, ya que el crimen fue juzgado como homicidio y no como ejecución extrajudicial. Según la institución, la negativa de la familia a incluir esta aclaración en el documento final frustró el acuerdo, aunque se mostró dispuesta a retomar esta vía.
Más allá de tecnicismos hay un hecho claro: que 15 años después de la ejecución de Torres Leyva a manos de policías su familia todavía no ha podido disponer de una copia del expediente. Este es un paso previo para que pudiese reabrirse una investigación.
El caso no es ajeno para las personas que están en puestos de relevancia en el actual gobierno. El homicidio tuvo lugar 21 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiese licencia para dedicarse a la campaña de 2006. Fue sustituido al frente del gobierno de la ciudad por Alejandro Encinas, actualmente subsecretario de Derechos Humanos dentro de la secretaría de Gobernación. Además, el canciller Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la capital tras las elecciones de 2006.
“El gobierno decide que es cosa juzgada, da veracidad a algo que no está claro y hacer vigente un pacto de impunidad”, denuncia el abogado Fabián Sánchez Matus, que acompaña a la familia. “No se sabe qué pasó ni se tiene claridad de responsabilidad individual e institucional. Igual que administraciones anteriores, niegan verdad, justicia y reparación”, afirma.
Salir de un cóctel y terminar baleado
La pesadilla para la familia Torres Leyva comenzó en la madrugada del 19 de agosto de 2005. Aquella noche Víctor Emmanuel salió de un cóctel en la empresa en la que trabajaba como como ajustador de seguros. Algo ocurrió. Es probable que hubiese tomado algunas copas. Más que probable, en realidad. Sin embargo, eso no explica que a la 1.30 termine muerto a balazos.
Hasta hoy no hay una sola explicación sobre cómo un hombre que sale de un evento social termina acribillado a balazos por varios policías que luego negarán haber apretado el gatillo.
Sabemos por los relatos aparecidos en la nota roja de la época y los testimonios de los policías en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) que Torres Leyva manejaba su Pontiac Sunfire en contravía. Que policías que se encontraban en la zona le dieron el alto, que este no obedeció y que se organizó una persecución durante al menos tres kilómetros. El hombre fue interceptado en la calzada La Viga, colonia San Francisco Xicaltongo, Iztacalco. ¿Cómo? Nadie lo dice, pero podemos intuirlo. El vehículo recibió entre 10 y 27 disparos, según distintas versiones, y la víctima entre tres y cuatro balazos. En las imágenes que trascendieron se observa a Víctor Emmanuel Torres Leyva, ya muerto, tendido de espaldas en el asiento del copiloto con varios impactos de bala y un charco de sangre en el suelo.
La CDHCDMX fue contundente en su descripción de los hechos. “El perito en criminalística concluyó en cuanto a la posible posición víctima victimario, que al ser lesionada la víctima, se encontraba sentada en el interior del vehículo en el asiento del conductor y su victimario se encontraba de pie fuera del vehículo, del lado derecho y del lado izquierdo, lo que hace suponer que fueron varios policías preventivos los que dispararon al cuerpo de Víctor Emmanuel Torres Leyva, de cada lado del vehículo, es decir por dos flancos, a corta distancia y que lo hicieron en el momento que bajaron de sus patrullas y no cuando éstas estaban en movimiento, además de que lo hicieron en forma ventajosa, ya que no existen indicios de que el hoy occiso les hubiera disparado”, se dice en la recomendación 07/2005.
La autopsia, según se recoge en este informe, determinó que la víctima recibió tres disparos (el tercero de ellos mortal) y que su cuerpo fue movido antes de que llegasen los investigadores. Los únicos que pudieron moverlo eran los policías que estaban allí. Precisamente los mismos policías (o algunos de ellos) que serán acusados del homicidio.
Las primeras explicaciones de las autoridades llegaron al día siguiente. Según relata Alma Patricia Torres Leyva, hermana de la víctima, fueron contactados por una autoridad de Seguridad Pública que les informó de que la institución se hacía cargo de los gastos funerarios. Ante la insistencia de la familia de saber qué había ocurrido, este dejó caer que quizás su hermano había tomado unas copas. “Venía de una fiesta, venía borracho. Lo voy a recoger al torito, pero no me diga que por eso está muerto”, fue la respuesta de la hermana.
A partir de ahí, los Torres Leyva relatan una odisea en su búsqueda de justicia que incluso les llevó a tratar de protestar en las conferencias matutinas de la jefatura de gobierno de la CDMX.
En primer lugar, porque nunca tuvieron acceso al expediente más que de forma parcial. En segundo, porque la compensación se limitó a 150 mil pesos que recibió la viuda. En tercero, porque ni siquiera fueron informados de los movimientos judiciales que llevarían a dos de los tres condenados a ser liberados sin apenas poner un pie en la cárcel. En cuarto, porque lo que debía ser una disculpa pública se limitó a una nota redactada en un único periódico y en la que ni siquiera se reflejaba una versión de los hechos que contentase a los familiares.
“Hemos sufrido una odisea. Nadie está preparado ni sabe todo lo que implica pasar todo esto”, dice Alma Patricia Torres Leyva.
Un solo policía condenado
Mientras los allegados de la víctima trataban de ser reconocidos hubo una vía judicial que señaló a varios policías. Se trataba de Víctor Manuel Ríos Tapia, Marco Antonio Vázquez Salazar y Gabriel Hernández Salazar. Los tres fueron condenados por homicidio doloso en agosto de 2006, un año después de los hechos. Sin embargo, los dos últimos fueron exonerados tras un amparo el 28 de marzo de 2007: según los jueces, estaba probado que ellos dispararon contra el vehículo, pero no podía asegurarse que sus balas alcanzasen a la víctima.
A partir de ahí no se volvió a investigar. Los allegados de la víctima ni siquiera recibieron la notificación de estos últimos amparos.
A pesar de estas resoluciones judiciales, la familia insiste en que quedan muchas interrogantes sobre la muerte de Torres Leyva. Entre ellas: quién dio la orden de disparar contra el vehículo en contravía, si se alteró la escena del crimen, por qué no había sangre en el asiento del conductor si se dijo que la víctima recibió los disparos mientras manejaba o cuál fue la participación del resto de policías, si se supone que hubo al menos ocho patrullas.
La CDHCDMX pidió una investigación administrativa que, según la familia, nunca se realizó.
También la reparación del daño y “las acciones necesarias para reivindicar y preservar el buen nombre e imagen pública de Víctor Emmanuel Torres Leyva”. Algo que, según sus hermanos, tampoco se llevó a cabo.
Así fue como el caso llegó a la CIDH. En el proceso, el gobierno mexicano, en aquel momento encabezado por Enrique Peña Nieto, alegó que los hechos ya habían sido juzgados y que se había cumplido con las recomendaciones de la CDHCDMX. La institución internacional, sin embargo, admitió a trámite la denuncia.
A partir de entonces inició un proceso para llegar a un acuerdo amistoso. Esto implica que el Estado asume su responsabilidad y pacta con los agraviados diversas medidas, pero sin elevar el caso a la instancia internacional. En varias ocasiones se vieron los hermanos de la víctima y representantes del gobierno. El 13 de noviembre de 2019, dentro del 174º período ordinario de sesiones de la CIDH celebrado en Quito, Ecuador, tuvo lugar la última reunión auspiciada por la CIDH. No hubo acuerdo.
Según el abogado Fabián Sánchez Matus, “nunca pudimos avanzar más allá del tema de justicia. Se debatió una nueva investigación previa entrega del expediente, que especialistas lo viesen y se hiciese una investigación seria. Pero nos quedamos en ese punto. No hablamos de reparación, ni de garantías de no repetición”.
Durante el último año, la representación de la familia y la subsecretaría de Derechos Humanos mantuvieron cuatro encuentros en los que se abordó la demanda de acceder al expediente. La institución que dirige Alejandro Encinas explicó que en julio hizo la petición a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX para que se hiciese entrega de los documentos certificados. La solicitud fue rechazada por no ser los representantes legales de la familia de la víctima. Aunque el argumento es lo de menos. La familia de la víctima también ha pedido que se le entregue una copia y jamás lo ha conseguido: únicamente pudo ver parcialmente algunos tomos.
La subsecretaría aseguró a Animal Político que promoverá iniciativas para destrabar la situación y que la familia Torres Leyva acceda al expediente. Este, en todo caso, es un primer paso. Los familiares de un hombre acribillado por manejar en sentido contrario quieren una nueva investigación que aclare qué ocurrió realmente aquella noche de hace 15 años y quiénes fueron los responsables. Por ahora confían en encontrar en la CIDH la justicia que no hallaron en México.
