Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, dio a luz y la deportaron
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Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, pero fue deportada dos días después de dar a luz

La desesperación por el cierre de fronteras a causa de la COVID-19 obliga a mujeres a punto de tener un hijo a saltar al río para tratar de alcanzar Estados Unidos.
21 de septiembre, 2020
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Tres días después de dar a luz a su hijo Joshua, Sandra Ocampo Atanasio, de 25 años, fue deportada con su bebé en brazos. Nacida en Tecpán de Galeana, Guerrero, la joven se lanzó al Río Bravo el pasado 22 de agosto, embarazada de nueve meses y harta de dormir en una tienda de campaña junto a la frontera en Matamoros, Tamaulipas. En el momento del cruce la acompañaban su esposo Fidel Jaimes y sus dos hijos, de siete y un año. Cuando llegó la Patrulla Fronteriza ninguno corrió ni trató de esconderse. Al contrario. Se entregaron e intentaron explicar que huyeron de su casa en febrero y que buscaban asilo en Estados Unidos. No fueron escuchados.

De nada sirvió que el pequeño Joshua haya nacido en un hospital de Brownsville, Texas, lo que lo convierte en ciudadano estadounidense. Tampoco que Ocampo Atanasio explicara que tenía miedo de regresar, que en Guerrero ya habían matado a varios familiares y que Matamoros es un lugar peligroso. El mismo día en el que pusieron un pie en Estados Unidos, el padre y sus dos hijos fueron devueltos. La madre aguantó cuatro días: el que llegó y fue detenida, el del parto y otros dos de recuperación antes de ser expulsada con su hijo.

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Desde entonces, la familia sobrevive en una estructura levantada entre cobijas, plásticos y palos de madera dentro del campamento para solicitantes de asilo a orilla del Río Bravo en Matamoros. Desde hace más de un año, aproximadamente un millar de personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Cuba o México duermen en tiendas de campaña, dependiendo de la ayuda de las organizaciones sociales y vulnerables a las extorsiones y secuestros del crimen organizado. El hacinamiento al interior del campo y la escasez de medidas higiénicas también los convierte en víctimas potenciales de la COVID-19. Por suerte, hasta el momento apenas se han detectado un par de contagios.

El caso de Ocampo Atanasio no es el único en el que una mujer embarazada trata de cruzar a Estados Unidos para pedir asilo. Se trata de un recurso desesperado ante el cierre de la frontera y la paralización de todos los trámites a causa de la pandemia de coronavirus. Animal Político constató al menos otros tres casos similares entre Matamoros y Reynosa entre mediados de agosto y la primera semana de septiembre: un matrimonio salvadoreño que fue devuelto en el último momento, cuando ya habían avisado a sus familiares para que los recibieran en Chicago; una pareja hondureña que fue separada al llegar y la mujer aguarda en  el nacimiento del hijo en Virginia, EUA, mientras el esposo está de nuevo en Matamoros; una pareja de venezolanos a los que no dieron opción y en menos de dos horas fueron devueltos en Reynosa.

La pandemia por COVID-19 cerró la frontera a cal y canto desde el 21 de marzo y dejó a los solicitantes de asilo en un limbo a lo largo de la frontera norte. Por un lado, están los extranjeros (centroamericanos, cubanos, venezolanos), que se encuentran dentro del programa “Quédate en México”, que los obliga a esperar al sur del Río Bravo hasta que un juez estadounidense examine su caso. Desde marzo de 2019, cuando los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron este plan, 65 mil 877 personas —según datos de la universidad de Siracusa, que elabora un informe mensual a través de peticiones de acceso a la información—, fueron devueltos a estados como Baja California, Chihuahua o Tamaulipas. Ahora no se aceptan nuevas solicitudes y quienes aguardan citas pendientes las tienen pospuestas hasta nuevo aviso. Es más que probable que al menos hasta el año que viene no sean atendidos.

Sandra sostiene a su bebé recién nacido de 11 días. Foto: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

El caso de los mexicanos es algo distinto. Ellos no están sometidos a “Quédate en México” por razones obvias. Su espera estaba condicionada a una lista que regula quién puede cruzar la frontera y tener una audiencia en Estados Unidos. Si tienen suerte y los funcionarios consideran que verdaderamente están en peligro, pueden esperar su proceso de asilo al interior. Esto no implica que puedan quedarse. En 2019, de los 7 mil 611 mexicanos cuyo trámite de protección se resolvió solo 852 ganaron su caso y recibieron la protección de Estados Unidos, según datos de la universidad de Siracusa. Pero lograr cruzar ya es un triunfo y poder estar al norte del Río Bravo mientras analizan las pruebas es tiempo ganado. Esa era la esperanza de la familia de Ocampo Atanasio. Por desgracia para ellos, desde mediados de febrero, dos semanas después de que llegaran a Matamoros, nadie ha cruzado el portón fronterizo.

Con la excusa de la pandemia, Estados Unidos suspendió todas las garantías legales que existían en la frontera. Nadie es procesado en cortes de migración ni puede pedir asilo. Cuando alguien es arrestado tratando de cruzar irregularmente, los agentes lo devuelven a México inmediatamente o lo deportan apoyándose en el Título 42, un decreto que justifica las expulsiones por considerar a los extranjeros potenciales propagadores del coronavirus. En marzo México anunció que recibiría no solo a sus ciudadanos, sino también a las personas rechazadas procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Muchos de ellos fueron posteriormente deportados por el gobierno mexicano o trasladados a la frontera con Guatemala, donde los abandonaron a su suerte.

Según datos de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), entre marzo y agosto fueron expulsados por este procedimiento 147 mil 601 personas. Hasta el 14 de agosto, 7 mil 131 de estos procedían de Guatemala, Honduras o El Salvador, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) obtenidos mediante solicitud de transparencia. Es decir, que la gran mayoría de rechazados son mexicanos. No hay cifras sobre cuántos solicitantes de asilo sí consiguieron pasar. Algunos lo hicieron, pero fueron muy pocos. Historias de éxito que corren como la pólvora y que empujan a familias como la de Ocampo Atanasio a jugárselo todo para cruzar.

“Piensan que si cruzan por el río los van a recibir. Porque ya lo han visto. Pero es incierto que Estados Unidos tenga un criterio. No hay un patrón especifico”, dice Paula Juárez, trabajadora social de Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las pocas organizaciones que se mantuvieron en el campamento a pesar de la pandemia. “Algunos llevan como el año en espera y sufren mucha incertidumbre. Desde junio les están aplazando sus citas. Ahora no saben si tan siquiera en seis meses van a abrir la frontera. Han visto estas situaciones en las que cruzan y que a algunos les ha funcionado y lo replican. Porque no tienen nada que perder”, explica.

No existe un censo oficial del campamento y tampoco del número de mujeres embarazadas en su interior. La estimación de MSF es que podrían ser unas 70 de un total de unos mil habitantes en el recinto. Tampoco hay datos sobre cuántas de ellas atravesaron el Río Bravo, ni si lo consiguieron o no. Solo quedan los relatos individuales de quienes lo intentaron o los rumores sobre aquellas que tuvieron éxito.

Preguntado sobre el número de mujeres embarazadas que cruzaron en los últimos meses o que siguen su proceso de asilo al interior de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) argumentó que “no rastreamos esta estadística. Además, es posible que alguien esté embarazada pero no se presente, o ni siquiera lo sepa, por lo que la métrica sería engañosa”.

“Muchas de ellas no quieren que sus hijos nazcan en México, quieren que nazca en Estados Unidos. Por eso se ponen en esta situación gravísima para la vida de la embarazada y del bebé. Es muy grave la desesperación”, dice el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante de Matamoros. El sacerdote, un tipo fornido, de formas directas, es una de las figuras que más sabe lo que padecen los migrantes en esta parte de la frontera. Asegura que desde su congregación han tratado de dialogar para intentar que estas mujeres “no se arriesguen”. Pero es en vano. “Veo una situación grave. Porque Estados Unidos no las va a recibir. La cuestión de embarazo no conlleva una seguridad, no es una garantía para estar allá”, advierte.

Animal Político consultó sobre estos casos al Instituto Nacional de Migración (INM) y Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Fidel Salas sostiene a su bebé recién nacido de 11 días que nació en Estados Unidos y luego fue deportado a México. Foto: Alejandro Cegarra / National Geographic Society COVID-19 Emergency Fund.

Huir de Guerrero para languidecer en Tamaulipas

“En Guerrero hay mucha violencia, muchas cosas feas. Hubo sucesos que nos orillaron a salir del lugar”, dice Sandra Ocampo Atanasio. Tiene los ojos rasgados, la cara ovalada y una sonrisa enorme que transmite sinceridad. No le gusta hablar de las razones que le motivaron a escapar de Tecpán de Galeana, el municipio de la costa de Guerrero. En 2019, un total de 5 mil 128 personas del estado sufrieron desplazamiento forzoso según un informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). El estudio recoge que es año huyeron de su casa 8 mil 644 en todo el país, lo que convierte a Guerrero en el estado que más población expulsa para salvar su vida. Aquel año la mujer todavía no había decidido hacer las maletas, pero ya lo estaba pensando.

Según explica, en los últimos tiempos vio a varios familiares morir asesinados, pero el último empujón para escapar se lo dio el grupo armado que amenazó a su esposo. Este trabajaba vendiendo remedios naturales y era instructor de taekwondo hasta que alguien quiso reclutarlo. “Tuvimos que dejarlo todo. Pero no era mi intención, nunca lo fue”, explica él. Cuenta que tenían un trabajo, una casa, una vida. Que ya hubo familiares que intentaron migrar a Estados Unidos, pero que a él nunca le atrajo la idea. Hasta que tuvo que huir. “Tienes que dejarlo todo”, lamenta el hombre, de nariz prominente, cuerpo atlético y una perilla perfectamente cuidada. Ajeno a todo el drama, acurrucado sobre las rodillas de su madre, Joshua se mantiene dormido. Apenas tiene doce días de vida y ya ha aprendido lo inhumano de las políticas en la frontera.

“Yo no quiero regresar a Guerrero. No busco el sueño americano, sino asilo político. Si no es en Estados Unidos, que sea en otro país”, explica Ocampo Atanasio. Es jueves 3 de septiembre y pasan algunos minutos del mediodía. La pareja acaba de llegar a lo que ahora es su casa, un socavón delimitado por plásticos que hacen las veces de techo y paredes al que se accede a través de una escalera cincelada en la tierra. El precario habitáculo se ubica en el extremo del campamento de solicitantes de asilo más cercano al puente internacional. Desde aquí puede verse a quienes se dirigen a cruzar legalmente. Pero ellos no pueden. Nadie en el campamento puede. Este núcleo de tiendas de campaña, lonas y precarias construcciones se levantó en Matamoros hace más de un año, en una borda de tierra que contiene las crecidas del Río Bravo. Como el piso se moldea, sirve para levantar hornos con los que cocinar o paredes en las que crear precarias estanterías. Cuando llueve todo se convierte en un lodazal insalubre.

Un crucifijo cuelga a lado de un cubrebocas dentro de una carpa en el campamento de migrantes solicitantes de asilo en Matamoros. Foto: Alejandro Cegarra/National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Explica Ocampo Atanasio que esta no es la primera vez que su familia se ve obligada a escapar. Hace casi una década vivía en Tacámbaro, Michoacán, un pueblecito de la Tierra Caliente convertido en infierno por la guerra entre grupos del narco. Eran los tiempos de la guerra entre Los Caballeros Templarios y los Zetas. Aunque los actores han cambiado, la violencia nunca se detuvo en esta zona. “En ese tiempo estaba fuerte la situación en Michoacán. Todo el tiempo vivía una atemorizada, había balaceras, no se podía ir a la escuela porque cerraban. Ocurrían las balaceras y duraban hasta una semana”, dice la joven. Tenía 16 años cuando su madre la agarró a ella y a sus hermanos y se los llevó a Tecpán de Galeana, en Guerrero. Ese fue su primer exilio, que durará nueve años. Allí conoció a Fidel, que era amigo de la familia, y para cuando cumplió la mayoría de edad ya estaba viviendo con él y embarazada del primer hijo.

Nada les hacía pensar entonces, con su primer pequeño recién nacido, que siete años después tendrían que hacer las maletas nuevamente y escapar todavía más lejos, a Tamaulipas. Pero ocurrió. El 2 febrero de este año no aguantaron más y escaparon. Tomaron varios buses y cuatro días después ya estaban en Matamoros. Entonces todavía funcionaba la lista y la COVID-19 no era una amenaza. Dice Ocampo Atanasio que solo tendrían que esperar unas semanas y podrían seguir su proceso al interior del Estados Unidos. “Esto de pasar mexicanos se paró el 18 de febrero. Ahí ya no los dejaban. Se iban de aquí, pero estando en migración los retenían en las hieleras y los sacaban por Reynosa”, explica. Así que el cerrojazo fue un poco anterior a la pandemia. A partir del 20 de marzo se cerró la frontera y ahí sí, la familia perdió toda esperanza.

“Nosotros nos quedamos porque siempre tuvimos la esperanza de que se llegue a abrir y poder entrar. Queríamos hacer las cosas bien”, dice la mujer. Aquí se da una paradoja. Hablamos de ciudadanos mexicanos a los que su gobierno no ha sido capaz de proteger pero que tienen que esperar en su propio territorio hasta tratar de conseguir la seguridad al otro lado de la frontera. La situación se vuelve aún más surrealista si toma en cuenta que México ejerce de barrera para miles de centroamericanos que tienen que atravesar su territorio para pedir asilo en Estados Unidos. Este papel de contención se ha endurecido desde junio de 2019, cuando los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador firmaron un acuerdo por el que México se comprometió a frenar el flujo migrante.

Consecuencia de aquel pacto son los cientos de personas que malviven en el campamento de Matamoros. No es el caso de la familia guerrerense, convertida en desplazada en su propio país.

Cuenta Ocampo Atanasio que tras siete meses en el campamento empezaron a desesperarse y a valorar oportunidades. Entre las tiendas ya se escuchaba el rumor de que algunas embarazadas habían logrado alcanzar el otro lado y que la Patrulla Fronteriza no las hiciera volver por su estado de gestación. Ella, que había salido de su casa encinta de tres meses, veía cómo se agotaba el tiempo.

La joven es sincera sobre sus intenciones. “Salté por las circunstancias. ¿Cómo el niño va a nacer en estas condiciones? Una carpa no es apto apta para un bebe recién nacido. Y todos lo estaban haciendo. No fui la única, fueron muchísimas embarazadas”, explica. Asegura que ella nunca quiso cruzar de mojada. “La idea era entregarnos con migración. No huir, no escapar, entregarnos para que ellos nos brindaran la ayuda. Pero no fue así”, lamenta.

Cruzar al otro lado en Matamoros tiene sus trámites. Aquí toda la frontera está en manos de “la maña”, que es como se conoce al crimen organizado. Nadie salta al río sin permiso de esta estructura. Y para tener el beneplácito hay que pagar. Los precios oscilan entre los 500 dólares que se abona solo por tener el derecho a cruzar, algo así como un peaje, hasta los 14 mil que se llega a pagar para que un grupo de coyotes te deje sano y salvo en Houston, Texas.

Palmeras en los Estados Unidos vistas a través de una cerca que rodea el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros, México, el martes 1 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Contracciones con un agente que no sale de la habitación

El sábado 22 de agosto, de madrugada, un pequeño grupo atravesó el Río Bravo y logró poner  un pie en Estados Unidos. El caudal todavía venía elevado después de que el huracán Hanna provocara una fuerte crecida semanas atrás, hasta el punto de poner en riesgo el campamento. Pero eso no fue obstáculo para dos hombres, dos mujeres y dos niñas hartas de dormir en tiendas de campaña. Por un lado, Ocampo Atanasio, su esposo y sus dos hijos. Con ellos una pareja de hondureños: Marvin Giovanni y Rosivel, procedentes de Choluteca, al sur del país centroamericano. Esta última, embarazada de siete meses, había enviado a sus hijos atravesar el puente internacional como menores no acompañados el 4 de enero. Antes, en julio de 2019, el marido intentó cruzar con la pequeña, de 7 años. Pero los atrapó la Patrulla Fronteriza y, a pesar de alegar que su vida corría peligro, los devolvió a Matamoros como parte de “Quédate en México”. Un mes antes, muy cerca del punto en el que cruzaron, se había producido la muerte de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Angie Valeria, dos salvadoreños que se ahogaron tratando de alcanzar el sueño americano. Como ya lo habían devuelto a él, Giovanni consideró que no tenía sentido que su mujer lo intentara. Pero ahora era diferente. Con los pequeños sanos y salvos en Virginia, el matrimonio estaba desesperado por reunirse con ellos.

El grupo caminó durante media hora hasta que llegó la Patrulla Fronteriza. Incluso Giovanni conserva una selfie que se hicieron entre los matorrales cercanos al río. Fue el último momento de caminata todos juntos. A partir de ahí sus historias se dividen. Los mexicanos fueron devueltos. Los hondureños, separados. El marido enviado nuevamente a Matamoros. La esposa, a un hotel para hacer cuarentena antes de ponerse rumbo a Virginia, donde está su familia. No hay razón que explique por qué unos sí y otros no. Son decisiones que toman los oficiales estadounidenses. Depende de la suerte. Una la tuvo y está en el norte. La otra, no, y lo devolvieron a México.

Ocampo Atanasio recuerda el momento del cruce con angustia. “Yo llevaba en ese momento contracciones. Llevaba dolores y era una situación estresante, con las preguntas. Llaman a la ambulancia y a mí me llevan. Detrás de la ambulancia iba a una patrulla. Llego al hospital y ahí estuve, me checaron los médicos y me dijeron que ya iba en labor de parto. Vine a dar a luz hasta el otro día”, dice.

Niños juegan en el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros el jueves 3 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency FundFoto: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Mientras a ella la llevan al hospital Valley Regional de Brownsville, su esposo y sus hijos son conducidos a Migración. Allí estarán unas horas hasta ser devueltos a Matamoros. Fidel Jaimes también recuerda con amargura aquel proceso. Especialmente, el maltrato de un funcionario, de apellido Vera, que no dejó de hostigar en ningún momento.

“Me hablaba feo, me decía cosas como ‘por qué no te pones machito en Matamoros’. Era mucha la agresión que estábamos pasando”, recuerda.

Para las 3 de la tarde del sábado 22 de agosto, James y sus dos hijos ya estaban de regreso en Matamoros. Él no lo sabía entonces, pero en ese momento su esposa había iniciado el trabajo de parto en una habitación del hospital en Brownsville. Junto a ella, en mitad de ese momento tan íntimo, no estaba él, el padre, sino un agente de migración que no abandonó el cuarto ni un momento. Lo que vivió en ese centro médico es una historia de violencia obstétrica contra una mujer vulnerable que cruzó el río porque en su país no le garantizaban que podrían proteger su vida.

“No sabía qué iba a pasar, qué estaba pasando con mi niña, que está chiquita. Estaba con mucha angustia. Todo ese día estuve con contracciones”, explica la mujer, ya tranquila, con Joshua entre sus brazos. Solo tuvo intimidad durante el tiempo que duró el trabajo de expulsión. En principio, una agente debía estar en la misma sala. Pero, según dice Ocampo, ella se negó. Así que al menos pudo dar a luz sin un policía vigilando. En cuanto el pequeño llegó al mundo, el proceso para devolver a su madre a México se reinició.

“Nace el bebé, se lo llevan a la sala donde los pesan y entra el agente de migración para poner mis huellas en el aparato y tomarme la foto. En ese momento estaba tan desgastada que no quise decir nada. Me preguntó si estaba lista y le dije que no me sentía bien. Pero agarró mi mano y las puso. No sé para qué eran las huellas. No quise preguntar. No quería saber nada. Estaba muy agotada por el parto”, explica.

Durante los dos días siguientes la mujer fue trasladada a otra habitación, siempre vigilada por un agente migratorio. Nunca se pudo comunicar con su familia.

La única llamada a la que tuvo acceso duró más de tres horas. Al otro lado, un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que le preguntaba por qué había cruzado la frontera y cuál era su temor en México. Apenas un día después de dar a luz, exhausta, sin siquiera ver el rostro de su interlocutor, tuvo que enfrentarse al escrutinio de Washington. No debió convencer al oficial porque un día después fue conducida a la frontera con su hijo. Y eso que la trabajadora social del hospital le aseguró que no podrían deportarla teniendo un hijo estadounidense. La única explicación que recibió fue que su caso de asilo había sido rechazado.

“Cuando me lo dijeron, yo solo moví la cabeza. Traía la autoestima por los suelos”, dice.

En realidad, su caso nunca fue rechazado porque ni siquiera hubo oportunidad que siguiese el proceso, según explica Lizzie Fulton, abogada del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) y que acompaña a la mujer para tratar de abrir su caso. En su opinión, el interrogatorio formó parte de otro proceso conocido como entrevista de “non-refoulement” en el que funcionarios estadounidenses valoran si el solicitante de asilo debe ser expulsado o no de regreso. El resultado fue la expulsión, pero cuando se reabran las fronteras, la mujer podrá volver a presentar su caso.

Preguntado sobre estos hechos, el CBP respondió que no se deportan a ciudadanos estadounidenses. En un correo enviado a Animal Político, la oficina fronteriza dijo que “los ciudadanos estadounidenses nunca son deportados a menos que se revoque su ciudadanía. Si un recién nacido fue expulsado o deportado, fue porque la madre se encontraba en el país ilegalmente. Ella podría haber pedido que el niño se quedara con familiares o ingresara en el sistema de servicios sociales. Pero una nueva madre probablemente no querría hacer eso y, por lo tanto, se llevó al niño con ella”.

Y tiene razón en una cosa. Ocampo Atanasio no quería separarse de su hijo. Pero tampoco le dieron ninguna alternativa. Y eso que, en el comprobante del acta de nacimiento incluyeron la dirección de la madre en Fort Pierce, Florida, el lugar en el que reside su hermana. Ahí debía haber llegado la guerrerense con su hijo recién nacido. Pero no. No le dieron esa oportunidad. Solo le dijeron que tenía que irse. Dos semanas después de la expulsión tenía cita en el hospital para las vacunas y que le entreguen los documentos que acreditan que Joshua es estadounidense. No podrá acudir porque la obligaron a permanecer del otro lado, en el país del que huye porque tiene miedo a que la maten.

Este trabajo se realizó con apoyo de National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

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COVID: las personas que han estado encerradas desde el comienzo de la pandemia

Rafael, de 38 años, habla de los temores que lo llevaron a seguir encerrado en su departamento a pesar de que ya se han levantado las restricciones y cuarentenas por el coronavirus.
14 de septiembre, 2022
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Rafael A.* recuerda las últimas tres veces que salió de casa como si fuera hoy.

“Paseé al perro en la cuadra de mi condominio, fui a sacar copias de documentos en una tiendita y tuve que ir a un shopping”, cuenta.

Estos episodios ocurrieron en marzo de 2020. Desde entonces, nunca ha salido del departamento de 45 metros cuadrados que habita en la Zona Norte de Río de Janeiro.

Para Rafael, la necesidad de permanecer encerrado por la pandemia de covid-19 hizo que su propia casa se convirtiera en una prisión, de la que aún hoy no puede salir, por temor a contagiarse de coronavirus y desarrollar la enfermedad más grave.

“Extraño mucho sentir el sol, ir al supermercado, ir al centro comercial…”, dice.

Como prueba viviente de este período, guarda varias botellas de alcohol que compraba para desinfectar alimentos u objetos, y una bolsa donde acumula la mayoría de los cabellos que comenzaron a caerse de su cabeza con mucha frecuencia durante este período.

Cuando se puso en contacto con BBC News Brasil para contar su historia, Rafael esperaba poder desahogarse, además de ayudar a otras personas en todo el mundo, que se encuentran en situaciones similares.

“¿Cuántas personas podrían estar atrapadas en casa ahora mismo, sentirse solas y no tener el apoyo necesario para salir de esta situación?”, se pregunta.

Cambio de hábitos

A sus 38 años, Rafael relata que ya hacía un tratamiento psicológico mucho antes de que estallara la pandemia, y podía salir de su casa con normalidad.

Otras crisis de salud recientes, como la gripe H1N1 en 2009 y el zika en 2015, no habían tenido un impacto tan grande en su rutina ni habían cambiado sus hábitos.

Las botellas vacías de alcohol que guarda Rafael como 'evidencia' de su época del aislamiento.

Archivo personal
Las botellas vacías de alcohol que guarda Rafael como ‘evidencia’ de su época del aislamiento.

Rafael trabaja como freelancer: da asistencia y apoyo a una persona con autismo, a la que ayuda con los trámites y las tareas del día a día.

Con la pandemia, todas las tareas pasaron a hacerse de forma remota, con intercambio de mensajes y llamadas.

De hecho, con la necesidad de un confinamiento por la propagación del virus, esta persona con autismo comenzó a ayudar mucho al propio Rafael, brindándole apoyo emocional y ayudándolo con tareas básicas, como llevarle algunas compras de supermercado.

Antes de la propagación del covid, Rafael compartía el departamento con su madre y dos sobrinos.

Sin embargo, el recrudecimiento de la pandemia, la necesidad de quedarse en casa y las exigencias de redoblar los cuidados de higiene generaron algunos conflictos entre ellos, lo que hizo que los otros tres familiares cambiaran de domicilio en 2020.

Durante ese período, Rafael desarrolló todo un sistema para adaptarse al día a día.

En el pasillo de entrada de su departamento, que da acceso a la sala de estar, colocó un pequeño baúl que delimita hasta dónde pueden ingresar mensajeros y familiares.

Al lado del baúl, instaló una mesa. Aquí es donde se dejan los pedidos de comida y farmacias. También hay bolsas con basura reciclable que se acumulan y solo se tiran cuando pasa alguien que conoce y se las lleva.

Sin embargo, cuando ocurren estas visitas, Rafael nunca se encuentra en el mismo ambiente. Al enterarse de que viene alguien, deja la puerta principal abierta y se encierra en la habitación hasta que la persona se va.

Al principio, la preocupación por la higiene era tan grande que incluso pedía comida a través de aplicaciones de entrega, pero, por temor al coronavirus, volvía a poner la comida en el horno.

“Muchas veces comía bocadillos y papas fritas quemadas porque dejaba la temperatura demasiado alta o por mucho tiempo”, dice.

“Hoy he mejorado un poco y ya no siento la necesidad de llegar a ese punto“, agrega.

Miedo

En estos dos años y medio de pandemia, algunos episodios han reforzado aún más los temores de Rafael.

Uno de los principales fue la muerte por covid-19 del comediante Paulo Gustavo, en mayo de 2021.

“Siempre he sido un gran admirador de su trabajo y pensé: ‘Si se muere un tipo rico como ese, imagínense lo que me puede pasar a mí, que no tengo dinero'”, recuerda.

Otro momento decisivo tuvo que ver con la vacunación contra la covid-19.

Cuando las dosis estaban disponibles para su grupo de edad, Rafael se enfrentó a un verdadero dilema: por un lado, sabía que las vacunas garantizarían una mejor protección contra el coronavirus; por otro lado, no se sentía cómodo saliendo de casa, exponiéndose y acudiendo a un centro de salud.

Comenzó entonces una verdadera epopeya en la que Rafael y sus compañeros y familiares intentaron convencer a un profesional de la salud para que acudiera al apartamento y le administrara allí la vacuna.

Después de mucho buscar, en diciembre de 2021, dos enfermeras de una clínica de salud familiar del barrio finalmente acudieron a la casa de Rafael, quien las recibió vestido con ropa especial, la que usan los científicos en situaciones de emergencia y con alto riesgo de contagio.

Rafael recibe una de las dosis de la vacuna contra la covid-19, equipado con un traje especial.

Archivo personal
Rafael recibe una de las dosis de la vacuna contra la covid-19, equipado con un traje especial.

El proceso se repitió unas semanas después, en enero de 2022, cuando necesitaba la segunda dosis.

“Tenía miedo de tener una reacción y tener que ir a un hospital, pero por suerte no sentí nada”, dice.

Y es precisamente por el miedo a los eventos adversos —además de la dificultad de convencer al equipo de un puesto de salud para que acuda al apartamento— que Rafael aún no se ha puesto la tercera dosis de la vacuna que protege contra la covid.

¿Cuál es el límite?

Rafael se angustia al ver que la gente está volviendo a la vida y abandonando todas las restricciones que han marcado los dos últimos años, como el uso de mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento físico.

La pandemia no ha terminado“, apunta.

“En el Carnaval vi a la gente de lejos, a través de la ventana del apartamento, celebrando, todos muy felices. No lo puedo entender”, admite.

Consultado sobre en qué situación cree que estará dispuesto a salir de casa y retomar la rutina, Rafael dice que revisa todos los días las noticias y gráficos sobre las muertes por covid registradas en Brasil.

“Para mí, el número ideal sería cero. Pero creo que a lo mejor me sentiré un poco más cómodo para salir cuando vea entre cinco y diez muertos por covid“, estima.

Además del seguimiento psicológico semanal, dice que también hizo citas con el psiquiatra, quien le recomendó el uso de medicamentos para aliviar la ansiedad.

Pero el miedo a sufrir algún efecto secundario —y tener que ir a urgencias— le hizo desistir de la idea de iniciar un tratamiento farmacológico.

Paulo Gustavo

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La muerte del comediante Paulo Gustavo por covid reforzó algunos de los temores de Rafael.

Más común de lo que se piensa

A pesar de llamar la atención, la historia de Rafael se repite, en mayor o menor medida, con otras personas, según expertos con los que habló BBC News Brasil.

Aunque no hay estadísticas oficiales sobre a cuántos les cuesta salir de casa y retomar su rutina en esta “nueva normalidad”, el psiquiatra Rodolfo Furlan Damiano, que no trata directamente con Rafael, admite que “esas historias aparecen en la rutina diaria de la oficina”.

“Son casos muy particulares, vinculados con un aumento en la prevalencia de los trastornos mentales en los últimos años”, contextualiza el médico, quien realiza un doctorado en el Instituto de Psiquiatría (IPq) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo.

Damiano explica que, en los primeros meses de la pandemia, hubo incluso una disminución de padecimientos como la ansiedad y la depresión.

“Cuando nos enfrentamos a un gran problema colectivo, la tendencia inicial es a olvidarnos de las otras dificultades de la vida y enfocarnos solo en eso. Esto, en cierto modo, suma y genera sentido de pertenencia”.

“Pero a medida que pasa la pandemia sucede otro fenómeno. Vuelven las dificultades anteriores, que estaban latentes, y agregamos todos los dilemas extras relacionados con ese momento”, agrega.

Y, para las personas que ya tienen algún tipo de vulnerabilidad, todo esto representa una carga emocional muy alta, explica Damiano.

“Algunas personas pueden tener dificultades para adaptarse nuevamente y desarrollar condiciones como ansiedad, depresión o fobias”, concluye.

Rafael guarda en una bolsa el pelo que se le ha caído de la cabeza desde el inicio del confinamiento.

Archivo personal
Rafael guarda en una bolsa el pelo que se le ha caído de la cabeza desde el inicio del confinamiento.

“El mayor confinamiento de la historia”

El profesor Paul Crawford, del Instituto de Salud Mental de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, coincide en que el encierro prolongado y el aislamiento social tienen varios efectos nocivos sobre el bienestar, pero afirma que existen antídotos que ayudan a lidiar con esta condición.

En 2020 escribió un libro llamado “Claustrofobia: sobreviviendo el encierro durante la pandemia de coronavirus”, en el que exploró este tema en detalle.

Crawford define lo que hemos vivido en los últimos dos años y medio como “el mayor confinamiento de la historia”.

“Para algunos, quedarse en casa fue bienvenido y brindó la oportunidad de profundizar las relaciones con personas cercanas, como parejas e hijos. Para otros, la falta de contacto físico y la interminable comunicación digital tuvo un impacto emocional muy negativo“, compara.

Al recordar situaciones y episodios en los que las personas también están aisladas, como en prisiones, secuestros, viajes alrededor del mundo o vuelos espaciales, Crawford cita algunas estrategias que pueden funcionar y son buenas para la mente.

“En estos contextos, tener una estructura, establecer metas y crear propósitos para cada día son factores cruciales”, le dice a BBC News Brasil.

“También es importante tener acceso a áreas verdes, aceptar psicológicamente la ‘nueva normalidad’, ajustar las necesidades a la realidad, conectarse con otras personas, aunque sea en medios digitales, percibir el hogar como un santuario -y no como una prisión-, cuidar la salud, especialmente la alimentación y el ejercicio físico, y realizar actividades creativas y artísticas”, añade.

Crawford comprende la dificultad que algunos pueden sentir cuando se relajan las restricciones y la gente regresa a las calles.

“Muchos sienten ansiedad ante la posibilidad de tener contacto con el virus, ya sea por alguna vulnerabilidad de salud o por la muerte traumática de conocidos, amigos o familiares”, describe.

“Y algunos han convertido su hogar en un santuario tan cómodo y perdurable que, quizás, prefieren seguir viviendo adentro”.

El investigador cree que “todavía no se ha establecido una línea clara sobre cuándo un comportamiento así, basado en un confinamiento voluntario, es comprensible o patológico”.

“Lo que han hecho la pandemia y el confinamiento más grande de la historia es intensificar y hacer más palpables las formas en que el aislamiento social puede conducir al declive mental y la calamidad, y cómo el sufrimiento y los desafíos mentales a menudo llevan a las personas a aislarse o esconderse socialmente”, concluye el experto.

No está en tu cabeza

Para Damiano, ante la dificultad de retomar la rutina, el umbral entre la salud y la enfermedad está definido por la pérdida de la libertad.

“Cuando la persona ya no puede tomar sus propias decisiones y el contexto en el que vive es fuente de sufrimiento y angustia, ha llegado el momento de buscar un profesional de la salud”, indica.

La consulta con el psiquiatra y el psicólogo es fundamental para diagnosticar el trastorno, investigar los orígenes del problema y, por supuesto, iniciar el tratamiento más eficaz.

Un psicólogo tomando notas

Getty Images
Ver a un especialista en salud mental es uno de los primeros pasos para deshacerse de los trastornos que causan angustia.

Algunos casos se resuelven con psicoterapia. El método consiste en sesiones estructuradas de conversaciones con un especialista, quien analizará comportamientos, emociones y pensamientos para cambiar lo que no es ideal.

En otros, la medicación también es fundamental para complementar este proceso y estabilizar el cuadro.

Damiano insiste en que, como ocurre con cualquier otra enfermedad, los trastornos mentales deben tratarse con respeto: tener depresión o ansiedad no es “solo algo que está en la cabeza” o “un tema de fuerza de voluntad”, como algunos dicen de manera equivocada.

“Son problemas que cualquiera puede tener, y es importante que la gente busque ayuda cuando sienta la necesidad”, señala.

Entre miedos y adaptaciones, Rafael sigue viviendo su vida, con la esperanza de algún día volver a sentir el sol.

“No estoy loco. No robo dinero. No hago daño a la gente. Sé hablar bien”, dice.

“Pero mi situación siempre me hace pensar en otras personas que pueden estar en una situación similar, o personas con ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia, que quizás no tengan el apoyo de nadie”, concluye.

*El apellido de Raphael se ha omitido para proteger su identidad.

Este texto fue publicado originalmente en portugués aquí: https://www.bbc.com/portuguese/geral-62834973


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