ITAM amenaza a víctimas de acoso con correrlas si hablan de procesos internos
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ITAM amenaza a víctimas de acoso con correrlas si hablan de procesos internos

A las trabajadoras y alumnas se les pide mantener en secreto lo que ocurra con el proceso interno de investigación, bajo amenaza de ser expulsadas o despedidas.
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25 de septiembre, 2020
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Si una alumna o trabajadora del  Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) quiere denunciar formalmente en la institución que fue víctima de acoso o abuso sexual por otro miembro de la comunidad escolar, tiene que comprometerse por escrito a mantener en secreto lo que ocurra con el proceso interno de investigación, bajo amenaza de ser expulsada o despedida.

Animal Político posee copia de la carta compromiso de confidencialidad que se pide firmar a quien denuncia para “no divulgar, dar a conocer, compartir, revelar, transmitir, reproducir o copiar total o parcialmente” ninguna información referente a su denuncia.

Cuestionado sobre este requisito, el ITAM aclaró que eso no quiere decir que las víctimas no puedan hacer público que denunciaron a alguien, pero no pueden hablar de cómo se maneje la situación al interior del Instituto.

La carta compromiso exige no “guardar” ni “conservar” la información del procedimiento, aún después de lo que dure la investigación.

“Esta obligación de confidencialidad perdurará aun cuando concluya el proceso, por lo que guardaré reserva de la misma durante un periodo indefinido”, indica la carta.

”Estoy consciente que de incumplir las obligaciones establecidas aquí suscritas, incurriré en una falta de probidad y me haré acreedor o acreedora a una baja definitiva del ITAM, o bien a una rescisión de mi contrato o convenio de prestación de servicios profesionales”, señala.

Esta sanción es más grave a la recibida por un maestro, estudiante o trabajador acosador, ya que el protocolo contra el acoso considera solo una amonestación o la suspensión provisional a los acosadores, además de la separación definitiva.

El documento a firmar, que es el mismo para víctimas y agresores —denominados “parte quejosa” y “parte acusada”— y para testigos, agrega que se pueden generar responsabilidades “conforme a las disposiciones legales aplicables” si se viola el acuerdo.

“De esta manera, me comprometo a sacar en paz y a salvo al ITAM, así como a sus directivos, funcionarios, empleados y colaboradores de cualquier procedimiento, instancia, denuncia, queja, querella, indemnización o sanción (cualquiera que sea el nombre o denominación legal que le corresponda) que llegare a instaurarse o imponerse en caso de incumplimiento a las obligaciones de confidencialidad, sigilo y no divulgación aquí asumidas”, finaliza la carta.

Las únicas excepciones son si la información se hizo pública sin que tuvieran que ver en ello las personas involucradas, o si hay una orden judicial, pero en este último caso, compromete a la víctima a que primero le notificará al ITAM antes de hablar con una autoridad legal.

El ITAM inició el año, como otras universidades privadas y públicas, con una ola de denuncias públicas exhibidas en un “tendedero” colgado en la llamada plaza roja de sus instalaciones, que retiró inmediatamente, por lo que alumnas acusaron que intentaban silenciarlas. La escuela dijo que al ser anónimas vulneraban los derechos de los implicados y llamó a presentar denuncias formalmente.

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Después creó una Subdivisión de Género, Diversidad e Inclusión, y actualizó su protocolo contra el acoso sexual. En ese documento ya viene estipulado que todos los que tengan parte en una denuncia firmarán un acuerdo de confidencialidad sobre ella, para que se quede como un procedimiento interno sin consecuencias legales, y especifica la protección al nombre de los agresores aun cuando sean encontrados culpables.

“El nombre de la persona contra quien se realiza la queja no se revelará por parte del Instituto, ni por ninguno de los miembros del comité institucional contra el acoso sexual o del comité investigador, incluyendo el caso de un dictamen desfavorable a esta persona y que resulte en la aplicación de consecuencias y sanciones”, señala.

A pregunta expresa de Animal Político sobre este tema, el Instituto respondió por escrito que su protocolo sigue en revisión y reiteró su postura sobre la confidencialidad:

“Conscientes de la necesidad de respetar los derechos humanos de víctimas y victimarios, la Política del ITAM en contra del acoso sexual establece la obligación de confidencialidad con respecto al procedimiento, para permitir a los Comités evaluar los casos con apego a la legalidad. Es decir, estamos comprometidos con proteger el derecho de las partes, por eso acatamos la normatividad en materia de protección de datos personales. Es importante destacar que la confidencialidad es sólo con respecto al procedimiento, y no afecta la libertad de expresión de las partes sobre su sentir y su pensar”, señaló.

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Solo un agresor de 38 denunciados recibió sanción

Mariana (seudónimo) creía haber dejado atrás lo que le pasó en sus primeros semestres como estudiante del ITAM. Pero a principios de año, cuando surgieron las denuncias, un amigo le comentó que estaban “inventando cosas” contra la escuela. Indignada, le relató todas las veces que sus profesores le hicieron comentarios sobre cómo iba vestida, insinuaciones y hasta cuando uno de ellos trató de besarla.

Entonces decidió tomarle la palabra a la universidad cuando recomendó presentar denuncias formales, y fue a presentar más de una.

La denuncia se debe poner por escrito y puede dejarse en buzones colocados para ello, pero siempre hay que ratificarla en persona. Cuando Mariana lo hizo, aunque el protocolo contra el acoso dice que se debe ofrecer a las quejosas atención psicológica, lo más que recibió fue un pañuelo de parte de una secretaria porque estaba llorando mientras escribía.

Después, por la contingencia causada por la pandemia de COVID-19, el proceso se atrasó mucho más de los dos meses que estipula el protocolo. Y sin embargo, más de una vez recibió mensajes recordándole que firmó un acuerdo de confidencialidad por el que no puede hacer público nada.

En conversaciones con otras mujeres de la comunidad ITAM y en redes sociales ha visto un clima de duda sobre si realmente vale la pena apostar a un proceso interno de investigación más que a una denuncia pública, sobre todo viendo los resultados: de acuerdo con el “Reporte sobre Género, Diversidad, Inclusión y Acoso Sexual. Primavera 2020”, presentado este mes por el propio ITAM, de 38 agresores denunciados entre enero y mayo de 2020, solo uno fue sancionado con baja definitiva.

La consecuencia más común ante las denuncias, en ocho casos, fue emitir “llamados de atención” para que no repitan las conductas por las que fueron denunciados. En otros cuatro casos se dio instrucción a los agresores —denominados en el documento “personas acusadas”— de redactar una carta a sus víctimas para expresarles una “sincera y genuina disculpa”.

En otros cuatro casos se emitió una amonestación y en tres se les instruyó que busquen ayuda psicológica. Solo en otros tres casos hubo una recomendación para no volver a contratar al profesor denunciado.

11 quejas seguían en trámite. Los acusados fueron estudiantes en 25 de ellas, profesores en 12 y una persona ajena a la comunidad ITAM.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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