Morena en la Cámara de Diputados está a punto de consumar la desaparición de 45 fideicomisos“sin estructura” a fin de que sus fondos sean transferidos a la Tesorería de la Federación y se reasignen para atender los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 y para financiar los programas sociales del gobierno.
Se trata de fideicomisos que administran fondos con objetivos tan diversos como apoyar la investigación científica, garantizar la reparación del daño a víctimas de la violencia, estimular la producción del cine nacional, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos bajo amenaza de muerte o atender a las regiones afectadas por desastres naturales.
De acuerdo con un proyecto que será votado el martes en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –controlada por una avasalladora mayoría morenista–, los fideicomisos que se prevé desaparecer cuentan con recursos por 36 mil 058 millones de pesos, con corte al 31 de marzo de este año, mismos que deberán ser transferidos a la Tesofe.
“El monto reportado en disponibilidades de estos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia del COVID-19 en temas de salud y economía, así como garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar”, indica la propuesta, que, de avanzar el martes, aún deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara baja.
El proyecto –que obedece a un mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador– ordena extinguir los fideicomisos en un plazo de 30 días tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación; esto significa que los fines a los que estaban destinados podrían quedar desatendidos en lo que resta del año, lo que representa un riesgo para la vida en el caso de fondos emergentes como el de víctimas, el de protección a defensores de los derechos humanos o el de desastres naturales.
La propuesta plantea reformas a diversas leyes para extinguir o modificar los fideicomisos, y fue elaborada tras la realización de 10 Parlamentos Abiertos en los que participaron legisladores, especialistas y beneficiarios directos de los fondos que se planea desaparecer. Al final, según consta en el documento, las peticiones de los usuarios fueron desoídas.
Por ejemplo, durante los foros de consulta sobre el fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tiene 1 mil 206 beneficiarios actualmente–, los participantes advirtieron que su desaparición podría poner en riesgo la vida, seguridad y libertad de sus usuarios.
La solución de la Comisión de Presupuesto es desaparecer la figura de fideicomiso y que los recursos para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos sean etiquetados como parte del gasto ordinario autorizado a la Secretaría de Gobernación en cada ejercicio fiscal, pese a las advertencias de que ello podría implicar más trámites burocráticos para los beneficiarios, así como recortes discrecionales.
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En el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral -un mecanismo financiero de apoyo a víctimas de la violencia-, el órgano legislativo propuso la extinción del fideicomiso y que los recursos para ese fin sean cubiertos con cargo al presupuesto ordinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las Comisiones estatales.
Pegan a ciencia, cultura y deporte
Con el argumento de que no tienen reglas de transparencia, se propone extinguir los 26 Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que auspician a los Centros Públicos de Investigación del Conacyt y tienen el objeto de otorgar becas y financiar proyectos específicos de investigación. Algunas de las instituciones perjudicadas serían el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Colegio de la Frontera Sur, el Cinvestav, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el Centro de Investigación en Matemáticas, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y el Centro de Investigaciones en Óptica, entre otros.
También se prevé la desaparición del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología –que auspicia el estudio de los riesgos de los organismos genéticamente modificados (transgénicos) en el medio ambiente– y de dos Fondos Sectoriales del Conacyt-Secretaría de Energía relacionados con la investigación, innovación y formación de recursos humanos de la industria petrolera.
Durante el Parlamento Abierto, representantes de los 26 centros de investigación defendieron la permanencia de los fideicomisos con el argumento de que estos se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros y no reciben transferencias federales, amén de que son fondos transparentes, supervisados por comités técnicos y revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sostuvieron que los centros de investigación del Conacyt tienen la mayor cobertura en el territorio nacional y representan la segunda fuerza en producción de conocimiento después de la UNAM. Además, subrayaron, en la coyuntura de la pandemia, participaron activamente en la realización de pruebas para la detección de COVID a petición de gobiernos estatales.
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El recorte a la ciencia y la investigación -que se calcula en 2 mil millones de pesos- prendió las alertas de la comunidad científica. El pasado viernes, la Academia Mexicana de Ciencias emitió un posicionamiento en el que urgieron al Congreso de la Unión a desechar el proyecto dictamen.
“La eliminación de los fideicomisos, aunada a la baja inversión en los rubros de ciencia y cultura, condena a nuestro país a un pobre desarrollo económico y social. La presente pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de contar con competencias científicas y tecnológicas de alto nivel para enfrentarla”, advierte el documento.
En el ámbito cultural, se propone extinguir el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), que otorga apoyos financieros a productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales, con la finalidad de reactivar la industria cinematográfica nacional.
El proyecto también plantea desaparecer el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que otorga becas y recursos materiales para que atletas nacionales alcancen niveles competitivos de excelencia y estén en posibilidad, consecuentemente, de ganar el mayor número de medallas en eventos internacionales. La Comisión de Presupuesto propuso que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se haga cargo de cubrir estos apoyos con su presupuesto.
Recortan en atención de desastres y cambio climático
La iniciativa busca la extinción del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a pesar de que, en el Parlamento Abierto, especialistas advirtieron que México está entre los 10 países con más pérdidas derivadas de fenómenos naturales y que desaparecerlo “costaría vidas humanas”. Estos fueron los datos: en 2019 hubo 117 deslizamientos, 900 inundaciones, 7 mil 400 incendios, 26 mil 418 sismos, 1 mil explosiones del Popocatépetl y 5 impactos de ciclones. La Cámara de Diputados planteó que los recursos para ese fin ahora se carguen al Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas, con apoyo de la Federación.
De igual modo se prevé una modificación al Fondo para el Cambio Climático, de modo que subsista, pero no bajo el esquema de fideicomiso, sino administrado por la Semarnat.
Los Transitorios de la iniciativa proponen también la desaparición del Fondo Minero, el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional, a fin de que se destinen a obras que coadyuven a la reactivación de la economía en el contexto de la crisis por COVID.
