Las claves de la acusación con que FGR pide 21 años de cárcel para Robles
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Cuartoscuro Archivo

FGR arma acusación contra Robles usando como testigos a 18 funcionarios y exfuncionarios de Sedesol y Sedatu

Mas del 60% de las pruebas de la Fiscalía son oficios y testimonios de funcionarios y exfuncionarios de la Auditoria Superior. Ofrece solo un peritaje propio. Pide que Rosario Robles devuelva 5 mil millones, aunque no acredita que ella los tenga.
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25 de septiembre, 2020
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La Fiscalía General de la República (FGR) buscará que un juez condene a la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles a 21 años de prisión, a partir de una acusación por presuntas omisiones construida con 288 pruebas, más del 60% de ellas extraídas de trabajos previos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La acusación formal presentada por la FGR ante un juez federal tras un año de investigaciones – a la que Animal Político tuvo acceso – ofrece como testigos principales a los auditores que indagaron posibles desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu de 2013 y 2018, entre ellos el exauditor general Juan Manuel Portal, y la exauditora forense Muna Dora Buchahin.

En la indagatoria se incluye un solo peritaje en contabilidad realizado por la propia FGR. El resto de las pruebas son testimonios de funcionarios de las referidas dependencias, citados para que repitan que Robles no dejó algún oficio donde ordenara detener los pagos irregulares a través de convenios con universidades.

La FGR también ofrece al juez las copias de los convenios, los antecedentes de procesos iniciados contra otros exfuncionarios de menor rango, y 13 discos compactos con presentaciones en Power Point que resumen lo anterior.

Según la FGR, las presuntas omisiones en las que incurrió Rosario Robles permitieron un desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos del erario. Aunque la fiscal responsable de presentar la acusación reconoce que no se le imputa el desvío como tal (en la indagatoria no hay trabajo de seguimiento de cuentas bancarias ni propiedades), sí se pide que devuelva el dinero.

Como ya se conocía, la FGR solicita en su acusación una pena máxima de 21 años en contra de Robles, aunque también se dice abierta a negociar con la defensa una salida alterna que evite ir a juicio.

A continuación, Animal Político adelanta los puntos clave de esta acusación que será expuesta oralmente en una audiencia programada para el próximo 26 de octubre y en la que Robles ya recibió autorización judicial para estar presente físicamente.

La acusación: omisiones

En el escrito de 53 páginas presentado por la agente del MP Federal Teresa Maldonado Rodríguez ante el juez de control del Reclusorio Sur, se acusa a Rosario Robles Berlanga, presa desde hace un año de forma preventiva en el penal femenil de Santa Martha, de cometer dos cargos de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de omisión.

Ello ya que, según la FGR, Robles no impidió ni denunció la firma de convenios que las dependencias que encabezó – Sedesol y Sedatu – realizaron con universidades públicas, y que de acuerdo con auditorías de la ASF facilitaron el desvío de recursos hacia empresas irregulares o fantasma.

Lo anterior, subraya la agente ministerial, era del conocimiento de la exfuncionaria, pues existen siete testimonios (cuatro de funcionarios de ASF y tres de subordinados suyos) en los que le manifestaron que había irregularidades en los convenios, a lo que se suman seis informes de auditoría, ocho dictámenes técnicos, y demás documentos de la misma Auditoría Superior.

“No obstante de saber de estos actos ilegales, Robles no hizo nada para evitarlo ni tampoco informó por escrito a su superior jerárquico, con lo cual permitió que se afectara gravemente el patrimonio del pueblo nacional (…) involucrando con ello a diversas instituciones de Estudios Superiores, multiplicando con lo anterior la crisis financiera que presentaban, lo que dañó irreparablemente la Educación Pública Superior del país” subraya la acusación.

La fiscal Maldonado sostiene textualmente que el fraude que Robles no habría detenido es conocido como “La Estafa Maestra”. Dicho título hace referencia a un reportaje publicado por este medio en 2017 donde se documentó el posible desvío de miles de millones de pesos de una decena de dependencias federales (no solo de Sedesol o Sedatu).

Las pruebas contra Robles

Para convencer al juez de que Robles es culpable la FGR ofreció 288 datos de prueba, la mayor parte de ellos documentos y testimonios de personas que a su vez aportan los referidos oficios.

De 56 testigos que la fiscalía ofrece 35 son funcionarios o exfuncionarios de la ASF entre los que destacan el extitular de dicho organismo, Juan Manuel Portal, y la exdirectora General de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin. A ellos se suman directores, auditores, jefes de departamento, coordinadores, entre otros subordinados.

La utilidad de esos testigos, señalan los fiscales, es que declaren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las auditoras en Sedesol y Sedatu y las notificaciones de estas. Y a su vez que corroboren la entrega de los documentos que también forman parte de las pruebas.

Además, la FGR también presentó como testigos a 18 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) y de la Sedatu con la finalidad de que corroboren que la ASF alertó de irregularidades en los convenios firmados con diversas instituciones públicas, y de que no existe oficios en donde Robles ordenara detener estos pagos o lo reportara a su “superior jerárquico”.

Por otro lado, los fiscales también ofrecieron 231 pruebas documentales de las cuales 145 son los dictámenes, oficios y notificaciones de la propia ASF relacionados con las irregularidades detectadas en las dependencias de Robles, y las denuncias que dieron pie a las mismas. Muchos de estos documentos son ofrecidos por los mismos testigos que han sido citados.

A ellos se suman 57 documentos que corresponden a copias de los convenios y los anexos firmados por las dependencias y analizados en su momento por la Auditoría.

El resto de las pruebas documentales corresponden a oficios de los mismos funcionarios y exfuncionarios federales citados como testigos en los que se notifica que hay irregularidades reportadas por la ASF, o en donde se corrobora que no hay instrucción para que eso se detuviera. A su vez los fiscales aportarán constancias que corroboran que otros funcionarios de menor rango de las referidas dependencias han sido procesados.

Por lo que corresponde a peritajes practicados por la propia FGR, la acusación solo oferta uno en materia de contabilidad firmado el 2 de julio de 2019 por la especialista María de Lourdes Becerra Pérez. Como pruebas materiales no se oferta ninguna, y como otras pruebas se ofrecen 13 discos compactos con presentaciones de Power Point que resumen todo lo anterior.

En la acusación no se advierte de ningún tiempo de seguimiento a cuentas bancarias, al destino de los recursos presuntamente desviados, o a evidencia de otro tipo.

La pena: dos décadas, cinco mil millones o que confiese

En la parte final de la acusación la FGR detalla la sanción que solicita que se aplique a Robles. Como ya se había informado previamente, la agente del MP Maldonado Rodríguez pide la pena máxima de 21 años de cárcel por presuntas omisiones de la exfuncionaria tanto en Sedesol como Sedatu. Ello además de una multa de 3.5 millones de pesos.

No obstante, en el apartado de reparación del daño la fiscal señala que si bien el delito del que se acusa a Robles no tuvo un resultado material sino que es formal (un comportamiento) consideran que es procedente que pague los 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos que presuntamente fueron desviados con los convenios que ella no impidió.

Lo anterior pese a que ni en la acusación ni en ninguna otra investigación se señala a Robles de haberse quedado o enriquecido con al menos una fracción del dinero desviado de las mencionadas dependencias. De hecho, un dictamen sobre su evolución patrimonial realizado por la Secretaría de la Función Pública no arrojó irregularidades.

La Fiscalía concluye la acusación señalando que aun cuando se piden las penas mas graves contra la exfuncionaria, está en “la mejor disposición” de negociar con la defensa una terminación anticipada del proceso. Aunque no se detalla, la salida mas probable sería un proceso abreviado que implicaría que Robles se declare culpable y renuncie ir a juicio, todo a cambio de una condena reducida.

Lo que sigue: la respuesta de Rosario y audiencia clave

Tras la acusación formal presentada por la FGR en contra de Robles el proceso se acerca a una fase de definición. En los próximos días será la defensa de la exfuncionaria quien, por escrito, responderá a los hechos que se le imputan y ofrecerá sus propias pruebas de cara al juicio.

Luego vendrá la exposición oral de la acusación y la respuesta de la defensa en una audiencia denominada intermedia, que como este medio ya había adelantado ha sido programada para el próximo 26 de octubre en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Sur en la Ciudad de México.

Se trata de una audiencia clave pues es la última previo al juicio oral, y en ella se definirá qué pruebas de las partes se mantienen y cuales son desechadas.

Cabe señalar que, pese a encontrarse dentro del grupo de personas vulnerables de contraer COVID, Robles solicitó formalmente al juez federal Jesús Delgadillo Padierna que le permita asistir presencialmente a la referida audiencia intermedia. El pasado 18 de septiembre el juez aceptó dicha solicitud, por lo que ordenó a las autoridades del penal de Santa Martha que el día de la audiencia permitan el traslado de robles al Reclusorio Sur, previa certificación de su estado de salud.

La restricción que sí se mantiene hasta ahora de parte del Poder Judicial Federal es la de permitir la entrada al público a la audiencia. Ello por las medidas sanitarias relacionadas con el COVID que hasta ahora están vigentes hasta el 31 de octubre.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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