No fue un “concierto de inconstitucionalidades”, como decía el proyecto del ministro Luis María Aguilar que proponía desestimar la consulta pública para indagar y sancionar a expresidentes, pero sí de divisiones.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aprobar este 1 de octubre, en una votación totalmente dividida, la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir si se debía enjuiciar o no a expresidentes, pero sacándolos a ellos de la redacción y con drásticas modificaciones.

Y es que nunca hubo consenso unánime. Si bien los ministros que votaron a favor de la consulta y en contra del proyecto que proponía desecharla, no hubo coincidencia plena en los argumentos para mantenerla.

La división fue tal que aun cuando el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar —en un hecho poco común— tomó primero la palabra para fijar su postura a favor de la consulta, señalando que se trataba de una decisión de política criminal y que sus resultados no eran vinculantes (obligatorios) para la autoridad, nadie avaló su postura. Los otros que votaron a favor, lo hicieron con razonamientos distintos.

Ni con eso la redacción final logró el apoyo unánime. De hecho, el mayor consenso estuvo en el bando perdedor, donde los cinco ministros que votaron a favor del proyecto coincidían en que la redacción original de la pregunta era lo suficientemente mala que no procedía siquiera modificarla. “La justicia no se consulta”, dijo el ministro Javier Laynez, al rechazar la propuesta del presidente López Obrador.

Animal Político presenta los argumentos y puntos clave de la discusión ocurrida en el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

Del pleno de los 11 ministros, hubo seis que consideraron que sí era constitucional la propuesta del presidente López Obrador de consultar a los ciudadanos sobre si debía investigarse o no la actuación de varios expresidentes, aunque con reservas y diferencias significativas que se detallan más adelante. 

En consecuencia, votaron en contra del proyecto que proponía desestimar la consulta desde el inicio.

Cabe señalar que tres de los seis ministros que votaron por la consulta fueron elegidos en el actual sexenio, en ternas propuestas por el propio presidente López Obrador. Se trata de Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Ríos Farjat. Otro de los que votó a favor, Arturo Zaldivar, quien asumió la presidencia de la Corte en el actual sexenio.

Por el contrario, los que votaron por la idea de declarar inconstitucional la consulta fueron el ministro Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto donde esto se planteaba, la ministra Norma Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Sí a la consulta… pero con cambios

Entre los seis ministros que votaron a favor de la consulta prevaleció la idea de que era indispensable que la Corte actuara privilegiando el derecho de los ciudadanos de opinar sobre temas trascendentales, pues consideraron que es una medida que fortalece la democracia al permitir a los ciudadanos no solo ser representado por sus autoridades, sino participar directamente en la toma de decisiones.

Bajo ese tenor, sostuvieron que la Corte debía analizar la posibilidad de una consulta desde una perspectiva amplia y buscar alternativas para que sea valida.  No obstante, al entrar al fondo de la propuesta del presidente López Obrador es donde brotaron las diferencias.

El único que consideró que la propuesta tal cual la había mandado el presidente era constitucionalmente válida fue el ministro Zaldívar. Sus colegas, en cambio, plantearon que el proyecto que la consideraba improcedente estaba bien diseñado, pero que había posibilidad de buscar alternativas para que fructificara.

Por ejemplo, los ministros Esquivel Mossa y Pérez Dayán consideraron que la consulta era válida solo desde la perspectiva de evaluar el desempeño como servidores públicos de los expresidentes. Es decir, desde una visión social y no necesariamente penal o criminal. Para hacer esto posible, plantearon que era posible mantener la consulta, pero modificar la pegunta propuesta por López Obrador que Pérez Dayán definió de “tendenciosa”.

En cambio, el ministro Gutiérrez Ortíz Mena fue de la idea de mantener la consulta, pero modificando el objetivo de esta. Es decir, reorientando la pregunta para que no involucre la labor de investigación y castigo de delitos a cargo de fiscalías o jueces (lo que no es opcional), sino solo actividades que competan al Poder Ejecutivo, o sea al gobierno federal.

En ese sentido, Gutiérrez consideró que la consulta procedía si lo que se quiere preguntar a la gente es si gobierno debe destinar recursos humanos y materiales para revisar “hechos del pasado” desde su esfera exclusiva de actuación, y de ser el caso presentar las denuncias que correspondan.

La ministra Ríos Farjat dijo, por su parte, que el proyecto de desechar la consulta por representar un “concurso de inconstitucionalidades” era correcto, pero solo desde una visión “restrictiva” como la que planteaba, situación que ella no comparte pues –a su juicio– es posible dar otras interpretaciones a la consulta para que fuera válida.

Casi en el mismo sentido se pronunció el ministro Alcántara Carrancá quien dijo que era preferible privilegiar el derecho de consulta buscando una alternativa a la pregunta y con ello darle un “cauce constitucional”. Al igual que otros colegas suyos, consideró que el proyecto de desechar la consulta era correcto desde la visión que planteaba, pero que existían otras que valía la pena explorar.

Zaldívar ganó, pero no convenció

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, estuvo en el grupo de ministros que ganó la votación, pero sus argumentos no fueron acompañados por nadie. Incluso, otros ministros que votaron en el mismo sentido los desestimaron abiertamente.

De entrada, llamó la atención que Zaldívar fue el primero en tomar la palabra para fijar sus argumentos, pues existe la tradición de que los presidentes del pleno sean los últimos en fijar una postura en los debates, con la idea de que su investidura no represente “una línea” o una tendencia que influya en las posiciones de los otros ministros.

De cualquier forma, eso estuvo lejos de ocurrir. Y es que, por ejemplo, Zaldívar llegó a expresar que la consulta tal cual estaba planteada era procedente pues la pregunta permitía al gobierno definir “una política criminal”. Ningún otro ministro replicó ese argumento e incluso Gutiérrez Ortiz Mena expresó textualmente que ese no era el caso.

Otra afirmación de Zaldívar que no tuvo eco y sí un abierto rechazo fue que la consulta no arrojaba resultados vinculantes (obligatorios). Esto ya que, según él, no se volvía vinculante si participaba menos del 40% de la población, y tampoco si involucra a instituciones que están obligadas por la Constitución a cumplir con determinada función.

Ministros que votaron en contra de la consulta como Laynez y Piña, pero incluso los que votaron a favor como Gutiérrez y Ríos Farjat consideraron que, en efecto, todas las consultas públicas son vinculantes.

“La culpabilidad e inocencia solo puede determinarse en juicio. Así que una consulta sobre política criminal no tiene efectos vinculantes para autoridades de procuración e impartición de justicia (…) No se somete en la consulta si hay que restringir o no derechos fundamentales. Es una consulta sobre política criminal de Estado” dijo Zaldívar al resumir esta postura que no fue compartida por nadie más.

La justicia no se consulta: los que fueron en contra

Aunque con diferencias en algunos matices y planteamientos, los cinco ministros que votaron en contra de la constitucionalidad de la consulta pública y a favor del proyecto discutido coincidieron en los puntos centrales de sus razonamientos: no podía someterse a consulta la obligación del Estado de procurar y administrar justicia.

A diferencia de los del bando contrario, los ministros consideraron que la pregunta planteada por el presidente López Obrador claramente cuestiona a la sociedad sobre si es procedente o no indagar supuestos delitos cometidos por cinco expresidentes que habrían dejado miles de víctimas.

Se trata, coincidieron los ministros, de un cuestionamiento sobre si las instituciones del Estado deben cumplir con una labor a la que constitucionalmente están obligados, Y como todos ellos coincidieron en que las consultas populares sí son vinculantes, no era posible avalar una pregunta de este tipo ni siquiera con modificaciones. 

“La justicia no se consulta. En ninguna de sus vertientes. ¿Podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar o perseguir a los inculpados del caso Ayotiznapa? ¿O consultar lo mismo en el caso de la Guardería ABC? ¿O de cualquier persona que sufra un delito? Ni siquiera me voy a ocupar de los expresidentes. Esto es una violación a los derechos de cualquier mexicano”, sentenció el ministro Laynez Potisek.

En un sentido muy similar se expresó la ministra Norma Piña Hernández, quien dijo que los expresidentes no son personas privilegiadas como para que sea necesario consultar al pueblo si es necesario o no actuar contra ellos. Frente a la Constitución, añadió, nadie tiene un trato privilegiado.

“Ni nuestra Constitución ni nuestras leyes establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a los expresidentes que hubieran cometido algún delito. Todo lo contrario, si las autoridades tienen información su responsabilidad y obligación según la ley es denunciarlo a la fiscalía”, subrayó Piña.

Los ministros Franco Salas y Pardo Rebolledo expresaron también su respaldo al proyecto y dijeron no tener duda en que, como este señala, la consulta planteada viola un cúmulo de derechos como el de acceso a Lajusticia, a la reparación del daño a las víctimas, a la igualdad, a la presunción de inocencia, entre otros.

Pero además de expresar sus fundamentos, los ministros que votaron en contra reflexionaron sobre la importancia de la labor independiente de la Corte. Ello en clara alusión a los mensajes del presidente López Obrador quien en reiteradas ocasiones dijo que la Corte debía tomar en consideración la voluntad del pueblo y de la transformación que él impulsa.

“Mi responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente de mi mandato como jueza constitucional…”, señaló la ministra Piña. “Puede ser que la población no esté de acuerdo en que estemos a favor del proyecto. Los ministros no estamos para ganar la popularidad, y el Poder Judicial y las Fiscalías no están para ganar simpatías”, añadió Laynez.

Ni delitos, ni expresidentes en la nueva pregunta

El respaldo dividido y por razones distintas a la consulta popular analizada, obligó a la Corte a modificar la pregunta original drásticamente.

La redacción del gobierno federal claramente hablaba de la posibilidad de investigar delitos cometidos por cinco expresidentes y de ser procedente llevarlos a juicio penal por ello. La redacción original era la siguiente:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Tras la revisión hecha por los ministros de la Corte, la redacción de la pregunta fue modificada casi en su totalidad, con excepción del primer enunciado. De la misma desaparecieron los nombres de los expresidentes e incluso dicho concepto. También se suprimió la parte que hacía referencia a “delitos”. La redacción ya modificada quedó de la siguiente forma:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven acabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ni la redacción modificada logró un consenso unánime del pleno en una segunda votación. Los ministros Piña, Laynez y Aguilar votaron en contra al considerar que era un cuestionamiento que nada tenía que ver ya con el sentido original de la consulta. 

Los ministros Franco y Pardo votaron “a favor pero obligados por la mayoría”, mientras que el ministro Pérez Dayán dijo que estaba a favor, pero con reservas debido a que no coincide con los tiempos indefinidos de la pregunta editada.