De los procesados por La Estafa Maestra ninguno es por delitos graves
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La Estafa Maestra: hay 8 procesados y un sentenciado, pero ninguno por delitos graves

Con excepción de Rosario Robles,no hay nadie encarcelado. Indagatorias se centran en Sedesol y Sedatu de donde se habrían desviado 5 mil millones de pesos, pero no se sabe donde está el dinero y no hay nadie acusado de ocultarlo o enriquecerse con ello.
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30 de septiembre, 2020
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La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que las investigaciones que lleva a cabo por el desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra han permitido procesar, hasta ahora, a nueve exfuncionarios federales del sexenio pasado, uno de los cuales ya fue sentenciado, mientras se alistan cargos en contra de una decena más de posibles implicados.

Los procesados son exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque ninguno de ellos está imputado de delitos graves. Fueron acusados, principalmente, de uso indebido de atribuciones y uno mas de falsedad de declaraciones.

Leer más: Robles acusa presión para delatar a exfuncionarios; pide citar a excolaborador y auditor federal

Además, con excepción de Rosario Robles, ninguno de los exfuncionarios procesados está encarcelado. Aunque se estima que tan solo de las referidas dependencias se habrían desviado más de 5 mil millones de pesos, no hay nadie acusado de haberse robado o apropiado ese dinero, y el destino de los recursos sigue sin ser clarificado.

La Fiscalía presentó el balance de exfuncionarios procesados como parte de los datos de prueba con los cuales busca que un juez condene a 21 años de cárcel a la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles. La información se encuentra dentro del escrito de acusación entregado a un juez federal y al que Animal Político tuvo acceso.

Los procesos abiertos y el que ya llegó a una sentencia surgieron de las denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a partir de irregularidades detectadas en la revisión de múltiples convenios que dependencias federales firmaron con universidades públicas para la realización de diversos servicios.

La firma de los convenios implicó la transferencia de recursos directos, sin licitación, a las universidades y otros entes públicos que, sin embargo, los enviaron a otras empresas que no realizaron los servicios o lo hicieron de forma incompleta. Muchas de esas empresas eran irregularidades o fantasma, como se documentó en el reportaje de La Estafa Maestra.

Los procesados

De la lista de nueve exfuncionarios procesados, el único con sentencia condenatoria hasta ahora es Ezquiel Saúl Orduño Morga, quien fungió como delegado de la Sedesol en el estado de Chiapas. 

No obstante, el detenido solo fue condenado a seis meses de prisión, conmutados por una multa y servicio comunitario.

La sentencia en contra de Orduño Morga se obtuvo luego de que este decidió declararse culpable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades a cambio de obtener una pena reducida.

Por este mismo delito ya se encuentran vinculados a proceso seis exfuncionarios mas de las referidas dependencias: Martha Lidia Montoya Santos en dos casos distintos; Gerardo Ávila García; Armando Saldaña Flores, Juan de Dios Nochebuena Hernández; José Israel Torres García; y José Roberto Aguilar Fuentes.

A ellos se suma el caso de Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Sedatu, quien fue procesado, pero por un delito distinto: falsedad de declaraciones. Esto luego de que la FGR consideró que mintió al declarar que no había firmado convenios en los que si está asentada su rubrica. No obstante, González sostiene que su firma fue falsificada.

La FGR indicó además al juez federal que tiene listos 10 casos más en contra de otros exfuncionarios listos para ser imputados una vez que los jueces correspondientes señalen hora y lugar para las audiencias iniciales correspondientes.

Ninguno de estos exfuncionarios se encuentra encarcelado dado que los delitos que se les imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa y todos se han presentado a las audiencias correspondientes.

Estos casos se suman al iniciado contra la propia Rosario Robles quien fue acusada del delito de ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisiones. Aunque ese ilícito tampoco es de los considerados graves y a que se presentó voluntariamente a la audiencia a la que fue citada, Robles sí fue encarcelada con el argumento de que presentó datos contradictorios sobre su domicilio.

En total, los fiscales indicaron que estos casos son resultado de la apertura de tres averiguaciones previas y 18 carpetas de investigación, más las que se han acumulado a ellas.

¿Dónde está el dinero?

De acuerdo con el reporte entregado por la FGR al Poder Judicial en el caso Rosario Robles, los 25 convenios que la Sedesol y Sedatu firmaron con distintas universidades y entes públicos entre 2013 y 2017 provocaron el posible desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. El destino de todo ese dinero continua sin ser esclarecido.

Ninguno de los exfuncionarios de Sedesol y Sedatu -ni la propia Rosario Robles- han sido imputados de haberse apoderado de al menos un aparte de dichos recursos. Por ello no hay acusaciones en su contra por delitos que sí se consideran graves como enriquecimiento ilícito, peculado o lavado de dinero.

Autoridades federales confirmaron a este medio que existen líneas de investigación en curso tanto en la FGR como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para rastrear el desplazamiento que tuvieron los referidos recursos y cual pudo ser su posible destino.

Una de las indagatorias clave que aún no se resuelve es la iniciada en contra de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, y quien se sospecha que habría organizado y ejecutado directamente el desplazamiento de los recursos públicos junto con otros cómplices.

De acuerdo con una nota publicada en el diario Reforma el pasado 21 de septiembre, la FGR ya detectó que posibles operadores de Zebadúa triangularon la salida de 66 millones de pesos a ocho países distintos de América, Europa y Asia. No obstante, hasta ahora dicha indagatoria no ha sido presentada ante un juez.

En 2019, la FGR intentó proceder en contra de Francisco Baez Álvarez, exdirector de Presupuesto de Sedatu y cercano a Zebadúa, pero un juez federal desestimó las acusaciones en su contra.

Las otras estafas impunes

La Estafa Maestra, publicado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a partir del seguimiento de observaciones de la ASF en 2013 y 2014, documentó el posible desvío de recursos públicos desde 10 dependencias del gobierno federal, entre ellas Pemex, Sedesol, Banobras, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Agricultura y Ganadería, la secretaría de Educación pública, y varias más.

Hasta ahora las investigaciones oficiales se han centrado principalmente en Sedesol y en la Sedatu. Rosario Robles es la única exsecretaria de Estado que ha sido procesada penalmente por presuntas omisiones, pese a que el mismo tipo de convenios se firmó en amplios sectores del gobierno del expresidente Peña Nieto.

La Auditoría Superior, que es la que originalmente detectó las irregularidades, ha enfocado la mayor parte de sus denuncias penales ante la Fiscalía en los casos de Sedesol, Sedatu, y Sagarpa. En cambio, en el caso de Pemex, de donde salió la mayor cantidad de recursos con este mecanismo fraudulento, no se han presentado las denuncias penales correspondientes.

Lo anterior ocurre pese a que en 2019 el titular de FGR, Alejandro Gertz Manero, había señalado que estábamos ante un fraude de Estado y a gran escala, que debería ser indagado como un esquema de delincuencia organizada.

En donde sí se han registrado otro tipo de avance es en las indagatorias de carácter administrativo. El más llamativo hasta ahora fue la inhabilitación por 10 años decretada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Miguel Ángel Lozada, exdirector de la filial Pemex explotación y Producción, quien se encuentra implicado en el esquema fraudulento.

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El arresto de personas protestando contra la monarquía en Reino Unido genera preocupaciones por la libertad de expresión

Activistas critican la actuación policial en los actos que marcan el ascenso al trono del rey Carlos III.
13 de septiembre, 2022
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Activistas por la libertad de expresión en Reino Unido han calificado los arrestos de manifestantes antimonárquicos tras la muerte de la reina Isabel II como “profundamente preocupantes”.

En los últimos días, la policía de Escocia ha arrestado a dos personas, mientras que en Oxford arrestaron a un hombre, que poco después fue liberado.

Los arrestos se produjeron en eventos de homenaje tras la muerte de la reina y la profanación del rey Carlos III como nuevo monarca británico.

En Londres, donde ya han comenzado las colas para la capilla ardiente, la Policía Metropolitana dijo que la gente “tiene derecho a protestar“.

El domingo, una mujer de 22 años fue acusada de haber contribuido al quebrantamiento de la paz y fue arrestada durante la proclamación de acceso al trono de Carlos III frente a la Catedral de St. Giles en Edimburgo.

Más tarde fue liberada y tendrá que comparecer en el Tribunal del Sheriff de la ciudad escocesa próximamente.

Ese mismo día, Symon Hill, de 45 años, fue arrestado bajo sospecha de que cometió un delito de orden público después de que gritara “¿Quién lo eligió?” durante un acto en torno a la proclamación del rey en Oxford.

La policía local informó que el hombre luego fue liberado y estaba colaborando con los oficiales “voluntariamente”.

“Profundamente preocupante”

El lunes, un joven de 22 años fue arrestado tras ser acusado de quebrantar la paz luego de que supuestamente interrumpiera al príncipe Andrés mientras la procesión real avanzaba por la avenida Royal Mile de Edimburgo.

Ruth Smeeth, directora ejecutiva de Index on Censorship, una organización británica que aboga por la libertad de expresión, aseguró que los arrestos eran “profundamente preocupantes”.

“Debemos evitar que este evento se use, por accidente o diseño, para erosionar de alguna manera la libertad de expresión que los ciudadanos de este país disfrutar”, agregó.

Buckingham Palace

Reuters
Se espera que un gran número de personas acuda a Londres durante los próximos días.

Por su parte, Silkie Carlo, directora de la asociación Big Brother Watch, señaló que los agentes de policía tenían el “deber de proteger el derecho de las personas a protestar tanto como el de facilitar el derecho de las personas a expresar su apoyo, pesar o presentar sus respetos”.

“No es mi rey”

Jodie Beck, oficial de políticas y campañas de Liberty, dijo que era “muy preocupante ver a la policía haciendo valer sus amplios poderes de una manera tan dura y punitiva”.

“La protesta no es un regalo del Estado, es un derecho fundamental“, añadió.

También el lunes, la policía se llevó a un manifestante que sostenía un cartel que decía “No es mi rey” frente al Parlamento, en Londres, antes de la llegada del rey al edificio.

La Policía Metropolitana explicó que le pidieron a un miembro del público en las afueras del Palacio de Westminster que se moviera “para facilitar el acceso y la salida de los vehículos a través de las puertas” e insistió en que el hombre no fue arrestado ni se le pidió que abandonara el área más amplia.

El cuerpo policial también respondió a un video que circula en las redes sociales en el que se escucha a un oficial pidiendo los detalles de un hombre que había levantado una hoja de papel en blanco mostrando la intención de escribir en ella “No es mi rey”.

En el video se escucha al oficial, que supuestamente pertenece a otra fuerza contratada para ayudar a la Policía Metropolitana, decir que el mensaje “puede ofender a las personas”.

Oficiales de policía desplegados a lo largo de la Royal Mile de Edimburgo

EPA
Oficiales de policía desplegados a lo largo de la avenida Royal Mile de Edimburgo.

Una declaración del subcomisionado adjunto Stuart Cundy dice: “El público tiene absolutamente el derecho de protestar y se lo hemos dejado claro a todos los oficiales involucrados en la operación policial extraordinaria que se lleva a cabo actualmente”.

Alrededor de 1.500 militares trabajarán junto con la policía y los delegados civiles para gestionar la gran cantidad de personas que se espera que acudan a Londres esta semana.

El nuevo comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, aseguró que su fuerza enfrentaba un “enorme desafío“.

“Tendremos un evento seguro, pero vamos a poner a miles de oficiales en esto debido al nivel de seguridad requerido y (para garantizar la seguridad de) millones de personas que quieren presentar sus respetos”, explicó.

El portavoz del primer ministro no hizo comentarios sobre los arrestos, pero comentó que este era “un período de luto nacional” para la “gran mayoría” del país.

“Pero el derecho fundamental a la protesta sigue siendo la piedra angular de nuestra democracia”, afirmó.


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