"Son seis años y nada": estos son los pendientes en el caso Ayotzinapa
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Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP

"Son seis años y nada": estos son los pendientes de la investigación sobre Ayotzinapa

Órdenes de aprehensión contra militares, las capturas de Carlos Gómez Arrieta y una exMP, así como el arresto de un policía federal son las novedades del informe. Queda pendiente lo importante: saber qué ocurrió con los 43 estudiantes y una nueva narrativa que sustituya la denominada “verdad histórica”, ya desechada.
Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP
27 de septiembre, 2020
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“Queríamos llegar con un poco más. Son ya seis años y no tenemos nada”. Las palabras de María Martínez Ceferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, sintetizan el desánimo con el que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afrontan el sexto aniversario de los hechos de Iguala. Durante meses, los familiares de los desaparecidos mostraron su frustración ante la escasez de avances y la presentación del informe era el modo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reafirmaba su compromiso con sus reivindicaciones. 

El balance, sin embargo, tiene sus vacíos. Existe consenso en desechar la denominada “verdad histórica”. Es decir, que hay acuerdo sobre qué es lo que no ocurrió. También hay anuncios de calado, como las órdenes de aprehensión contra militares, hasta ahora intocables. Sin embargo, las grandes interrogantes siguen pendientes: ni se sabe dónde están los 43 estudiantes ni qué ocurrió para que se los llevasen. Aunque para llegar hasta ahí, los investigadores tienen primero que deshilvanar todo el entramado levantado sobre el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto. 

Las autoridades se manejan en tres ámbitos fundamentales de investigación. El primero, la búsqueda de los 43 normalistas. El segundo, la investigación de los responsables de su desaparición. El tercero, perseguir a quienes desviaron las pesquisas para cubrir posibles alianzas entre fuerzas de seguridad y crimen organizado, haciendo perder un tiempo precioso cuando los hechos acababan de perpetrarse. En un año, el gobierno de López Obrador puede presumir de pequeños avances en cada uno de los campos. Sin embargo, queda por hacer. Lo reconocía el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cuando dijo que “la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala”.

Argumentó Encinas que, al contrario que la administración de Enrique Peña Nieto, ellos no van a forzar una nueva “verdad histórica” que luego sea desmentida. “Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto del silencio para esclarecer un crimen de Estado a 6 años de distancia”, dijo. 

Lee: En fotos: Marcha por el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Identificaciones paralizadas por Covid-19

Sobre las identificaciones, no hay novedades desde que el 18 de junio la universidad de Innsbruck certificase la coincidencia genética de uno de los restos con el de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos. Un pequeñísmo hueso correspondiente a un pie que se ubicó a 800 metros del vertedero de Cocula, el lugar en el que, según la versión difundida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron quemados los cuerpos de los jóvenes. Este hallazgo sirvió para que tanto gobierno como familias y organizaciones de Derechos Humanos enterrasen la denominada “verdad histórica”.

Desde aquella identificación no hay avances. En otra área de la misma zona se hallaron unos 900 restos susceptibles de ser analizados. Pero todavía hay que hacer el cribado y saber cuántos realmente irán a Austria. La pandemia por Covid19 ha frenado el proceso. Por un lado, porque impide viajar al equipo de forenses argentinos. Por otro, por las dificultades técnicas que implica enviar los restos en avión hasta el país europeo.  

Militares prófugos y un policía federal encarcelado

El anuncio más relevante viene en el ámbito de las detenciones. López Obrador aseguró que “se han entregado ordenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar”, lo que confirma los rumores que venían escuchándose en las últimas semanas. Martínez Ceferino, la representante de las víctimas, se lo había vuelto a recordar al presidente y este recogió el guante. “Dicen que a los muchachos se los entregaron a la delincuencia. No nos interesa eso. Se los llevaron policías, Participaron los militares, hubo videos, fotografías, operaron el C4. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Cuándo les van a llegar a los militares?”, insistió la mujer.

Por el momento no hay más detalles. Las familias llevan tiempo pidiendo que se persiga a integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Alejandro Encinas anunció que la Secretaría de la Defensa (Sedena) ha entregado la información solicitada (personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, órdenes de operación) y también ha puesto a disposición del ministerio público a los integrantes del batallón para que sean interrogados y, si es el caso, procesados. 

Más allá de esto no sabemos ni cuántos militares tiene orden de aprehensión ni cuál es su graduación. Solo que están dentro de los 73 requerimientos liberados desde marzo. De ellos, únicamente 34 han podido completarse, de los que 24 son policías federales. El resto están prófugos. Entre ellos, los militares. 

Desde que la actual administración llegó al gobierno, un total de 80 personas han sido arrestadas. El objetivo de los investigadores, aseguran, es romper el “pacto de silencio” entre quienes participaron o tuvieron algo que ver con los hechos. Tanto Omar Trejo, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, como Alejandro Gertz Manero, fiscal general, insisten en que ya hay logros en este ámbito. 

Siguiendo en el ámbito de los arrestos, los funcionarios pusieron en valor dos capturas: la de Carlos Gómez Arrieta, exmando policial acusado de torturas, y la de Blanca “N”, antigua ministerio público a la que se acusa de maltratar a los detenidos y de participar en la manipulación de la investigación. En realidad, Gómez Arrieta no fue detenido, sino que se entregó ante la FGR. De hecho, mientras estuvo prófugo escapó de un operativo para capturarlo en Michoacán, donde ejercía como subsecretario de Seguridad Pública antes de darse a la fuga. 

Tomás Zerón “robó más de mil millones de pesos”

Uno de los grandes objetivos sigue siendo Tomás Zerón, el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al que ahora no solo se acusa de torturas y de construir una versión de los hechos manipulada, sino también de enriquecerse ilícitamente por ello. El fiscal Gertz Manero le acusó de llevarse más de mil millones de pesos de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) como pago por sus servicios y dijo que gestionan su extradición con Israel, el país al que supuestamente huyó desde Canadá.

Omar Trejo anunció que 25 de las órdenes de aprehensión son contra personas vinculadas directamente en los hechos y el sábado se vinculó a proceso al policía federal Víctor Manuel “N”, a quien se señala de participar en la desaparición forzosa de los estudiantes y contra el que ya hay dictado auto de prisión. 

“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad”, dijo el fiscal Gertz Manero. El problema, como recordó Alejandro Encinas, es que muchos están en libertad. 

Entérate: Informe Ayotzinapa: 80 detenidos, 30 acciones de búsqueda y un resto identificado

El subsecretario de Derechos Humanos señaló directamente a varios jueces como responsables de esta falta de justicia efectiva. El primero, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que otorgó la libertad a 77 presuntos implicados en la desaparición forzosa. Reconoció Encinas que fueron objeto de torturas, pero consideró que no les exime de responder por sus delitos y que, además, el juez no actuó contra los torturadores. “En este caso, el juez no fincó ninguna responsabilidad a los presuntos torturadores, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación”, afirmó.

También apuntó hacia otros dos jueces: Gabriel Domínguez Barrios, juez noveno de Distrito en Iguala, quien dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, y el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Penal del Estado de México, Marco Aurelio González, que iba a liberar a Ángel C. a cambio de un soborno. 

El gobierno de López Obrador siempre tomó Ayotzinapa como un símbolo de las vulneraciones a los derechos humanos perpetradas durante sexenios anteriores. En su intervención, el mandatario reconoció que “estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado. Y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, y tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia”. A falta de una narrativa sobre qué es lo que ocurrió, los familiares, por voz de María Martínez Ceferino, reconocieron el esfuerzo del actual gobierno. Aunque hora más tarde tuvieron que volver a marchar por las calles de la Ciudad de México. Una marcha que es símbolo también de todo lo que falta por saber en la desaparición de los 43 estudiantes. 

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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