La conexión suiza Odebrecht-César Duarte
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La conexión suiza Odebrecht-César Duarte

Lozoya y el exgobernador de Chihuahua tienen en común a Ricardo Haddad, personaje ligado a un depósito de millones de pesos por parte del exdirector de Pemex y quien es señalado por cuantiosos desvíos.
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Por Raúl Olmos y Francisco Sandoval (MCCI y Animal Político)
23 de septiembre, 2020
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Tochos Holding, la empresa de Emilio Lozoya que resguardó los sobornos de Odebrecht, financió con dinero de una cuenta en Suiza los negocios de Ricardo Haddad Musi, un empresario que ha sido señalado por la Fiscalía de Chihuahua de haber participado en el saqueo de 379 millones de pesos durante el gobierno de César Duarte. El préstamo, otorgado en 2016 a una tasa del 3% anual, no ha sido pagado.

Los vínculos de negocios de Lozoya y Haddad han quedado al descubierto en la filtración de documentos del Departamento del Tesoro, que dio lugar a la investigación periodística internacional FinCEN Files, en la que ha colaborado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Lee: Políticos, sobornos y empresas fantasma: La ‘telaraña’ de corrupción del caso Odebrecht en México

El 16 de marzo de 2016, cuando Lozoya acababa de cumplir un mes de haber dejado la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), su agente autorizado ante la sucursal del banco Morgan Stanley en Suiza ordenó transferir 345 mil dólares a favor de Mokin Investments LLC, una empresa inmobiliaria en Texas propiedad de Haddad Musi, acusado de haber participado en el saqueo de fondos públicos en Chihuahua durante el gobierno de Duarte.

Haddad es dueño en México de otra inmobiliaria del mismo nombre (Mokin), en la que ha colaborado Ángel Artemio Meixueiro González, un priísta cercano a los exlegisladores Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y que también ha sido señalado por la Fiscalía de Chihuahua de haber operado como prestanombres en la trama de corrupción de César Duarte.

Los fondos a Mokin, provenientes de Suiza, se traspasaron por medio de la cuenta 516434271 que estaba a nombre de Tochos Holding Limited, una empresa “fachada” de Lozoya a través de la cual habían fluido en 2012 los sobornos de Odebrecht.

El banco Morgan Stanley concretó la transferencia de Tochos a Mokin Investments el 21 de marzo de 2016 por concepto de un supuesto préstamo firmado tres días antes. El traspaso se efectuó a una cuenta del banco Wells Fargo en Texas.

Consultado por MCCI al respecto, Haddad Musi confirmó que recibió esa transferencia, dijo que se trataba de un préstamo a una tasa del 3% anual, para financiar sus negocios inmobiliarios.

Esa, y otras 12 transacciones realizadas desde la cuenta de Tochos entre enero de 2015 y marzo de 2016, fueron notificadas en un reporte bancario de actividades sospechosas a la agencia de inteligencia financiera (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se enfoca a rastrear operaciones de lavado de dinero.

Las 13 transacciones de Tochos sumaron poco más de 700 mil dólares (unos 12.6 millones de pesos, al tipo de cambio promedio de aquellos años). La mitad del dinero traspasado en el lapso de referencia desde la cuenta de Lozoya fue a la empresa de Haddad Musi; el resto corresponde a compras de joyería, obras de arte y pagos a empresas financieras o de administración de fideicomisos.

Uno de los pagos fue realizado al despacho de abogados Icaza, González Ruiz & Alemán Corp., que era el agente residente de Tochos en las Islas Vírgenes Británicas, en donde Lozoya había establecido su empresa de papel en septiembre de 2008.

El New York Mellon Bank revisó las transacciones del mencionado despacho, así como de las compañías que representa en las Islas Vírgenes, y elaboró un reporte de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), el cual fue compartido con FinCEN. Y entre las operaciones financieras bajo la lupa, incluidas en ese informe, estaban las de Tochos.

Los documentos que detallan esos movimientos financieros forman parte de la base de datos compartida por BuzzFeed News con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), para el proyecto periodístico trasnacional FinCENFiles, en el que participan 400 periodistas de 88 países.

En México tuvieron acceso a esa información las organizaciones Quinto Elemento Lab y MCCI, así como la revista Proceso.

El préstamo de Lozoya a Haddad

Emilio Lozoya y Ricardo Haddad son amigos desde que ambos eran adolescentes; ese lazo fue tan estrecho, que cuando ambos se casaron decidieron ser compadres por partida doble: uno y otro apadrinaron a sus respectivos hijos.

En marzo de 2016, su amistad la llevaron al plano de los negocios. Lozoya tenía apenas unas semanas de haber dejado la dirección de Pemex cuando su empresa Tochos Holding traspasó, desde la cuenta en Morgan Stanley, 345 mil dólares a Mokin Investments, propiedad de su amigo Haddad.

Semanas antes de esa transferencia, la empresa de Haddad había concretado la adquisición de un departamento de lujo en Miami, a un precio de 758 mil dólares. El inmueble está ubicado en el condominio 400 Sunny Isles, que consta de dos torres con 230 departamentos con acceso a un embarcadero de yates.

El acuerdo de venta del departamento se firmó el 26 de enero de 2016 y se formalizó ante las autoridades el 4 de febrero; casi un mes después, el 16 de marzo, la empresa de Lozoya le transfirió a Haddad dinero.

Haddad confirmó que recibió 345 mil dólares de Tochos, pero argumenta que fue un préstamo porque tenía problemas de liquidez.

Enfático, negó que el dinero haya sido para comprar el departamento en Miami. El empresario reconoció que cuatro años después aún no ha pagado el dinero que le prestó su compadre Lozoya.

En registros de la propiedad consultados para esta investigación se identificó que entre 2014 y 2020 Haddad, a través de Mokin, ha adquirido seis inmuebles con valor de 7 millones 240 mil dólares en Estados Unidos; tres propiedades las compró en San Antonio, Texas; una en la zona metropolitana de Orlando, Florida; otra en Miami, y la más reciente –en junio de este año- en Utah.

Uno de los inmuebles de San Antonio, adquirido en marzo de 2015, es una mansión que adquirió en 1.6 millones de dólares, pero que actualmente está cotizada en 1.9 millones.

Además, Haddad registró en Madrid, España, el 11 de octubre de 2019, una compañía llamada RPDX MOKIN Properties SL, dedicada a bienes raíces.

De acuerdo con un reporte de la página axesor, la compañía se localiza en la  Calle Claudio Coello, 32 1a Planta. Una exclusiva zona de Madrid. Junto a la embajada de Estados Unidos.

La empresa fue registrada cuatro meses después de que Lozoya fuera declarado prófugo de la justicia en México. Fue hasta el 12 de febrero de este 2020, que Lozoya fue capturado en Málaga, España, a poco más de 500 kilómetros donde su compadre registró la compañía.

Las acusaciones de la Fiscalía de Chihuahua

Haddad ha sido señalado por testigos protegidos de la Fiscalía de Chihuahua de haber participado en la trama de corrupción del gobierno de César Duarte.

En junio de 2017, un testigo identificado con la clave T-701 aseguró que Haddad había aportado la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV para realizar contratos simulados –por servicios que nunca se dieron-, que permitirían el desvío de 379 millones de pesos.

Mediante una cesión de derechos, algunos de los pagos se realizaron a favor de otras dos empresas: Asesorías Netkey (100 millones de pesos) y Servicios Punto a Punto (27 millones 500 mil).

Los contratos fueron por servicios profesionales de asesoría jurídica y financiera para concretar créditos a corto plazo, y los pagos se efectuaron mediante 29 cheques o transferencias emitidas entre febrero y octubre de 2016.

MCCI consultó las actas de las tres firmas que cobraron los 379 millones de pesos y comprobó que se trata de empresas fantasma, que tenían como supuestos dueños o testaferros a personas de condición humilde.

Asesoría y Servicios Online se constituyó el 14 de diciembre de 2012 y tenía su domicilio fiscal en Calzada de Tlalpan 5028, en la colonia La Joya, pero en ese lugar nadie identificó el nombre de la empresa. En la dirección hay un expendio de tornillos, y en la parte superior una funeraria y un negocio de reparación de computadoras.

Como supuestos dueños de Asesoría y Servicios Online fungían dos habitantes de multifamiliares en La Merced y en la colonia 10 de Mayo de la alcaldía Venustiano Carranza.

La empresa fue liquidada en 2017, apenas cinco meses después de cobrar el último cheque del gobierno de Chihuahua.

En tanto, Asesorías y Servicios Punto a Punto, empresa creada en diciembre de 2013, tenía como accionista y administradora única a una mujer que reside en la Unidad Habitacional Ignacio Chávez de Tlalpan, que estaba en el padrón de subsidios de energía eléctrica a familias humildes.

Asesorías y Servicios Netkey, la otra empresa que simuló contratos de asesoría financiera en Chihuahua, reportó como su domicilio una casa en la calle Vicente García Torre, del barrio La Concepción de Coyoacán, que en realidad corresponde a un despacho de cobranza.

Tanto Netkey como Punto a Punto también fueron liquidadas en 2017.

Según las declaraciones de testigos, recopiladas por la Fiscalía de Chihuahua, Ricardo Haddad era allegado al exgobernador Duarte y fue quien contactó a la empresa Asesoría y Servicios Online para los supuestos servicios de gestoría financiera.

Ante esas acusaciones, Haddad promovió un juicio de amparo ante el juzgado segundo de distrito en materia penal de la Ciudad de México para protegerse de una eventual detención. No obstante, el juicio se sobreseyó al no comprobarse que hubiera orden de aprehensión en su contra.

En el argot de los abogados, el recurso al que recurrió Haddad se conoce como “amparo buscador”, que es para identificar posibles órdenes de arresto.

Respecto a estas acusaciones, Haddad Musi se limitó a decir que son falsas “de toda falsedad”.

A través de dos de sus empresas, Haddad fue proveedor del gobierno de César Duarte. La Secretaría de Desarrollo Social de Chihuahua le asignó directamente un contrato por 14.7 millones de pesos a Comercializadora Khayralah para abastecer 3 millones de gelatinas, mientras que la Secretaría de Hacienda del mismo estado le pagó 2 millones de pesos a Grupo Quatrium por la renta de una bodega.

Haddad también fue proveedor en la administración del exgobernador veracruzano Javier Duarte.  En septiembre de 2011, Comercializadora Khayralah recibió del DIF de Veracruz, en ese entonces presidido por Karime Macías y cuya gestión es investigada por el presunto desvío de recursos públicos que presuntamente fueron a parar a la campaña del PRI en 2012, un contrato por 38 millones 209 mil 704 pesos por la venta de 6 millones 587 mil 880 gelatinas que supuestamente se repartirían en la entidad como parte del “Programa de Desayuno de Adultos Mayores”.

Meixueiro, el socio de Haddad, también acusado en Chihuahua

Ángel Artemio Meixueiro González, quien también ha sido señalado de haber participado en la trama de corrupción de Chihuahua, es socio desde hace 15 años en negocios inmobiliarios con Haddad Musi.

Ambos son accionistas en Promotora Inmobiliaria HG, SA de CV, empresa que fue creada en Cuernavaca en mayo de 2005.

Además, Meixueiro ha sido comisario de Inmobiliaria Mokin SA de CV, establecida en febrero de 2010 en el Estado de México, y de la que son accionistas Haddad Musi y su esposa, según consta en las actas obtenidas para esta investigación.

Meixueiro es un priísta que en su trayectoria ha sido cercano al grupo político de Manlio Fabio Beltrones.

Fue secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados entre septiembre de 2006 y agosto de 2009, cuando ese órgano legislativo era presidido por Emilio Gamboa Patrón.

Luego, ocupó el mismo cargo en el Senado de la República entre 2012 y 2013, otra vez bajo las órdenes de Gamboa.

En febrero de 2014 se integró a la Comisión Federal de Electricidad como asesor del entonces director general, Enrique Ochoa. En ese cargo permaneció hasta julio de 2016.

Fue desde esa posición cuando estrechó su relación con Duarte, según las indagatorias que sobre el exgobernador ha realizado la Fiscalía de Chihuahua.

En mayo y agosto de 2015, por ejemplo, Meixueiro realizó vuelos a Chihuahua en aeronaves de la CFE para reunirse con Duarte. Y es aquel año cuando –de acuerdo con la investigación que lo involucra- se realizaron desvíos de fondos.

Desde enero de 2018, los periodistas Luis León y María Idalia Gómez aportaron los primeros indicios del involucramiento de Meixueiro González en la trama de corrupción de César Duarte. Según una investigación de la Fiscalía a la que tuvieron acceso, Meixueiro era identificado como un “hombre de paja” que habría servido para triangular el desvío de fondos públicos.

“Este personaje sería, de acuerdo al expediente, el vaso comunicante más importante entre los priistas de primer nivel y los gobiernos estatales”, publicaron en el diario Eje Central.

Un año después, el 21 de enero de 2019, el periodista Abel Barajas, de Reforma, reveló que Meixueiro era mencionado en una indagatoria del Gobierno de Chihuahua que concluyó que César Duarte había utilizado como “caja chica” una cuenta bancaria del Estado desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo a partidos políticos y legisladores.

El mayor monto de este desvío, por 235 millones de pesos, tuvo como destinatario a la llamada “Operación Ángel Meixueiro-Diputado MFB”, según la acusación formulada por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.

Las siglas MFB del supuesto destinatario coinciden con las de Manlio Fabio Beltrones, que ha sido señalado en los desvíos de César Duarte, aunque él siempre ha negado haber participado en cualquier operación irregular.

Haddad también ha tenido tratos con el empresario Eduardo Almeida Navarro, a quien el gobierno de Chihuahua ha acusado de haber ayudado a César Duarte a llevarse al extranjero millones saqueados durante su gestión como gobernador.

A finales de 2016, Haddad y Almeida promovieron, junto con Joel Sandoval Tarín (primo de Duarte y exfuncionario en su gobierno) una demanda civil contra una sociedad mercantil que supuestamente los defraudó.

Hoy, gracias a los reportes del departamento de Tesoro de Estados Unidos, hay un documento que liga, a través de Haddad, a dos de los escándalos de desvíos y corrupción más visibles del sexenio peñista: Odebrecht y los desfalcos en Chihuahua en tiempos de César Duarte.

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'Solo sí es sí': en qué consiste la nueva ley de consentimiento sexual en España

La recién aprobada Ley de Libertad Sexual exige un consentimiento claro antes de toda interacción sexual, lo que ha generado críticas de algunos sectores.
27 de agosto, 2022
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Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de “solo sí es sí”.

Tras más de un año de trámites, fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra.

Una vez la firme el rey, se inscribirá en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente entrará en vigor en cuestión de semanas.

La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres.

Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

A continuación las claves del “solo sí es sí”.

Su origen: una violación en grupo

La ley tiene sus raíces en el polémico caso de “la manada”.

Así se llamaba el grupo de WhatsApp en el que interactuaban los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.

José Ángel Prenda de la manada

Getty Images
José Ángel Prenda es quizá el miembro más conocido de “la manada”, cuyo juicio ha sido uno de los más mediáticos de la historia de España.

La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.

El caso generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

El actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar la nueva ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas.

El consentimiento

“Solo sí es sí” hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.

Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”, declaró a los medios la ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Irene Montero, la ministra de Igualdad de España

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Irene Montero, la ministra de Igualdad, es conocida por su defensa del feminismo de izquierda.

Eliminado el abuso

La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.

Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.

También se introduce el agravante por sumisión química.

Usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.

Asesinatos, acoso callejero y más

En su apartado de asesinatos por violencia sexual, la ley del “solo sí es sí” busca diferenciar el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte.

El “feminicidio sexual” se considerará “la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica”.

El acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra.

Hombre acosa a mujer en la calle

Getty Images

Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.

También se perseguirá la violencia sexual digital, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.

El apartado referente a la prohibición de la publicidad pornográfica consiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.

Mujer en una ventana

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Imágenes como esta podrían ser censuradas en la publicidad, según la nueva ley.

Esta previsión también servirá para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.

Apoyo a las víctimas y educación sexual

Para las víctimas de agresiones sexuales que ganen menos del salario mínimo (14.000 euros anuales en la actualidad) la ley contempla generosas ayudas económicas y prioridad de acceso a vivienda pública.

También prevé establecer en toda España al menos 50 centros de crisis 24 horas en los que las víctimas, familiares y allegados podrán recibir atención psicológica, jurídica y social.

Actualmente existen dos -uno en Madrid y otro en Asturias, en el norte del país- gobierno español ya ha destinado 66 millones de euros (US$65,7 millones) a este proyecto.

Con la nueva Ley de Libertad Sexual la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial.

Por último, los agresores sexuales también tendrán que recibir educación sexual de forma obligatoria.

Las críticas a la ley

Desde que se iniciaron los trámites hace más de un año, la ley del “solo sí es sí” ha recibido críticas desde la derecha, así como de jueces y parte de la sociedad a través de las redes.

Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley.

Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es- obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el “sí” antes del encuentro sexual.

Esta es la misma preocupación que ha expresado el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que votó en contra en el Congreso.

Mientras, el partido de extrema derecha Vox considera la ley “ideológica y sectaria” y cree que “abre la puerta a utilizar denuncias falsas” para lograr beneficios, como la regularización en caso de inmigrantes ilegales.


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