Las razones por las que México tiene la mayor letalidad por COVID en AL
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Las razones por las que México es el país con mayor letalidad por COVID en Latinoamérica

En un estudio, que considera variables de población, sanidad y socioeconómicas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela una radiografía de cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los países de la región y cómo ha sido la respuesta de los gobiernos.
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24 de septiembre, 2020
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México aparece como el país de América Latina y el Caribe con la tasa de letalidad más alta entre las personas afectadas por COVID-19, en un estudio presentado por la Revista Panamericana de Salud Pública, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El objetivo de la investigación fue analizar la evolución de la pandemia de COVID y la capacidad de respuesta en países de América Latina y el Caribe, durante los primeros 90 días de epidemia (desde el primer caso confirmado en cada país) y su asociación con variables relacionadas con las medidas de salud pública y características demográficas, sanitarias y sociales.

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La mayor tasa de letalidad (porcentaje de personas que fallecieron por la enfermedad entre el número de afectados por ésta) se identificó en México (11%), seguido de Ecuador (8.6%) y Brasil (6.2%). Las menores tasas se observaron en Venezuela (0.8%) y Costa Rica (0.9%). La tasa de letalidad promedio fue de 3.4 %.

Pero hay varios factores que inciden en esta medición.

Aunque el estudio explica que si se analiza la tasa de incidencia acumulada de casos positivos, la de letalidad y la cantidad de pruebas hechas a la población para confirmar la infección, se observa que hay países como Chile y Panamá con alta tasa de incidencia de casos a los 90 días pero baja letalidad, lo que puede explicarse por la mayor cantidad de pruebas realizados por millón de habitantes en ese país.

Es decir, si un país hace más pruebas, detectará más casos positivos, su universo de personas detectadas con la infección es más grande y entonces cuando se compara este número de positivos con el de fallecidos por la enfermedad, parece que han muerto menos personas por COVID en ese país, pero esto puede estar relacionado a que en otras naciones se ha detectado un universo menor de infectados y al hacer la comparación parece que el virus ha matado a más.

La mayor proporción de test por millón de habitantes, se explica en el estudio de OPS, se registró en Chile, seguido de El Salvador, Uruguay y Panamá; se identificó, además, una falta de registro de este indicador en algunos países.

En México, en los primeros meses de la epidemia, el gobierno federal anunció que solo se le haría la prueba de COVID al 100% de los casos con cuadros graves de la enfermedad y solo al 10% de las personas con síntomas leves. Eso dejó al país con un universo reducido para medir letalidad y con una muestra de personas con alta probabilidad de morir.

Otro factor que puede influir en la tasa de letalidad es la estructura demográfica de los casos y las muertes. En países europeos, como España e Italia, se observó que, si bien el número de testeos también puede tener un efecto, el hecho que una gran proporción de la población adulta mayor se haya contagiado hace que aumente la proporción de muertes y por lo tanto la letalidad.

Una mayor letalidad también puede estar relacionada con la disponibilidad de recursos en salud para hacer frente a la pandemia. En los sistemas con menores recursos de infraestructura y recursos humanos puede haber un mayor número de muertes, y viceversa.

Debido a todos esos factores en juego, es que al hacer otro tipo de medición, los números y la posición de las naciones cambia. Si se analiza lo que OPS llama Tasa Cruda de Mortalidad, TCM, (número de fallecidos en la población general de un país, en este caso por cada millón de habitantes), el que sale con la tasa más alta ya no es México sino Ecuador (187.8), seguido de Perú (148.4) y Brasil (106.6).

México registra en este caso una tasa de mortalidad por COVID por cada millón de habitantes de 66.7, porque aquí se está considerando a toda esa población y no solo a los que dieron positivo en la prueba.

Las menores tasas de mortalidad se registraron en Venezuela (0.8), Costa Rica (1.2), Paraguay (1.3), Uruguay (6.6), Haití (7), Cuba (7.3) y Nicaragua (8.3). Aunque en este indicador se debe considerar que en muchos países hay un subregistro alto de fallecimientos por COVID. Para la región en general, la  TCM promedio fue de 43.1 muertes por millón de habitantes.

De acuerdo con esta tasa, los países más afectados por la pandemia hasta el momento analizado fueron Ecuador, Perú y Brasil. Las TCM de estos países fueron superiores a las observados en la mayoría de los de Europa a los 85 días de comenzada la pandemia en ese continente, aunque inferiores a las de algunos países, como Bélgica, Francia, Italia y España.

El análisis de correspondencia múltiple (los factores que influyen) demostró que el tamaño de la población es la variable que más estuvo asociada a la TCM. Los países más poblados tienen una mayor proporción de grandes ciudades densamente pobladas, lo que provoca un mayor contacto entre la población. Esto ocurre en países como México y Brasil, que además no implementaron medidas tan drásticas como otros.

Otras variables asociadas a una TCM alta fue una proporción media de población que vive con menos de un dólar al día (en México esta es de 0.5, mientras que en Haiti es de 7.9) y una proporción media de población que accede a servicios de sanidad básicos (en México esta es de 91.2%).

Además, la TCM se asoció con un nivel bajo de prevalencia de diabetes. Esta enfermedad crónica no transmisible se asocia con una mayor probabilidad de muerte por COVID-19. En México, el porcentaje de prevalencia de diabetes (20 a 79 años) es de 13.1%, el más alto de toda la región, seguido del de Nicaragua, con 11.5% y Guatemala, con 10.2%. En Argentina ese porcentaje es de 5%.

Otra variable asociada a la TCM fue un nivel bajo de camas hospitalarias. En México, el número de camas hospitalarias por cada mil habitantes, de acuerdo a los datos del estudio de OPS, es de 1.5 por cada mil habitantes; mientras que en Cuba es de 5.2, en Argentina de 5.0 y en Uruguay de 2.8.

Sobre la tasa de incidencia acumulada promedio para la región (el número de casos nuevos positivos), el estudio señala que fue de 1267.8 casos por millón de habitantes. La mayor tasa de incidencia se observó en Perú (5426.3), seguido de Chile (5214.8), Panamá (3709.1) Ecuador (2180.5) y Brasil (1708.8); las menores se identificaron en El Salvador (58.1) y Venezuela (98.9).

Aunque también en este caso, las tasas bajas en estos dos países se puede deber al poco número de pruebas realizadas y a la opacidad en las cifras reportadas.

Si bien la tendencia, dice el estudio de OPS, en el número de casos nuevos en la región es heterogénea, en ninguno ha alcanzado la velocidad que se produjo en los primeros 90 días en otros países del mundo, donde la llegada de la epidemia no se acompañó con medidas tempranas para evitar la rápida propagación y el consiguiente colapso de los sistemas sanitarios.

Justo respecto a la respuesta de los gobiernos ante la pandemia, en la tabla donde se enlista a 20 países de América Latina y El Caribe, México aparece con un índice de rigor de respuesta del gobierno de 60.0. La primera posición la ocupa Nicaragua, con un bajísimo 11.6.

Lo que analiza este índice de rigor  (IR, stringency index) son las medidas de salud pública adoptadas por cada país. La medición está elaborada por la Universidad de Oxford, con valores en el rango de 0 a 100, en el que 0 es el mínimo rigor y 100 el máximo.

El IR se obtiene de indicadores, como: registro de cierre de escuelas y universidades, cierre de lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, restricción de reuniones privadas, cierre de transporte público, orden de confinarse en el hogar, y restricción de movimientos internos entre ciudades/regiones. El índice se elabora a diario, pero se tomó el valor promedio de los 90 días.

Otros países con una calificación baja son, Uruguay, con 61.5; Brasil, con 62.7; Chile, con 63.6; en tanto que los mejor calificados son Bolivia (90.5), El Salvador (93.7) y Guatemala (93.7), y es que en esas naciones ha habido más bien medidas tan restrictivas y drásticas como toque de queda general.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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