Diputado de NL denuncia a feministas por informar sobre el aborto
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¿Dar información sobre el aborto es un crimen? Diputado de NL denuncia a feministas por apología del delito

El legislador Carlos Leal denunció a feministas por promover el aborto; las colectivas señalan que actúan en el marco de la ley.
Cuartoscuro
28 de septiembre, 2020
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El diputado Carlos Leal, que recientemente presentó ante el Congreso de Nuevo León iniciativas para castigar la difusión de información sobre el aborto, y que lo equiparó con un genocidio, presentó este viernes una denuncia penal contra grupos feministas que promueven derechos sexuales y reproductivos en el estado por “apología del delito”.

De acuerdo con un documento membretado con los logotipos del diputado y del Congreso de Nuevo León, difundido por el propio Leal Segovia, el legislador señaló a “colectivos feministas  y pro aborto” debido a que “promocionaban e incitaban al acompañamiento como apología de abortos de manera clandestina” a través de redes sociales y páginas web.

En entrevista con Animal Político, el legislador indicó que se trata de grupos establecidos en el estado que ofrecen el servicio de interrupción del embarazo “con medicamentos que requieren de una receta médica”, pese a que “en Nuevo León el aborto es un delito y todo delito tiene que ser perseguido”.

Lee: Diputado de NL compara en iniciativas el aborto con genocidio y a personas trans con enfermos mentales

“Están haciendo una apología del delito incitando a mujeres en estado de embarazo a realizarse un aborto como única opción cuando el embarazo no es esperado. Dimos con las direcciones y números de teléfono de las responsables y todo eso fue entregado a la Fiscalía”, detalló.

En opinión de Carlos Leal, “el aborto no es ningún derecho ni se está violando ningún derecho de información reproductiva, al contrario, lo que estamos previniendo es que mujeres puedan morir en su domicilio por abortos clandestinos”.

Pero, ¿Difundir información sobre métodos para la interrupción del embarazo puede considerarse una apología del delito? Animal Político consultó a la activista feminista Oriana López Uribe y al abogado Kalycho Escoffié, quienes explicaron que la denuncia del diputado no cuenta con un sustento jurídico para proceder contra grupos que publiquen datos sobre aborto, por lo que consideran la acción como un acto de estigmatización y criminalización contra defensoras de derechos humanos.

“A las feministas nos respaldan los derechos”

Oriana López Uribe, vocera de Fondo MARIA, explicó que la labor de los grupos de acompañamiento se encuentra respaldado en la ley en términos de los derechos sexuales y reproductivos, a la libertad de expresión y al acceso a información.

“Debemos recordar que los derechos sexuales son derechos humanos, e incluyen poder decidir sobre nuestro cuerpo. El Artículo 1º constitucional menciona que los derechos son interdependientes e indivisibles, el 3º nos protege para no estar recibiendo información basada en cualquier doctrina religiosa o moral de particulares y garantiza nuestro derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, y el Artículo 4º protege a las mujeres para poder decidir sobre la interrupción del embarazo”.

Entérate: Nuestras narrativas sobre aborto

Recordó además que todas las entidades federativas cuentan con causales por las cuales se pueden practicar interrupciones del embarazo sin que estas se consideren un delito, por lo que Fondo MARIA y otras organizaciones acompañantes de aborto únicamente difunden información científica basada en los estándares más altos de calidad en salud para informar a las mujeres sobre métodos para realizarlos.

Estos grupos, de acuerdo con López Uribe, saben cuáles son las causales por las que el aborto es legal en cada estado y apoyan con información a mujeres que deciden practicárselo con medicamentos para no acudir a hospitales, particularmente en una crisis sanitaria como la de COVID-19, que mantiene los servicios saturados.

“Brindamos información de manera coloquial para saber exactamente de qué se trata la interrupción del embarazo y cómo funciona. En general es importante conocer sobre métodos anticonceptivos y medicamentos para abortar y lo que hacen a nuestro cuerpo, las dosis recomendables, las dosis recomendadas y cómo actuar en caso de malestar, lo cual incluye el saber cuándo es necesario ir a un hospital”, dijo.

Además, aclaró que el misoprostol, medicamento acerca del cuál se brinda información sobre su uso para interrumpir el embarazo, no necesita prescripción médica y ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud como un método para atender abortos seguros.

A través de redes sociales, el grupo Hablemos de Aborto, radicado en Nuevo León, expresó que las mujeres, colectivas y redes de acompañamiento del estado tienen sus derechos garantizados en la Constitución, y que aunque haya personas desinformadas les pueden demostrar con leyes en mano que “a las feministas nos respaldan los derechos”.

Estigmatización del aborto y criminalización de feministas

Por su parte, el abogado Kalycho Escoffié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, explicó que es difícil que proceda la denuncia presentada por Carlos Leal Segovia, debido a que no se puede comprobar que la difusión de información sobre temas de salud sexual y reproductiva incite a que mujeres se practiquen abortos en el estado.

“En primer lugar, aunque efectivamente está el delito de aborto en el Código Penal del Estado de Nuevo León, este tiene causales excluyentes de responsabilidad penal, por lo que no se persigue como delito cuando el embarazo ponga en peligro de muerte a la madre, le provoque daños graves a la salud, o si este es producto de una violación”.

Lee más: Aborto, información y libertad de expresión

Por ello, “hablar de aborto en sí no es delito, y tampoco se puede criminalizar temas públicos para que estos no se puedan hablar o discutir, mucho menos una actividad que en sí misma no siempre representa un delito. Además es absurdo pensar que el informar sobre él sea un llamado a cometer un ilícito”.

Escoffié indicó que a ello se suma que la “apología del delito” en Nuevo León cuenta con una redacción ambigua que viola el principio de legalidad a nivel constitucional, pues establece que se comete este ilícito “cuando alguien provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de éste o de algún vicio”.

“El principio de legalidad exige que los delitos que están redactados en los códigos penales, lo que se llama jurídicamente tipo penal y que describe los delitos, estén escritos de manera muy precisa y clara para evitar ambigüedades”, señaló.

En su opinión, “dar información sobre salud reproductiva no es provocar o incitar a que alguien cometa un delito incluso si se considera al aborto como tal, es decir, estos datos no motivan a la gente a que interrumpan embarazos ni existe alguna provocación, porque en estos casos solo se apoya a las personas para que tomen decisiones de manera informada”.

“El derecho a la salud, entre otras cosas, incluye el derecho que tenemos las personas a tener toda la información científicamente disponible con la mayor claridad posible para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos”, abundó.

Sin embargo, más allá de la procedencia jurídica de la denuncia presentada, el abogado señaló que la acción presentada por Leal Segovia tiene un efecto simbólico para posicionar temas controversiales que tienen relación con el reconocimiento de derechos a grupos históricamente discriminados como las mujeres y la comunidad LGBT.

“El simbolismo de las cosas es muy importante, me parece que es muy cuestionable que utilice el logotipo del Congreso de Nuevo León en su denuncia que firma únicamente él. Más allá de la procedencia jurídica de la denuncia, como autoridad no debería utilizar su espacio y sus funciones para criminalizar y estigmatizar a personas defensoras de derechos humanos”, dijo Escoffié.

Mencionó que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales se ha señalado la tendencia que hay en América Latina de hacer uso de ambigüedades en algunos delitos para criminalizar la defensa de derechos, que muchas veces “trabajan los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos porque el Estado no brinda ese tipo de información, aunque es su obligación”.

“Más allá del debate sobre el aborto, que es entendible por las posturas de personas y grupos que se encuentran en contra por diferentes razones, esta criminalización del tema me parece deplorable”, expresó.

Acerca de las críticas contra la denuncia presentada, el diputado defendió su postura y dijo que continuará preparando iniciativas para reformas en el Código Civil de Nuevo León “que aún no reconoce al nonato como persona, para que se homologue con el Artículo 1º de la Constitución del Estado que reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y en el tema de violencia contra la mujer vamos a colocar una iniciativa para que se reconozcan los homicidios en razón de parentesco ya que es muy difícil tipificar los feminicidios”.

 “No vamos a dar un paso atrás”, concluyó.

 

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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