Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, dio a luz y la deportaron
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Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, pero fue deportada dos días después de dar a luz

La desesperación por el cierre de fronteras a causa de la COVID-19 obliga a mujeres a punto de tener un hijo a saltar al río para tratar de alcanzar Estados Unidos.
21 de septiembre, 2020
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Tres días después de dar a luz a su hijo Joshua, Sandra Ocampo Atanasio, de 25 años, fue deportada con su bebé en brazos. Nacida en Tecpán de Galeana, Guerrero, la joven se lanzó al Río Bravo el pasado 22 de agosto, embarazada de nueve meses y harta de dormir en una tienda de campaña junto a la frontera en Matamoros, Tamaulipas. En el momento del cruce la acompañaban su esposo Fidel Jaimes y sus dos hijos, de siete y un año. Cuando llegó la Patrulla Fronteriza ninguno corrió ni trató de esconderse. Al contrario. Se entregaron e intentaron explicar que huyeron de su casa en febrero y que buscaban asilo en Estados Unidos. No fueron escuchados.

De nada sirvió que el pequeño Joshua haya nacido en un hospital de Brownsville, Texas, lo que lo convierte en ciudadano estadounidense. Tampoco que Ocampo Atanasio explicara que tenía miedo de regresar, que en Guerrero ya habían matado a varios familiares y que Matamoros es un lugar peligroso. El mismo día en el que pusieron un pie en Estados Unidos, el padre y sus dos hijos fueron devueltos. La madre aguantó cuatro días: el que llegó y fue detenida, el del parto y otros dos de recuperación antes de ser expulsada con su hijo.

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Desde entonces, la familia sobrevive en una estructura levantada entre cobijas, plásticos y palos de madera dentro del campamento para solicitantes de asilo a orilla del Río Bravo en Matamoros. Desde hace más de un año, aproximadamente un millar de personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Cuba o México duermen en tiendas de campaña, dependiendo de la ayuda de las organizaciones sociales y vulnerables a las extorsiones y secuestros del crimen organizado. El hacinamiento al interior del campo y la escasez de medidas higiénicas también los convierte en víctimas potenciales de la COVID-19. Por suerte, hasta el momento apenas se han detectado un par de contagios.

El caso de Ocampo Atanasio no es el único en el que una mujer embarazada trata de cruzar a Estados Unidos para pedir asilo. Se trata de un recurso desesperado ante el cierre de la frontera y la paralización de todos los trámites a causa de la pandemia de coronavirus. Animal Político constató al menos otros tres casos similares entre Matamoros y Reynosa entre mediados de agosto y la primera semana de septiembre: un matrimonio salvadoreño que fue devuelto en el último momento, cuando ya habían avisado a sus familiares para que los recibieran en Chicago; una pareja hondureña que fue separada al llegar y la mujer aguarda en  el nacimiento del hijo en Virginia, EUA, mientras el esposo está de nuevo en Matamoros; una pareja de venezolanos a los que no dieron opción y en menos de dos horas fueron devueltos en Reynosa.

La pandemia por COVID-19 cerró la frontera a cal y canto desde el 21 de marzo y dejó a los solicitantes de asilo en un limbo a lo largo de la frontera norte. Por un lado, están los extranjeros (centroamericanos, cubanos, venezolanos), que se encuentran dentro del programa “Quédate en México”, que los obliga a esperar al sur del Río Bravo hasta que un juez estadounidense examine su caso. Desde marzo de 2019, cuando los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron este plan, 65 mil 877 personas —según datos de la universidad de Siracusa, que elabora un informe mensual a través de peticiones de acceso a la información—, fueron devueltos a estados como Baja California, Chihuahua o Tamaulipas. Ahora no se aceptan nuevas solicitudes y quienes aguardan citas pendientes las tienen pospuestas hasta nuevo aviso. Es más que probable que al menos hasta el año que viene no sean atendidos.

Sandra sostiene a su bebé recién nacido de 11 días. Foto: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

El caso de los mexicanos es algo distinto. Ellos no están sometidos a “Quédate en México” por razones obvias. Su espera estaba condicionada a una lista que regula quién puede cruzar la frontera y tener una audiencia en Estados Unidos. Si tienen suerte y los funcionarios consideran que verdaderamente están en peligro, pueden esperar su proceso de asilo al interior. Esto no implica que puedan quedarse. En 2019, de los 7 mil 611 mexicanos cuyo trámite de protección se resolvió solo 852 ganaron su caso y recibieron la protección de Estados Unidos, según datos de la universidad de Siracusa. Pero lograr cruzar ya es un triunfo y poder estar al norte del Río Bravo mientras analizan las pruebas es tiempo ganado. Esa era la esperanza de la familia de Ocampo Atanasio. Por desgracia para ellos, desde mediados de febrero, dos semanas después de que llegaran a Matamoros, nadie ha cruzado el portón fronterizo.

Con la excusa de la pandemia, Estados Unidos suspendió todas las garantías legales que existían en la frontera. Nadie es procesado en cortes de migración ni puede pedir asilo. Cuando alguien es arrestado tratando de cruzar irregularmente, los agentes lo devuelven a México inmediatamente o lo deportan apoyándose en el Título 42, un decreto que justifica las expulsiones por considerar a los extranjeros potenciales propagadores del coronavirus. En marzo México anunció que recibiría no solo a sus ciudadanos, sino también a las personas rechazadas procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Muchos de ellos fueron posteriormente deportados por el gobierno mexicano o trasladados a la frontera con Guatemala, donde los abandonaron a su suerte.

Según datos de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), entre marzo y agosto fueron expulsados por este procedimiento 147 mil 601 personas. Hasta el 14 de agosto, 7 mil 131 de estos procedían de Guatemala, Honduras o El Salvador, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) obtenidos mediante solicitud de transparencia. Es decir, que la gran mayoría de rechazados son mexicanos. No hay cifras sobre cuántos solicitantes de asilo sí consiguieron pasar. Algunos lo hicieron, pero fueron muy pocos. Historias de éxito que corren como la pólvora y que empujan a familias como la de Ocampo Atanasio a jugárselo todo para cruzar.

“Piensan que si cruzan por el río los van a recibir. Porque ya lo han visto. Pero es incierto que Estados Unidos tenga un criterio. No hay un patrón especifico”, dice Paula Juárez, trabajadora social de Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las pocas organizaciones que se mantuvieron en el campamento a pesar de la pandemia. “Algunos llevan como el año en espera y sufren mucha incertidumbre. Desde junio les están aplazando sus citas. Ahora no saben si tan siquiera en seis meses van a abrir la frontera. Han visto estas situaciones en las que cruzan y que a algunos les ha funcionado y lo replican. Porque no tienen nada que perder”, explica.

No existe un censo oficial del campamento y tampoco del número de mujeres embarazadas en su interior. La estimación de MSF es que podrían ser unas 70 de un total de unos mil habitantes en el recinto. Tampoco hay datos sobre cuántas de ellas atravesaron el Río Bravo, ni si lo consiguieron o no. Solo quedan los relatos individuales de quienes lo intentaron o los rumores sobre aquellas que tuvieron éxito.

Preguntado sobre el número de mujeres embarazadas que cruzaron en los últimos meses o que siguen su proceso de asilo al interior de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) argumentó que “no rastreamos esta estadística. Además, es posible que alguien esté embarazada pero no se presente, o ni siquiera lo sepa, por lo que la métrica sería engañosa”.

“Muchas de ellas no quieren que sus hijos nazcan en México, quieren que nazca en Estados Unidos. Por eso se ponen en esta situación gravísima para la vida de la embarazada y del bebé. Es muy grave la desesperación”, dice el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante de Matamoros. El sacerdote, un tipo fornido, de formas directas, es una de las figuras que más sabe lo que padecen los migrantes en esta parte de la frontera. Asegura que desde su congregación han tratado de dialogar para intentar que estas mujeres “no se arriesguen”. Pero es en vano. “Veo una situación grave. Porque Estados Unidos no las va a recibir. La cuestión de embarazo no conlleva una seguridad, no es una garantía para estar allá”, advierte.

Animal Político consultó sobre estos casos al Instituto Nacional de Migración (INM) y Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Fidel Salas sostiene a su bebé recién nacido de 11 días que nació en Estados Unidos y luego fue deportado a México. Foto: Alejandro Cegarra / National Geographic Society COVID-19 Emergency Fund.

Huir de Guerrero para languidecer en Tamaulipas

“En Guerrero hay mucha violencia, muchas cosas feas. Hubo sucesos que nos orillaron a salir del lugar”, dice Sandra Ocampo Atanasio. Tiene los ojos rasgados, la cara ovalada y una sonrisa enorme que transmite sinceridad. No le gusta hablar de las razones que le motivaron a escapar de Tecpán de Galeana, el municipio de la costa de Guerrero. En 2019, un total de 5 mil 128 personas del estado sufrieron desplazamiento forzoso según un informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). El estudio recoge que es año huyeron de su casa 8 mil 644 en todo el país, lo que convierte a Guerrero en el estado que más población expulsa para salvar su vida. Aquel año la mujer todavía no había decidido hacer las maletas, pero ya lo estaba pensando.

Según explica, en los últimos tiempos vio a varios familiares morir asesinados, pero el último empujón para escapar se lo dio el grupo armado que amenazó a su esposo. Este trabajaba vendiendo remedios naturales y era instructor de taekwondo hasta que alguien quiso reclutarlo. “Tuvimos que dejarlo todo. Pero no era mi intención, nunca lo fue”, explica él. Cuenta que tenían un trabajo, una casa, una vida. Que ya hubo familiares que intentaron migrar a Estados Unidos, pero que a él nunca le atrajo la idea. Hasta que tuvo que huir. “Tienes que dejarlo todo”, lamenta el hombre, de nariz prominente, cuerpo atlético y una perilla perfectamente cuidada. Ajeno a todo el drama, acurrucado sobre las rodillas de su madre, Joshua se mantiene dormido. Apenas tiene doce días de vida y ya ha aprendido lo inhumano de las políticas en la frontera.

“Yo no quiero regresar a Guerrero. No busco el sueño americano, sino asilo político. Si no es en Estados Unidos, que sea en otro país”, explica Ocampo Atanasio. Es jueves 3 de septiembre y pasan algunos minutos del mediodía. La pareja acaba de llegar a lo que ahora es su casa, un socavón delimitado por plásticos que hacen las veces de techo y paredes al que se accede a través de una escalera cincelada en la tierra. El precario habitáculo se ubica en el extremo del campamento de solicitantes de asilo más cercano al puente internacional. Desde aquí puede verse a quienes se dirigen a cruzar legalmente. Pero ellos no pueden. Nadie en el campamento puede. Este núcleo de tiendas de campaña, lonas y precarias construcciones se levantó en Matamoros hace más de un año, en una borda de tierra que contiene las crecidas del Río Bravo. Como el piso se moldea, sirve para levantar hornos con los que cocinar o paredes en las que crear precarias estanterías. Cuando llueve todo se convierte en un lodazal insalubre.

Un crucifijo cuelga a lado de un cubrebocas dentro de una carpa en el campamento de migrantes solicitantes de asilo en Matamoros. Foto: Alejandro Cegarra/National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Explica Ocampo Atanasio que esta no es la primera vez que su familia se ve obligada a escapar. Hace casi una década vivía en Tacámbaro, Michoacán, un pueblecito de la Tierra Caliente convertido en infierno por la guerra entre grupos del narco. Eran los tiempos de la guerra entre Los Caballeros Templarios y los Zetas. Aunque los actores han cambiado, la violencia nunca se detuvo en esta zona. “En ese tiempo estaba fuerte la situación en Michoacán. Todo el tiempo vivía una atemorizada, había balaceras, no se podía ir a la escuela porque cerraban. Ocurrían las balaceras y duraban hasta una semana”, dice la joven. Tenía 16 años cuando su madre la agarró a ella y a sus hermanos y se los llevó a Tecpán de Galeana, en Guerrero. Ese fue su primer exilio, que durará nueve años. Allí conoció a Fidel, que era amigo de la familia, y para cuando cumplió la mayoría de edad ya estaba viviendo con él y embarazada del primer hijo.

Nada les hacía pensar entonces, con su primer pequeño recién nacido, que siete años después tendrían que hacer las maletas nuevamente y escapar todavía más lejos, a Tamaulipas. Pero ocurrió. El 2 febrero de este año no aguantaron más y escaparon. Tomaron varios buses y cuatro días después ya estaban en Matamoros. Entonces todavía funcionaba la lista y la COVID-19 no era una amenaza. Dice Ocampo Atanasio que solo tendrían que esperar unas semanas y podrían seguir su proceso al interior del Estados Unidos. “Esto de pasar mexicanos se paró el 18 de febrero. Ahí ya no los dejaban. Se iban de aquí, pero estando en migración los retenían en las hieleras y los sacaban por Reynosa”, explica. Así que el cerrojazo fue un poco anterior a la pandemia. A partir del 20 de marzo se cerró la frontera y ahí sí, la familia perdió toda esperanza.

“Nosotros nos quedamos porque siempre tuvimos la esperanza de que se llegue a abrir y poder entrar. Queríamos hacer las cosas bien”, dice la mujer. Aquí se da una paradoja. Hablamos de ciudadanos mexicanos a los que su gobierno no ha sido capaz de proteger pero que tienen que esperar en su propio territorio hasta tratar de conseguir la seguridad al otro lado de la frontera. La situación se vuelve aún más surrealista si toma en cuenta que México ejerce de barrera para miles de centroamericanos que tienen que atravesar su territorio para pedir asilo en Estados Unidos. Este papel de contención se ha endurecido desde junio de 2019, cuando los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador firmaron un acuerdo por el que México se comprometió a frenar el flujo migrante.

Consecuencia de aquel pacto son los cientos de personas que malviven en el campamento de Matamoros. No es el caso de la familia guerrerense, convertida en desplazada en su propio país.

Cuenta Ocampo Atanasio que tras siete meses en el campamento empezaron a desesperarse y a valorar oportunidades. Entre las tiendas ya se escuchaba el rumor de que algunas embarazadas habían logrado alcanzar el otro lado y que la Patrulla Fronteriza no las hiciera volver por su estado de gestación. Ella, que había salido de su casa encinta de tres meses, veía cómo se agotaba el tiempo.

La joven es sincera sobre sus intenciones. “Salté por las circunstancias. ¿Cómo el niño va a nacer en estas condiciones? Una carpa no es apto apta para un bebe recién nacido. Y todos lo estaban haciendo. No fui la única, fueron muchísimas embarazadas”, explica. Asegura que ella nunca quiso cruzar de mojada. “La idea era entregarnos con migración. No huir, no escapar, entregarnos para que ellos nos brindaran la ayuda. Pero no fue así”, lamenta.

Cruzar al otro lado en Matamoros tiene sus trámites. Aquí toda la frontera está en manos de “la maña”, que es como se conoce al crimen organizado. Nadie salta al río sin permiso de esta estructura. Y para tener el beneplácito hay que pagar. Los precios oscilan entre los 500 dólares que se abona solo por tener el derecho a cruzar, algo así como un peaje, hasta los 14 mil que se llega a pagar para que un grupo de coyotes te deje sano y salvo en Houston, Texas.

Palmeras en los Estados Unidos vistas a través de una cerca que rodea el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros, México, el martes 1 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Contracciones con un agente que no sale de la habitación

El sábado 22 de agosto, de madrugada, un pequeño grupo atravesó el Río Bravo y logró poner  un pie en Estados Unidos. El caudal todavía venía elevado después de que el huracán Hanna provocara una fuerte crecida semanas atrás, hasta el punto de poner en riesgo el campamento. Pero eso no fue obstáculo para dos hombres, dos mujeres y dos niñas hartas de dormir en tiendas de campaña. Por un lado, Ocampo Atanasio, su esposo y sus dos hijos. Con ellos una pareja de hondureños: Marvin Giovanni y Rosivel, procedentes de Choluteca, al sur del país centroamericano. Esta última, embarazada de siete meses, había enviado a sus hijos atravesar el puente internacional como menores no acompañados el 4 de enero. Antes, en julio de 2019, el marido intentó cruzar con la pequeña, de 7 años. Pero los atrapó la Patrulla Fronteriza y, a pesar de alegar que su vida corría peligro, los devolvió a Matamoros como parte de “Quédate en México”. Un mes antes, muy cerca del punto en el que cruzaron, se había producido la muerte de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Angie Valeria, dos salvadoreños que se ahogaron tratando de alcanzar el sueño americano. Como ya lo habían devuelto a él, Giovanni consideró que no tenía sentido que su mujer lo intentara. Pero ahora era diferente. Con los pequeños sanos y salvos en Virginia, el matrimonio estaba desesperado por reunirse con ellos.

El grupo caminó durante media hora hasta que llegó la Patrulla Fronteriza. Incluso Giovanni conserva una selfie que se hicieron entre los matorrales cercanos al río. Fue el último momento de caminata todos juntos. A partir de ahí sus historias se dividen. Los mexicanos fueron devueltos. Los hondureños, separados. El marido enviado nuevamente a Matamoros. La esposa, a un hotel para hacer cuarentena antes de ponerse rumbo a Virginia, donde está su familia. No hay razón que explique por qué unos sí y otros no. Son decisiones que toman los oficiales estadounidenses. Depende de la suerte. Una la tuvo y está en el norte. La otra, no, y lo devolvieron a México.

Ocampo Atanasio recuerda el momento del cruce con angustia. “Yo llevaba en ese momento contracciones. Llevaba dolores y era una situación estresante, con las preguntas. Llaman a la ambulancia y a mí me llevan. Detrás de la ambulancia iba a una patrulla. Llego al hospital y ahí estuve, me checaron los médicos y me dijeron que ya iba en labor de parto. Vine a dar a luz hasta el otro día”, dice.

Niños juegan en el campamento de solicitantes de asilo en Matamoros el jueves 3 de septiembre de 2020. Fotógrafo: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency FundFoto: Alejandro Cegarra / National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

Mientras a ella la llevan al hospital Valley Regional de Brownsville, su esposo y sus hijos son conducidos a Migración. Allí estarán unas horas hasta ser devueltos a Matamoros. Fidel Jaimes también recuerda con amargura aquel proceso. Especialmente, el maltrato de un funcionario, de apellido Vera, que no dejó de hostigar en ningún momento.

“Me hablaba feo, me decía cosas como ‘por qué no te pones machito en Matamoros’. Era mucha la agresión que estábamos pasando”, recuerda.

Para las 3 de la tarde del sábado 22 de agosto, James y sus dos hijos ya estaban de regreso en Matamoros. Él no lo sabía entonces, pero en ese momento su esposa había iniciado el trabajo de parto en una habitación del hospital en Brownsville. Junto a ella, en mitad de ese momento tan íntimo, no estaba él, el padre, sino un agente de migración que no abandonó el cuarto ni un momento. Lo que vivió en ese centro médico es una historia de violencia obstétrica contra una mujer vulnerable que cruzó el río porque en su país no le garantizaban que podrían proteger su vida.

“No sabía qué iba a pasar, qué estaba pasando con mi niña, que está chiquita. Estaba con mucha angustia. Todo ese día estuve con contracciones”, explica la mujer, ya tranquila, con Joshua entre sus brazos. Solo tuvo intimidad durante el tiempo que duró el trabajo de expulsión. En principio, una agente debía estar en la misma sala. Pero, según dice Ocampo, ella se negó. Así que al menos pudo dar a luz sin un policía vigilando. En cuanto el pequeño llegó al mundo, el proceso para devolver a su madre a México se reinició.

“Nace el bebé, se lo llevan a la sala donde los pesan y entra el agente de migración para poner mis huellas en el aparato y tomarme la foto. En ese momento estaba tan desgastada que no quise decir nada. Me preguntó si estaba lista y le dije que no me sentía bien. Pero agarró mi mano y las puso. No sé para qué eran las huellas. No quise preguntar. No quería saber nada. Estaba muy agotada por el parto”, explica.

Durante los dos días siguientes la mujer fue trasladada a otra habitación, siempre vigilada por un agente migratorio. Nunca se pudo comunicar con su familia.

La única llamada a la que tuvo acceso duró más de tres horas. Al otro lado, un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que le preguntaba por qué había cruzado la frontera y cuál era su temor en México. Apenas un día después de dar a luz, exhausta, sin siquiera ver el rostro de su interlocutor, tuvo que enfrentarse al escrutinio de Washington. No debió convencer al oficial porque un día después fue conducida a la frontera con su hijo. Y eso que la trabajadora social del hospital le aseguró que no podrían deportarla teniendo un hijo estadounidense. La única explicación que recibió fue que su caso de asilo había sido rechazado.

“Cuando me lo dijeron, yo solo moví la cabeza. Traía la autoestima por los suelos”, dice.

En realidad, su caso nunca fue rechazado porque ni siquiera hubo oportunidad que siguiese el proceso, según explica Lizzie Fulton, abogada del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) y que acompaña a la mujer para tratar de abrir su caso. En su opinión, el interrogatorio formó parte de otro proceso conocido como entrevista de “non-refoulement” en el que funcionarios estadounidenses valoran si el solicitante de asilo debe ser expulsado o no de regreso. El resultado fue la expulsión, pero cuando se reabran las fronteras, la mujer podrá volver a presentar su caso.

Preguntado sobre estos hechos, el CBP respondió que no se deportan a ciudadanos estadounidenses. En un correo enviado a Animal Político, la oficina fronteriza dijo que “los ciudadanos estadounidenses nunca son deportados a menos que se revoque su ciudadanía. Si un recién nacido fue expulsado o deportado, fue porque la madre se encontraba en el país ilegalmente. Ella podría haber pedido que el niño se quedara con familiares o ingresara en el sistema de servicios sociales. Pero una nueva madre probablemente no querría hacer eso y, por lo tanto, se llevó al niño con ella”.

Y tiene razón en una cosa. Ocampo Atanasio no quería separarse de su hijo. Pero tampoco le dieron ninguna alternativa. Y eso que, en el comprobante del acta de nacimiento incluyeron la dirección de la madre en Fort Pierce, Florida, el lugar en el que reside su hermana. Ahí debía haber llegado la guerrerense con su hijo recién nacido. Pero no. No le dieron esa oportunidad. Solo le dijeron que tenía que irse. Dos semanas después de la expulsión tenía cita en el hospital para las vacunas y que le entreguen los documentos que acreditan que Joshua es estadounidense. No podrá acudir porque la obligaron a permanecer del otro lado, en el país del que huye porque tiene miedo a que la maten.

Este trabajo se realizó con apoyo de National Geographic Society Covid-19 Emergency Fund

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Cómo la COVID está causando una crisis de oxigeno en América Latina y algunos países en desarrollo

¿Por qué los gobiernos de África, América Latina y Asia están luchando por conseguir oxígeno durante la pandemia?
29 de enero, 2021
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Antes de que la clínica se quedara sin oxígeno, Maria Auxiliadora da Cruz había mostrado alentadores signos de progreso contra la covid-19.

El 14 de enero, sus niveles de oxígeno habían estado por encima del nivel normal del 95%, pero pocas horas después de haber sido privada de ese recurso vital, sus niveles cayeron al 35%.

En esta instancia, a los pacientes normalmente se los intuba y se les suministra oxígeno a través de una máquina. Esto no ocurrió con esta enfermera jubilada de 67 años, que falleció.

“Fue horrible”, dice su nuera Thalita Rocha. “Fue una catástrofe. Muchos pacientes ancianos comenzaron a deteriorarse y ponerse azules”.

En un emotivo video que se viralizó en las redes sociales, Rocha describió lo que sucedía en la Policlínica Redenção en la ciudad de Manaos, en el norte de Brasil.

“Estamos en una situación desesperada. Toda una unidad de emergencia simplemente se ha quedado sin oxígeno … Mucha gente está muriendo”.

Rocha le dijo al Servicio Brasileño de la BBC que diez personas en la sala de guardia murieron ese día y que cree que su suegra podría haber sobrevivido.

“Ella no murió de covid. Lamentablemente, falleció por la falta de oxígeno“.

Thalita Rocha

Thalita Rocha
El video de Thalita Rocha pidiendo ayuda se hizo viral en las redes sociales.

Brasil tiene el segundo mayor número de decesos por covid del mundo, con más de 219.000 muertos.

En Manaos, el sistema de salud de la ciudad colapsó dos veces durante la pandemia y las muertes se duplicaron entre diciembre y enero, lo que llevó al gobierno local a anunciar planes para 22.000 nuevas tumbas.

Pero los hospitales y clínicas de Brasil no son de ninguna manera los únicos que luchan por conseguir suministros de oxígeno.

En México, donde más de 152.000 personas han muerto por la pandemia, ha habido informes de ladrones que se llevaron cilindros de oxígeno de hospitales y clínicas.

En un caso, dos hombres fueron arrestados luego de que un camión cargado con cilindros de oxígeno robados fuera encontrado al norte de Ciudad de México.

A principios de este mes, aparecieron videos que denunciaban la escasez de oxígeno en al menos dos hospitales en Egipto.

En uno, un hombre filmó camas cubiertas con mantas en el hospital al-Husseiniya en la gobernación nororiental de Sharqia y afirmó que “todos en la UCI han muerto“.

Las autoridades egipcias dijeron que cuatro pacientes habían muerto debido a condiciones crónicas preexistentes, no por falta de oxígeno, y han negado rotundamente que haya problemas de suministro.

Pero informes de incidentes similares en varios países han puesto de relieve la presión sobre los gobiernos para que proporcionen este tratamiento básico que permite salvar vidas.

“Crisis de oxígeno”

Un paciente recibe terapia con oxígeno en Lagos.

Getty Images
Uno de cada cinco pacientes con covid requerirá oxígeno, dice la OMS, pero la proporción es mayor en los casos graves.

La organización dice que no tiene datos específicos por país, pero agrega que algunos hospitales han visto aumentar la demanda de oxígeno entre cinco y siete veces los niveles normales debido a la afluencia de pacientes con enfermedades graves y críticas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco pacientes con covid-19 requerirá oxígeno. En casos severos, esto aumenta a tres de cada cinco.

PATH, una organización mundial sin fines de lucro que ayuda a varios gobiernos a responder a la pandemia, encontró que la demanda de oxígeno “aumentó dramáticamente” en 2020 debido a la afluencia de pacientes con hipoxemia (bajos niveles de oxígeno en la sangre) por la covid-19.

“Necesitamos pensar en el oxígeno tanto como pensamos en la electricidad, el agua u otros servicios básicos”, dice Lisa Smith, del programa de dinámicas de mercado de PATH.

“Esto no puede ser algo que solo nos preocupe cuando está mal, porque cuando está mal, la gente se muere”.

Actualmente, se necesitan cerca de 1,5 millones de cilindros de oxígeno todos los días en países de ingresos bajos y medianos para hacer frente a la demanda adicional generada por la pandemia, según una herramienta interactiva creada por PATH para rastrear las necesidades de oxígeno.

Esta herramienta digital ayuda a estimar la escala del desafío para quienes se encargan de formular políticas y fue desarrollada por el proyecto Covid-19 Respiratory Care Response Coordination que incluye a PATH y a Every Breath Counts (Cada respiración cuenta), una asociación público-privada que aboga por un mejor suministro de oxígeno en países de ingresos bajos y medianos.

“Existe una crisis de oxígeno en el África subsahariana, Asia y América Latina“, dice Leith Greenslade, de Every Breath Counts.

“Los países no se dan cuenta de la cantidad de oxígeno que necesitan los pacientes con covid-19: algunos requerirán diez, veinte veces más oxígeno del que necesitaría un paciente normal que necesita oxígeno”.

Pacientes con covid en Sudáfrica

Getty Images
PATH dice que la demanda de oxígeno ha “aumentado drásticamente” en los países de ingresos bajos y medios debido a la covid-19.

Según el rastreador, Brasil ha experimentado uno de los aumentos más drásticos en la demanda de oxígeno del mundo desde noviembre, requiriendo aproximadamente 340.000 cilindros adicionales al día para tratar casos de covid.

Después de que Manaos llegó a un punto crítico, se enviaron donaciones de oxígeno desde otros estados y desde el otro lado de la frontera con Venezuela.

Pero Jesem Orellana, epidemiólogo de la Fundación Oswaldo Cruz, le dijo a la BBC que el riesgo de escasez continúa y se ha agravado por la demanda global.

Maria Auxiliadora da Cruz

Familia de Maria Auxiliadora da Cruz
La salud de Maria Auxiliadora da Cruz se deterioró rápidamente cuando se acabaron los suministros de oxígeno en la clínica de Manaos.

En otros países en desarrollo, como India, hubo un aumento del 68% en la demanda de oxígeno entre abril y julio, luego un salto del 84% entre julio y el momento más álgido en septiembre.

Adamu Isah de Save the Children en Nigeria, donde se necesitan 10.000 cilindros adicionales al día, señaló que hay una “percepción generalizada de que hay escasez de oxígeno en casi todas las regiones del país”.

En Sudáfrica, el rastreador estima que el país necesita 100.000 cilindros adicionales al día.

El ministro de Salud, Zweli Mkhize, dijo que el gobierno estaba haciendo “todo lo posible para asegurarse de que haya oxígeno disponible” y ordenó a los fabricantes de oxígeno, cuyos principales clientes son normalmente grupos mineros, que prioricen las necesidades médicas.

¿De dónde proviene el oxígeno médico?

Un trabajador desinfecta cilindros de oxígeno en El Cairo, Egipto.

EPA
Solo una proporción pequeña del oxígeno que se produce el mundo se destina a fines médicos.

Según PATH, el oxígeno médico representa solo el 5-10% de la producción mundial de oxígeno. El resto se utiliza en diversas industrias, como la minera, química y farmacéutica.

Se produce en grandes cantidades en las plantas y se entrega a los hospitales de dos formas: a granel en tanques de líquido o como gas presurizado en cilindros que contienen volúmenes más pequeños.

El oxígeno líquido es la mejor y más barata tecnología disponible, pero requiere que los hospitales tengan la infraestructura adecuada para canalizar el oxígeno al lado de la cama del paciente. Esto es común en países desarrollados como Estados Unidos y Europa.

Los cilindros no requieren tuberías y se pueden entregar a clínicas sin una infraestructura sofisticada. Sin embargo, su distribución a menor escala significa que son menos rentables, además de ser engorrosos de transportar y manipular, lo que también conlleva un mayor riesgo de contaminación cruzada.

“Algunos países dependen casi por completo del envío de oxígeno a los hospitales, que son transportados en cilindros por terrenos accidentados y largas distancias”, explica el profesor Mike English, que codirige la Unidad de Servicios de Salud del Programa de Investigación del KEMRI-Wellcome Trust en Nairobi y los Sistemas de Colaboración en Salud de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

“Este es un gran problema y las cantidades necesarias son casi imposibles de proporcionar”.

Según English, la distribución de oxígeno ya era un problema en África antes de la pandemia.

“Antes de la covid, había muchas ocasiones en las que incluso en los hospitales adecuados, un niño enfermo, un recién nacido enfermo o cualquier persona en una situación de emergencia, podía no haber recibido el oxígeno que necesitaban”, explica.

“La covid ha hecho que este problema sea más visible porque ahora también afecta a los adultos”.

Opción tardía

Máquina concentradora de oxígeno utilizada en Nueva Delhi, India.

Getty Images
El oxígeno se puede suministrar a través de una variedad de formas, una de ellas es a través de máquinas que lo filtran del aire, llamadas concentradores.

El oxígeno ha sido considerado un medicamento esencial por la OMS desde 2017.

Pero Smith dice que ha sido tratado hasta el momento como “algo en lo que se piensa después”.

Para ella, se trata “verdaderamente de un problema de los sistemas de salud” en el que se necesitan varios “componentes” a un tiempo para mejorar la situación.

Todos los expertos consultados por la BBC remarcaron el mismo punto, incluyendo en su análisis la necesidad de equipos, entrenamiento y soluciones a largo plazo.

Los hospitales, por ejemplo, podrían construir sus propias plantas de oxígeno para producir un suministro regular.

Pero son costosas, necesitan electricidad confiable y requieren una experiencia considerable e ingenieros calificados para mantenerlos, lo que no siempre es posible, dice English.

“Como cada ‘solución aparentemente fácil’, las plantas de oxígeno requieren partes mucho más amplias del sistema de salud para ser funcionales”, agrega.

Grycian Mussa en el Hospital in central de Lilongwe

UNICEF Malawi/2020/Govati Nyirenda
Grycian Mussa opera una de las plantas de oxígeno en Malawi, establecida con la ayuda de Unicef y UK Aid.

En Malawi, hay tres plantas de este tipo: en el Hospital Central Queen Elizabeth de Blantyre, el Hospital Nkhata Bay y el Hospital Central Kamuzu en Lilongwe.

Para construirlos, el país necesitaba traer equipos y conocimientos técnicos de Sudáfrica, dice Grycian Mussa, principal ingeniero médico del hospital.

Con el confinamiento se produjo una crisis porque todo venía de Sudáfrica y Sudáfrica estaba en cuarentena y Malawi estaba en cuarentena”, explica.

“Creo que es hora de que los países africanos capacitemos a técnicos locales en nuestros países y veamos cómo podemos sostenernos a nosotros mismos. De lo contrario, siempre dependeremos de la ayuda de otros países en medio de las crisis”.

La necesidad de entrenamiento fue puesta en evidencia anteriormente en Nigeria por la “mesa de trabajo sobre oxígeno”, establecida con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro y otras agencias para brindar asesoramiento sobre el suministro y el uso de oxígeno, dice Isah.

“Incluso si tienes todos los sistemas de oxígeno del mundo, si no capacitas a las personas sobre cómo detectar niveles bajos de oxígeno en la sangre, realmente estarás perdiendo el tiempo”, añade.

Un oxímetro controla los niveles de oxigenación en la sangre de un bebé en Francia.

Getty Images
“El oxígeno es útil en muchos casos, desde para el bebé más pequeño que necesita oxígeno hasta alguien con enfermedad pulmonar crónica avanzada en poblaciones de edad avanzada”, dice la Greenslade.

Los oxímetros, que se colocan en el dedo para medir los niveles de oxígeno en la sangre, son una forma asequible de controlar a los pacientes si las personas están capacitadas para usarlos. Pero aún queda el problema del suministro.

“Incluso estos, que deberían ser más fáciles de poner a disposición a gran escala, no suelen estar disponibles en los países de bajos y medianos ingresos de África. Proporcionarlos también es algo que recién está empezando a suceder”, dice English.

“Necesitamos ver el suministro de oxígeno como un desafío para todo el sistema y abordar todos los elementos juntos”.

Otras soluciones a corto plazo incluyen el uso de concentradores de oxígeno, una máquina que filtra el aire y lo convierte en oxígeno de grado médico.

La OMS ha distribuido unos 16.000 a nivel mundial durante la pandemia, pero advirtió que “no son suficientes para los pacientes con enfermedades críticas que necesitarán más flujo de oxígeno”.

Mujer con un oxímetro en el dedo en Nigeria.

Reuters
Los oxímetros son una forma barata y efectiva para medir las necesidades de oxígenos, dicen expertos en salud.

Incluso antes de la pandemia, agencias multilaterales como Unicef ​​habían estado distribuyendo concentradores de oxígeno e invirtiendo en plantas de oxígeno en hospitales en el mundo en desarrollo para combatir enfermedades como la neumonía, el “asesino silencioso” que se estima que mata a 800.000 niños cada año.

Ahora existe la preocupación, respaldada por organizaciones como Save the Children y expertos como el profesor English, de que la demanda adicional por la covid-19 de suministros de oxígeno pueda tener un efecto en cadena para el tratamiento de otras enfermedades.

“El oxígeno es útil en muchos casos, desde para el bebé más pequeño que necesita oxígeno, hasta alguien con enfermedad pulmonar crónica avanzada en poblaciones de edad avanzada”, dice la Greenslade.

“La covid nos ha demostrado cuán esencial es en países donde no hay vacunas contra la ella, ni medicamentos. Si vives o mueres, depende a menudo de si consigues oxígeno o no”.

* Investigación adicional de Vinicius Lemos en Sao Paulo


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