Robles acusa presiones de FGR y pide citar a 15 funcionarios
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Robles acusa presión para delatar a exfuncionarios; pide citar a excolaborador y auditor federal

Argumenta que la quieren obligar a delatar a otros a cambio de recibir beneficios y sostiene que su caso es político. Asegura que no fue omisa, y que alertó a Meade y a Meyer Falcón de observaciones pendientes de la Auditoría.
Cuartoscuro
29 de septiembre, 2020
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La extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, Rosario Robles Berlanga, procesada desde hace mas de un año por presuntas omisiones que habrían facilitado desvíos de sus dependencias bajo el esquema de La Estafa Maestra, se declaró formalmente inocente ante el juez, y acusó presiones de la Fiscalía para que delate a exfuncionarios a cambio de recibir beneficios.

En su respuesta oficial a la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto pasado, Robles pidió al juez que cite a 15 funcionarios y exfuncionarios al juicio, entre ellos el exoficial Mayor de sus dependencias Emilio Zebadúa, personaje clave en el entramado de La Estafa Maestra, y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.

Leer más: FGR arma acusación contra Robles usando como testigos a 18 funcionarios y exfuncionarios de Sedesol y Sedatu

Además, acusó a la FGR de caer en una ilegalidad al pretender que ella cubra un pago superior a 5 mil millones de pesos por reparación del daño, pese a que no la responsabiliza de habérselos robado ni presenta una sola prueba relacionada con el destino final del dinero.

La respuesta de Robles a la acusación de FGR, a la que Animal Político tuvo acceso, es un documento de 42 páginas enviado al juez federal el pasado 21 de septiembre. En dicho escrito -como lo marcan las reglas del sistema penal acusatorio- la defensa fija su posición y las pruebas con las que pretende debatir en juicio los argumentos de los fiscales.

En su acusación, la FGR asegura que Robles es responsable de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, por no haber impedido que la Sedesol y Sedatu a su cargo firmaran convenios presuntamente irregulares con universidades y otros entes públicos que facilitaron el desvío de mas de cinco mil millones de pesos.

En contraparte, Robles sostiene que es inocente y que en todo momento ordenó que se atendieran las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que alertaban de estas irregularidades, e incluso ordenó en 2017 que se detuviera la firma de estos convenios.

“Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona formula la Agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona”, señala Robles.

La exsecretaria de Estado del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto advierte al juez que, desde su punto de vista, el proceso iniciado en su contra y la prisión preventiva que se le impuso desde hace mas de un año por un delito que no es grave, son resultado de una persecución política en la que se le pretende orillar a delatar a otros a cambio de un beneficio. Esto de forma similar a lo ocurrido en otros casos como el de Emilio Lozoya.

Te puede interesar: FGR solicita pena de 21 años de cárcel contra Rosario Robles y una multa económica

“En palabras del propio Fiscal General de la República, se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión… por no ser solidaria con el Estado”, dejando entrever que para obtener la libertad “debo delatar a otros funcionarios”, señala Robles.

En ese contexto, la defensa de la exfuncionaria añade que la acusación de FGR de que “no hizo nada” para evitar el presunto desvío de recursos es insostenible por dos razones fundamentales.

La primera de ellas es porque al momento en que se firmaron y ejecutaron los 18 convenios que Sedesol firmó con universidades de 2013 a 2015, y los 7 convenios que por su parte firmó Sedatu en 2016, no había notificaciones o señalamientos de los órganos de control sobre que este tipo de contrataciones fueran ilegales.

Y la segunda es que cuando la ASF reveló a través de informes de auditorías que había detectado posibles irregularidades en el destino de los recursos asignado en los convenios, Robles ordenó que se atendieran dichas observaciones y se trabajara con los auditores en el esclarecimiento de estas.

Incluso sostiene que sus sucesores tanto en Sedesol y Sedatu, José Antonio Meade y Román Meyer Falcón, recibieron oficios de entrega recepción de su administración en los que se indica la existencia de las observaciones de la Auditoría y la necesidad de que las mismas continuaran siendo atendidas.

Colmenares, Zebadúa y las pruebas

Para desvirtuar las acusaciones de la FGR, la defensa de Robles ha propuesto al juez al menos 55 datos de prueba para que sean desahogados en el juicio. De ellos, 38 son pruebas documentales, 15 son testimonios y dos son peritajes.

Los testigos que la defensa propone que sean llamados corresponden, en su mayoría, a altos exfuncionarios de las dependencias que encabezó (subsecretarios, oficiales mayores y apoderados) con la finalidad de que estos corroboren que recibieron instrucciones de atender las observaciones de la Auditoría.

Aun cuando la cifra de exfuncionarios es menor a los que la FGR ha propuesto como testigo de su lado, se trata de servidores públicos de mayor jerarquía.

Entre ellos destaca el caso de Emilio Zebadúa, quien fuera oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, y que la defensa pide que sea presentado e interrogado con la finalidad de que explique las acciones que habría llevado a cabo por instrucciones de Robles para atender las observaciones de los auditores.

Se trata de un testigo clave ya que, de acuerdo con investigaciones oficiales y periodísticas, Zebadúa fue el principal operador de los pagos realizados mediante este tipo de convenios.

No obstante, hasta ahora el exfuncionario ha tramitado demandas de amparo para no comparecer ante el juez. En ese contexto la defensa ha pedido al Poder judicial que en el caso de este y otros testigos se realice una búsqueda de todos sus domicilios y se les giren los citatorios, ya que comparecer en un juicio es obligatorio de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Otro testigo importante que la defensa ha propuesto en el juicio es el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo. Ello para que explique en qué estado se encuentras las auditorías practicadas de 2013 a 2017 relacionadas con los convenios de dependencias con universidades y entes públicos.

La defensa no da mayores detales en torno a la intención de citar a Colmenares, pero su presencia cobra relevancia pues la ASF es la principal denunciante de estos convenios. Se trataría además de una respuesta a la petición e FGR de citar como testigos a funcionarios de la ASF, entre ellos su extitular Juan Manuel Portal y la exjefa de auditorías forenses Muna Buchahín, pero no a su actual dirigente.

Por otro lado, en las pruebas documentales ofrecidas por la defensa destacan diversos oficios que Robles habría dirigido a sus funcionarios –entre ellos el propio Zebadúa- para que se atendieran los informes de los auditores y se solventaran las observaciones realizadas en los distintos años.

También ha ofrecido como prueba el acta de entrega -recepción de la titularidad de la Sedesol fechada el 17 de septiembre de 2015 y dirigida a José Antonio Meade- en la que le señala que existen diversas observaciones realizadas por la Auditoría respecto a los convenios firmados con universidades, y que estaban en proceso de atención.

En cuanto a los peritajes, la defensa reveló que presentará uno en materia de administración pública y otro en materia contable, de los cuales no se adelantaron conclusiones pues a la fecha en que fue presentada la respuesta continuaban en elaboración.

Pago exigido es ilegal: defensa

En la acusación que la FGR presentó ante el juez en agosto pasado, los fiscales afirman que si bien Rosario Robles está acusada de omisiones debe pagar mas de 5 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados como consecuencia de la supuesta negligencia. Se trata de la denominada reparación del daño

En su respuesta a este punto, la defensa de la exsecretaria de Estado calificó como ilegal dicha petición, con el argumento de que en ningún momento la investigación de a Fiscalía prueba que ella se haya apoderado de ese dinero. Tan es así que no está acusada de peculado, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.

“La petición planteada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se considere procedente condenar al pago de la reparación del daño es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad y debido proceso” indica el escrito.

Tras realizar un amplio análisis fundamentado en jurisprudencias de la propia Corte, la defensa de Robles concluye que los fiscales buscan imponer como parte de la pena una reparación del daño que no está sustentada en los delitos que se imputan a su defendida, y cuyo monto se concluye solo “por simple analogía”.

¿Qué sigue en el caso?

Con la presentación de la respuesta de la defensa a la acusación formal presentada por la FGR concluye la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal iniciado el año pasado en contra de Rosario Robles. 

Lo que sigue ahora es la exposición oral de estos argumentos en una audiencia intermedia que ha sido programada para el próximo 26 de octubre. En esa audiencia el juez definirá qué pruebas son las que permanecen de cada una de las partes, de cara al juicio oral que se estaría llevando a cabo a finales de diciembre o principio de enero de 2021.

Mientras esto sucede Robles debe permanecer detenida de forma preventiva en las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla. Hasta ahora su defensa ha promovido diversos recursos bajo el argumento de que dicha prisión está sustentada en evidencia falsa y recientemente ganó una suspensión para que el 9 de octubre sea revisada por un juez de amparo dicha prisión preventiva.

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Las mujeres que querían abortar y acabaron en clínicas antiabortos promocionadas engañosamente en Google

Muchas clínicas se anuncian como proveedores de servicios de aborto al tiempo que dan información falsa a las mujeres e intentan que cambien de opinión. BBC News explica el papel que juegan las grandes tecnológicas como Facebook o Google en esto.
18 de mayo, 2022
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Cuando Hana se enteró de que estaba embarazada, supo que quería abortar, pero su búsqueda de una clínica en Google la llevó a un centro antiaborto, que estaba decidido a disuadirla de su elección.

En varios estados de Estados Unidos, BBC News comprobó como muchas de estas clínicas engañosas aparecen en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de Google y en los anuncios de Facebook con consejos médicos inexactos, mientras quienes de verdad pueden realizar el procedimiento ven sus anuncios rechazados y sus cuentas restringidas.

Los centros de asesoramiento, como el que visitó Hana, una joven de 19 años que vive en el estado de Massachusetts, a menudo están dirigidos por organizaciones cristianas.

Con frecuencia ofrecen algunos servicios médicos, como pruebas de embarazo y ecografías, pero parte de su promoción en línea sugiere falsamente que también brindan servicios de interrupción del embarazo.

No fue hasta que Hana caminaba por el pasillo del centro, lleno de carteles que comparaban el procedimiento con el asesinato, que comenzó a darse cuenta de que esta no era la clínica de abortos que creía que era.

Una mujer con una prueba de embarazo

Getty Images

Obtener atención

Hana se describe a sí misma como un “ratón de biblioteca”.

En la Universidad cursa estudios relacionados con la salud.

Sin embargo, nada en la web de la clínica le indicó el servicio que realmente ofrece.

La página de inicio dice: “Tome el control: comience con una consulta de aborto gratuita“.

Y en una pestaña denominada: “Obtenga atención”, se enumeran los tipos de aborto (médico y quirúrgico) que se pueden realizar durante los diferentes trimestres del embarazo, bajo el título: “Acaba de enterarse de que está embarazada y quiere saber su opciones”.

Una vez allí, dice Hana, le dijeron, de manera incorrecta, que los abortos estaban relacionados con la infertilidad y el cáncer de mama.

También que al haberse vacunado contra la covid-19, podría perder el bebé de todos modos, lo que haría que el aborto fuera innecesario.

Eso a pesar de la evidencia científica que sugiere que las personas vacunadas no son más propensas a abortar y, de hecho, están mejor protegidas contra los riesgos de tener un parto prematuro asociados con la covid.

Foto de un test de embarazo

Getty Images

También la presionaron, en contra de sus deseos, para que viera la ecografía.

“¿Qué clase de madre no quiere ver una foto de su hijo?” preguntó la persona que la atendía.

Hana se quedó sintiéndose engañada y traicionada.

Elige la vida

The Human Coalition, un grupo antiaborto que proporciona marketing para el centro que visitó Hana y otros 40 más, le dijo a BBC News que a menudo ven “que la mayoría de las mujeres que han decidido abortar no desean hacerlo, desean ayuda”.

“Estamos aquí para empoderar a las mujeres al llenar ese vacío: ofrecer atención y el apoyo que desean para elegir la vida”.

Google muestra anuncios sobre los resultados de búsqueda para ciertos términos.

Los anunciantes pujan para que sus anuncios aparezcan primero, aunque según Google el orden también debe estar determinado por la “relevancia” y la “calidad general”.

Pero Whitney Chinogwenya, de MSI Reproductive Choices, afirma que esto crea una “batalla de presupuestos”, en la que las clínicas de aborto reguladas compiten con clínicas antiaborto no regulados por espacios publicitarios en términos de búsqueda específicos.

Varios grandes proveedores mundiales de soluciones para abortar también le han dicho a BBC News que regularmente ven censuradas sin explicación su material online que hace referencia al aborto, incluida la suspensión de los canales de YouTube, la restricción de las cuentas de las redes sociales y el rechazo de anuncios por parte de Facebook y Google.

En 2019, después de haber sido criticado por alojar anuncios engañosos, Google intentó tomar medidas enérgicas contra las clínicas de asesoramiento sobre abortos, que son más comunes en Estados Unidos pero también se pueden encontrar en Europa, África y América Latina.

En Estado Unidos, Reino Unido e Irlanda, cualquier persona que publique un anuncio que mencione el aborto primero debe solicitar un certificado.

Las clínicas que asesoran pero no realizan abortos pueden anunciarse, pero debe llevar incluido una letra pequeña que aclara que el anunciante “no ofrece abortos”.

Resultados de búsqueda de Google para el término 'clínicas de aborto cerca de mí'. En letras pequeñas en la parte inferior, puede ver las palabras 'No brinda abortos' para una clínica.

Hana/Google
Resultados de búsqueda de Google para el término ‘clínicas de aborto cerca de mí’. En letras pequeñas en la parte inferior, puede ver las palabras ‘No brinda abortos’ para una clínica.

Hana dice que no vio esa parte en el anuncio que pinchó.

Aparece en letra muy pequeña debajo del título de búsqueda y la descripción.

Sarah Eagan, investigadora del grupo de campaña Center for Countering Digital Hate, cuestiona si Google debería recibir dinero por los anuncios antiaborto que se enfocan en palabras clave utilizadas por personas que buscan activamente la terminación del embarazo.

El CCDH también ha encontrado en Facebook anuncios antiaborto que promocionan medicamentos no probados.

Y en el otro extremo del espectro, los investigadores encontraron que la función de autocompletar de Google se sugieren métodos ineficaces de aborto por cuenta propia.

Kelly, al igual que Hana, dice que le dieron información médica inexacta mientras luchaba por encontrar una forma asequible y segura de interrumpir su embarazo en su estado natal de Texas.

Kelly

Kelly
Kelly dijo que hizo clic en el sitio web de la clínica desesperada, sabiendo que no podía pagar un médico.

Su situación era precaria.

Se encontraba sin trabajo y no tenía seguro médico, por lo que no podía pagar “una visita al médico”, por lo que buscó clínicas asequibles.

Mientras se dirigía a un centro antiaborto, Kelly dice que estaba asustada con las advertencias de que podría “desangrarse” y de que estaba arriesgando su vida, pero sabía que el aborto con medicamentos es un procedimiento extremadamente seguro.

Kelly siente que la promoción de pruebas de embarazo gratuitas está dirigida a mujeres de bajos ingresos.

El centro parece estar usando búsquedas orgánicas para atraer a las mujeres en lugar de pagar por anunciarse.

Esto hace que sea aún más difícil de regular.

El sitio web dice claramente: “No referimos ni realizamos abortos”, y agrega que brinda “servicios gratuitos anualmente a más de 5.000 madres solteras de minorías pobres y desatendidas”.

Finalmente, a Kelly le recetaron medicamentos para terminar con el embarazo solo unas horas antes de que superara el límite de 12 semanas para un aborto médico seguro.

Medicamentos para abortar

Getty Images
Para abortar con medicamentos se usan dos: misoprostol y mifepristone

Pero Elisa Wells, cofundadora de Plan C, la organización que ayudó a Kelly a acceder a estas píldoras abortivas, dice que su material online es rutinariamente “rechazado por violar los estándares de la comunidad” en Facebook, Instagram y Google.

Google dice que tiene políticas claras que rigen los anuncios relacionados con el aborto, algunas determinadas por las leyes y regulaciones locales.

Algunas de las publicaciones y canales señalados por BBC News se habían eliminado por error y desde entonces se habían restablecido, dijo.

Facebook dijo que había restaurado una pequeña cantidad de anuncios de proveedores de servicios de aborto que habían sido rechazados incorrectamente.


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