Denuncias por robos, abusos y extorsiones acumulan 4 meses al alza
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Denuncias por robos, abusos y extorsiones acumulan 4 meses al alza tras baja por confinamiento

En algunos estados el repunte de denuncias por diversos delitos se ha disparado hasta arriba de 100% mientras avanza el desconfinamiento; Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa, con los mayores incrementos.
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16 de octubre, 2020
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Luego de que en abril las denuncias por distintos delitos cayeran a mínimos históricos debido al confinamiento sanitario por el COVID-19 en todo México, el país acumula ahora cuatro meses consecutivos de incrementos en robos, extorsiones, fraudes, abusos sexuales, narcomenudeo y violencia intrafamiliar, entre otros.

Tan solo las denuncias por los delitos que afectan directamente al patrimonio de las personas se han disparado a nivel nacional casi 30 por ciento, entre mayo y agosto. Y hay entidades federativas donde el incremento en la incidencia delictiva supera, incluso, el cien por ciento.

Los datos oficiales de las 32 fiscalías del país publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo anterior, y prueban que el descenso en la incidencia delictiva que meses anteriores fue presumido por las autoridades rápidamente se ha revertido, incluso sin que el desconfinamiento sea completo.

En abril pasado, cuando se ordenó el paro de casi todas las labores y se suspendieron las clases, la cifra de denuncias por todos los delitos cayó a los 119 mil 809, la incidencia mensual más baja en 16 años. Pero a partir de mayo el crecimiento mensual ha sido sostenido, y para agosto las denuncias por todos los delitos cerraron en 158 mil 253 casos. Es un incremento del 32 por ciento en ese periodo.

De hecho, las denuncias registradas en agosto se encuentran solo cinco por ciento por debajo de las que se presentaron en enero pasado.

El crecimiento en la incidencia delictiva en el país ha sido impulsado principalmente por el repunte de los delitos de tipo patrimonial (robos, fraudes, extorsiones, entre otros). Las denuncias por este tipo de delitos pasaron de 55 mil 716 en abril, a 56 mil 735 en mayo, 65 mil 405 en junio, 72 mil 588 en julio, y 73 mil 45 en agosto.

Se trata de un crecimiento superior al 30 por ciento en los delitos patrimoniales en este periodo de cuatro meses.

El desglose de los distintos tipos de delitos patrimoniales muestra algunos incrementos más notables que otros. Por ejemplo, en el caso de los robos a transeúnte en la vía pública la cifra de denuncias se ha disparado más de 45 por ciento, al pasar de 3 mil 753 casos en abril a 5 mil 441 en agosto.

Más pronunciado aún es el disparo en las denuncias de robo a bordo de taxis y vehículos que se piden por aplicaciones, los cuales pasaron de 862 en abril a 1 mil 425 en agosto, un crecimiento del 65.3 por ciento a nivel nacional.

La lista sigue. Los robos a casa habitación en el mismo periodo en el país pasaron de 4 mil 11 a 5 mil 348 denuncias, un crecimiento del 33.3 por ciento; los robos a negocios avanzaron de 6 mil 929 a 8 mil 205, un ascenso del 18.4 por ciento; las denuncias de robos en transportes colectivos subieron 21. 6 por ciento al pasar de 806 a 980 en esos meses; mientras que casos por otros tipos de robo ascendieron 16.5 por ciento.

Otro crecimiento notable es el de las denuncias por posibles fraudes, las cuales se dispararon casi 90 por ciento. El crecimiento de este ilícito ha sido sostenido: 3 mil 601 denuncias en abril; 3 mil 694 en mayo; 5 mil 167 en junio; 6 mil 454 en julio; y 6 mil 808 en agosto.

Y en el caso de las extorsiones, el crecimiento también ha sido sostenido, aunque menos pronunciado. Las denuncias pasaron de 627 a 708 en el mismo periodo, lo que representa que la incidencia de este delito subió casi 13 por ciento.

Violencia, abusos y narcomenudeo en ebullición

El repunte delictivo que ha traído consigo el desconfinamiento se extiende a otros delitos que también son de alto impacto.

Por ejemplo, las denuncias por delitos relacionados con violencia sexual registran un importante ascenso de 41.5 por ciento, al crecer de 3 mil 268 en abril a 4 mil 624 en agosto. El más grave de estos delitos, las violaciones, ascendieron de 777 a 1 mil 96 casos, un ascenso del 41.1 por ciento.

Un caso particularmente grave es el de las denuncias por violencia familiar que avanzaron de 15 mil 237 en abril a 19 mil 843 en agosto, un ascenso sostenido en este periodo del 30.2 por ciento. El crecimiento ha sido tal que agosto es el segundo mes con más denuncias por este tipo de violencia en 2020, solo detrás de marzo.

Otro ejemplo es el de narcomenudeo. Un delito que, en efecto, cayó significativamente de 6 mil 813 denuncias en marzo a 5 mil 539 en abril, con la llegada de la pandemia, pero para agosto cerró con 6 mil 679, una progresión 20 por ciento y que prácticamente revierte toda la caída registrada.

Los incrementos en estados

Los anteriores son los promedios nacionales, pero los datos a nivel de estados evidencian algunos casos más graves.

Por ejemplo, en el caso de los delitos patrimoniales en general, los estados con mayor crecimiento de denuncias de abril a agosto fueron Tabasco con un disparo del 103 por ciento; Sinaloa con un crecimiento del 98.4 por ciento; Quintana Roo con un disparo de denuncias del 65.7 por ciento; Coahuila con un avance del 62.4 por ciento; y San Luis Potosí donde las denuncias subieron casi 53 por ciento.

En la modalidad de robo a transeúnte en la vía pública, los crecimientos más pronunciados son Campeche con un reporte del 400 por ciento; Tlaxcala con un repunte del 200 por ciento; Coahuila con un avance del 169 por ciento; Tamaulipas con un incremento de denuncias del 150 por ciento; y Tabasco con un crecimiento del 124 por ciento.

En el tema de denuncias de posibles delitos de violencia sexual (abusos, violaciones, acoso, entre otros) hay cinco entidades en donde se reportan crecimientos por arriba del cien por ciento: Yucatán, Quintana Roo; Durango; Baja California Sur y Campeche. Y luego se encuentran Tamaulipas, Tabasco, Sonora y Baja California con incrementos superiores al 80 por ciento.

Y respecto a los casos denunciados ante el Ministerio Público por violencia familiar en sus distintas modalidades, los estados con mayores repuntes de denuncias de abril a agosto son Sonora con un crecimiento de casi el 183 por ciento; Tabasco con un ascenso del 164 por ciento; Sinaloa con casi 95 por ciento; Baja California con casi 84 por ciento; y Yucatán con un 73 por ciento.

En el caso de las denuncias por extorsión destaca el caso de Durango y Chihuahua porque son las únicas dos entidades con crecimientos superiores al cien por ciento en sus denuncias. Le sigue Baja California con un repunte del 60 por ciento y Sonora con un 50 por ciento. La entidad con la mayor cifra de denuncia por extorsión, el Estado de México, reportó un ascenso del 28 por ciento al cierre de agosto.

¿Qué pasa en 2020 entonces?

Aun cuando el gobierno federal ha presumido el descenso de varios delitos en 2020 como resultado de una estrategia de seguridad, el comportamiento que muestran las cifras confirma que esto obedece a las condiciones del confinamiento sanitario y a la posterior reactivación gradual.

Esta situación disruptiva ya había sido advertida con anterioridad por diversos analistas y expertos en seguridad como Alejandro Hope, quien en entrevista con Animal Político en mayo pasado dijo que se registrarían dos posibles efectos: la disminución de delitos de oportunidad como los robos por la menor presencia de personas en las calles; y complicaciones extra para denunciar debido a una reducción de horarios o personal en agencias del Ministerio Público.

En ese contexto, Hope consideró que es posible que se siguieran cometiendo algunos delitos como los de violencia familiar incluso en mayor proporción en el confinamiento, pero que no se reflejarían en los datos por las complicaciones para presentar una denuncia que trajo el propio encierro.

El experto había advertido que solo el seguimiento de meses posteriores permitiría medir qué tan real y permanente era dicha disminución. Con los datos con los que se cuenta ahora se advierte que, en realidad, una buena parte de la caída ya se ha revertido.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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