Pese a denuncia de dueños, Sedatu analiza regularizar predios a invasores del bosque de Coatepec
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Pese a denuncia de dueños, Sedatu analiza regularizar predios a invasores del bosque de Coatepec

Los invasores de predios solicitan que les reconozcan posesión de 2 mil hectáreas de bosque de niebla en Coatepec y Sedatú da entrada a trámite.
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13 de septiembre, 2020
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El 21 de julio de 2019, un grupo de unas 50 o 60 personas invadieron el predio Jinicuil Manso, en el bosque de niebla de la congregación de Tapachapan, en el municipio de Coatepec, Veracruz. Después se extendieron a dos predios más y la población de invasores creció hasta los 150.

Los dueños de los predios acudieron a las autoridades para denunciar los hechos y que se desalojara a los invasores, pues éstos han talado árboles y afectado la zona al levantar casas de lona, láminas y madera, tirar basura y defecar al aire libre.

Lee: Jornaleros de los bosques, los otros damnificados por la crisis de COVID

Pero en vez de que las autoridades procedieran al desalojo de los invasores, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó, en febrero de este año, en el Diario Oficial de la Federación, un procedimiento de medición y deslinde (determinación de los límites de un terreno) del predio que los invasores nombran “Sierra Alta”, con una superficie aproximada de 2 mil hectáreas.

El bosque de niebla es una fábrica de agua, señalan investigaciones del Instituto de Ecología (Inecol) de Conacyt. El área es una de las que reciben mayor precipitación de lluvia y como el suelo del bosque tiene una gran capacidad de infiltración y almacenamiento, garantiza la disponibilidad del líquido para todo el municipio de Coatepec, parte de Xalapa y para el distrito de riego de La Antigua. Hay, además, aquí una enorme biodiversidad.

Francisco Ruiz Hernández, a quien los propietarios de los terrenos señalan de ser el líder del grupo invasor de los predios, y de pertenecer a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), solicitó a la Sedatu la enajenación de esas 2 mil hectáreas de bosque mesófilo o de niebla. 

“Los invasores reclaman ante la Sedatu ese predio de más de 2 mil hectáreas, pretextando que son terrenos nacionales (baldíos) que ellos están habitando, y lo que buscan es la regulación y titulación de los predios, cuando la zona no es baldía, hay más de 500 propietarios de esos terrenos, porque la extensión que están pidiendo es enorme”, explica una de las personas invadidas, a quien llamaremos Ana, para proteger su identidad, puesto que ella y los otros afectados aseguran que han sufrido agresiones y amenazas por parte de los invasores y sus líderes.

“Los invasores pretenden desarrollar en esta zona un nuevo núcleo de población, que amenazaría al bosque. Esto es en parte negocio, porque ellos venden esos terrenos que no son suyos, le están cobrando a la gente 15 mil pesos para dotarles de 3 hectáreas, y además a esa gente la ponen a disposición de sus padrinos políticos para manifestaciones o lo que haga falta, así es como operan desde hace décadas”, explica Miguel Cervantes, quien fue presidente municipal de Coatepec en el periodo 2000 a 2003.

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Otro agravante del caso, es que como parte de los documentos para solicitar el trámite, Ruiz Hernández presentó una constancia de posesión que está denunciada como falsa.

La agente municipal de Tapachapan, Estela Meraz, que funge como representante del presidente municipal en esa comunidad, presentó una denuncia por la falsificación de la constancia, que quedó consignada en la carpeta de investigación 458-2020, fiscal tercero, en la fiscalía de Coatepec.

“Meraz lo que expidió fue una constancia de domicilio a otra persona que no es Francisco Ruiz, y el folio de ese documento se usó para falsificar la constancia de posesión que presentó esta persona ante Sedatu”, explica uno de los propietarios de los predios invadidos, a quien llamaremos Ramiro.

El mismo presidente municipal actual de Coatepec, Luis Enrique Fernández, confirmó en una rueda de prensa, en la que estaba presente Angélica Meléndez Rodríguez, subdelegada de la Sedatu en Veracruz, que esa constancia es falsa.

“Referente al tema de una constancia de posesión falsa, ya se hizo la denuncia correspondiente por la responsabilidad que pudiera derivar, al presentar este documento ante una unidad administrativa, en donde no reconocemos como auténtica dicha constancia”, aseguró.

Desde el 2019, remató, “ya existen denuncias presentadas por parte de los afectados, referente a la invasión de los predios de la zona alta, el asunto ha sido presentado en la Mesa de Coordinación de Seguridad, en la que participan las instancias de los tres niveles de gobierno, en donde hay un representante de la fiscalía, al cual se le ha solicitado termine de integrar el expediente y se pronuncie a la brevedad posible, esto para poder quitar a los invasores”.

Pese a todo eso, Sedatu asegura que ellos no sabían que la constancia era falsa, lo que comprueba que no la verificaron, además piden no señalar de invasores a quienes tienen los predios ocupados, pese a que hay denuncias sobre ellos. En cambio, la dependencia pone en duda la autenticidad de las escrituras de los propietarios y sus intenciones de proteger el bosque mesófilo.

Al cuestionarle por qué aceptó Sedatu esa constancia denunciada como falsa, Estela Ríos, directora general de la Propiedad Rural, responde: “En primer lugar, nosotros no teníamos idea de que esa constancia fuera falsa, no sabemos si es falsa, y para nosotros esa constancia de posesión es intrascendente, el procedimiento para declarar un terreno nacional se puede iniciar a petición de parte o de oficio, estamos facultados para eso”.

Sin embargo, en el sitio web de trámites del gobierno federal, en la sección que corresponde a deslinde de terreno, entre los documentos necesarios solicitados se encuentran las escrituras, en original y copia, y la carta de posesión notariada, también en original y copia.

Como parte de su explicación, la funcionaria de la Sedatu agrega que si se anunció el procedimiento de deslinde es porque los solicitantes pidieron la enajenación de este predio, pero para que proceda esa solicitud primero se debe averiguar si se trata de un terreno nacional (como presumen los invasores); es decir que no tiene títulos de propiedad expedidos legalmente.

“El procedimiento es entonces para determinar si ese predio puede ser declarado terreno nacional o no, y ahí no importa quién aparezca como poseedor, basta que alguien lo solicite, pero tenemos que averiguar si es terreno baldío y por eso se publica el aviso de deslinde y se avisa a la gente para que si alguien cree que tiene mejor derecho acuda a hacerlo valer”, asegura.

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AP: ¿Entonces una persona puede invadir un predio, llegar con una constancia de posesión falsa, solicitar la enajenación y encima tiene posibilidad de que se le acredite?

ER: Usted puede solicitar si tiene la presunción de que hay un terreno baldío, que no tiene propietario, sí, puede hacerlo, y lo de invadirlo, habría que ver, porque usted puede ocupar ese terreno si es baldío, la ley lo permite, lo que no permitiría es que alguien invada terreno de propiedad privada.

AP: ¿Y estos terrenos no son propiedad privada?

ER: Hasta el momento nadie nos ha acreditado que sea propietario.

AP: ¿Con escrituras no?

ER: Las escrituras, pues hay escrituras luego falsas, también tenemos que averiguar la autenticidad de esas escrituras, luego hay escrituras tras escrituras que no tienen un fundamento legal o que se fabrican, digo no creo que este sea el caso, pero lo vamos a investigar.

AP: ¿Y lo de la constancia de posesión falsa lo están investigando también?

ER: No lo estamos investigando, primero yo no me atrevería a afirmar que es una constancia falsa, porque a mí no me corresponde afirmar que es falsa.

La funcionaria afirma que el deslinde se hará, pero también la investigación sobre los papeles que acrediten propiedad y si todo está en orden los propietarios legítimos no tienen de qué preocuparse.

Pero sí se preocupan.

“Nos preocupa que parece que Sedatu está del lado de los invasores. Nos preocupa que se haga un deslinde cuando estamos presentando las escrituras que nos acreditan como dueños. Frente a eso, cómo vamos a confiar. Sí nos da mucha desconfianza que se haga el proceso y resulte que se les van a dar terrenos a estas personas, porque además ahora están enganchando gente para venderles las tres hectáreas y les muestran el aviso de deslinde de Sedatu para comprobar que está en trámite su posesión legítima”, dice otro de los propietarios.

Además, el expresidente municipal de Coatepec, Miguel Cervantes, dice que hay otra cuestión preocupante aquí. “El 80% de los propietarios de la zona son gente que no sabe ni leer, son campesinos, ellos sí son campesinos, y todo esto amenaza su tierra y el bosque que cuidan”.

Guardianes del bosque

Lo que consideran una amenaza al bosque de niebla de Coatepec ha movilizado no solo a los pobladores sino también a académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.

Asociaciones como Pronatura Veracruz, Sendas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Reforestemos México, Global Water Watch, entre otras, así como más de 150 personas entre habitantes de Coatepec, investigadores de Inecol y de la Universidad Veracruzana entregaron un oficio al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al Secretario de Sedatu, Román Meyer Falcón, y al hoy exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, para solicitar que se suspenda el procedimiento de deslinde y la posible y presunta dotación de terrenos a los invasores.

En el oficio se le recuerda a las autoridades que la zona es una de las de mayor recarga hídrica y que se encuentra dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Capital de Xalapa en unidades de gestión ambiental que deben dedicarse a la conservación o preservación.

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La zona, afirman en su oficio organizaciones e investigadores, es extremadamente rica en biodiversidad y presenta diversas especies en peligro de extinción y endémicas.

En esa defensa y en esa riqueza ambiental es en las que la directora de la Propiedad Rural de Sedatu, Estela Ríos, encuentra contradicción: “resulta extraño que por un lado defiendan que es de alto valor ambiental y por el otro que son propietarios, resulta contradictorio”.

Ante la duda de la funcionaria, los propietarios responden que ellos no realizan actividades para dañar el bosque, mientras que estos invasores y los de otras invasiones que se han presentado y tolerado en la zona sí talan y contaminan.

Además de participar en el programa de pago por servicios ambientales del que el municipio de Coatepec es pionero, se han generado iniciativas de particulares de reforestación de potreros con vegetación nativa y plantaciones comerciales sustentables.

Por ahora el deslinde anunciado por Sedatu no se ha realizado, primero porque en semanas pasadas los propietarios y pobladores impidieron el inicio de los trabajos y después porque un juez admitió la demanda de amparo de los dueños de los terrenos y ordenó que la dependencia debe llevar a cabo sus diligencias con la condición estricta de no lesionar ni flora ni fauna.

Contra esa suspensión, la Sedatu presentó recurso de queja, por considerar, explica Itzel Jurado, abogada de un grupo de 50 propietarios, que dicha suspensión, bajo esa condición, hace imposible la posibilidad de llevar a cabo cualquier diligencia, dado que es necesario abrir vereda e instalar equipo. Ese recurso de queja está en trámite.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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