Diputados de Morena aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos de educación, ciencia, deporte y desastres naturales por la sombra de supuesta corrupción, pero en cambio, mantendrán intacto un fideicomiso de aduanas con disponibilidad de 70 mil millones de pesos que ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como discrecional y con irregularidades; también estará intacto un fideicomiso de la Sedena para compra de armamento que cuenta con 30 mil millones de pesos.
Este martes, con 242 votos a favor y 178 en contra, la Cámara de Diputados extinguió el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), y los fideicomisos que sostienen 26 centros de investigación como el CINVESTAV o el CIDE, entre otros, y que suman 68 mil millones de pesos, que pasarán a la Tesorería de la Federación para que Hacienda disponga de ellos y, supuestamente, hacer frente a la pandemia de COVID y sus efectos.
Se trató del segundo intento por desaparecer fideicomisos. La primera vez, en mayo pasado, la fracción de Morena había propuesto la extinción de 44 fideicomisos que sumaban 78 mil millones de pesos. Sin embargo, esa iniciativa fue congelada tras las protestas del sector cinematográfico, encabezado por los directores Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu para defender el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
En esta segunda iniciativa la fracción de Morena agregó 65 fondos que no estaban contemplados en mayo pasado, sobre todo correspondiente a ciencia y tecnología, y con lo que suman una bolsa de 68 mil millones de pesos.
Sin embargo, sólo el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Articulo 16 De La Ley Aduanera (FACLA) tiene en su bolsa 70 mil 360 millones de pesos, de acuerdo con el segundo informe trimestral de Hacienda, hasta junio de 2020, cifra superior a la totalidad de los 109 desaparecidos ayer.
Este fideicomiso también fue respetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el decreto por el que fueron extintos otros fideicomisos el pasado 2 de abril y, tampoco fue incluido en el listado a extinguir por la Cámara de Diputados.
El otro fideicomiso que no fue tocado es el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, que hasta junio tenía 30 mil 193 millones de pesos disponibles, según el informe trimestral de Hacienda.
En el reporte trimestral de Hacienda, se explica que el fideicomiso tiene como objetivo, “la adquisición de bienes tales como equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones; así como lo contratación de obra pública y de los servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente”.
Cabe recordar que la Sedena ha sido una dependencia clave en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que lo mismo se ha encargado de transportar combustible como parte del combate al huachicol, que medicinas para la atender la pandemia; también construye el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, las sucursales del Banco del Bienestar y, ahora, también se hará cargo de las aduanas.
Aunque Animal Político solicitó entrevistas con legisladores de Morena para saber cuál fue el criterio para decidir la exclusión de estos fideicomisos, no hubo respuesta.
El historial de opacidad
El Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Articulo 16 De La Ley Aduanera (FACLA) es un mecanismo creado en 1992, entonces era llamado Fideicomiso Aduanas 1 y funcionaba junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), pero que fue modificado en 2004 para convertirse en un fideicomiso público con el nombre actual y, que entre otras cosas, otorgó la facultad de realizar autorizaciones al Jefe del Servicio de Administración Tributario (SAT).
En este caso, dicha facultad está a cargo de Raquel Buenrostro, titular del SAT, y exoficial mayor de la Secretaría de Hacienda; una funcionaria cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, “la creación de este fideicomiso es por ley, con destino específico de los recursos, los cuales están totalmente comprometidos”. Dichos recursos provienen del pago de derechos que realizan los importadores y exportadores, como obligación del articulo 16 de la Ley Aduanera, pero no se consideran ingresos y, por lo tanto, no se contabilizan en la Cuenta Pública.
Según el informe trimestral, hasta junio pasado, se ejercieron recursos de este fideicomiso en “servicios de seguridad para las instalaciones aduaneras 2019-2021, servicios de recolección, traslado y destino final de bienes de comercio exterior y almacenamiento de bienes, entre otros”.
Sin embargo, en las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2007, se detectaron irregularidades, y señaló un quebranto por 10 mil millones de pesos que no fueron enterados a la Tesorería de la Federación de 2001 a 2004.
De hecho, la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, incluyó este fideicomiso como evidencia de la opacidad de los fideicomisos en sus trabajos de investigación como académica y, justamente, es uno de los que sobrevivió.
“A pesar de que la SHCP se comprometió a devolver los miles de millones de pesos que durante 12 años manejó discrecionalmente, a marzo de 2006, de los 9 mil 347.518 millones de pesos que resultaron de las observaciones de la ASF, la SHCP sólo había devuelto 2 mil 457 millones de pesos”, explicó la investigadora en un libro publicado por la Auditoría titulado “Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera”.
En la revisión de 2011, la Auditoría señaló que “el SAT ejerce los recursos del FACLA como un ‘presupuesto paralelo’”, según la auditoría financiera y de cumplimiento número GB-084.
Además, Hacienda “continuó determinando, de manera discrecional, que el 92.0% de los ingresos cobrados por este concepto se destinaran al pago de contraprestaciones y únicamente el 8.0% se concentrara en la Tesorería de la Federación como contribución federal, lo que ha implicado que la recaudación para la Hacienda Pública Federal sea desproporcionada”, según detectó la Auditoría.
Entre las cosas que se compraban con dichos recursos estuvo, por ejemplo, la adquisición de 6,300,000 formularios, por un monto de 47 millones 187 mil pesos a un precio de 7.49 pesos por pieza, pero fue pagado a sobreprecio, toda vez que la Auditoría comprobó a través de cotizaciones que el mismo producto podría adquirirse por 4.92 pesos por pieza, “con lo cual se hubiera erogado un importe de 30 millones 996 mil pesos y la segunda cotización, a un precio de 0.64 pesos por pieza, en este caso, se hubieran ejercido 4 millones 32 mil pesos”.
El fideicomiso referente a aduanas que sí fue desaparecido es el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y control de las Autoridades Aduaneras (FIDEMICA), con clave de registro ante Hacienda número 20020671001239, con una disponibilidad de mil 871 millones de pesos. Mientras que el FACLA tiene clave de registro 20040630001369 y una disponibilidad de 70 mil millones de pesos.
