Empresa con identidad robada facturó 13.3 mdp a gobiernos en Puebla
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Empresa que usó identidad robada facturó 13.3 millones de pesos a gobiernos en Puebla

Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V. se constituyó con los datos personales de un joven que vive en silla de ruedas y situación de pobreza en Atzompa.
Foto: MCCI
Por Carina Hernández y Ernesto Aroche
30 de septiembre, 2020
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Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenta, la empresa que constituyeron usurpando la identidad de Guillermo Cuenca Cuautle, un joven que vive en silla de ruedas y en situación de pobreza, facturó a gobiernos municipales poblanos y al gobierno del estado 13.3 millones de pesos entre 2018 y 2019.

Entre esos contratos está el que firmó el presidente municipal de Atzompa, el municipio en el que vive Cuenca Cuautle, para que “su empresa” distribuyera e instalara depósitos de agua potable de 1,100 litros en la localidad.

A la cifra se suman los 13.6 millones de pesos que obtuvo de contratos con el gobierno municipal de Cuernavaca en 2018, año en que la administración de esa demarcación estaba en manos del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador del estado, de acuerdo con la investigación que dio a conocer hace un par de semanas Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Pero de esos 26.9 millones de pesos Cuenca Cuatle, quien a sus 21 años se gana la vida haciendo bolsas para mandado y vendiendo en los cruceros y en las calles flores hechas con latas de aluminio vacías, no ha visto un sólo peso, pues robaron su información personal para constituir ilegalmente la empresa.

De acuerdo con Cuatle Cuenca esos datos los entregó al Sistema DIF estatal en 2017, cuando acudió a solicitar ayuda tras el accidente en donde perdió las dos piernas.

Al organismo gubernamental entregó varios documentos: INE, CURP, comprobante de domicilio y papeles que acreditan su discapacidad.

¿Una empresa fantasma?

En los contratos de gobiernos municipales y estatal de Puebla (DIF, Fiscalía General de Justicia, Conalep y Puebla Comunicaciones) que se revisaron para este trabajo se reportan tres direcciones de las oficinas: los altos del número 507 de la 25 poniente de la ciudad de Puebla, en donde se ubican consultorios, pero no la empresa.

El número 8 de la calle Reforma en la Junta Auxiliar San Rafael Comac, en San Andrés Cholula. Una larga calle salpicada de campos de cultivo en la que no fue posible ubicar esa dirección, ni siquiera por los vecinos de la localidad.

Y en la calle Pino de la colonia Lomas de Ocotepec, en Chilpancingo Guerrero. El domicilio registrado en uno de los contratos reportó un gasto bimestral de luz de apenas de 23 pesos, de los cuales 13 fueron de IVA, prácticamente nada para la operación de una empresa que factura millones de pesos cada año.

Cuando se buscó vía telefónica en uno de los números marcados en los contratos quien respondió aseguró que ese número era de un menor de edad, “de un niño”.

De los tres números registrados en los contratos y documentos oficiales sólo respondieron en uno de ellos, un número del estado de Puebla. Cuando se pidió hablar con el dueño de la empresa, con Guillermo Cuenca, afirmaron que no se encontraba, que se le buscara más tarde. Y cuando se pidió hablar con alguien a cargo de la compañía, por ejemplo la señora Bárbara Solano Guillén, quien en diciembre de 2018 fue nombrada administradora única de la empresa, simplemente colgaron y ya no volvieron a atender las siguientes llamadas.

Hasta el momento el SAT no tiene aún en el radar el Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenta como empresa que simule actividad empresarial.

Contratos, contratos, contratos

La empresa Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V. se registró el 19 de febrero de 2018 y rápidamente comenzó a recibir contratos. Y en el caso Puebla, todos por adjudicación directa o en procedimientos cerrados.

De acuerdo con los contratos que LADO B encontró en la Plataforma Nacional de Transparencia y en páginas gubernamentales el primer contrato que alguien firmó a nombre de Cuenca Cuautle –una firma que utiliza las iniciales del nombre del joven GCC– fue en el municipio de Huehuetlán el Chico, ubicado al sur del estado, cerca de los linderos con Morelos. Habían pasado tres meses desde que la empresa había sido creada.

Y fue un contrato para rehabilitar 200 metros de drenaje sanitario, a cambio de 350 mil pesos IVA incluido.

Después comenzaron los contratos con el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca. Ahí, de acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, empezaron a facturar a partir del 1 de junio.

El primer pago fue por 44 mil 700 pesos y a lo largo de cuatro meses, la empresa donde Cuenca Cuatle aparece como accionista, recibió 204 facturas por montos similares, hasta que la suma alcanzó los 13 millones 653 mil pesos.

Siete días después de la primera factura en Cuernavaca se firmó un nuevo contrato, ahora con el ayuntamiento de Zacatlán por un millón 273 mil pesos.

En el resto del segundo semestre llegaron otros contratos con Huehuetlán y Zacatlán, además del Conalep poblano, y con el municipio de Atzompa, donde vive Cuenca Cuautle.

El año concluyó con ingresos por 3.1 millones de pesos de entidades poblanas, más lo que ya habían facturado en Cuernavaca, más de 16 millones en menos de un año de vida.

Un dato raro, los dos contratos con el Conalep registraron un RFC diferente al de la empresa, es un RFC que corresponde a otra compañía, una de consultoría comercial y administrativa que recibió un contrato de 2.1 millones de pesos por quitar malezas y escombros a edificios a resguardo de la Secretaría de Finanzas y del estado de Puebla.

El DIF: 2019

El año arrancó con contratos por parte de dos entidades del gobierno de Puebla, entonces encabezado por Antonio Gali Fayad, Puebla Comunicaciones y el Sistema DIF estatal –el mismo al que Cuenca Cuautle le había entregado sus datos– le firmaron tres contratos por 455 mil pesos.

Luego llegaron los contratos de los municipios de cuatro municipios poblanos: Felipe Ángeles, San Salvador el Seco, Jolalpan, Chietla.

En 2019 también logró un contrato con la Fiscalía General de Justicia del estado por 1.5 millones de pesos por el traslado de 728 vehículos asegurados.

Al cierre del año la empresa registró ingresos contractuales por 8.3 millones. En 2020, el año de la pandemia, la empresa todavía logró un acuerdo el ayuntamiento de San Pedro Cholula de 1.8 millones de pesos por arrendamiento de maquinaria.

De esos millones Guillermo Cuenca Cuautle no vio un solo peso, sigue viviendo en una casa en obra negra con techo de lámina, y con suelo de tierra, a la que llega en una vereda rodeada de milpas.

Con información de MCCI

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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