Comunidades bajo fuego: arrecian ataques a pobladores de Aldama, Chiapas
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Luis Aguilar/cortesía Frayba

Comunidades bajo fuego: arrecian ataques de presuntos paramilitares a pobladores de Aldama, Chiapas

Pese a la firma y ratificación de acuerdos de no agresión, los pobladores de este municipio que viven en la frontera con el de Chenalhó denuncian que presuntos grupos paramilitares los mantienen bajo ataque.
Luis Aguilar/cortesía Frayba
11 de septiembre, 2020
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El viernes 4 de septiembre, a las 10:24 de la mañana, los hermanos Mario y Juan Pérez Gutiérrez trabajaban en su parcela, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, en el municipio de Aldama, Chiapas, cuando escucharon balazos a sus espaldas. 

Los disparos venían desde la orilla del río que hace de frontera entre el municipio de Aldama y el de Chenalhó, justo desde el punto conocido como T’elemax. Una bala le dio a Mario y otra a Juan. A ambos los hirieron en la espalda. 

Así es como viven las personas de las comunidades a la orilla del río en Aldama, siempre con el riesgo de que les llegue una bala disparada por sus vecinos de Chenalhó, con quienes mantienen una disputa que empezó por 60 hectáreas de territorio. 

Lee: Urge fomentar apoyo para las comunidades marginadas en México

Los problemas de tierras entre ambas zonas vienen desde la década de los 70 cuando se hizo la Reforma Agraria en el país.

Los pobladores de Aldama y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik acusan que la violencia se agravó cuando la expresidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez, reactivó, en 2015, a los grupos paramilitares, herederos de aquellos que perpetraron la masacre de Acteal en 1998.

Laura, una de las pobladoras de Aldama, a quien llamaremos así para proteger su identidad, explica que hay personas en este municipio que pertenecen a las bases de apoyo del EZLN y los ataques de los grupos de Chenalhó parecen una especie de operación de contrainsurgencia que no acaba y en la que se ha quedado en medio mucha población. 

Luis Aguilar/cortesía Frayba

Los ataques con armas de fuego en la zona limítrofe de ambos municipios causaron el desplazamiento, en 2016, de 90 familias de Cocó, 145 de Tabak y de otras zonas de Aldama, quienes después de un año volvieron a sus comunidades, pese a seguir bajo ataque por parte de sus vecinos.

Laura dice que además de la contrainsurgencia, los grupos paramilitares quieren quedarse con el territorio de Aldama. “Nos lo han dicho, que estas tierras ya son suyas y nos harán huir”.

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La pobladora cuenta que hay veces que disparan toda la noche, hay veces que lo hacen en el día. “Si ven que hay gente en los caminos o trabajando en las parcelas, nos disparan. No podemos cultivar. No podemos llevar una vida normal. Todo el tiempo tenemos miedo de que nos disparen”. 

Laura informa que los heridos del ataque del viernes, Mario y Juan, están bien. Las heridas en la espalda no fueron graves. “Estaba toda la familia en la parcela. Es tiempo de ir a limpiar los cafetales. Estaban trabajando y les dispararon. Ya hemos perdido  muchos cultivos por los ataques. No sabemos cuánto hemos perdido pero mucho. Si vamos a trabajar a las parcelas ese es el riesgo, terminar heridos o muertos”. 

Hay veces, cuando no tiran hacia alguien que está en la parcela o andando por los caminos, que las balas van hacia las casas. “La gente tiene que salir corriendo. Salimos corriendo a escondernos al monte, cuando acaban las balas, regresamos”. 

Por eso, dice Azalia Hernández, vocera del Frayba, es que el gobierno de Chiapas asegura que ya no hay desplazados por este conflicto, que la gente está en su casa, pero siempre están con el riesgo de tener que salir corriendo al monte y regresar hasta que cesen los disparos”. 

El Frayba también señala que las gestiones del Estado para tratar de solucionar este conflicto no han sido efectivas porque no son integrales. 

“Se sientan con los presidentes municipales de los dos municipios, pero no con los representantes de las comunidades y firman acuerdos de paz que no se cumplen, al otro día ya están los grupos de Chenalhó atacando a Aldama, parece que en lugar de traer la calma, activan los ataques”, dice Hernández. 

El primero de esos acuerdos de paz –con el que el gobierno de Rutilio Escandón pensaba sentar las bases para solucionar el conflicto entre los dos bandos– se firmó el 4 de junio de 2019 y fue efectivo sólo por horas. 

El subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, estuvo presente en la firma del pacto, el cual consideró como el inicio de una nueva etapa de paz y reconciliación. 

Al día siguiente, 5 de junio, alrededor de las 10:22 de la noche, Animal Político recibió un reporte de los pobladores de Aldama. “Alrededor de las 7 de la noche hubo disparos de armas de fuego hacia nuestras comunidades, procedentes de Tojtik, Santa Martha, cerca de la escuela secundaria. ¿Dónde está el pacto de paz de Chenalhó?”.

A partir de ahí los ataques, los heridos y los muertos se siguieron acumulando. 

Hasta la fecha, el pueblo de Aldama ha recibido más de 300 ataques armados de los grupos de Chenalhó , en los que han perdido la vida siete personas y otras 18 han resultado heridas.

Lee: Conflicto entre pueblos de Aldama y Chenalhó, Chiapas, continúa pese a firma de paz

El 17 de julio, los ataques que viven los pobladores de Aldama saltaron otra vez a las noticias en los medios de comunicación cuando las balas alcanzaron a la niña, de 13 años, María Luciana Lunes Pérez mientras trabajaba en el telar, en su casa. 

El jueves 30 de julio, las autoridades municipales de Aldama y Chenalhó ratificaron el pacto de no agresión entre ambos municipios. 

En el acto, en el palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, estuvo otra vez el subsecretario Alejandro Encinas, para atestiguar la firma del documento. 

“Hemos avanzado y hay muestras de voluntad, pero todavía se registran agresiones que causan daño a la integridad física de los habitantes de esa zona”, aseguró. 

El escenario ya vivido se repitió, después de la ratificación del pacto, siguieron los ataques, de acuerdo a los reportes del Frayba y de los pobladores.

Del primero al 17 de agosto hubo un pico en el número y la intensidad de los ataques con armas de fuego hacia las comunidades de Aldama, desde Chenalhó. Después llegó a la zona la Guardia Nacional y una decena de periodistas hizo un recorrido. La cosa se calmó. Pero el viernes pasado las balas alcanzaron a Mario y a Juan. 

Durante sábado, domingo y lunes, los pobladores le han estado reportando a este portal ataques con armas de diferentes calibres. 

“La mayoría de las veces disparan al aire, solo para asustarnos, para recordarnos que están ahí, que no podemos salir a trabajar, a caminar, que no podemos seguir tranquilos la vida. Y ahora además hay una campaña de los de Chenalhó para decir que nosotros los atacamos primero, que nosotros somos los que disparamos, cuando ellos publican videos portando armas que les han robado a los propios policías, a los que han hecho huir de la zona”, dice Laura.

Azalia Hernández señala que este conflicto no va a resolverse mientras el Estado, con los tres poderes de gobierno incluidos, no plantee y opere una solución integral. 

“Ofrecen dar a las comunidades los programas sociales y firman acuerdos de paz. De hecho sabemos que firmaron un tercer acuerdo, pero ya sólo con los de Chenalhó. Sabemos que les hicieron promesas de darles programas e infraestructura. Pero no investigan los hechos. Dicen que hay muertos de los dos lados, porque Aldama también ataca, ¿y por qué no investigan, por qué no desarman a los grupos de Chenalhó?”. 

Animal Político solicitó una entrevista con el gobierno de Chiapas para hablar de por qué no se ha podido solucionar el conflicto entre ambos municipios y por qué no hay una investigación de los hechos violentos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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