CNDH detecta 19 contagios de COVID en centros para migrantes; INM negaba casos
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CNDH detecta 19 contagios de COVID en centros de detención de migrantes; INM negaba casos

Los migrantes contagiados con el virus ya fueron trasladados de la estación Siglo XXI, a la Estancia Provisional denominada ‘El Hueyate’, ubicada en la carretera Huixtla-Tapachula. 
Cuartoscuro
Por Manu Ureste y Alberto Pradilla
24 de octubre, 2020
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A pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha negado públicamente que existan contagios de COVID-19 en sus centros de detención, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que, tan solo en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, hay al menos 19 casos confirmados de nacionalidad hondureña. 

Hace apenas una semana el INM aseguró a Animal Político que en todas sus estaciones se realizan acciones de limpieza e higiene y de control sanitario. Sin embargo, la CNDH documentó que la Siglo XXI permanece hacinada, que no se respeta la sana distancia, no se reparten cubrebocas, y que no hay gel antibacterial para evitar la propagación del virus. 

Los 19 casos confirmados de migrantes contagiados ya fueron trasladados de la estación Siglo XXI a la Estancia Provisional denominada ‘El Hueyate’, ubicada en la carretera Huixtla-Tapachula. 

Lee: Pese a contagios, no se hacen pruebas COVID a migrantes, denuncian OSC; “cumplimos con medidas”, dice el INM

No obstante, en la inspección realizada entre el 16 y el 19 de octubre, los visitadores de la CNDH también detectaron numerosas irregularidades en estas instalaciones. Por ejemplo, no hay servicios de luz y agua, las condiciones de higiene son malas, y lo más grave: detectaron a mujeres y niñas detenidas y que no presentaban síntomas aparentes conviviendo con otras personas migrantes contagiadas. 

Ante esta situación, la CNDH emitió una serie de medidas cautelares dirigidas al comisionado del INM, Francisco Garduño, para que el instituto traslade de inmediato a los migrantes detenidos en la estación Siglo XXI “a una estancia digna”, para brindarles los servicios de alimentos, salud e higiene que requieran, “así como espacios sanitarios salubres”. 

También pidió al INM que dé atención médica “prioritaria y urgente” a las personas contagias de Covid 19 que están detenidas en la estancia provisional ‘El Hueyate’, prestando especial atención a niños, niñas y adolescentes. 

Animal Político consultó nuevamente al INM sin que al cierre de la edición hubiese recibido respuesta. A día de hoy, la institución que dirige Francisco Garduño no ha reconocido públicamente que se hayan detectado casos al interior de sus instalaciones, a pesar de que el pasado 11 de septiembre la CNDH documentó la muerte de un salvadoreño que estaba al interior de la estación migratoria de Ciudad de México y que fue trasladado al hospital, donde falleció. El pasado 6 de agosto, incluso, el Instituto negó en un comunicado que hubiera casos COVID en sus centros de detención. 

“Ya lo avisamos”

Estas deficiencias documentadas por la CDNDH vienen a confirmar lo denunciado hace tan solo una semana, el pasado 15 de octubre, por múltiples organizaciones de la sociedad civil en el informe ‘Sobre los efectos de la pandemia de Covid 19 en las personas migrantes y refugiadas’. 

“La afectación a personas migrantes y refugiadas por el Covid es algo que ya veníamos avisando y alertando desde hace tiempo”, subrayó en entrevista Ana Saez, directora de Sin Fronteras, organización civil que presentó el informe junto a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, Asylum Access, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), entre otras.

Saez recordó que, precisamente por las pésimas condiciones de salubridad y de hacinamiento de las estaciones migratorias, que han sido ampliamente documentadas en informes y en trabajos periodísticos, acudieron desde marzo pasado, muy al inicio de la pandemia, ante la propia CNDH y ante la justicia para ordenar al INM que vaciara los centros de detención.

Sin embargo, aunque el Instituto asegura que está cumpliendo con las recomendaciones de la CNDH y que ha vaciado buena parte de sus estaciones, organizaciones como Asylum Access denunciaron el pasado 15 de octubre que el INM continúa haciendo detenciones de migrantes, a los que recluye en estaciones como la de Villahermosa, en Tabasco, Iztapalapa, Ciudad de México, y la ya mencionada Siglo XXI, en Chiapas. 

“Esperamos que, ante los nuevos señalamientos de la CNDH, el estado mexicano reaccione y tome las medidas para que estas personas sean puestas en libertad”, recalcó Ana Saez. 

Sin pruebas COVID

Para este lunes 26, está previsto que las organizaciones civiles defensoras de migrantes se reúnan con Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, y con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, para exponerles los resultados del informe sobre Covid 19 y personas migrantes detenidas. 

Entre múltiples puntos, en el informe se expone que el INM ni ninguna autoridad sanitaria hacen con regularidad pruebas Covid a los migrantes detenidos en las estaciones migratorias. 

También se señala que, de las 35 estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas, y que solo una, la de Saltillo, tiene servicio médico las 24 horas. 

Lee: Migrar bajo las leyes del COVID: las vías del tren volvieron a ser la ruta de migrantes

Al igual que lo documentado por la CNDH en la estación de Tapachula, la organización Asylum Access también detectó que en el centro de detención de Las Agujas de la Ciudad de México, otro de los más grandes e importantes del país, a los migrantes no se les proporciona cubrebocas, o su entrega es muy deficiente. 

Alejandra Macías, de Asylum Access, contó que en una visita en septiembre pasado a esta estación en la capital mexicana los migrantes entrevistados refirieron que aun seguían utilizando el mismo cubrebocas que les proporcionó la autoridad migratoria de Estados Unidos cuando fueron detenidos semanas atrás. 

Un muerto en una protesta y desobediencias del INM

La gestión de las estaciones migratorias en el contexto de COVID-19 ha generado fuertes críticas desde que se declaró la pandemia. En un primer momento, el INM tuvo que gestionar tanto el encierro de las personas a las que sus funcionarios atrapaban como aquellos a los que Estados Unidos expulsaba a través del Título 42, un mecanismo legal que permite devolver a México a todo aquel que intente entrar al país estadounidense de forma irregular. Todo ello con las fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador cerradas, lo que provocó que hubo momentos en los que estos países no aceptaban a deportados. Esto llevó a que decenas de los migrantes fuesen abandonados en la frontera con Guatemala, donde agentes del INM les instaron a regresar a casa a través del monte. 

El hacinamiento y las malas condiciones al interior de los centros de detención provocaron protestas al menos en Coahuila y Tabasco. La más grave tuvo lugar el 31 de marzo en Tenosique, Tabasco, donde se registró un incendio en el que murió un solicitante de asilo guatemalteco. A Héctor Barrientos, de 42 años, le faltaban tres días para ser liberado y seguir su proceso al exterior de la estación migratoria cuando falleció. Compañeros de encierro acusaron a los guardias de cerrar la puerta e impedirles la salida.

A partir de aquel incidente el INM cambió de política. Durante el mes de abril se dedicó a vaciar las estaciones, deportando cuando podía y entregando tarjetas de residencia temporales en los casos en los que la expulsión era imposible. Para finales de abril, apenas un centenar de migrantes seguía al interior de los centros de detención. 

Durante todo este tiempo, organizaciones de la sociedad civil presentaron amparos para garantizar los derechos de los migrantes encerrados (que fuesen liberados, que se diese a conocer los protocolos para prevenir la COVID-19). 

En varias ocasiones los jueces dieron la razón a los grupos activistas y, sin embargo, el INM hizo caso omiso. En agosto, por ejemplo, un juzgado dio un ultimátum al propio comisionado Garduño: o cumplía el mandato de aplicar y velar por el cumplimiento de once medidas de prevención de Covid19 al interior de las estaciones migratorias o podría ser encarcelado. A día de hoy no ha ocurrido ni una cosa ni la otra.

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El Halconazo: la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
10 de junio, 2021
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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