'Si se elimina el fideicomiso no podremos seguir buscando': familias en protesta
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"Si se elimina fideicomiso de la CEAV no podremos seguir buscando”: familias de desaparecidos

Familiares de desaparecidos protestan en San Lázaro por la extinción del fideicomiso de la CEAV destinado a apoyo de víctimas.
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María de Jesús Soria Aguado, de 50 años, perdió todo cuando su hijo Iván Yan Carlos Ibarias desapareció en 2016. El 9 de septiembre de aquel año, hombres armados lo sacaron por la fuerza de su casa en Tejerías, Veracruz. Nunca han vuelto a saber de él. “Me convertí en desplazada. Los mismos ministeriales me dijeron que desocupase mi casa cuando puse la denuncia”, explica. En ese momento, Soria Aguado vivía de la tienda de abarrotes ubicada en su misma vivienda. De repente había perdido a su hijo, su casa y no tenía de dónde ganar dinero.

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Explica que durante tres años se las arregló para sobrevivir hasta que fue reconocida como víctima de delito por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV). Esto le permitió acceder a las ayudas dispuestas en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Se trata de un fideicomiso con un monto de 574 millones 511 mil 883,86 pesos y su objetivo es “brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”.

En el caso de Soria Aguado esto significa poder recibir los 6 mil 600 pesos que paga de renta. Y, además, un extra como despensa. Con 50 años, quedó a cargo de una hija y varios nietos. Desde la desaparición de su hijo buena parte de su tiempo está dedicado a la búsqueda. Durante los últimos cuatro años se ha recorrido media República con una pala y muchas compañeras en su misma situación: Guerrero, Morelos, Veracruz, han sido estados que ha visitado con el único objetivo de encontrar a su hijo.

Soria Aguado es una de las familiares que se encuentran en plantón frente a la Cámara de Diputados. Protestan por el anuncio de la bancada mayoritaria de Morena de extinguir 109 fideicomisos y poner sus 68 mmdp en manos de la Tesorería de la Federación, es decir, de la secretaría de Hacienda. Entre los fondos hay destinados a cine, desastres naturales, deporte y ciencia. También, y eso es lo que importa a este grupo de descontentas, a la atención a víctimas.

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Su caso no es el único. Entre sus compañeras se encuentran, por ejemplo, Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana Yaltzi, desaparecida en Acapulco, Guerrero, en 2010. Aquí el apoyo va para su sobrina, de diez años, quien está a cargo de su abuela paterna después de que su papá fuese asesinado. O Patricia Aradi Castañeda Salazar, de Xicotepec de Juárez, Puebla, que desde 2016 busca a su hijo Aurelio Alfaro Solís. La familia pagó millón y medio de pesos como rescate, pero el joven, de 20 años, nunca regresó. Vendieron la casa para seguir con las búsquedas y ahora dependen de la ayuda de Ceav para pagar la renta. Por eso les preocupa qué ocurra ahora con el fideicomiso, porque es un apoyo que les sirve para sostenerse.

La iniciativa de Morena para la extinción de los fideicomisos fue justificada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una forma de lucha contra la corrupción. Aseguró el mandatario que la centralización de los fondos evitará los intermediarios. Sin embargo, los colectivos temen que cuando el dinero esté bajo un único mando acabe por no destinarse al propósito para el que estaba pensado. En este caso, la atención a víctimas.

Según dijo Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena, Hacienda se encargará de determinar cuáles de estos fondos seguirán manteniendo su propósito inicial y cuáles se disolverán y pasarán al presupuesto para reforzar el sector salud ante la pandemia de Covid19 y para comprar vacunas.

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“Sobre el tema de fideicomisos que Hacienda va a determinar, de esos 68 mil millones, qué parte se reintegra para la atención de la salud y cuál parte se queda como apoyos que seguirán dándose de manera regula”, dijo Delgado en conferencia de prensa.

Esto a Soria Aguado le pone una soga al cuello. Si Hacienda decidiese que el dinero destinado a víctimas irá ahora para comprar vacunas ella ya no tendría cómo pagar su renta.
Qué ayudas otorga la CEAV y a quién

Según la Ley General de Víctimas, las personas afectadas por delitos o vulneraciones a los Derechos Humanos tienen dos formas de acceder a ayudas. Por un lado, pueden acudir directamente a la CEAV y pedir asistencia. En este caso, puede optar a recursos para alojamiento, traslado y alimentación. Quien se encarga de valorar a la víctima es una trabajadora social, que elabora un estudio socioeconómico y de las necesidades de la persona.

La otra vía de acceder a estos recursos es por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ministerio Público o la sentencia de un juez. En este caso, una de estas instituciones mandata que se le incluya en el registro de víctimas y se realiza el estudio socioeconómico, que determina si se necesitan apoyos. La resolución pasa a un comité interdisciplinario en el que médicos, psicólogos y trabajadores sociales evalúan.

Además, en este ámbito la CEAV se hace cargo de las compensaciones ordenadas por un juez o la CNDH que la institución responsable del agravio alega no poder pagar. Por ejemplo: si una persona es víctima de un delito a manos de un policía, y si la corporación dice no tener presupuesto para compensaciones, es la CEAV la que se hace cargo y el dinero sale del fideicomiso que va a extinguirse.

Además de estas atribuciones, la CEAV también apoya a las víctimas en determinadas diligencias, como traslados o material para las búsquedas.

Animal Político quiso saber el número exacto de víctimas beneficiadas y las ayudas específicas, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

“La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin”, dijo a través de un comunicado Espacio OSC, una iniciativa que aglutina a diversas organizaciones sociales.

Hasta el momento se sabe que el dinero será administrado por Hacienda. Pero no hay claridad sobre cuáles serán los procedimientos que se seguirán. Es decir, qué tendrá que hacer Soria Aguado para percibir su apoyo y no quedarse en la calle.

Animal Político consultó tanto con la CEAV como con la secretaría de Hacienda. En la primera institución señalaron que la gestión ahora corresponde a la segunda. Y en Hacienda, al cierre de la nota, no se había remitido una respuesta.

“Nuestra lucha empieza al ver que se siguen vulnerando nuestros derechos. Se pretende eliminar un fideicomiso que es para las víctimas. Es para la reparación integral y asistencia a víctimas. Esto nos deja en completa vulnerabilidad, porque dependemos de él victimas de desaparición, tortura, desplazamiento forzado o feminicidio”, dijo Yoltzi Martínez.

Durante toda la jornada las descontentas mantuvieron un plantón al exterior de San Lázaro. Una delegación mantuvo encuentros con diversas bancadas. Incluso se registró una disputa con la morenista Dolores Padierna. Terminada la jornada, la falta de quórum impidió la votación. Pero procesos al margen, los colectivos siguen sin saber quién y cómo gestionará un dinero del que ahora dependen muchas familias vulnerables.

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Derrumbe en Miami: la carta en la que se advertía a propietarios de graves daños que sufría el edificio

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron "daños estructurales mayores", no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.
30 de junio, 2021
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A medida que pasan los días y los trabajos de rescate continúan en el edificio que colapsó parcialmente en Miami, las preguntas sobre cómo pudo derrumbarse un edificio de 12 plantas en cuestión de 11 segundos se multiplican.

Y también, comienzan a aparecer nuevas evidencias y detalles que ayudarán a los expertos a determinar con el tiempo las causas.

Desde el pasado fin de semana, medios de Estados Unidos han publicado documentos que dan cuenta de un deterioro notable en las instalaciones del Champlain Tower South.

Es el caso de una carta enviada en abril pasado a los propietarios de los apartamentos en la que se alertaba de que el “deterioro del concreto” se estaba “acelerando” y que el daño “comenzaría a multiplicarse exponencialmente”.

La carta, enviada por la presidenta de la asociación de propietarios de Champlain Towers South, Jean Wodnicki, tenía como objetivo explicar a los inquilinos por qué una renovación que en 2018 se había estimado en unos US$9 millones había aumentado a casi US$16 millones tres años después.

La recertificación

El Chaplain Towers South es un condominio de 12 plantas y más de 100 apartamentos ubicado frente al mar en el norte de Miami Beach.

El edificio fue terminado en 1981, según datos de la ciudad.

Dado que las normativas vigentes establecen que las construcciones de este tipo deben pasar una inspección a los 40 años para garantizar su habitabilidad, el edificio estaba siendo sometido a reparaciones para poder ser inspeccionado por peritos y obtener su recertificación, de acuerdo con autoridades locales.

Un consultor de ingeniería, Frank Morabito, había sido contratado en 2018 para hacer la evaluación inicial para el proceso y en su informe entonces indicó que había “abundantes grietas” y desprendimientos en el estacionamiento subterráneo del edificio.

La inspección detectó daños graves en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina -al punto de señalar que había “agotado su vida útil”- y problemas en la entrada que estaban “causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas”.

Para 2021, según mencionó Wodnicki en la carta del 9 de abril, el edificio estaba en peor estado.

“El daño observable, como en el garaje, ha empeorado significativamente desde la inspección inicial“, escribió en la carta, a la que tuvo acceso primero el diario USA Today.

“Cuando se puede ver visualmente el concreto desconchado (agrietado), eso significa que la barra de refuerzo que lo mantiene unida se está oxidando y deteriorándose debajo de la superficie”, alertó Wodnicki.

Otras advertencias

Wodnicki señaló también que “el deterioro del hormigón” se estaba “acelerando” y que “la situación del techo empeoró mucho”.

“Se han identificado nuevos problemas. Además, los costos aumentan cada año. Así es como hemos pasado de los US$ 9.128.433.60 estimados en el informe de 2018 de Frank Morabito, a la cifra mucho mayor que tenemos hoy”, explicó.

Wodnicki alertó además que era “imposible saber la extensión del daño en la barra de refuerzo subyacente” hasta que se abriera el concreto.

“A menudo, el daño es más extenso de lo que se puede determinar mediante la inspección de la superficie”, agregó.

La carta a los residentes presentaba una imagen más sombría sobre el estado del edificio que la que se les dio, según aseguran, después de la inspección de 2018.

Muchos de los que sobrevivieron al derrumbe aseguran que en aquel entonces se les dijo que el edificio estaba “en muy buenas condiciones”.

No está claro si los elementos señalados en la carta de Wodnicki están vinculados con el derrumbe.

rescate

AFP
Las tareas de rescate continúan.

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron “daños estructurales mayores”, no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.

Este tipo de daños es frecuente en edificios viejos y sobre todo en los que se encuentran en la zona frente al mar y esto no implica necesariamente que se encuentren en riesgo de colapso.


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