México Libre tomó recursos de donantes desconocidos, explica INE sobre multa
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Foto: México Libre

Recursos de donantes desconocidos y pagos sin comprobar, motivos de multa del INE a México Libre

México Libre pagó servicios sin presentar contratos, no reportó gastos de asambleas y entregó comprobantes fiscales cancelados para justificar egresos, entre otras anomalías.
Foto: México Libre
3 de septiembre, 2020
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La principal multa impuesta por el INE a México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón que busca el registro como partido político, fue por haber recabado donaciones de cientos de miles de pesos a través de una aplicación que impide identificar quién o quiénes fueron los aportantes de los recursos.

México Libre recabó más de 1 millón de pesos mediante numerosas operaciones a través de Clip, una plataforma bancaria utilizada por establecimientos para efectuar cobros de bienes y servicios con tarjetas de crédito o débito mediante una terminal que se vincula a smartphones o tabletas.

Entérate: INE sanciona a México Libre con 2.7 mdp por irregularidades en ingresos

Por motivos de seguridad, dicha aplicación no almacena los datos de las tarjetas utilizadas (sólo registra los últimos cuatro dígitos de la numeración) ni los nombres de los titulares de las mismas, lo que obstruye la labor de fiscalización del árbitro electoral.

“Las organizaciones no venden, sino que reciben donativos, y esos donativos no pueden ser anónimos. Este sistema sólo permite ver los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, entonces no podemos identificar quién es el aportante”, explicó personal del INE especializado en fiscalización.

El Consejo General del INE ya impuso a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., razón social de México Libre, una multa por 2 millones 707 mil pesos, la más elevada de las sanciones económicas dictadas a las agrupaciones políticas que quieren convertirse en partidos.

El árbitro electoral no sólo sancionó la recepción de aportaciones de fuentes desconocidas (lo que configura presunto financiamiento ilícito), sino que también detectó que México Libre pagó servicios sin presentar contratos, no reportó gastos de asambleas y entregó comprobantes fiscales cancelados para justificar egresos, entre otras anomalías.

La organización calderonista reportó ingresos por 15 millones 179 mil 067 pesos de parte de 550 donantes. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) determinó que 1 millón 061 mil pesos, el 7% del total de sus recursos, provino de “entes no identificados”, la mayoría por cobros vía Clip.

“Si bien es cierto que la organización de ciudadanos obtuvo sus recursos mediante transferencias a través de la plataforma desarrollada por la empresa Clip, lo cierto es que, de los comprobantes expedidos por dicha empresa, no es posible advertir los nombres de los aportantes y/o las cuentas bancarias o tarjetas de donde provienen los recursos (…), es así que, mediante dicho mecanismo, se impide a la autoridad fiscalizadora desplegar sus facultades de verificación”, señaló la UTF.

Aunque México Libre presentó un listado con los nombres de los supuestos donantes, así como sus credenciales para votar y recibos expedidos por Clip, el árbitro electoral estuvo impedido para corroborar la veracidad de la información, esto es, el vínculo entre las personas y las tarjetas reportadas.

Una de las aportaciones más elevadas obtenidas por esta vía, cuya procedencia no pudo ser validada por el INE, habría sido de Ángel Losada Moreno, presidente de Grupo Gigante, por un monto de 95 mil pesos, conforme documentos aportados por la agrupación.

“No estamos obligados a reconocer esas facturas”

Al consultar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la UTF encontró 43 comprobantes fiscales CFDI emitidos por proveedores a nombre de México Libre y que corresponden a operaciones por 724 mil 176 pesos para servicios y logística de asambleas.

La organización no incluyó dichas facturas en su contabilidad con el argumento de que los pagos no fueron efectuados por ella; incluso, sugirió que las facturas pudieron ser expedidas por proveedores sin su consentimiento.

“Es importante puntualizar que existen comprobantes CFDI ‘recibidos’, que no por el hecho de que sean emitidos por un proveedor existe la obligación de reconocerlos en la operación de nuestra organización, como ustedes saben. Existe un sinnúmero de simpatizantes, o personas ajenas a nuestra organización, que pueden solicitar un comprobante fiscal a nombre de la organización, sólo basta tener la razón social y el Registro Federal de Contribuyentes, y no por ello deben ser reconocidos como gastos. Nuestra operación interna, en apego a la normatividad, sólo consideraba como gastos procedentes aquellos que se pagaron desde nuestra cuenta bancaria”, le respondió México Libre al INE.

La UTF declaró improcedente la explicación que dio la organización para “desconocer” las facturas, y concluyó que no aportó elementos de prueba que permitieran validar que, efectivamente, no solicitó los comprobantes y que los mismos no fueron pagados con recursos propios.

También, señaló la autoridad, la agrupación pudo actuar a tiempo en caso de que las facturas fueran emitidas indebidamente a su nombre.

“Aun cuando (México Libre) manifestó que los gastos que le fueron observados no fueron pagados de su cuenta bancaria, razón por la cual no están registrados en su contabilidad, también es cierto que se debe realizar el pago para que sea expedido el comprobante; asimismo, los gastos observados beneficiaron a su organización, por lo que debieron de ser reportados en sus informes mensuales de ingresos y gastos. Es responsabilidad de la organización controlar quién maneja su información fiscal como el RFC, asimismo, los sistemas del SAT permiten identificar los comprobantes que les son emitidos para tomar acciones al respecto”, indicó la UTF.

Fuentes del INE señalaron que esta conducta de México Libre pudo ser una maniobra para intentar ocultar las fuentes de una parte de su financiamiento.

La UTF detectó además que, para justificar gastos por 73 mil 616 pesos, la asociación entregó comprobantes CFDI que tenían el estatus de cancelados.

Asimismo, la autoridad electoral se percató de dos asambleas que se llevaron a cabo en Guerrero y Puebla, con un costo de 270 mil 860, que, según la organización, se habían cancelado.

México Libre también omitió aportar pruebas de la ejecución de servicios contratados con proveedores por un valor de 725 mil 432 pesos, y de igual modo no presentó a la autoridad seis contratos de prestación de servicios por 229 mil 040 pesos.

La organización calderonista también declaró al INE haber recibido aportaciones en especie por 53 mil pesos para la realización de cuatro asambleas en Puebla y Yucatán, pero entregó los contratos de donación sin firma de los aportantes y sin sus credenciales de elector.

Organización defiende procedencia de donaciones

Fausto Barajas, coordinador nacional de México Libre, señaló que su organización aportó al INE numerosos elementos para acreditar la identidad de sus donantes y la legalidad de los recursos.

Luego de que el árbitro electoral sancionó a la agrupación por haber recabado más de 1 millón de pesos de donaciones mediante la plataforma Clip, Barajas detalló que le entregaron copia de identificación oficial de los donantes, recibos de las aportaciones e incluso cartas en las que cada uno de ellos reconoce las transacciones “bajo protesta de decir verdad”.

En entrevista, agregó que el INE tenía la posibilidad de consultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para confirmar la titularidad de las tarjetas usadas por los aportantes.

“Son personas de carne y hueso, identificadas. Lo que más nos preocupa es que la gente sepa que lo hicimos bien, no usamos bolsitas ni sobres para el dinero, todo esto está bajo el sistema bancarizado, el sistema financiero; es rastreable, ubicable; si la autoridad solicita a la CNVB o al SAT dónde están estas personas, lo que les dimos de información, se puede verificar”, señaló.

Barajas comentó que México Libre no pretendió “darle la vuelta” al sistema financiero y engañar a la autoridad, razón por la cual recurrió a un sistema de captación de recursos bancarizado como Clip. El problema, indicó, es que el uso de esa herramienta no está regulada por el INE.

“En el mismo reglamento (de fiscalización) no está especificado el tratamiento del Clip, y preguntamos (al INE) para ver cómo documentábamos la información, porque queríamos que estuviera claramente documentado de dónde venía cada peso que teníamos, el Clip es una herramienta que utilizas en el sistema bancario”, dijo.

Incluso, precisó, la organización le hizo saber al INE que utilizaba la plataforma para captar parte de sus donaciones, sin que hubiera una advertencia en contra; sin embargo, a la postre, esto fue sancionado por el árbitro electoral.

“En pláticas con el INE, de manera informal, les dijimos que lo usábamos (Clip) para tener donativos afuera de las asambleas o cuando hacíamos algún evento para buscar fondos, el Clip era el mejor mecanismo para que estuviera bancarizado, además de las transferencias o cheques. Nosotros aportamos la información al INE”, subrayó.

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Roe vs Wade: Qué cambia realmente (y qué no) con la prohibición del aborto en EU

La Corte Suprema de EU anuló el derecho constitucional federal al aborto después de casi 50 años de haber sido aprobado.
24 de junio, 2022
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Tras casi medio siglo en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la protección constitucional al derecho al aborto.

Lo hizo al anular la histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, un precedente legal que lo garantizaba.

A través de estas cinco preguntas te contamos qué es lo que ha decidido en concreto el tribunal de mayoría conservadora, qué es lo que cambia y qué consecuencias tiene para millones de mujeres en EE.UU.

Lee: Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

1. ¿Qué decretó exactamente la Corte Suprema de EU?

Con la decisión respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, con 6 votos frente a 3, queda anulado el precedente legal que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo).

“Lo que hace esta decisión es eliminar el aborto como un derecho constitucional“, le explica a BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

Dicha protección se remontaba a 1973, cuando una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos interpretaron que en la 14 Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, estaba recogido también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

La nueva decisión revierte este criterio y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto.

Carteles Roe vs. Wade

Getty Images

“Significa que ya no existe un umbral de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir el aborto. Ahora los estados pueden hacer lo que quieran en cuanto al tema del aborto”, explica Howard.

“Si los estados individuales desean anular los derechos de la persona que estaba embarazada, pueden hacerlo. Si lo desean, pueden hacer que el aborto sea completamente ilegal en todas las circunstancias, pero también pueden hacer que el aborto sea gratuito y esté disponible para los pacientes que lo deseen”, agrega la autora de The Pregnancy Police: Conceiving Crime, Arresting Personhood.

2. ¿Qué cambia ahora con esta decisión? ¿Se convierte el aborto ilegal en Estados Unidos?

La decisión no implica que el aborto se convierta, de por sí, en “legal” o “ilegal” en Estados Unidos como nación.

“Al ser EE.UU. una federación, cada estado tiene la potestad de decidir sobre aquellos asuntos que no se consideren como derechos o deberes protegidos por la Constitución del país”, explica Howard.

Para la experta, los cambios que puede implicar la decisión pueden conllevar desde factores políticos hasta sociales e incluso económicos:

  • “Es previsible un aumento de la tasa de mortalidad materna de 21% en los Estados Unidos, que ya es el país industrializado con mayor número de muertes maternas”.
  • “Las personas en muchos estados no podrán acceder al aborto legal, por lo que seguirán practicándose abortos ilegales, con todos los riesgos que esto implica”.
  • “Los estudios que hemos hecho anticipan que muchas mujeres morirá porque se verán obligadas a dar a luz y no están preparadas o no desean hacerlo, aumentando también la carga sobre el estado con mayor número de niños dados en adopción”.
  • “También podemos anticipar muchos arrestos: tanto de mujeres como de otras personas que las ayuden o, incluso, de pacientes que se presenten en los hospitales tras tener un aborto ilegal”.
  • “Muchos médicos podrían verse obligados legalmente a denunciar a una paciente embarazada que hace algo que podría tener un impacto negativo en un embarazo”.
  • “Los estudios muestran que muchas familias se ven sumidas en la pobreza al dar a luz a niños que no desean y que a veces no tienen cómo mantener. Y esto afecta también a los hijos que ya tienen”.
  • “Será un problema también para las mujeres que tengan abortos espontáneos. Muchas se verán sometidas a investigaciones para probar que el aborto no fue provocado y si la encuentran culpable, podríamos ver escenarios en los que las condenen a 10 o 20 años de cárcel”.
  • “Muchas mujeres podrían también ser condenadas por utilizar medicamentos u otros métodos para facilitar el aborto”.

3. ¿Qué estados ya prohibieron el aborto, cuáles se prevé que lo harán y cuáles no?

Misuri y Texas han sido los primeros en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión del Supremo.

Lo han hecho por medio de sendas leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o “gatillo”, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Hay otros 11 estados que tienen leyes de ese tipo preparados para limitar la interrupción del embarazo.

Mientras, 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, las autoridades han aprobado “trigger laws” para proteger el derecho al aborto.

Los límites al aborto que se impondrán también dependerán de los estados: mientras algunos permitirán algunas condicionantes (como los casos en que peligre la vida de la madre) en otros, como en Ohio, estará prohibido incluso si el embarazo es resultado de una violación.

carteles pro aborto en Washington

Getty Images

De acuerdo con el Instituto Guttmacher algunos estados como Alabama, Arizona y Arkansas, lo prohibirán desde el inicio del estado de gestación. Otros como Georgia, Idaho, Iowa y Kentucky lo harán a partir de las seis semanas de embarazo.

Aunque todavía no se han pronunciado oficialmente al respecto, el Instituto Guttmacher pronostica que los Congresos de Florida, Indiana, Montana y Nebraska también se sumarán a las prohibiciones.

4. ¿Entonces irán a la cárcel las mujeres? ¿Cómo se penalizará el aborto en los estados donde se prohíba?

Muchos estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel.

En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, un hecho poco conocido es que, incluso con Roe vs. Wade, muchas mujeres han ido a la cárcel en Estados Unidos por la práctica de abortos.

De acuerdo con datos de la Universidad de Fordham, al menos 413fueron encarceladas entre 1973 y 2005 por este motivo.

Howard teme que a raíz de la actual decisión de la Corte Suprema el número se pueda incrementar.

“Hemos visto, incluso con Roe vs. Wade, mujeres acusadas de delitos contra sus propios embarazos por cosas como el autocontrol del aborto o dar positivo por drogas durante sus embarazos. Incluso por cosas como sobrevivir a un intento de suicidio mientras están embarazadas”, explica la experta.

“Entonces, si este es cosas suceden con Roe vs. Wade, que establece explícitamente que una persona embarazada tiene derechos, cuando eso desaparezca, creo que solo podemos esperar ver mucho más de esto”, señala.

5. ¿Cómo era hasta ahora? ¿En qué consistía Roe vs. Wade?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes del aborto en Texas, donde estaba prohibido, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho al aborto estaba protegido por la Constitución.

Afuera de Planned Parenthood Reproductive Health Services Center en St. Louis, Missouri

Getty Images

La decisión creó el sistema de “trimestre” que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo, permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho a restringir o prohibir los abortos en el último trimestre.

“Hay que decir que Roe vs. Wade se volvió con el tiempo un listón muy bajo: en las últimas décadas se ha ido restringiendo progresivamente el derecho al aborto en casi la mitad de EE.UU.”, señala Howard.

Desde la década de 1990, numerosos estados han estado implementando restricciones al derecho constitucional al aborto y en algunos como Texas ya era prácticamente imposible realizarse uno incluso antes de la decisión de la Corte Suprema.

En otros, como Misisipi, solo existía una clínica que facilitaba el aborto en funcionamiento para todo el estado.

En más de una veintena de estados existen requisitos, como que las mujeres jóvenes embarazadas involucren a sus padres o a un juez en su decisión de aborto. Otros han introducido períodos de espera entre el momento en que una mujer visita por primera vez una clínica de aborto y el procedimiento en sí.

“Como resultado, muchas mujeres ya tenían que viajar más lejos y pagar más y esto hace que las mujeres más pobres y las mujeres afroestadounidenses se vuelvan las más afectadas”, señala Howard.

Según el Instituto Guttmacher, una ONG que apoya el derecho al aborto, más de 4.000 mujeres cada año no pueden realizarse abortos en EE.UU. como resultados de las restricciones ya existentes.

6. ¿Puede el Congreso legalizar el aborto en EE.UU?

Por casi 50 años, la decisión de Roe vs. Wade marcó la práctica del aborto en Estados Unidos y no se consideró necesario convertirlo en una ley federal que aplicara para todo el país.

El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en el país y las autoridades de los estados tendrían que igualmente seguirlas independientemente de su orientación política.

Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado. Para ello se necesitarían al menos 60 votos y los demócratas cuentan actualmente con 50 (más el de la vicepresidenta Kamala Harris).

Howard, por su parte, ve un escenario más probable.

“Si en las próximas elecciones los republicanos ganan el Senado por una supermayoría, ciertamente podemos anticipar que se presente un proyecto de ley sobre la ´personalidad fetal´ a nivel federal (considerar el feto como persona humana). Y, si eso pasa, no hay límite para lo que eso podría significar, incluso para lugares donde sea legal el aborto, como California o Nueva York”, dice.


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