Las claves de la decisión de la Corte sobre consulta de AMLO
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Sí fue un concierto, pero de divisiones: claves de la decisión de la Corte sobre consulta de AMLO

En una votación muy dividida, los ministros desecharon el proyecto que consideraba la consulta un “concierto de inconstitucionalidades”, pero la modificaron de tal forma que palabra como “expresidentes” y “delitos” desaparecieron de la versión final.
Cuartoscuro
2 de octubre, 2020
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No fue un “concierto de inconstitucionalidades”, como decía el proyecto del ministro Luis María Aguilar que proponía desestimar la consulta pública para indagar y sancionar a expresidentes, pero sí de divisiones.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aprobar este 1 de octubre, en una votación totalmente dividida, la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir si se debía enjuiciar o no a expresidentes, pero sacándolos a ellos de la redacción y con drásticas modificaciones.

Leer más: Corte aprueba consulta ciudadana pero saca a expresidentes de la boleta

Y es que nunca hubo consenso unánime. Si bien los ministros que votaron a favor de la consulta y en contra del proyecto que proponía desecharla, no hubo coincidencia plena en los argumentos para mantenerla.

La división fue tal que aun cuando el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar —en un hecho poco común— tomó primero la palabra para fijar su postura a favor de la consulta, señalando que se trataba de una decisión de política criminal y que sus resultados no eran vinculantes (obligatorios) para la autoridad, nadie avaló su postura. Los otros que votaron a favor, lo hicieron con razonamientos distintos.

Todo ello provocó que al final la Corte tuviera que hacerle una cirugía mayor la pregunta, quitando de la misma elementos clave de la redacción original. Desaparecieron, por ejemplo, la palabra “expresidentes”, los nombres de ellos, e incluso el término “posibles delitos”.

Ni con eso la redacción final logró el apoyo unánime. De hecho, el mayor consenso estuvo en el bando perdedor, donde los cinco ministros que votaron a favor del proyecto coincidían en que la redacción original de la pregunta era lo suficientemente mala que no procedía siquiera modificarla. “La justicia no se consulta”, dijo el ministro Javier Laynez, al rechazar la propuesta del presidente López Obrador.

Animal Político presenta los argumentos y puntos clave de la discusión ocurrida en el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

¿Quiénes y cómo votaron?

Del pleno de los 11 ministros, hubo seis que consideraron que sí era constitucional la propuesta del presidente López Obrador de consultar a los ciudadanos sobre si debía investigarse o no la actuación de varios expresidentes, aunque con reservas y diferencias significativas que se detallan más adelante. 

En consecuencia, votaron en contra del proyecto que proponía desestimar la consulta desde el inicio.

Los que votaron a favor de la consulta fueron el ministro Presidente de la Corte Arturo Zaldívar, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán.

Cabe señalar que tres de los seis ministros que votaron por la consulta fueron elegidos en el actual sexenio, en ternas propuestas por el propio presidente López Obrador. Se trata de Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Ríos Farjat. Otro de los que votó a favor, Arturo Zaldivar, quien asumió la presidencia de la Corte en el actual sexenio.

Por el contrario, los que votaron por la idea de declarar inconstitucional la consulta fueron el ministro Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto donde esto se planteaba, la ministra Norma Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Sí a la consulta… pero con cambios

Entre los seis ministros que votaron a favor de la consulta prevaleció la idea de que era indispensable que la Corte actuara privilegiando el derecho de los ciudadanos de opinar sobre temas trascendentales, pues consideraron que es una medida que fortalece la democracia al permitir a los ciudadanos no solo ser representado por sus autoridades, sino participar directamente en la toma de decisiones.

Bajo ese tenor, sostuvieron que la Corte debía analizar la posibilidad de una consulta desde una perspectiva amplia y buscar alternativas para que sea valida.  No obstante, al entrar al fondo de la propuesta del presidente López Obrador es donde brotaron las diferencias.

El único que consideró que la propuesta tal cual la había mandado el presidente era constitucionalmente válida fue el ministro Zaldívar. Sus colegas, en cambio, plantearon que el proyecto que la consideraba improcedente estaba bien diseñado, pero que había posibilidad de buscar alternativas para que fructificara.

Por ejemplo, los ministros Esquivel Mossa y Pérez Dayán consideraron que la consulta era válida solo desde la perspectiva de evaluar el desempeño como servidores públicos de los expresidentes. Es decir, desde una visión social y no necesariamente penal o criminal. Para hacer esto posible, plantearon que era posible mantener la consulta, pero modificar la pegunta propuesta por López Obrador que Pérez Dayán definió de “tendenciosa”.

En cambio, el ministro Gutiérrez Ortíz Mena fue de la idea de mantener la consulta, pero modificando el objetivo de esta. Es decir, reorientando la pregunta para que no involucre la labor de investigación y castigo de delitos a cargo de fiscalías o jueces (lo que no es opcional), sino solo actividades que competan al Poder Ejecutivo, o sea al gobierno federal.

En ese sentido, Gutiérrez consideró que la consulta procedía si lo que se quiere preguntar a la gente es si gobierno debe destinar recursos humanos y materiales para revisar “hechos del pasado” desde su esfera exclusiva de actuación, y de ser el caso presentar las denuncias que correspondan.

La ministra Ríos Farjat dijo, por su parte, que el proyecto de desechar la consulta por representar un “concurso de inconstitucionalidades” era correcto, pero solo desde una visión “restrictiva” como la que planteaba, situación que ella no comparte pues –a su juicio– es posible dar otras interpretaciones a la consulta para que fuera válida.

Casi en el mismo sentido se pronunció el ministro Alcántara Carrancá quien dijo que era preferible privilegiar el derecho de consulta buscando una alternativa a la pregunta y con ello darle un “cauce constitucional”. Al igual que otros colegas suyos, consideró que el proyecto de desechar la consulta era correcto desde la visión que planteaba, pero que existían otras que valía la pena explorar.

Zaldívar ganó, pero no convenció

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, estuvo en el grupo de ministros que ganó la votación, pero sus argumentos no fueron acompañados por nadie. Incluso, otros ministros que votaron en el mismo sentido los desestimaron abiertamente.

De entrada, llamó la atención que Zaldívar fue el primero en tomar la palabra para fijar sus argumentos, pues existe la tradición de que los presidentes del pleno sean los últimos en fijar una postura en los debates, con la idea de que su investidura no represente “una línea” o una tendencia que influya en las posiciones de los otros ministros.

De cualquier forma, eso estuvo lejos de ocurrir. Y es que, por ejemplo, Zaldívar llegó a expresar que la consulta tal cual estaba planteada era procedente pues la pregunta permitía al gobierno definir “una política criminal”. Ningún otro ministro replicó ese argumento e incluso Gutiérrez Ortiz Mena expresó textualmente que ese no era el caso.

Otra afirmación de Zaldívar que no tuvo eco y sí un abierto rechazo fue que la consulta no arrojaba resultados vinculantes (obligatorios). Esto ya que, según él, no se volvía vinculante si participaba menos del 40% de la población, y tampoco si involucra a instituciones que están obligadas por la Constitución a cumplir con determinada función.

Ministros que votaron en contra de la consulta como Laynez y Piña, pero incluso los que votaron a favor como Gutiérrez y Ríos Farjat consideraron que, en efecto, todas las consultas públicas son vinculantes.

“La culpabilidad e inocencia solo puede determinarse en juicio. Así que una consulta sobre política criminal no tiene efectos vinculantes para autoridades de procuración e impartición de justicia (…) No se somete en la consulta si hay que restringir o no derechos fundamentales. Es una consulta sobre política criminal de Estado” dijo Zaldívar al resumir esta postura que no fue compartida por nadie más.

La justicia no se consulta: los que fueron en contra

Aunque con diferencias en algunos matices y planteamientos, los cinco ministros que votaron en contra de la constitucionalidad de la consulta pública y a favor del proyecto discutido coincidieron en los puntos centrales de sus razonamientos: no podía someterse a consulta la obligación del Estado de procurar y administrar justicia.

A diferencia de los del bando contrario, los ministros consideraron que la pregunta planteada por el presidente López Obrador claramente cuestiona a la sociedad sobre si es procedente o no indagar supuestos delitos cometidos por cinco expresidentes que habrían dejado miles de víctimas.

Se trata, coincidieron los ministros, de un cuestionamiento sobre si las instituciones del Estado deben cumplir con una labor a la que constitucionalmente están obligados, Y como todos ellos coincidieron en que las consultas populares sí son vinculantes, no era posible avalar una pregunta de este tipo ni siquiera con modificaciones. 

“La justicia no se consulta. En ninguna de sus vertientes. ¿Podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar o perseguir a los inculpados del caso Ayotiznapa? ¿O consultar lo mismo en el caso de la Guardería ABC? ¿O de cualquier persona que sufra un delito? Ni siquiera me voy a ocupar de los expresidentes. Esto es una violación a los derechos de cualquier mexicano”, sentenció el ministro Laynez Potisek.

En un sentido muy similar se expresó la ministra Norma Piña Hernández, quien dijo que los expresidentes no son personas privilegiadas como para que sea necesario consultar al pueblo si es necesario o no actuar contra ellos. Frente a la Constitución, añadió, nadie tiene un trato privilegiado.

“Ni nuestra Constitución ni nuestras leyes establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a los expresidentes que hubieran cometido algún delito. Todo lo contrario, si las autoridades tienen información su responsabilidad y obligación según la ley es denunciarlo a la fiscalía”, subrayó Piña.

Los ministros Franco Salas y Pardo Rebolledo expresaron también su respaldo al proyecto y dijeron no tener duda en que, como este señala, la consulta planteada viola un cúmulo de derechos como el de acceso a Lajusticia, a la reparación del daño a las víctimas, a la igualdad, a la presunción de inocencia, entre otros.

Pero además de expresar sus fundamentos, los ministros que votaron en contra reflexionaron sobre la importancia de la labor independiente de la Corte. Ello en clara alusión a los mensajes del presidente López Obrador quien en reiteradas ocasiones dijo que la Corte debía tomar en consideración la voluntad del pueblo y de la transformación que él impulsa.

“Mi responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente de mi mandato como jueza constitucional…”, señaló la ministra Piña. “Puede ser que la población no esté de acuerdo en que estemos a favor del proyecto. Los ministros no estamos para ganar la popularidad, y el Poder Judicial y las Fiscalías no están para ganar simpatías”, añadió Laynez.

Ni delitos, ni expresidentes en la nueva pregunta

El respaldo dividido y por razones distintas a la consulta popular analizada, obligó a la Corte a modificar la pregunta original drásticamente.

La redacción del gobierno federal claramente hablaba de la posibilidad de investigar delitos cometidos por cinco expresidentes y de ser procedente llevarlos a juicio penal por ello. La redacción original era la siguiente:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Tras la revisión hecha por los ministros de la Corte, la redacción de la pregunta fue modificada casi en su totalidad, con excepción del primer enunciado. De la misma desaparecieron los nombres de los expresidentes e incluso dicho concepto. También se suprimió la parte que hacía referencia a “delitos”. La redacción ya modificada quedó de la siguiente forma:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven acabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ni la redacción modificada logró un consenso unánime del pleno en una segunda votación. Los ministros Piña, Laynez y Aguilar votaron en contra al considerar que era un cuestionamiento que nada tenía que ver ya con el sentido original de la consulta. 

Los ministros Franco y Pardo votaron “a favor pero obligados por la mayoría”, mientras que el ministro Pérez Dayán dijo que estaba a favor, pero con reservas debido a que no coincide con los tiempos indefinidos de la pregunta editada.

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La impresionante (y costosa) operación del Kremlin para proteger a Putin del coronavirus

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades rusas han hecho enormes esfuerzos para proteger al presidente Vladimir Putin de la COVID-19.
7 de abril, 2021
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Desde el mismo comienzo de la pandemia de coronavirus, las autoridades rusas han hecho todo lo posible para proteger al presidente Vladimir Putin de la infección. Pero ¿cómo se organiza una cuarentena al estilo del Kremlin y cuánto ha costado?

Durante el último año, cientos de personas han tenido que ponerse en cuarentena en Rusia, antes de estar cerca de Vladimir Putin. Algunos tuvieron que aislarse incluso si no estaban en contacto directo con el presidente, sino como precaución porque estaban en contacto con otras personas que tenían previsto reunirse con él.

El 25 de marzo de 2020, el presidente Putin se dirigió a la nación y anunció que el 1 de abril marcaría el comienzo de una “semana no laboral”, mientras el coronavirus se propagaba rápidamente en Rusia.

Más tarde, en abril, se introdujo un confinamiento completo con el cierre de tiendas no esenciales y la prohibición de reuniones masivas, mientras una gran proporción de la población comenzó a trabajar desde casa.

Al mismo tiempo, 60 miembros de la tripulación de vuelo especial de la aerolínea Rossiya, al servicio del presidente Putin y de otros altos funcionarios del gobierno ruso, fueron puestos en cuarentena por primera vez el 26 de marzo de 2020 en un hotel no lejos de Moscú.

Desde entonces, cientos de pilotos, médicos, conductores y otro personal de apoyo, así como visitantes del mandatario, han pasado tiempo en cuarentena en una docena de hoteles en toda Rusia para proteger al presidente Putin de la infección.

Recientemente, se informó que el mandatario recibió una vacuna desarrollada en Rusia, aunque no se ha especificado cuál, pero los contratos con varios hoteles de “cuarentena” parecen estar vigentes hasta bien entrado el próximo año.

El servicio ruso de la BBC ha calculado que la Dirección del Presidente de la Federación Rusa, un órgano ejecutivo responsable del buen funcionamiento del equipo presidencial, recibió del presupuesto estatal unos US$84 millones para medidas de lucha contra la pandemia.

Los hoteles del Kremlin

Vladimir Putin en una pantalla.

Getty Images
El Kremlin ha hecho grandes esfuerzos económicos y logísticos para mantener a Putin a salvo de la enfermedad.

El servicio ruso de la BBC ha hallado que, al menos, 12 hotelesse han utilizado para las cuarentenas del Kremlin. Estos lugares de hospedaje se encuentran en Moscú y en su región circundante, la Crimea anexada, así como en una ubicación no muy lejos de la ciudad sureña de Sochi, el escenario de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 y uno de los lugares favoritos del presidente Putin.

En la lista de cuarentena no había hoteles privados: todos los lugares donde los visitantes y el personal de servicio pasaron tiempo pertenecen a la Dirección Presidencial. Algunas de las reservas están hechas hasta marzo de 2022.

Los miembros de la tripulación de vuelo de Rossiya parecen ser los principales ocupantes de estos hoteles. La tripulación sirve a funcionarios, incluido el propio presidente Vladimir Putin, así como al primer ministro Mikhail Mishustin y otros ocho ministros del gabinete.

El servicio ruso de la BBC pudo saber que el presidente Putin pasó gran parte del año pasado trabajando desde su residencia de Sochi.

Una fuente familiarizada con las condiciones de la cuarentena dijo que decenas de pilotos y otro personal aéreo tuvieron que ponerse en confinamiento cerca de Sochi para proporcionar transporte al mandatario, así como para el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y muchos otros. Entre los que se pusieron en cuarentena se encontraban pilotos de aviones y helicópteros.

Confinarse para ver a Putin

Vladimir Putin en un escenario.

Getty Images
Antes de que Putin asista a actos públicos se toman numerosas medidas para minimizar el riesgo de que se contagie.

El 75º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial debería haber sido una celebración importante en Rusia.

El recuerdo de esa guerra y el papel de Rusia en la derrota del nazismo son partes clave de la narrativa patriótica del gobierno de Putin. La celebración habría tenido lugar en la Plaza Roja el 9 de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

En lugar de ello, la conmemoración se trasladó al 24 de junio de 2020 y se realizó en una escala mucho menor, aunque todavía incluía un desfile militar. Los veteranos de guerra y las celebridades estrecharon la mano del presidente Putin y recibieron premios para conmemorar el aniversario.

Bloomberg informó que antes de reunirse cara a cara con el presidente, más de 200 personas, incluidos 80 veteranos de guerra de entre 80 y 90 años, tuvieron que ponerse en confinamiento durante dos semanas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó antes del desfile de junio que “un grupo de veteranos” estaba en cuarentena “en excelentes condiciones”, aunque destacó que esto se hacía como precaución por su bien.

El presidente Putin colocando flores sobre una tumba.

Kremlin.ru
Detrás de las apariciones de Putin en público hay toda una operación para asegurar que no corre riesgo de infectarse con el coronavirus.

Las agencias de noticias estatales rusas TASS y RIA-Novosti publicaron historias idénticas, describiendo cómo “uno de los hoteles de Moscú” había sido equipado para la cuarentena de unos 20 periodistas.

Se quedaron en habitaciones individuales, dejándolas solo mientras las limpiaban. No podían hablar entre ellos cara a cara y solo podían comunicarse virtualmente.

No se les permitió fumar ni beber alcohol. Los paquetes y las encomiendas que recibían de fuera del hotel de cuarentena solamente les eran entregados después de ser inspeccionados y desinfectados.

Los reporteros que se encontraban en aislamiento eran alimentados tres veces al día, dejando sus comidas y bebidas fuera de sus habitaciones, junto con cubiertos desechables. Cualquiera que entrara en contacto con ellos usaba trajes de protección personal completos.

También hubo informes sobre funcionarios del gobierno regional que se aislaron antes de las visitas del presidente Putin. Por ejemplo, en la ciudad de Sarov, en la región de Nizhny Nóvgorod, las autoridades locales asignaron US$13.000 para medidas “destinadas a prevenir la propagación de la infección por coronavirus durante la visita del presidente de la Federación de Rusia”.

El servicio ruso de la BBC se enteró de que alrededor de 20 miembros del personal de la administración local de Sarov estaban aislados en una pensión para veteranos de guerra. Los gastos de su estancia incluyeron camas de madera “de nogal”, juegos de ropa de cama, plancha y cuatro cajas fuertes de seguridad.

La BBC le preguntó al portavoz del Kremlin sobre las precauciones amplias y de larga escala tomadas para proteger al presidente Putin y si, en su conocimiento, otros países tenían prácticas similares en vigor. Dmitry Peskov declinó hacer comentarios.


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