65 mil asesinatos en 2 años, con policías mal pagados y sin buena preparación
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Cuartoscuro Archivo

65 mil asesinatos en dos años, mientras policías estatales siguen con carencias de capacitación y salario

El 40% de los policías estatales en México ganan menos de diez mil pesos mensuales.
Cuartoscuro Archivo
21 de octubre, 2020
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Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2020, es decir en los primeros 22 meses de este sexenio, más de 65 mil 300 personas han sido asesinadas en México. En promedio, son 99 víctimas de homicidio y feminicidios todos los días en el país. Se trata del arranque más violento para un gobierno en lo que va del siglo.

Pero mientras eso sucede, el 40 por ciento de los policías estatales, la primera línea de defensa para prevenir y en su caso detener a los homicidas y criminales, gana menos de 10 mil pesos al mes, y el diez por ciento percibe menos de cinco mil. A ello se suma la falta de capacitación y de evaluación de los agentes.

Entérate: Más de 8 mil policías estatales carecen de preparación básica para ser agentes

Datos oficiales dados a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) confirman lo anterior, y además muestran que, por primera vez en los últimos cuatro años, las cárceles están recibiendo más personas de las que salen, con lo que vuelven a crecer los riesgos de sobrepoblación.

La constante son los altos niveles de violencia. En septiembre se registraron más de 2 mil 600 asesinatos en México, de acuerdo con un avance preliminar del Secretariado Ejecutivo del SNSP. Es un nivel muy similar al de meses previos. La cifra definitiva se dará a conocer el día de hoy.

Con ello, y tomando en cuenta que en los primeros 21 meses del sexenio ya se habían acumulado 62 mil 740 asesinatos, la cifra total de homicidios y feminicidios en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya rebasa las 65 mil 340 víctimas.

Dicho de otra forma: durante el actual sexenio todos los días son asesinadas, en promedio, por lo menos 99 hombres y mujeres, mayores y menores de edad. Equivale a cuatro crímenes por hora, o un nuevo asesinato cada quince minutos en México.

En el caso específico de los homicidios dolosos, las fiscalías del país reportaron la apertura de 51 mil 517 carpetas de investigación desde diciembre de 2018 hasta agosto pasado, que llegarán a 54 mil una vez que se conozca el dato de septiembre. Son los primeros 22 meses de un sexenio más violentos por lo menos de los últimos cuatro gobiernos.

Para ponerlo en proporción. En comparación con los primeros 22 meses del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el que se registraron 31 mil 567 averiguaciones por homicidio doloso, el incremento es del 71 por ciento en el arranque del actual gobierno.

Y si se compara con la primera parte del sexenio del expresidente Felipe Calderón, donde hubo 20 mil 645 casos de homicidio denunciados, el crecimiento es superior al 161 por ciento con López Obrador.

El actual gobierno, sin embargo, a diferencia de sus antecesores, recibió el país con una tendencia creciente de los homicidios dolosos y feminicidios. Actualmente dicho crecimiento se ha estancado (aun cuando en 2019 se llegó a un nuevo récord de casos), pero no se ha conseguido establecer una tendencia de descenso.

Policías luchan, pero con carencias propias

La mayor parte de los policías estatales en México tienen que enfrentar al crimen común y organizado con bajos salarios y una capacitación, en el mejor de los casos, a medias. Los datos del Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 dados a conocer ayer por Inegi lo demuestran.

De un total de 120 mil 155 policías estatales desplegados 30 entidades del país (los datos de Ciudad de México y Estado de México no se recibieron), hay 48 mil 129 que percibe un salario mensual inferior a los diez mil pesos. Se trata del 40 por ciento de todos o uniformados desplegados.

Y entre esos agentes con sueldos bajos, hay 11 mil 125 cuyo salario mensual no rebasa ni los cinco mil pesos. Son, en promedio, uno de cada diez policías estatales desplegados.

En contraste, apenas el 17 por ciento de todos los policías estatales del país percibe un salario mayor a los 15 mil pesos mensuales, y solo un 6 por ciento gana más de 20 mil pesos en ese periodo.

Las cifras de Inegi muestran, además, que en 2019 solo 13 mil 886 agentes fueron capacitados en temas de respeto a los derechos humanos, apenas un 11.5 por ciento. Solo 8 mil 452 agentes, menos de 10 por ciento, fueron entrenados en cadena de custodia (preservación adecuada de evidencias).

Apenas 11 mil 391 policías, la décima parte del total, tuvo una capacitación certificada en 2019 en materia de “primer respondiente”, que implica prepararlos en cómo atender un delito en flagrancia o cómo acordonar una escena del crimen. E incluso, solo 6 mil 940 policías -apenas 5.7 por ciento- fueron preparados y certificados en 2019 en cuanto al uso legítimo de la fuerza.

La información de Inegi también muestra una evaluación incompleta de las aptitudes, habilidades y confianza de los policías. Y es que de un total de 39 mil 410 policías estatales que tendrían que haber sido examinados en control de confianza en 2019 (por ser de nuevo ingreso o porque caducó su certificado), solo 28 mil 74 fueron examinados, es decir, el 72 por ciento del total.

De los agentes que sí fueron examinados un 20 por ciento reprobó las evaluaciones de control de confianza por lo que, de acuerdo con la ley, tienen que ser dados de baja.

En esas condiciones los policías tienen que enfrentar altas demandas de trabajo. De acuerdo con los censos de Inegi, dichos agentes atendieron en 2019 un total de 1 millón 401 mil 724 casos, desde faltas cívicas como generar escándalos o ingerir drogas en la calle, pasando por infracciones viales, hasta la comisión de delitos como robos, homicidios, entre otros.

Ser policía es un trabajo de alto riesgo y lo es más cuando también tienes que enfrentar a la delincuencia organizada. En 2019, de acuerdo con el censo, los policías estatales se vieron envueltos en 336 enfrentamientos con civiles armados, que dejaron un saldo de 68 policías muertos y 122 agentes lesionados.

Dichos choques con el crimen organizado son la primera causa de muerte de los policías, pues los 68 caídos representan poco más del 54 por ciento del total de policías abatidos. La segunda causa de muerte de los policías son los accidentes vehiculares durante patrullajes, con un diez por ciento de los casos.

Población de cárceles, de nuevo al alza

El Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 confirma un cambió importante en 2019: el cese de la despresurización en las cárceles del país. Por primera vez en los últimos cuatro años, fue mayor la cantidad de personas que ingresaron a los penales, que las que salieron.

Los datos arrojan que el año pasado se registraron 104 mil 152 personas a las prisiones de 31 entidades del país, mientras que, por el contrario, 93 mil 361 abandonaron dichas instalaciones. Es una diferencia de más de diez mil casos entre ingresos y egresos.

En 2018, por ejemplo, el comportamiento había sido a la inversa: 101 mil 512 personas ingresadas por 103 mil 820 que salieron. Un balance de más de dos mil casos a favor de los egresos.

Este cambio en el comportamiento de la población penitenciaria coincide con diversas reformas constitucionales, que han provocado un incremento en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Ello impulsado desde el gobierno de López Obrador, que ha sostenido que “agravar” delitos supuestamente ayudará a combatir la impunidad.

Hasta ahora no hay indicadores que prueben lo anterior, pero lo que ya es claro es que el descenso en la población en cárceles se revirtió. Animal Político publicó el pasado 5 de octubre que, en lo que va del 2020, la cifra de cárceles con niveles de sobrepoblación ha crecido de 110 a 121 complejos.

Los datos de Inegi muestran además que, del total de las personas en prisión al cierre de 2019, había 58 mil 753 que equivalen a casi el 38 por ciento que no contaban con una sentencia, es decir, están en prisión preventiva. Dicho de otra forma: casi 4 de cada 10 personas presas están ahí sin que se determine si son culpables o no.

El 34.6 por ciento de las personas que están presas, 1 de cada 3, es por un delito de robo en alguna de sus modalidades. Un 19.6 por ciento, 1 de cada 5, está internada por algún homicidio; el 9 por ciento por cargos de violación; el 8.4 por ciento por secuestro; el 5.3 por ciento por narcomenudeo, entre otros.

Un censo incompleto

El Inegi publicó el Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 con información incompleta. Ello ya que en el apartado de seguridad pública no se detallaron datos del Estado de México ni Ciudad de México, mientras que en el apartado de sistema penitenciario no se incluyeron cifras de la capital del país.

Se trata de las dos entidades que concentran, y por mucho, la mayor cifra de policías estatales, la mayor cantidad de infracciones y denuncias, y el mayor numero de personas privadas de la libertad. En ediciones anteriores de este censo no se habían presentado este tipo de situaciones.

Cuestionada por Animal Político sobre la ausencia de datos de las entidades referidas, en el Inegi explicaron que el retraso se debe al impacto de la pandemia. En concreto dichas entidades no consideraron como una actividad esencial el proporcionar la información requerida para el censo, lo que ocasionó que la misma llegara tarde, y que se retrasara la validación y verificación de la misma.

En el Inegi indicaron que será en diciembre cuando los datos del censo se actualicen con la información de los dos estados faltantes.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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