Gerardo Sosa Cravioto, de 33 años e hijo del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, fue asesinado el 23 febrero de 2019 de en el rancho Yemila de Acaxochitlán, Hidalgo. Recibió tres impactos de bala y murió ahí mismo, en su vehículo, mientras transitaba por un camino de terracería. Un año después fue detenido Fernando RM, de 37 años y antiguo trabajador de la finca. Desde su arresto y encarcelamiento tanto el acusado como sus familiares aseguran que es inocente y que se trata de un montaje. El próximo 8 de octubre está previsto que se celebre la audiencia intermedia.
“Soy totalmente inocente”, dice RM, desde el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Pachuca, donde lleva recluido desde el 23 de febrero de este año, cuando fue arrestado doce meses después del homicidio. El hombre asegura que la carpeta de investigación está llena de irregularidades, que se violó su derecho a defensa y, sobre todo, que agentes de policía le sembraron un arma en el domicilio de su suegra, en el que fue detenido.
El caso de Sosa Cravioto tiene especial relevancia por ser hijo de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, de la que también fue rector. Este fue detenido a principios de mes luego de ser investigado por la Unidad de Investigación Financiera, que le vinculó con lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), lo detuvo junto a otras tres personas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Desde entonces permanece en prisión.
Sosa Castelán fue rector de la universidad y durante décadas estuvo vinculado al PRI hasta que en 2018 rompió con esta formación y tuvo un acercamiento a Morena. Tras su arresto, el partido de Andrés Manuel López Obrador marcó distancias con el antiguo jefe de la universidad.
Aunque la detención se produce en 2020, desde hace al menos 15 años que se escuchan denuncias sobre el proceder de Sosa Castelán. De hecho, en 2004 escribió el periodista Carlos Rivera Flores el libro “La Sosa nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, en el que denunciaba la figura del antiguo rector. Este, por su parte, inició un proceso en contra del autor que todavía no tiene sentencia.
“Pensamos que lo que le pasó a Gerardo fue definitivamente una ejecución, porque no hubo robo y fueron directamente sobre él. Todo indica que fue realizado por un profesional”, asegura Erick RM, hermano del acusado que sigue en prisión. Aunque matiza que esa es una opinión, ya que no pueden demostrarlo. Lo que sí defiende es que el día de los hechos su hermano se encontraba con su esposa y sus hijos en Pachuca, a más de 100 kilómetros de distancia del lugar del crimen.
El asesinato de Sosa Cravioto tuvo lugar en el rancho Yemila de Acaxochitlán. Ahí trabajó durante años RM. Según la acusación de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo (FGE), dos semanas antes del homicidio fue despedido y, molesto por esta decisión, regresó para acabar con la vida del hijo del patrón.
RM niega esta versión. Asegura que ambos eran amigos, aunque en los últimos tiempos se habían distanciado, y afirma que él mismo se despidió porque tenía pensado montar otro negocio, un local de comida económica en el centro de Pachuca.
“Cuando ocurrieron los hechos yo estaba con mi familia en Pachuca. Tenía el celular apagado y fue mi padre el que me avisó”, asegura, en entrevista telefónica desde prisión. Allí asegura encontrarse en un módulo destinado a casos vinculados con políticos y que durante los primeros seis meses de encierro le colocaron una cámara de video en su celda, como medida de precaución. “No tengo interés en suicidarme”, afirma.
Sobre la muerte de Sosa Cravioto, dice que incluso acudió al velorio Arriaga, en la salida de la carretera hacia la Ciudad de México, para dar el pésame a la familia. De hecho, según explica, ambas familias eran amigas hasta el punto de que, tras el arresto, el padre del detenido fue a ver al padre del asesinado. “Le dijo que sabía que no había sido yo, pero que algo se del homicidio”, asegura.
Un año después del crimen, el 23 de febrero, RM fue arrestado en el domicilio de su suegra. Eran las cuatro de la madrugada cuando agentes uniformados irrumpieron en el departamento. “Me sacan, yo estaba desnudo, me ponen una cobija, me tapan totalmente y me sacan al patio. Me preguntaban si trabajaba en la Sosa Nostra y que dónde estaban las armas”, explica.
Según la carpeta de investigación, en el lugar encuentran un arma. Sin embargo, RM asegura que se la “sembraron”.
“Dicen que la ubicaron en el dormitorio de mi suegra, pero ahí ni siquiera tengo acceso”, asegura.
Después de tres horas de cateo, fue conducido a prisión, donde permanece desde entonces.
Entre las irregularidades que asegura que hubo en su caso, pone como ejemplo el acceso tardío a la carpeta de investigación. “Primero nos dieron 900 folios, y luego otros 900”. Además, dice que el juez dio seis meses para hacerle un perfil criminalístico que nunca se realizó y que su rostro no coincide con el retrato hablado que elaboraron los peritos. Además, en las actas de cateo hay erratas como presentar al mismo policía en dos lugares distintos a la vez. Pero, sobre todo, lo que defiende son dos cosas: que él no estaba allí en el momento del asesinato y que esa pistola jamás estuvo en la casa de sus suegros.
Animal Político consultó a la Fiscalía de Hidalgo sobre el caso y esta respondió que “el asunto se encuentra en los juzgados. La autoridad judicial se encarga del asunto. La PGJEH aportó los medios de prueba de los que se allegó. Lo que ahora suceda respecto al asunto, es tema del Poder Judicial”. Preguntada sobre las irregularidades denunciadas por la familia del acusado, la Fiscalía se limitó a negar estas afirmaciones.
La última audiencia sobre el caso tuvo lugar el pasado 1 de septiembre. En ella, el auxiliar jurídico de la víctima solicitó extender el tiempo de investigaciones complementarias, mientras que la defensa pidió un peritaje extra sobre el arma. Ambas solicitudes fueron denegadas.
“No soy criminal, nunca me escondí, no cambié de hábitos”, defiende el acusado.
El próximo 8 de octubre tendrá lugar la audiencia intermedia. Ahí, tanto Ministerio Público como defensa deberán presentar las pruebas. Mientras llega ese momento, la familia de RM se moviliza para denunciar lo que considera un montaje.
