Estados más violentos esclarecen un crimen por cada 12 nuevos que se cometen
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En los estados más violentos se esclarece un crimen por cada 12 nuevos que se cometen

En el primer semestre, Colima, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas acumularon más de 3 mil 900 homicidios, pero apenas 313 casos procesados y 282 probables responsables en prisión.
Cuartoscuro Archivo
15 de septiembre, 2020
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Mientras la violencia crece en México las investigaciones se acumulan, sin esclarecerse. En lo que va de 2020 las autoridades de cinco entidades, que figuran entre las mas violentas del país, solo han conseguido resolver un caso de homicidio doloso por cada 12 nuevos que se cometen, en promedio.

Estas investigaciones esclarecidas son aquellas donde la Fiscalía logró identificar al probable responsable y lo acusa ante un juez, aunque el caso tampoco está concluido. Para ello aun falta todo un proceso y juicio.

Entérate: México, uno de los países con mayores índices de impunidad, según informe

De hecho, en cuatro de las entidades revisadas (Colima, Michoacán, Zacatecas y Baja California) se han dictado apenas 21 sentencias de homicidio doloso de enero a junio de 2020, frente a los 2 mil 496 nuevos homicidios registrados en su territorio. En proporción son niveles de impunidad superiores al 99%. 

Hay casos extremos como el de Colima, la entidad con la mayor tasa de homicidios del país, cuya Fiscalía reportó no haber resuelto ni una carpeta de investigación por homicidio doloso en el primer semestre del año, ni tampoco haber detenido y procesado exitosamente a alguien por este delito.

Para conocer la proporción actual de homicidios que se resuelven frente a los que cada día se cometen, Animal Político envió solicitudes de transparencia a las fiscalías de justicia de cinco estados que figuran con las tasas más altas de homicidio del país: Colima, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y Michoacán.

Dichos estados reportaron, en conjunto, haber iniciado en el primer semestre del año un total de 3 mil 909 carpetas de investigación nuevas por el delito de homicidio doloso. Cada una de esas carpetas puede contener una o más víctimas.

En este mismo lapso las fiscalías de estas entidades reportaron haber enviado y judicializado ante un juez 313 carpetas de investigación. Esto equivale, apenas, a un 8% de todos los asesinatos nuevos registrados.

Aunque no necesariamente los casos consignados corresponden a los asesinatos registrados este año, estos datos sí permiten advertir que, por cada homicidio doloso esclarecido al menos en una primera fase en dichos estados, ya se acumularon otros 12 nuevos.

En ese mismo lapso dichos estados reportaron haber detenido y procesado exitosamente a 282 probables homicidas, un 7.3% si se compara con la cifra de nuevos homicidios registrados. Aun cuando se atribuyera a cada uno de ellos un homicidio distinto, la proporción sería de un detenido por cada 14 nuevos crímenes cometidos en 2020.

Estos datos evidencian además un retroceso respecto a 2019, donde las cifras tampoco eran buenas. En ese año los referidos estados reportaron 7 mil 491 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso, frente a 656 posibles homicidas procesados, lo que equivale a una proporción de 8.3%, un punto porcentual más que en este año.

También se solicitó a las fiscalías de Colima, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y Michoacán la cifra de sentencias condenatorias que han obtenido en lo que va del año.
Guanajuato no respondió, pero el resto de los estados reportaron, en conjunto, 21 sentencias condenatorias en hasta el cierre del primer semestre de 2020.

En proporción se trata de apenas un 0.58% de sentencias respecto al universo de nuevos homicidios o, dicho de otra forma, una condena contra un homicida por cada 120 nuevos asesinatos que se perpetran.

De mal en peor

Colima es la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos en México desde hace al menos tres años. En lo que va del 2020 su tasa es de 43.8 asesinatos por cada cien mil habitantes, más del triple por encima del promedio nacional.

Los datos proporcionados por la Fiscalía del estado no solo arrojan que Colima es el sitio más violento, sino también el más impune en cuanto a homicidios. En su respuesta a la solicitud de transparencia folio 00261620, reportó cero carpetas de investigación judicializadas por homicidio y cero personas procesadas por este delito de enero a julio.

Ello, mientras la entidad ya cumulaba 84 nuevos asesinatos en el mismo periodo.

Baja California, el segundo estado con la mayor tasa de homicidios en el país, registró 1 mil 240 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso en el primer semestre del año. En ese mismo lapso apenas reportó 40 casos esclarecidos y enviados ante un juez, y 28 personas detenidas.

Se trata de un caso esclarecido por cada 31 nuevos homicidios en el año, y de una persona detenida por cada 44 nuevos asesinatos en Baja california.

Guanajuato es el estado en el que se registra la mayor cantidad de homicidios en todo México; en proporción el 15% de todos los cometidos a nivel nacional en lo que va del año. Debido a su elevada población no se ubica con la tasa más alta, pero sí se encuentra entre los cuatro primeros.

De acuerdo con los datos proporcionados por la entidad, en los primeros siete meses de este año se iniciaron 1 mil 413 carpetas de investigación por homicidio. En ese mismo lapso la Fiscalía estatal reporta haber determinado 213 casos de homicidio, aunque dicha institución no aclaró si todos fueron casos enviados a un juez, o si hay casos que fueron archivados. Además, informó de 172 personas detenidas, sin detallar tampoco si consiguió procesarlas.

Aun en el escenario mas positivo y considerando que los casos fueros judicializados y los detenidos fueron procesados exitosamente, se trataría de 1 homicidio esclarecido por cada siete nuevos asesinatos registrados, y un detenido por cada ocho nuevos asesinatos. Se trata de mejores indicadores que en otros estados, pero que se agravan debido a que Guanajuato es el estado donde mas personas son asesinadas en el país

Otras dos entidades con altas tasas de homicidio son Zacatecas donde de enero a julio se registraron 187 nuevos asesinatos y 11 esclarecidos, apenas un caso resuelto por cada 17 nuevos crímenes; y Michoacán con 922 nuevos homicidios dolosos en el primer semestre y 49 casos judicializados, es decir, un caso resuelto por cada 19 homicidios perpetrados en 2020.

¿Por qué no se resuelven más homicidios?

La baja resolución en los homicidios que se cometen a diario es particularmente grave en los estados más violentos, pero se trata de un problema del que adolece todo el país y desde hace varios años.

Animal Político publicó en 2018 el reportaje “Matar en México: impunidad Garantizada” en el que se documentó que, a nivel nacional, por cada cien asesinatos cometidos en un periodo de seis años en México, solo se habían dictado cinco sentencias condenatorias. Como ahora se documenta, la situación en los estados con mayores tasas es aun más grave al llegar solo a 1 sentencia por cada 120 crímenes.

Las razones del porqué no se resuelven los crímenes son estructurales. Los especialistas, autoridades y víctimas entrevistados para el referido reportaje detallaron desde la falta de un protocolo homologado para indagar los homicidios, hasta carencias de personal y recursos suficientes para hacer frente a la creciente demanda de casos.

En estados como Jalisco, por ejemplo, cada agente del MP especializado en homicidios acumulaba hasta 2016 un total de 836 casos sin resolver.

En 2019 el consejo Nacional de Seguridad Pública diseñó con la asesoría de expertos en la materia el denominado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que, entre otras cosas, plantea como meta el desarrollo de habilidades de investigación en las policías preventivas y con ello se desahoguen las cargas de trabajo en las fiscalías. Incluso se ha planteado la necesidad de una reforma legal para que esto quede aun mas claro en la ley.

Sin embargo, y pese a estar aprobado, dicho modelo no ha podido desarrollarse de manera general debido a la falta de presupuesto para ello. Los fondos de seguridad que se destinan a los estados y municipios son insuficientes e, incluso, para 2021 el gobierno federal ha planteado un nuevo descenso.

Otra alternativa que también fue avalada por el consejo es que se pudieran etiquetar hasta el 50% de los fondos municipales para el desarrollo exclusivo de las fuerzas de seguridad pública, siguiendo los lineamientos del nuevo modelo. Se trataría de al menos 40 mil millones de pesos al año. Sin embargo, esto tampoco se ha materializado ni en Hacienda ni en el Congreso.

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"Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales": los peligros de la cultura de la cancelación

Los llamados al boicot a empresas o personas que tengan comportamientos considerados “errados” o inadecuados divide a los progresistas y aviva el debate en Estados Unidos.
Archivo personal
23 de julio, 2020
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El pasado 3 de junio, el estadounidense Emmanuel Cafferty, de 47 años, volvía a su casa después de una jornada más de trabajo.

Su rutina consistía en pasar entre 8 y 12 horas al día inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, California.

Caía la tarde y hacía calor.

Al volante de la camioneta de la empresa, mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior.

Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente, en un gesto que repitió varias veces durante la entrevista con BBC News Brasil.

“En ese momento, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida del revés“, cuenta Cafferty.

Una fotografía dañina

Hacía apenas una semana que George Floyd, un hombre negro desarmado, moría después de que un policía blanco le retuviera en el suelo durante varios minutos presionándole el cuello con la rodilla en Mineápolis.

Las imágenes de la muerte de Floyd desencadenaron lo que se considera la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos en la historia reciente.

En ese contexto, el chasquido de dedos de Cafferty fue interpretado por otro conductor como un gesto específico: un símbolo usado por supremacistas blancos.

“Ese hombre comenzó a tocar la bocina y a insultarme. Gritaba: ‘¿va a seguir haciendo eso?’ y sacó el celular para fotografiarme. Pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico, por accidente. Pero estábamos los dos parados en el semáforo y yo no entendía nada”, relata.

Dos horas después del incidente, su supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía del trabajo sin sueldo.

Una hora más tarde, sus colegas llegaron a su casa para llevarse la camioneta y la computadora de la empresa. Cinco días después fue despedido.

“Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida“, dice Cafferty. Sin estudios superiores, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía su versión del sueño americano.

Ganaba 41 dólares la hora, el doble que en su empleo anterior, y tenía cobertura de salud y de jubilación por primera vez en su vida.

Cuando consiguió la plaza, seis meses atrás, él, sus tres hijas y sus nietos salieron a comer para celebrarlo.

¿Ok o supremacía blanca?

Cafferty explica que no tenía ni idea de que el gesto que se le atribuye, comúnmente asociado con un “OK” en Estados Unidos, pudiese tener connotaciones racistas.

De acuerdo a la Liga contra la Difamación, una organización centenaria que combate los discursos de odio en Estados Unidos, el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por usuarios racistas en foros de internet como 4chan. La propia organización recomienda tener cuidado con la interpretación de la señal.

“La abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación. Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, alerta la organización.

George Floyd

Twitter/Ruth Richardson
George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Eso es exactamente lo que le pasó a Cafferty. O peor.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘OK’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, afirma exasperado, al tiempo que se frota los brazos para mostrar el color de su piel.

El autor de la fotografía y del primer post contra Cafferty admitió ante el equipo local de la cadena estadounidense NBC que quizá exageró en la interpretación que hizo del supuesto gesto y que, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cafferty trabajaba, no quería que fuera despedido.

El usuario borró el mensaje original e incluso la cuenta de Twitter. Pero ya era tarde, el post se había viralizado y el empleo estaba perdido.

BBC News Brasil no logró localizar al autor del post original.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, se desahoga.

Ha tenido que acudir a terapia semanal para lidiar con el dolor y el miedo que ha sentido.

Multitud online, efectos offline

El caso de Cafferty es emblemático de lo que se considera un peligroso efecto colateral de la llamada cultura de la cancelación.

El movimiento comenzó hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y preservación medioambiental, como una manera de amplificar la voz de los grupos oprimidos y forzar acciones políticas de marcas o figuras públicas.

Funciona así: un usuario de redes sociales como Twitter o Facebook, presencia un acto que considera equivocado, lo graba en video o lo fotografía y lo publica en su cuenta, con el cuidado de etiquetar a la empresa empleadora del denunciado y autoridades públicas u otros influencers digitales que puedan amplificar el alcance del mensaje. Es común que, en cuestión de horas, el post haya sido replicado miles de veces.

La cascada de menciones a una empresa suele precipitar actitudes sumarias para frenar el desgaste de imagen, sin que la persona a la que se denuncia pueda defenderse adecuadamente.

“En mi caso, me escucharon una vez y luego ya me despidieron. Parece que concluyeron que era un racista”, señala Cafferty.

BBC News Brasil intentó hablar con la empresa SDG&E, donde trabajaba Cafferty, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Como reacción a las primeras denuncias de usuarios contra Cafferty en Twitter, la empresa afirmó: “Creemos firmemente que no hay espacio en la sociedad para ningún tipo de discriminación” y añadió que inició una investigación sobre la conducta del entonces todavía empleado.

La cancelación va más allá del típico troleo de internet, con insultos coordinados, frecuente en disputas de opinión entre usuarios de redes.

Es un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada.

Extremadamente frecuente en Estados Unidos, hoy desprestigia también a personas anónimas, gente común como Cafferty.

“Usted puede ser cancelado por algo que diga en medio de una multitud de completos extraños si alguno de ellos lo graba en video, o por un chiste que suene mal en las redes sociales, o por algo que usted dijera o hiciera hace mucho tiempo y de lo que quede algún registro en internet”, escribió el columnista del diario The New York Times Ross Douthat en un artículo sobre el fenómeno de la cancelación.

“Y no hace falta que sea prominente, famoso o político para ser públicamente avergonzado y permanentemente marcado: todo lo que usted necesita hacer es tener un día particularmente malo y las consecuencias pueden durar mientras Google exista

¿Injusticias en el movimiento por la justicia social?

El alcance de la cultura de la cancelación en Estados Unidos ha despertado dudas ante la posibilidad de que se cometan injusticias.

El de Cafferty no es un caso único.

A finales de mayo, un investigador contratado por una consultora política progresista compartió en Twitter el resultado de un estudio que indicaba que, en los años 60, las protestas raciales violentas aumentaron el porcentaje de votos para candidatos republicanos, en cuanto que los actos pacíficos favorecieron a los políticos demócratas en las urnas.

Activistas consideraron que su comentario era una reprimenda a los actos de protesta por la muerte de George Floyd y pasaron a exigir su dimisión. El investigador fue despedido días más tarde.

El mes pasado, una profesora de teatro en Nueva York fue acusada de haberse adormecido durante una reunión online en la que se hablaba de acciones a favor de la justicia racial en el curso.

Una petición firmada por casi 2.000 personas pidió su dimisión, acusándola de racista. La profesora lo niega y alega que estaba descansando la vista mirando para abajo momentáneamente cuando se hizo la foto.

Cruce de cartas

Ante lo que calificaron como “atmósfera sofocante”, un grupo de 150 periodistas, intelectuales, académicos y artistas, considerados progresistas, decidieron publicar en Harper’s Magazine un texto titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”.

Firmada por nombres de peso como el lingüista Noam Chomsky, los escritores JK Rowling y Andrew Solomon, la activista feminista Gloria Steinem, la economista trans Deirdre McCloskey, y el analista político Yascha Mounk, la carta afirma que “el libre intercambio de informaciones e ideas, fuerza vital de una sociedad liberal, se vuelve cada día más restringido”.

Y continúa: “Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está esparciendo ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia a las visiones opuestas, una moda del señalamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”.

JK Rowling

Reuters
Acusada de transfobia, JK Rowling firmó una carta contra la cultura de la cancelación.

En la misma línea, una de las editoras de opinión de The New York Times, Bari Weiss, renunció esta semana por medio de una carta abierta en la que acusa a la publicación de promover un “nuevo macartismo”, en referencia a la patrulla ideológica anticomunista de los años 50 en Estados Unidos.

“Artículos que eran fácilmente publicados hace apenas dos años, ahora colocan a un editor o autor en problemas. Eso si no hace que sea despedido. Si un texto se percibe como probable fuente de reacción interna o en las redes sociales, el editor ni siquiera lo publica”, escribió Weiss, contratada por The New York Times poco después de la elección de Trump en 2016, en un esfuerzo por amplificar la diversidad de voces en el diario.

En un artículo para la publicación The Atlantic, en la que cita el caso de Cafferty, el analista político Yascha Mounk explica por qué firmó el manifiesto.

Mounk aplaude lo que llama “la nueva determinación estadounidense” para desenraizar preconceptos de la sociedad.

“No obstante, sería un enorme error, especialmente para quienes se preocupan por la justicia social, considerar lo que sucedió con Cafferty como un detalle menor o el precio a pagar por el progreso”, escribió Mounk.

La respuesta a la carta dentro del movimiento progresista no tardó en llegar.

Un grupo de periodistas, artistas e intelectuales acusó a los autores de la primera carta de, desde lo alto de su éxito profesional y cómoda posición en el mercado, ignorar las dificultades de las minorías -como la comunidad negra o la comunidad LGBTIQ- en el debate público, en el mundo académico, en las artes, en el periodismo, en el mercado editorial.

“Los firmantes, muchos de ellos blancos, ricos y dotados de grandes plataformas, argumentan que tienen miedo de ser silenciados, que la llamada cultura de la cancelación está fuera de control y que temen por sus empleos y por el libre intercambio de ideas, al mismo tiempo que se expresan en una de las revistas de mayor prestigio del país”, señalan los firmantes del nuevo documento, titulado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto“.

Algunos de los que suscribieron el texto prefirieron permanecer anónimos, citando apenas la institución en la que trabajan, por miedo a las represalias.

Los autores citan por su nombre a algunos de sus antagonistas: mencionan que la escritora JK Rowling estuvo involucrada recientemente en un debate sobre la palabra “mujer”.

Una protesta por los derechos de las personas transgénero

Getty Images
Las activistas transgénero defienden su derecho a autodefinirse como mujeres.

Al comentar un texto que hablaba de “personas menstruantes”, Rowling afirmó: “Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio”.

Su afirmación fue tachada de transfóbica y fue duramente criticada.

La discusión política en torno a la cuestión será larga y beligerante.

Ajeno a ella, Cafferty intenta recuperar su empleo. Demandó a la empresa en la que trabajaba y al hombre que lo fotografió, pero no espera que haya un veredicto antes de un año.

Cafferty dice simpatizar con los movimientos por la justicia racial, pero indica que nunca realizó activismo político en su vida.

“Ni cuenta de Twitter tenía antes de ser cancelado”, subraya.


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https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=82qlWHpSRaw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk

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