De los procesados por La Estafa Maestra ninguno es por delitos graves
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La Estafa Maestra: hay 8 procesados y un sentenciado, pero ninguno por delitos graves

Con excepción de Rosario Robles,no hay nadie encarcelado. Indagatorias se centran en Sedesol y Sedatu de donde se habrían desviado 5 mil millones de pesos, pero no se sabe donde está el dinero y no hay nadie acusado de ocultarlo o enriquecerse con ello.
Cuartoscuro Archivo
30 de septiembre, 2020
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La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que las investigaciones que lleva a cabo por el desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra han permitido procesar, hasta ahora, a nueve exfuncionarios federales del sexenio pasado, uno de los cuales ya fue sentenciado, mientras se alistan cargos en contra de una decena más de posibles implicados.

Los procesados son exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque ninguno de ellos está imputado de delitos graves. Fueron acusados, principalmente, de uso indebido de atribuciones y uno mas de falsedad de declaraciones.

Leer más: Robles acusa presión para delatar a exfuncionarios; pide citar a excolaborador y auditor federal

Además, con excepción de Rosario Robles, ninguno de los exfuncionarios procesados está encarcelado. Aunque se estima que tan solo de las referidas dependencias se habrían desviado más de 5 mil millones de pesos, no hay nadie acusado de haberse robado o apropiado ese dinero, y el destino de los recursos sigue sin ser clarificado.

La Fiscalía presentó el balance de exfuncionarios procesados como parte de los datos de prueba con los cuales busca que un juez condene a 21 años de cárcel a la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles. La información se encuentra dentro del escrito de acusación entregado a un juez federal y al que Animal Político tuvo acceso.

Los procesos abiertos y el que ya llegó a una sentencia surgieron de las denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a partir de irregularidades detectadas en la revisión de múltiples convenios que dependencias federales firmaron con universidades públicas para la realización de diversos servicios.

La firma de los convenios implicó la transferencia de recursos directos, sin licitación, a las universidades y otros entes públicos que, sin embargo, los enviaron a otras empresas que no realizaron los servicios o lo hicieron de forma incompleta. Muchas de esas empresas eran irregularidades o fantasma, como se documentó en el reportaje de La Estafa Maestra.

Los procesados

De la lista de nueve exfuncionarios procesados, el único con sentencia condenatoria hasta ahora es Ezquiel Saúl Orduño Morga, quien fungió como delegado de la Sedesol en el estado de Chiapas. 

No obstante, el detenido solo fue condenado a seis meses de prisión, conmutados por una multa y servicio comunitario.

La sentencia en contra de Orduño Morga se obtuvo luego de que este decidió declararse culpable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades a cambio de obtener una pena reducida.

Por este mismo delito ya se encuentran vinculados a proceso seis exfuncionarios mas de las referidas dependencias: Martha Lidia Montoya Santos en dos casos distintos; Gerardo Ávila García; Armando Saldaña Flores, Juan de Dios Nochebuena Hernández; José Israel Torres García; y José Roberto Aguilar Fuentes.

A ellos se suma el caso de Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Sedatu, quien fue procesado, pero por un delito distinto: falsedad de declaraciones. Esto luego de que la FGR consideró que mintió al declarar que no había firmado convenios en los que si está asentada su rubrica. No obstante, González sostiene que su firma fue falsificada.

La FGR indicó además al juez federal que tiene listos 10 casos más en contra de otros exfuncionarios listos para ser imputados una vez que los jueces correspondientes señalen hora y lugar para las audiencias iniciales correspondientes.

Ninguno de estos exfuncionarios se encuentra encarcelado dado que los delitos que se les imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa y todos se han presentado a las audiencias correspondientes.

Estos casos se suman al iniciado contra la propia Rosario Robles quien fue acusada del delito de ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisiones. Aunque ese ilícito tampoco es de los considerados graves y a que se presentó voluntariamente a la audiencia a la que fue citada, Robles sí fue encarcelada con el argumento de que presentó datos contradictorios sobre su domicilio.

En total, los fiscales indicaron que estos casos son resultado de la apertura de tres averiguaciones previas y 18 carpetas de investigación, más las que se han acumulado a ellas.

¿Dónde está el dinero?

De acuerdo con el reporte entregado por la FGR al Poder Judicial en el caso Rosario Robles, los 25 convenios que la Sedesol y Sedatu firmaron con distintas universidades y entes públicos entre 2013 y 2017 provocaron el posible desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. El destino de todo ese dinero continua sin ser esclarecido.

Ninguno de los exfuncionarios de Sedesol y Sedatu -ni la propia Rosario Robles- han sido imputados de haberse apoderado de al menos un aparte de dichos recursos. Por ello no hay acusaciones en su contra por delitos que sí se consideran graves como enriquecimiento ilícito, peculado o lavado de dinero.

Autoridades federales confirmaron a este medio que existen líneas de investigación en curso tanto en la FGR como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para rastrear el desplazamiento que tuvieron los referidos recursos y cual pudo ser su posible destino.

Una de las indagatorias clave que aún no se resuelve es la iniciada en contra de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, y quien se sospecha que habría organizado y ejecutado directamente el desplazamiento de los recursos públicos junto con otros cómplices.

De acuerdo con una nota publicada en el diario Reforma el pasado 21 de septiembre, la FGR ya detectó que posibles operadores de Zebadúa triangularon la salida de 66 millones de pesos a ocho países distintos de América, Europa y Asia. No obstante, hasta ahora dicha indagatoria no ha sido presentada ante un juez.

En 2019, la FGR intentó proceder en contra de Francisco Baez Álvarez, exdirector de Presupuesto de Sedatu y cercano a Zebadúa, pero un juez federal desestimó las acusaciones en su contra.

Las otras estafas impunes

La Estafa Maestra, publicado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a partir del seguimiento de observaciones de la ASF en 2013 y 2014, documentó el posible desvío de recursos públicos desde 10 dependencias del gobierno federal, entre ellas Pemex, Sedesol, Banobras, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Agricultura y Ganadería, la secretaría de Educación pública, y varias más.

Hasta ahora las investigaciones oficiales se han centrado principalmente en Sedesol y en la Sedatu. Rosario Robles es la única exsecretaria de Estado que ha sido procesada penalmente por presuntas omisiones, pese a que el mismo tipo de convenios se firmó en amplios sectores del gobierno del expresidente Peña Nieto.

La Auditoría Superior, que es la que originalmente detectó las irregularidades, ha enfocado la mayor parte de sus denuncias penales ante la Fiscalía en los casos de Sedesol, Sedatu, y Sagarpa. En cambio, en el caso de Pemex, de donde salió la mayor cantidad de recursos con este mecanismo fraudulento, no se han presentado las denuncias penales correspondientes.

Lo anterior ocurre pese a que en 2019 el titular de FGR, Alejandro Gertz Manero, había señalado que estábamos ante un fraude de Estado y a gran escala, que debería ser indagado como un esquema de delincuencia organizada.

En donde sí se han registrado otro tipo de avance es en las indagatorias de carácter administrativo. El más llamativo hasta ahora fue la inhabilitación por 10 años decretada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Miguel Ángel Lozada, exdirector de la filial Pemex explotación y Producción, quien se encuentra implicado en el esquema fraudulento.

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

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AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

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AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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