Aborto seguro cae 44%; las redes ciudadanas acompañan a las mujeres
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Andrea Paredes

El aborto seguro cae 44%; las redes ciudadanas dan acompañamiento a las mujeres

Esta baja en el acceso al derecho de practicar un aborto seguro agrava la crisis de violencia que se vive en el confinamiento.
Andrea Paredes
Por Delia Angélica Ortiz
23 de octubre, 2020
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El acceso a un aborto seguro en México se redujo casi la mitad por la presencia de COVID-19. Justo cuando se alertó del incremento de la violencia contra las mujeres y de los embarazos no planificados, fue más complicado ejercer ese derecho, porque las mujeres se encontraron con clínicas cerradas y falta de información. 

Las clínicas que realizan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México pasaron de ser 13 en marzo a 8, en este momento. Así que, entre abril y junio de 2020, dejaron de acudir 44% solicitantes de abortos electivos, si se compara con la tendencia del año anterior. 

Organizaciones como Ipas México, especializada en salud sexual y reproductiva, reportaron que hubo mujeres que deambularon de un hospital a otro, sin tener información precisa sobre los centros a los que podían acudir para interrumpir su embarazo. 

Ipas recibió mensajes de mujeres que se encontraban afuera de las unidades hospitalarias preguntando sobre centros gratuitos o de bajo costo para poder realizar la interrupción. “Asistimos a dos de las clínicas de ILE de la Ciudad de México que aparecen (en el directorio oficial de clínicas) y nos dicen que no tienen el servicio por la situación de pandemia”, se lee en uno de los textos que recibieron. 

Al cierre de junio de este año, 6 mil 258 mujeres pudieron interrumpir su embarazo, pero esta es una cifra 21% menor en comparación con 2019, según los datos abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México.

También para las mujeres de otros estados se complicó ejercer este derecho. Antes de la pandemia, en las clínicas de la Ciudad de México, en donde el aborto está despenalizado desde 2007, cada año se atendía en promedio a 700 mujeres de entidades como Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Querétaro. Esa cifra ahora es 30% menor. 

Organizaciones de la sociedad civil como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ipas México y Fondo María advierten que esta baja en el acceso al derecho de practicar un aborto seguro agrava la crisis de violencia que se vive en el confinamiento. Las mujeres permanecen más tiempo en casa y están expuestas a agresiones sexuales que tienen por consecuencia embarazos no deseados. 

Las llamadas por violencia de género al 911 aumentaron y llegaron a niveles récord, durante el primer semestre de 2020. Se registraban dos llamadas por minuto denunciando algún tipo de agresión: familiar, de pareja, contra la mujer, hostigamiento sexual o violación, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El Consejo Nacional de Población ratificó este 19 de octubre que, por la pandemia, en México habrá más de 145 mil embarazos no planeados adicionales, de los cuales 21 mil serán de niñas y adolescentes. 

María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas México, explica que otorgar a estas mujeres y niñas el acceso a decidir evita que la maternidad sea forzada. “Ese tipo de maternidad puede provocar problemas que luego la sociedad no tiene capacidad de atender”, dice en entrevista para Animal Político.

Tras haber sido víctima de violencia sexual, María interrumpió su embarazo con apoyo de la sociedad civil, ante la falta de respuestas del Estado. La llamaremos María. Tiene 11 años. Es su madre quien habla por ella.

“No sabíamos que en Tabasco se podía abortar en cualquier semana de la gestación, por violación, sin interponer denuncia”, cuenta en referencia a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir embarazos resultado de un ataque sexual, sin que la víctima denuncie el delito ministerialmente.

Redes de acompañamiento

El “Quédate en casa” también repercutió en que mujeres no pudieran salir de sus hogares para buscar opciones, ya sea por las restricciones de movilidad o porque las frenó el miedo al contagio. 

Patricia, por ejemplo, no quiso trasladarse a la Ciudad de México. En Nuevo León no podía interrumpir su embarazo, pues en esa entidad las alteraciones graves en el producto no son causal para solicitar un aborto por elección. Buscó ayuda en los colectivos de la sociedad civil para detener la gestación con misoprostol y mifepristona, una combinación recomendada por la Organización Mundial de la Salud para bloquear la progesterona y provocar contracciones.

“No quería estar sola ni viajar sola. Preparé todo para tomar el medicamento en casa. Pensé en las mujeres que tienen que pasar todo esto solas”, recuerda. 

Las colectivas feministas y las organizaciones sociales han reportado que durante la pandemia se triplicó el número de llamadas de mujeres que buscan información y acompañamiento sobre aborto seguro. 

“Parte clave del acompañamiento es que las chicas sepan que no están cometiendo un delito, sino que están ejerciendo un derecho”, cuenta Vanessa Jiménez, integrante de la Red Necesito Abortar.

Ipas México reportó que pasaron de atender 15 mensajes mensuales a 62 en abril, 212 en mayo y 171 en junio. Es decir que, en el primer mes de confinamiento, se cuadruplicó el número de llamadas que recibieron y luego, al siguiente mes, ese número volvió a incrementarse en la misma proporción.

“Hay mayor necesidad y menor oferta de los estados. Hay menos servicios ILE trabajando. Estamos viendo mayor uso de las redes de acompañantes que damos la información, pero esto es responsabilidad del Estado y el gobierno debería estar buscando formas para dar una mejor respuesta, a través de modalidades como medicina a distancia”, dice Alcalde Castro, de Ipas México.

Las clínicas y los hospitales capitalinos con servicio de aborto legal voluntario atienden a mujeres de las 16 delegaciones y de la zona conurbada en 95% de los casos. El 5% restante proviene de otros estados. Entre abril y junio de 2020, la atención para mujeres foráneas cayó en 66%, en relación con los mismos meses del 2019. 

Hubo mujeres de entidades como Oaxaca, que aún con la despenalización aprobada en ese estado en septiembre de 2019, seguían trasladándose a la CDMX, pero entre abril y junio, no lo hicieron más.

“Las mujeres que podrían haber viajado a la CDMX, para acudir al servicio ILE, se quedaron en su propia entidad y recurrieron al aborto en casa. No creo que las mujeres que querían interrumpir su embarazo hayan dejado de hacerlo por la pandemia”, dice Isabel Fulda, subdirectora de GIRE. 

Para GIRE, las redes de acompañamiento constituidas por organizaciones y colectivas feministas son actores fundamentales para favorecer el acceso al aborto seguro. Gracias a su labor, las mujeres que no pueden o no quieren acudir a los centros de salud o a quienes se les ha negado o retrasado el servicio de interrupción del embarazo, pueden practicarse un aborto sin poner en riesgo su salud y su vida.

Fondo María, una red que ha acuñado en México el término “doulas de aborto”, opera desde una línea de atención disponible para los 32 estados de la república. Sofía Garduño, co-coordinadora del grupo, explica que ante la obligatoriedad del trabajo remoto debieron enrutar ese número telefónico a sus domicilios particulares para continuar dando el servicio.

“Eso solo nos permite atender una llamada a la vez, por lo que pedimos a las mujeres ser pacientes”, dice.

Las doulas de aborto tienen conocimientos en salud sexual y reproductiva, así como atención psicológica y legal para guiar a las solicitantes de información sobre el procedimiento más seguro en su entidad de origen. También cuentan con protocolos de seguridad para que la interrupción se realice sin contratiempos. 

Cuando sospechan sobre alguna complicación que podría poner en riesgo la salud de la mujer, activan su red de apoyo para acudir a una clínica pública o incluso privada en la Ciudad de México para realizar el procedimiento. 

Luego de ingresar por urgencias a una operación de vesícula, Laura se enteró que estaba embarazada. Es estudiante de psicología. De las charlas feministas que se organizaban en su universidad conoció al Colectivo Pactos Violeta de Morelos. Así contactó a Fondo María y pudo trasladarse a una clínica privada capitalina para que le realizaran una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), procedimiento recomendado dada su condición de salud. 

Eda Alcántara Pérez, fundadora de ese colectivo morelense, comenta que el encierro ha hecho doblemente complicada la comunicación para quienes las buscan. “Con la pandemia, las estudiantes regresaron a sus lugares de origen. Ha sido más difícil hacer el acompañamiento, porque están con su familia o con el agresor”, explica. 

Colectivos locales como Pactos Violeta suma casi 3 mil seguidores en Facebook, Fondo María cuenta con 40 mil. Otras como Marie Stopes México, fundación internacional que opera centros de salud sexual y reproductiva, llegan a 300 mil.

Estos sitios difunden continuamente información sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y protocolos autorizados por la OMS para la interrupción del embarazo. También comparten testimonios de las mujeres que han decidido ejercer ese derecho, como ocurre con quienes por haber perdido su empleo decidieron no continuar con un embarazo en tiempos del COVID-19.

 

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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