El 21 de julio de 2019, un grupo de unas 50 o 60 personas invadieron el predio Jinicuil Manso, en el bosque de niebla de la congregación de Tapachapan, en el municipio de Coatepec, Veracruz. Después se extendieron a dos predios más y la población de invasores creció hasta los 150.

Los dueños de los predios acudieron a las autoridades para denunciar los hechos y que se desalojara a los invasores, pues éstos han talado árboles y afectado la zona al levantar casas de lona, láminas y madera, tirar basura y defecar al aire libre.

Pero en vez de que las autoridades procedieran al desalojo de los invasores, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó, en febrero de este año, en el Diario Oficial de la Federación, un procedimiento de medición y deslinde (determinación de los límites de un terreno) del predio que los invasores nombran “Sierra Alta”, con una superficie aproximada de 2 mil hectáreas.

El bosque de niebla es una fábrica de agua, señalan investigaciones del Instituto de Ecología (Inecol) de Conacyt. El área es una de las que reciben mayor precipitación de lluvia y como el suelo del bosque tiene una gran capacidad de infiltración y almacenamiento, garantiza la disponibilidad del líquido para todo el municipio de Coatepec, parte de Xalapa y para el distrito de riego de La Antigua. Hay, además, aquí una enorme biodiversidad.

“Los invasores reclaman ante la Sedatu ese predio de más de 2 mil hectáreas, pretextando que son terrenos nacionales (baldíos) que ellos están habitando, y lo que buscan es la regulación y titulación de los predios, cuando la zona no es baldía, hay más de 500 propietarios de esos terrenos, porque la extensión que están pidiendo es enorme”, explica una de las personas invadidas, a quien llamaremos Ana, para proteger su identidad, puesto que ella y los otros afectados aseguran que han sufrido agresiones y amenazas por parte de los invasores y sus líderes.

“Los invasores pretenden desarrollar en esta zona un nuevo núcleo de población, que amenazaría al bosque. Esto es en parte negocio, porque ellos venden esos terrenos que no son suyos, le están cobrando a la gente 15 mil pesos para dotarles de 3 hectáreas, y además a esa gente la ponen a disposición de sus padrinos políticos para manifestaciones o lo que haga falta, así es como operan desde hace décadas”, explica Miguel Cervantes, quien fue presidente municipal de Coatepec en el periodo 2000 a 2003.

Otro agravante del caso, es que como parte de los documentos para solicitar el trámite, Ruiz Hernández presentó una constancia de posesión que está denunciada como falsa.

La agente municipal de Tapachapan, Estela Meraz, que funge como representante del presidente municipal en esa comunidad, presentó una denuncia por la falsificación de la constancia, que quedó consignada en la carpeta de investigación 458-2020, fiscal tercero, en la fiscalía de Coatepec.

El mismo presidente municipal actual de Coatepec, Luis Enrique Fernández, confirmó en una rueda de prensa, en la que estaba presente Angélica Meléndez Rodríguez, subdelegada de la Sedatu en Veracruz, que esa constancia es falsa.

“Referente al tema de una constancia de posesión falsa, ya se hizo la denuncia correspondiente por la responsabilidad que pudiera derivar, al presentar este documento ante una unidad administrativa, en donde no reconocemos como auténtica dicha constancia”, aseguró.

Desde el 2019, remató, “ya existen denuncias presentadas por parte de los afectados, referente a la invasión de los predios de la zona alta, el asunto ha sido presentado en la Mesa de Coordinación de Seguridad, en la que participan las instancias de los tres niveles de gobierno, en donde hay un representante de la fiscalía, al cual se le ha solicitado termine de integrar el expediente y se pronuncie a la brevedad posible, esto para poder quitar a los invasores”.

Pese a todo eso, Sedatu asegura que ellos no sabían que la constancia era falsa, lo que comprueba que no la verificaron, además piden no señalar de invasores a quienes tienen los predios ocupados, pese a que hay denuncias sobre ellos. En cambio, la dependencia pone en duda la autenticidad de las escrituras de los propietarios y sus intenciones de proteger el bosque mesófilo.

Al cuestionarle por qué aceptó Sedatu esa constancia denunciada como falsa, Estela Ríos, directora general de la Propiedad Rural, responde: “En primer lugar, nosotros no teníamos idea de que esa constancia fuera falsa, no sabemos si es falsa, y para nosotros esa constancia de posesión es intrascendente, el procedimiento para declarar un terreno nacional se puede iniciar a petición de parte o de oficio, estamos facultados para eso”.

Sin embargo, en el sitio web de trámites del gobierno federal, en la sección que corresponde a deslinde de terreno, entre los documentos necesarios solicitados se encuentran las escrituras, en original y copia, y la carta de posesión notariada, también en original y copia.

Como parte de su explicación, la funcionaria de la Sedatu agrega que si se anunció el procedimiento de deslinde es porque los solicitantes pidieron la enajenación de este predio, pero para que proceda esa solicitud primero se debe averiguar si se trata de un terreno nacional (como presumen los invasores); es decir que no tiene títulos de propiedad expedidos legalmente.

“El procedimiento es entonces para determinar si ese predio puede ser declarado terreno nacional o no, y ahí no importa quién aparezca como poseedor, basta que alguien lo solicite, pero tenemos que averiguar si es terreno baldío y por eso se publica el aviso de deslinde y se avisa a la gente para que si alguien cree que tiene mejor derecho acuda a hacerlo valer”, asegura.

AP: ¿Entonces una persona puede invadir un predio, llegar con una constancia de posesión falsa, solicitar la enajenación y encima tiene posibilidad de que se le acredite?

ER: Usted puede solicitar si tiene la presunción de que hay un terreno baldío, que no tiene propietario, sí, puede hacerlo, y lo de invadirlo, habría que ver, porque usted puede ocupar ese terreno si es baldío, la ley lo permite, lo que no permitiría es que alguien invada terreno de propiedad privada.

AP: ¿Y estos terrenos no son propiedad privada?

ER: Hasta el momento nadie nos ha acreditado que sea propietario.

AP: ¿Con escrituras no?

ER: Las escrituras, pues hay escrituras luego falsas, también tenemos que averiguar la autenticidad de esas escrituras, luego hay escrituras tras escrituras que no tienen un fundamento legal o que se fabrican, digo no creo que este sea el caso, pero lo vamos a investigar.

AP: ¿Y lo de la constancia de posesión falsa lo están investigando también?

ER: No lo estamos investigando, primero yo no me atrevería a afirmar que es una constancia falsa, porque a mí no me corresponde afirmar que es falsa.

La funcionaria afirma que el deslinde se hará, pero también la investigación sobre los papeles que acrediten propiedad y si todo está en orden los propietarios legítimos no tienen de qué preocuparse.

Pero sí se preocupan.

“Nos preocupa que parece que Sedatu está del lado de los invasores. Nos preocupa que se haga un deslinde cuando estamos presentando las escrituras que nos acreditan como dueños. Frente a eso, cómo vamos a confiar. Sí nos da mucha desconfianza que se haga el proceso y resulte que se les van a dar terrenos a estas personas, porque además ahora están enganchando gente para venderles las tres hectáreas y les muestran el aviso de deslinde de Sedatu para comprobar que está en trámite su posesión legítima”, dice otro de los propietarios.

Además, el expresidente municipal de Coatepec, Miguel Cervantes, dice que hay otra cuestión preocupante aquí. “El 80% de los propietarios de la zona son gente que no sabe ni leer, son campesinos, ellos sí son campesinos, y todo esto amenaza su tierra y el bosque que cuidan”.

Guardianes del bosque

Lo que consideran una amenaza al bosque de niebla de Coatepec ha movilizado no solo a los pobladores sino también a académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.

Asociaciones como Pronatura Veracruz, Sendas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Reforestemos México, Global Water Watch, entre otras, así como más de 150 personas entre habitantes de Coatepec, investigadores de Inecol y de la Universidad Veracruzana entregaron un oficio al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al Secretario de Sedatu, Román Meyer Falcón, y al hoy exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, para solicitar que se suspenda el procedimiento de deslinde y la posible y presunta dotación de terrenos a los invasores.

En el oficio se le recuerda a las autoridades que la zona es una de las de mayor recarga hídrica y que se encuentra dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Capital de Xalapa en unidades de gestión ambiental que deben dedicarse a la conservación o preservación.

La zona, afirman en su oficio organizaciones e investigadores, es extremadamente rica en biodiversidad y presenta diversas especies en peligro de extinción y endémicas.

En esa defensa y en esa riqueza ambiental es en las que la directora de la Propiedad Rural de Sedatu, Estela Ríos, encuentra contradicción: “resulta extraño que por un lado defiendan que es de alto valor ambiental y por el otro que son propietarios, resulta contradictorio”.

Ante la duda de la funcionaria, los propietarios responden que ellos no realizan actividades para dañar el bosque, mientras que estos invasores y los de otras invasiones que se han presentado y tolerado en la zona sí talan y contaminan.

Además de participar en el programa de pago por servicios ambientales del que el municipio de Coatepec es pionero, se han generado iniciativas de particulares de reforestación de potreros con vegetación nativa y plantaciones comerciales sustentables.

Por ahora el deslinde anunciado por Sedatu no se ha realizado, primero porque en semanas pasadas los propietarios y pobladores impidieron el inicio de los trabajos y después porque un juez admitió la demanda de amparo de los dueños de los terrenos y ordenó que la dependencia debe llevar a cabo sus diligencias con la condición estricta de no lesionar ni flora ni fauna.

Contra esa suspensión, la Sedatu presentó recurso de queja, por considerar, explica Itzel Jurado, abogada de un grupo de 50 propietarios, que dicha suspensión, bajo esa condición, hace imposible la posibilidad de llevar a cabo cualquier diligencia, dado que es necesario abrir vereda e instalar equipo. Ese recurso de queja está en trámite.