Campeche es el primer estado en pasar a semáforo verde de COVID-19
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Gobierno de Campeche

Campeche, primer estado en pasar a semáforo verde de COVID; hay 16 entidades en amarillo

En tanto, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Morelos avanzaron de color naranja a amarillo, color en cual se ubican ya 15 entidades.
Gobierno de Campeche
25 de septiembre, 2020
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Autoridades dieron a conocer que Campeche será el primer estado del país en ubicarse en color verde dentro del Semáforo de Vigilancia Epidemiológica por COVID-19.

En conferencia de prensa diaria, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, insistió en que esto no significa que no haya riesgo de contagio, sino que es bajo por lo que se pueden retomar varias actividades no esenciales.

Leer más: Salud reporta 405 muertes más por COVID-19, van 75 mil 844 defunciones

“Esto no significa riesgo cero, esto significa que la dinámica de la epidemia ha disminuido lo suficiente como para que las actividades sociales y económicas se vayan regresando casi en su totalidad”, dijo el funcionario.

Respecto al regreso a clases en la entidad, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell pidió no apresar la decisión, pues está por comenzar la temporada de influenza.

Campeche también fue la primera entidad en pasar al color amarillo, el pasado 14 de agosto.

En tanto, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Morelos avanzaron de color naranja a amarillo, color en cual se ubicaban ya Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

En naranja quedan Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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