Fiscalía de Edomex obstaculiza investigación de caso Atenco, denuncian víctimas
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Cuartoscuro Archivo

Víctimas de caso Atenco acusan a Fiscalía de Edomex de obstaculizar investigación; presentan amparo

El pasado 8 de julio las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía mexiquense.
Cuartoscuro Archivo
13 de septiembre, 2020
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Mujeres víctimas de tortura sexual durante los disturbios de Atenco en 2006 (en los que murieron dos personas y más de 200 fueron detenidas) presentaron el 8 de julio un amparo contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la que acusan de obstaculizar la investigación. Según explicó el Centro Pro de Derechos Humanos, que representa a las víctimas, “la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal”.

El amparo exige que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), que en opinión de las agraviadas “tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres”.

Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales.  “La violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”, dice el fallo.

Según el comunicado del Centro Pro y el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía de Edomex su intención de atraer la investigación. Sin embargo, la Fiscalía de Edomex no contestó el requerimiento de la FGR durante casi ocho meses. Tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la respondió formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos. “La teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco”, dice el comunicado.

“La sentencia de la Corte IDH expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco”, dice el documento.

El juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020. Ahora será el juez quien determine si el caso sigue en manos de la Fiscalía de Edomex o pasa a la FGR.

“Esperamos que el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de los hechos, tal como indica la sentencia de la Corte IDH”, dice el comunicado.

El 3 de mayo de 2006 se produjeron los hechos en San Salvador de Atenco, Estado de México. Un operativo policial contra integrantes de grupos indígenas derivó en enfrentamientos. Dos personas murieron, más de 200 fueron detenidas y 26 mujeres denunciaron torturas sexual durante su encierro. En aquellos momentos, Enrique Peña Nieto, que posteriormente fue elegido como presidente de la República, era el gobernador del Edomex.

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Senado de Estados Unidos aprueba el primer proyecto de ley de control de armas en décadas

El histórico proyecto de ley es un raro momento de cooperación entre los partidos demócrata y republicano sobre medidas para el control de armas.
24 de junio, 2022
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El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de control de armas, en la legislación sobre armas de fuego más importante en casi 30 años.

La medida fue aprobada por 65 contra 33, con 15 senadores republicanos unidos a los demócratas en la cámara alta del Congreso.

El proyecto de ley surge tras los tiroteos masivos del mes pasado en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y una escuela primaria en Uvalde, Texas, que dejaron 31 muertos.

Ahora tendrá que aprobarse en la Cámara de Representantes antes de que el presidente Biden pueda convertirlo en ley.

En un comunicado emitido después de la votación, el presidente pidió a los miembros de la Cámara que “voten de inmediato sobre este proyecto de ley bipartidista y lo envíen a mi escritorio”.

“Esta noche, después de 28 años de inacción, los miembros bipartidistas del Congreso se unieron para atender el llamado de las familias de todo el país y aprobaron una legislación para abordar el flagelo de la violencia armada en nuestras comunidades”, declaró Biden.

Las familias en Uvalde y Buffalo, y demasiados tiroteos trágicos anteriores, han exigido acción. Y esta noche, actuamos”.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, prometió pasar el proyecto de ley rápidamente, a pesar de que el líder republicano Kevin McCarthy instó a sus miembros a votar en contra de éste.

“Mañana a primera hora, el Comité de Reglas se reunirá para llevar al pleno esta legislación que salva vidas”, indicó Pelosi después de la votación el jueves.

Por debajo

Aunque significativas, las propuestas están muy por debajo de lo que muchos demócratas y activistas han pedido.

Las reformas incluyen verificaciones de antecedentes más estrictas para compradores menores de 21 años y US$15.000 millones en fondos federales para programas de salud mental y mejoras de seguridad escolar.

También pide fondos para alentar a los estados a implementar leyes de “bandera roja” para retirar las armas de fuego de las personas consideradas una amenaza.

Y cierra el llamado “vacío legal del novio” al bloquear la venta de armas a los sujetos condenados por abusar de parejas íntimas no casadas.

Senador John Cornyn

Getty Images
El senador de Texas John Cornyn fue uno de los republicanos que apoyó un acuerdo de compromiso tras el tiroteo de Uvalde.

El proyecto de ley también es importante porque es la primera vez en décadas que las reformas propuestas reciben este nivel de apoyo tanto de demócratas como de republicanos.

Históricamente, los esfuerzos para fortalecer las leyes de armas de Estados Unidos han sido bloqueados por el partido republicano.

Los 50 demócratas, incluidos los miembros más conservadores del partido, los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, se unieron a los republicanos negociadores, incluido el líder del partido en el Senado, Mitch McConnell, y el aliado cercano de Trump, Lindsey Graham.

Una gran cantidad de organizaciones de defensa tradicionalmente de tendencia conservadora, incluida la Orden Fraternal de Policía y la Asociación Internacional de Jefes de Policía, también respaldaron el proyecto de ley.

Sin embargo, dos tercios de los republicanos se opusieron a la legislación, y todos los que la respaldaron, excepto Lisa Murkowski de Alaska y Todd Young de Indiana, no se enfrentarán a los votantes este año o han anunciado su intención de no buscar la reelección.

El senador de Texas Ted Cruz, a quien se apunta ampliamente para buscar la nominación presidencial republicana en 2024, condenó el proyecto de ley como un intento de “tratar de desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de tomar medidas serias para proteger a nuestros niños”.

Joe Biden

Getty Images
El presidente Joe Biden ha estado pidiendo medidas más firmes de control de armas tras los tiroteos recientes.

“Pasos en la dirección correcta”

El presidente Biden dijo a principios de este mes que las propuestas eran “pasos en la dirección correcta”, pero aún no son suficientes.

Biden ha presionado por reformas más importantes, incluida la prohibición de las armas de asalto, que se usaron en los tiroteos masivos de Texas y Buffalo el mes pasado, o al menos un aumento en la edad a la que se pueden comprar.

Se cree que el atacante en Texas compró dos rifles semiautomáticos días después de cumplir 18 años.

EE.UU. tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego entre las naciones ricas del mundo: más de 20.900 personas han muerto por violencia armada en el país este año, incluidos homicidios y suicidios, según Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin fines de lucro.

Pero también es un país donde muchos aprecian los derechos de armas que están protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución para “tener y portar armas”.

La última legislación federal significativa sobre el control de armas se aprobó en 1994 y prohibió la fabricación para uso civil de rifles de asalto y cargadores de gran capacidad, pero expiró una década después.

Después del tiroteo en la escuela Sandy Hook de 2012 en Connecticut, en el que murieron 20 niños y seis adultos, los intentos de endurecer las leyes no lograron obtener suficientes votos en el Congreso.

La votación del jueves ocurrió horas después de que la Corte Suprema anulara una ley de Nueva York que restringía quién puede portar un arma legalmente, ampliando efectivamente los derechos de portación de armas e ilustrando la profunda división en los Estados Unidos sobre el tema.

El tribunal determinó que el requisito de Nueva York de que los residentes demuestren “causa justificada” -o una buena razón- para portar armas de fuego ocultas en público viola la Constitución.

McConnell dijo que la decisión de la corte, combinada con la legislación del jueves, logró “dos victorias históricas”.


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