Denuncias por robos, abusos y extorsiones acumulan 4 meses al alza
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Denuncias por robos, abusos y extorsiones acumulan 4 meses al alza tras baja por confinamiento

En algunos estados el repunte de denuncias por diversos delitos se ha disparado hasta arriba de 100% mientras avanza el desconfinamiento; Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa, con los mayores incrementos.
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16 de octubre, 2020
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Luego de que en abril las denuncias por distintos delitos cayeran a mínimos históricos debido al confinamiento sanitario por el COVID-19 en todo México, el país acumula ahora cuatro meses consecutivos de incrementos en robos, extorsiones, fraudes, abusos sexuales, narcomenudeo y violencia intrafamiliar, entre otros.

Tan solo las denuncias por los delitos que afectan directamente al patrimonio de las personas se han disparado a nivel nacional casi 30 por ciento, entre mayo y agosto. Y hay entidades federativas donde el incremento en la incidencia delictiva supera, incluso, el cien por ciento.

Los datos oficiales de las 32 fiscalías del país publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo anterior, y prueban que el descenso en la incidencia delictiva que meses anteriores fue presumido por las autoridades rápidamente se ha revertido, incluso sin que el desconfinamiento sea completo.

En abril pasado, cuando se ordenó el paro de casi todas las labores y se suspendieron las clases, la cifra de denuncias por todos los delitos cayó a los 119 mil 809, la incidencia mensual más baja en 16 años. Pero a partir de mayo el crecimiento mensual ha sido sostenido, y para agosto las denuncias por todos los delitos cerraron en 158 mil 253 casos. Es un incremento del 32 por ciento en ese periodo.

De hecho, las denuncias registradas en agosto se encuentran solo cinco por ciento por debajo de las que se presentaron en enero pasado.

El crecimiento en la incidencia delictiva en el país ha sido impulsado principalmente por el repunte de los delitos de tipo patrimonial (robos, fraudes, extorsiones, entre otros). Las denuncias por este tipo de delitos pasaron de 55 mil 716 en abril, a 56 mil 735 en mayo, 65 mil 405 en junio, 72 mil 588 en julio, y 73 mil 45 en agosto.

Se trata de un crecimiento superior al 30 por ciento en los delitos patrimoniales en este periodo de cuatro meses.

El desglose de los distintos tipos de delitos patrimoniales muestra algunos incrementos más notables que otros. Por ejemplo, en el caso de los robos a transeúnte en la vía pública la cifra de denuncias se ha disparado más de 45 por ciento, al pasar de 3 mil 753 casos en abril a 5 mil 441 en agosto.

Más pronunciado aún es el disparo en las denuncias de robo a bordo de taxis y vehículos que se piden por aplicaciones, los cuales pasaron de 862 en abril a 1 mil 425 en agosto, un crecimiento del 65.3 por ciento a nivel nacional.

La lista sigue. Los robos a casa habitación en el mismo periodo en el país pasaron de 4 mil 11 a 5 mil 348 denuncias, un crecimiento del 33.3 por ciento; los robos a negocios avanzaron de 6 mil 929 a 8 mil 205, un ascenso del 18.4 por ciento; las denuncias de robos en transportes colectivos subieron 21. 6 por ciento al pasar de 806 a 980 en esos meses; mientras que casos por otros tipos de robo ascendieron 16.5 por ciento.

Otro crecimiento notable es el de las denuncias por posibles fraudes, las cuales se dispararon casi 90 por ciento. El crecimiento de este ilícito ha sido sostenido: 3 mil 601 denuncias en abril; 3 mil 694 en mayo; 5 mil 167 en junio; 6 mil 454 en julio; y 6 mil 808 en agosto.

Y en el caso de las extorsiones, el crecimiento también ha sido sostenido, aunque menos pronunciado. Las denuncias pasaron de 627 a 708 en el mismo periodo, lo que representa que la incidencia de este delito subió casi 13 por ciento.

Violencia, abusos y narcomenudeo en ebullición

El repunte delictivo que ha traído consigo el desconfinamiento se extiende a otros delitos que también son de alto impacto.

Por ejemplo, las denuncias por delitos relacionados con violencia sexual registran un importante ascenso de 41.5 por ciento, al crecer de 3 mil 268 en abril a 4 mil 624 en agosto. El más grave de estos delitos, las violaciones, ascendieron de 777 a 1 mil 96 casos, un ascenso del 41.1 por ciento.

Un caso particularmente grave es el de las denuncias por violencia familiar que avanzaron de 15 mil 237 en abril a 19 mil 843 en agosto, un ascenso sostenido en este periodo del 30.2 por ciento. El crecimiento ha sido tal que agosto es el segundo mes con más denuncias por este tipo de violencia en 2020, solo detrás de marzo.

Otro ejemplo es el de narcomenudeo. Un delito que, en efecto, cayó significativamente de 6 mil 813 denuncias en marzo a 5 mil 539 en abril, con la llegada de la pandemia, pero para agosto cerró con 6 mil 679, una progresión 20 por ciento y que prácticamente revierte toda la caída registrada.

Los incrementos en estados

Los anteriores son los promedios nacionales, pero los datos a nivel de estados evidencian algunos casos más graves.

Por ejemplo, en el caso de los delitos patrimoniales en general, los estados con mayor crecimiento de denuncias de abril a agosto fueron Tabasco con un disparo del 103 por ciento; Sinaloa con un crecimiento del 98.4 por ciento; Quintana Roo con un disparo de denuncias del 65.7 por ciento; Coahuila con un avance del 62.4 por ciento; y San Luis Potosí donde las denuncias subieron casi 53 por ciento.

En la modalidad de robo a transeúnte en la vía pública, los crecimientos más pronunciados son Campeche con un reporte del 400 por ciento; Tlaxcala con un repunte del 200 por ciento; Coahuila con un avance del 169 por ciento; Tamaulipas con un incremento de denuncias del 150 por ciento; y Tabasco con un crecimiento del 124 por ciento.

En el tema de denuncias de posibles delitos de violencia sexual (abusos, violaciones, acoso, entre otros) hay cinco entidades en donde se reportan crecimientos por arriba del cien por ciento: Yucatán, Quintana Roo; Durango; Baja California Sur y Campeche. Y luego se encuentran Tamaulipas, Tabasco, Sonora y Baja California con incrementos superiores al 80 por ciento.

Y respecto a los casos denunciados ante el Ministerio Público por violencia familiar en sus distintas modalidades, los estados con mayores repuntes de denuncias de abril a agosto son Sonora con un crecimiento de casi el 183 por ciento; Tabasco con un ascenso del 164 por ciento; Sinaloa con casi 95 por ciento; Baja California con casi 84 por ciento; y Yucatán con un 73 por ciento.

En el caso de las denuncias por extorsión destaca el caso de Durango y Chihuahua porque son las únicas dos entidades con crecimientos superiores al cien por ciento en sus denuncias. Le sigue Baja California con un repunte del 60 por ciento y Sonora con un 50 por ciento. La entidad con la mayor cifra de denuncia por extorsión, el Estado de México, reportó un ascenso del 28 por ciento al cierre de agosto.

¿Qué pasa en 2020 entonces?

Aun cuando el gobierno federal ha presumido el descenso de varios delitos en 2020 como resultado de una estrategia de seguridad, el comportamiento que muestran las cifras confirma que esto obedece a las condiciones del confinamiento sanitario y a la posterior reactivación gradual.

Esta situación disruptiva ya había sido advertida con anterioridad por diversos analistas y expertos en seguridad como Alejandro Hope, quien en entrevista con Animal Político en mayo pasado dijo que se registrarían dos posibles efectos: la disminución de delitos de oportunidad como los robos por la menor presencia de personas en las calles; y complicaciones extra para denunciar debido a una reducción de horarios o personal en agencias del Ministerio Público.

En ese contexto, Hope consideró que es posible que se siguieran cometiendo algunos delitos como los de violencia familiar incluso en mayor proporción en el confinamiento, pero que no se reflejarían en los datos por las complicaciones para presentar una denuncia que trajo el propio encierro.

El experto había advertido que solo el seguimiento de meses posteriores permitiría medir qué tan real y permanente era dicha disminución. Con los datos con los que se cuenta ahora se advierte que, en realidad, una buena parte de la caída ya se ha revertido.

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Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
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Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


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