Diputados aprueban Miscelánea Fiscal: rechazan quitar IVA a toallas sanitarias
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Cuartoscuro

Diputados aprueban Miscelánea Fiscal: rechazan eliminar IVA a toallas, copas y tampones

El proyecto aprobado incluye cambios que implican el uso de tecnología por parte del SAT para registrar los bienes de contribuyentes en visitas.
Cuartoscuro
21 de octubre, 2020
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Con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Miscelánea Fiscal 2021. 

Por otro lado, con 218 votos en contra y con 185 votos a favor, los legisladores desecharon la reserva previamente aceptada para modificar el artículo 2A y adicionar un Artículo Transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que las toallas sanitarias desechables y de tela, compresas, tampones, copas o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual, sean gravadas con una tasa del cero por ciento.

#MenstruaciónDignaMéxico, un colectivo feminista, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para eliminar el IVA a los productos como toallas, copas menstruales y tampones.

Lee: La menstruación, un factor de desigualdad de género

La tasa del 16% de IVA a estos productos, de acuerdo con esta iniciativa, constituye un impuesto aplicado a un grupo con motivo de su condición biológica y por lo tanto es discriminatoria.

De acuerdo con diversas estimaciones, en promedio, una mujer menstrúa 2 mil 535 días de su vida, cifra equivalente a siete años consecutivos. Lo anterior considerando que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la edad promedio en la que se menstrúa es de los 15 a los 49 años de edad.

Por ello, estos productos para gestionar la menstruación son de primera necesidad, por lo que no tener acceso a ellos “aumenta las probabilidades de ausentismo, deserción escolar, infecciones y precarización económica”, según organizaciones feministas, y se convierte en un tema de desigualdad que debe ser atendido por el Estado.

La diputada Marta Tagle, una de las impulsoras de la iniciativa, señaló que a las tres de la mañana se votó a favor de discutir la reserva que eliminaba el impuesto a los productos de higiene menstrual. 

A las 5 de la mañana, cuando se iban a votar las reservas, los diputados de Morena pidieron que esa reserva se separara de la votación y se sometiera a votación nominal, por tablero. Fue entonces cuando se desechó la reserva y se votó en contra.

Lista la miscelánea para 2021

El proyecto discutido y avalado por las y los diputados durante la madrugada de este miércoles reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, y el Código Fiscal de la Federación.

Tras la aprobación, la Miscelánea Fiscal 2021  se remitió al Senado de la República para los efectos constitucionales. 

Lee: Diputados aprueban en lo general que el SAT pueda tomar fotos de los bienes de contribuyentes

En  un comunicado, la Cámara de Diputados señaló que las adecuaciones en el proyecto discutido van en el sentido de “no crear nuevos impuestos, así como combatir la corrupción y la impunidad, la evasión y elusión fiscal, incluyendo propuestas en materia de simplificación administrativa, seguridad jurídica, modernización, gestión tributaria y eficiencia recaudatoria”.

Otros cambios 

La Miscelánea Fiscal 2021 aprobada incluye cambios al Código Fiscal Federal, que implican el uso de tecnología por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para registrar los bienes de contribuyentes en visitas.

Se trata de cambios en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de que “las autoridades fiscales, modernicen los procedimientos de visitas a realizar dentro del domicilio fiscal del contribuyente, mediante el uso de herramientas tecnológicas, siempre que, en la emisión de la orden de visita, se funde y motive el empleo de éstas”.

El documento aprobado establece que cuando las autoridades fiscales utilicen herramientas tecnológicas, deberán acreditar que éstas fueron asignadas por el SAT, así como “contar con las medidas de seguridad y encriptación necesarias para que la información que se recabe no sea expuesta de manera indebida”. 

El proyecto también incluye una medida de bloqueo temporal del acceso al servicio digital a empresas que operan en el extranjero y que no paguen impuestos.

Para las plataformas digitales se incluye una propuesta de una tasa de retención única en cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En lo que corresponde a las plataformas como Uber, Didi y Rappi la tasa de retención sería del 2.8% y para otras como Airbnb del 5%. Mientras que para Amazon o Mercado Libre sería del 2.4%.

Igualmente se contemplan cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta sobre donatarias autorizadas. Se propone revocar a aquellas que superen el 50% de sus ingresos anuales por actividades no relacionadas con su objeto social.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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