La SEP recorta 100% el presupuesto a Escuelas de Tiempo Completo
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Dejan a niños sin clases extra y alimentos: SEP recorta 100% presupuesto a Escuelas de Tiempo Completo

El programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias.
Cuartoscuro
17 de septiembre, 2020
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé dejar sin recursos el programa Escuelas de Tiempo Completo mediante el cual un millón de estudiantes recibían alimentos en sus planteles y 534 mil tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido, y en cambio propone un aumento de 63% al presupuesto del programa La Escuela es Nuestra. 

El objetivo de La Escuela es Nuestra durante el primer año de operación en 2019 fue entregar recursos a padres de familia para que se hicieran cargo de mejorar la infraestructura educativa pero, a partir de 2020, también incluyó la contratación de “asesorías y tutorías”, según los lineamientos publicados en octubre pasado.  

Este programa tendrá 12 mil 280 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2021; esto significa un aumento de 63%, equivalente a 5 mil millones de pesos, cifra comparable el presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos que tuvo Escuelas de Tiempo Completo en 2020, y que ahora tendría cero recursos. 

En la Escuela es Nuestra, los recursos pueden ser utilizados para el mantenimiento del inmueble escolar; construcción de aulas, baños, laboratorios, entre otros; adquisición de mobiliario y equipo escolar como computadoras, tabletas, televisores; creación de condiciones de seguridad; compra de materiales educativos como biblioteca, actividades artísticas, software educativo, actividades deportivas, entre otros.

Lee: En 2020, las escuelas de Tiempo Completo tendrán 56% menos para equipamiento

Y también para la “contratación de servicios de conectividad, adquisición de insumos y materiales impresos y en línea, asesorías, tutorías para alumnos, docentes, padres de familia y directores”.

Cada comunidad, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) –conformado por padres y madres de familia, directivos, docentes y alumnos–deben realizar asambleas para que, a partir de sus necesidades, decidan qué comprar o contratar. 

En tanto, el programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias en un horario extendido de 6 u 8 horas por jornada. Inició en 2006 con 500 escuelas y tras 14 años de operación suman 27 mil planteles en todo el país hasta 2020, de las cuales 19 mil son indígenas y rurales, lo que representa 70.5% del total, de acuerdo con el segundo informe de Gobierno del presidente López Obrador. 

Todas las escuelas primarias y secundarias que participaban en programa recibían aproximadamente 90 mil pesos cada año para pagar los salarios de maestros que impartían clases en el horario extendido, los materiales para las actividades y lo necesario para la provisión de los alimentos para estudiantes. 

En la Escuela es Nuestra, después de definir sus necesidades, número de alumnos y grado de marginación, podrán recibir entre 150 mil y 500 mil pesos, que son depositados directamente en la cuenta del Comité Escolar, cuyo tesorero se encarga del manejo y comprobación de los recursos. 

Animal Político preguntó a la SEP sobre el análisis que realizó para determinar el recorte de 100% al programa Escuelas de Tiempo Completo y el aumento presupuestal a La Escuelas es Nuestra, pero el área de prensa dijo que no darían entrevistas al respecto hasta que el presupuesto fuera aprobado en la Cámara de Diputados. 

Escuelas de Tiempo Completo mejoró aprendizaje

Evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman que el programa Escuelas de Tiempo Completo, iniciado en 2006, mejoró el aprovechamiento escolar entre alumnos de educación básica.

El programa inició en el sexenio de Felipe Calderón, continuó en la administración de Enrique Peña Nieto y cada año tuvo incrementos presupuestales, pero desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el recorte, primero de 5% en 2019, luego de 50% en 2020; y para el presupuesto de egresos de 2021, el Ejecutivo no le asignará presupuesto. 

Lee: Escuelas privadas, en riesgo de cierre pese a mantener cobros y clases en línea durante epidemia

Esto significará que las escuelas dejarán de recibir recursos a través del programa que proveía alimentos a un millón de niños y adolescentes en sus planteles, y donde 534 mil recibían clases extracurriculares y actividades artísticas o deportivas en horario extendido, los objetivos centrales del programa. 

La más reciente evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval en 2018 analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago. 

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación. 

Y los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”. 

Esto porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.

También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.

Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que si cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”.

De hecho, en 2017, la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP también evaluó el programa y concluyó que “tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. La Percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoyan esta indicación”. 

El estudio incluyó encuestas entre los integrantes de la comunidad educativa y entre los puntos positivos del programa destacaron los apoyos a docentes y directivos de tipo financiero y técnico. 68% consideró que eran suficientes y dijeron estar satisfechos con los convenios con algunas Universidades para realizar la capacitación a profesores, certificación de directivos, y la incorporación de maestros de nuevo ingreso y a especialistas para el equipo pedagógico.

Mientras que en la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 del CONEVAL, cuyo equipo evaluador provenía del Colegio de México (COLMEX) identificó como principales hallazgos que el programa podría tener una incidencia positiva en el logro de los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to de primaria, tanto en lectura como en matemáticas. 

Y además, “el efecto se incrementa de acuerdo al número de años que la escuela ha participado en el Programa de acuerdo al artículo derivado de la investigación de tesis de maestría. Aunque, no puede generalizarse a otros grados”. 

En tanto, respecto a la revisión del gasto de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la ejecución de 7 mil 756 millones de pesos en 2017. De ello se detectaron irregularidades por 311 millones de pesos, es decir, 4% del total auditado. 

Sin embargo, las irregularidades se concentraron en el estado de Chihuahua con 92 millones de pesos; Chiapas con 57.5 mdp y Morelos con 21.3 mdp, “por lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan medidas con el objetivo de mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr el cumplimiento de metas establecidas”, indicó la Auditoría.

Por ello, recomendaba a la SEP, la institución rectora del programa, que implementara “acciones encaminadas a atender las deficiencias en la entrega y calidad de la información trimestral por parte de las entidades federativas, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, donde valore la posibilidad de sancionar a aquellas que no entreguen los reportes en tiempo y forma”.

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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