Los diputados de Morena y sus aliados impulsan una iniciativa de reforma que plantea canalizar una parte de la bolsa de dinero del Fondo de Salud para el Bienestar, antes de Gastos Catastróficos, que atiende enfermedades como el cáncer u otras que suponen erogaciones importantes para las familias sin seguridad social, en la compra de la vacuna contra COVID-19.
La iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, de la fracción parlamentaria de Morena, ha provocado críticas y posturas en contra entre los partidos de oposición, quienes piden, junto con organizaciones de la sociedad civil, no dejar a los pacientes con cáncer y otras enfermedades con gastos catastróficos sin recursos para su atención.
El diputado asegura que esto no pasará y que solo busca ponerle un tope a la acumulación de recursos que se da en el fondo para destinar ese excedente a la atención de otras emergencias.
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La propuesta de Pérez Negrón, que se aprobó este martes en las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados y que pasará al pleno, atoró hace un par de semanas la discusión de la desaparición de fideicomisos que finalmente aprobó el Congreso.
Pero, qué es el Fondo de Salud para el Bienestar y a quién atiende. Este fondo es el heredero del ya desaparecido Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y es parte del Fideicomiso del Sistema de protección Social en Salud.
En las reglas de operación de ese fideicomiso se establece que ese fondo de salud es una reserva destinada al apoyo económico para la atención integral de las enfermedades e intervenciones que producen gastos altos para las personas sin seguridad social.
En la iniciativa presentada por Pérez Negrón se asegura que no se pretende desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar ni dejar sin recursos y sin tratamiento a los pacientes de enfermedades como el cáncer.
Lo que plantea es canalizar solo una parte de la reserva de ese fondo, lo que hay ahí almacenado y que no se ha utilizado en estos años, para gastos en salud como la vacuna para COVID-19.
La iniciativa plantea “preservar los recursos requeridos para la atención de aquellas enfermedades cuyo costo puede terminar con el patrimonio de una familia promedio, incluso guarda una reserva muy por encima de los requerimientos anuales para cumplir ese objetivo; pero, al mismo tiempo, evita el efecto acumulativo que hoy impide la aplicación de miles de millones de pesos a la atención del problema de salud pública más grave en más de 100 años”.
Para esto, se mantendrán los tres destinos específicos que actualmente deben tener los recursos del fondo, conforme a la Ley, es decir: 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; 2% a la atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y 1% a complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como al acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
Lo que se pretende modificar, de acuerdo al documento de la iniciativa, es que “cada año ingresan más recursos de lo que en realidad se gasta y prácticamente el doble de lo que se valida”.
De acuerdo a los datos asentados en la iniciativa, en 2018, por ejemplo, los ingresos al Fondo de Salud para el Bienestar, en ese entonces de Gastos Catastróficos, fueron por 14,399.9 millones de pesos, los rendimientos ascendieron a 7,152.0 millones de pesos.
Los egresos fueron de 14,380.1 millones de pesos, los validados (los recursos que se usaron para el pago de tratamientos y medicamentos a pacientes con enfermedades catastróficas) alcanzaron solo los 7,760.7 millones de pesos, pero aún con estos gastos en el fondo quedó disponible un total de 92,880.9 millones de pesos que no se utilizaron.
Para 2019, el monto que quedó en el fondo y que no se usó para atender alguna enfermedad o pacientes alcanzó los 105,873.3 millones de pesos y los validados fueron apenas 2,853.7 millones de pesos, aunque el documento de la iniciativa advierte que este monto podría variar de acuerdo a informes posteriores de la Secretaría de Hacienda.
El resultado de la forma en cómo se usa o no los recursos del fondo, dice la iniciativa, “es la acumulación de una muy importante cantidad de recursos públicos destinados a la atención de la salud de los mexicanos que ni se erogan para cubrir enfermedades que provocan gastos catastróficos, ni se utilizan para ampliar la infraestructura, ni para una mayor cobertura de medicamentos y, ahora, tampoco para la atención de la pandemia de la enfermedad Covid-19”.
La iniciativa plantea, frente a esto, adicionar un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud que quedaría así: “cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar”.
El transitorio segundo de la iniciativa señala que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria, a más tardar el 1 de abril de 2021, para que concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso (de donde salen los recursos para el Fondo de Salud para el Bienestar), de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Recursos para enfermedades catastróficas están asegurados
El diputado por Morena, Iván Pérez Negrón, impulsor de la iniciativa de reforma, reitera que no se dejarán de cubrir las enfermedades catastróficas ni a los pacientes a los que se les da atención.
“No desaparece el fondo ni desaparecen los recursos para atender a los niños con cáncer, ni a los adultos, ni el cúmulo de enfermedades que ha determinado el Consejo de Salubridad General como enfermedades que originan gastos catastróficos, eso está garantizado”.
Pérez Negrón se queja de que la oposición ha querido hacer uso político del tema y denostar la iniciativa, pero en realidad, “este fondo se preserva prácticamente en los términos en los que existe, no se reducen los recursos presupuestales que por ley deben destinársele y no se eliminan ni se restringen los tres destinos actuales en que deben aplicarse los recursos (padecimientos, infraestructura y un extra para medicamentos e insumos)”.
El único cambio, subraya, que establece el párrafo que se adiciona a la Ley de Salud es el establecimiento de un límite, “a esa acumulación de recursos por el fondo y posibilitar el destino del remanente a fines de salud, porque también se ha querido decir que se irá a la bolsa de la Tesorería y Hacienda hará lo que se le pegue la gana con eso y eso es falso, será para salud y este año específicamente será para enfrentar la pandemia de COVID-19 y adquirir las vacunas.”
Peréz Negrón destaca que los recursos que se han venido acumulando no se han utilizado “y hoy ante la necesidad de enfrentar este virus, que además se ha convertido en una enfermedad super catastrófica, que genera gastos exorbitantes a las familias, lo que se hace es tomar una decisión para que esos recursos sigan garantizando la cobertura de las enfermedades catastróficas, pero también que haya recursos para enfrentar la pandemia de COVID-19”.
Sonia Rocha, diputada del grupo parlamentario del PAN e integrante de las comisiones de Presupuesto y Salud, explica que la razón de acumular dinero en esa bolsa es un tema de progresividad. “Es un fideicomiso, creo que no ha entendido ese tema, es un derecho pre adquirido de la gente de estas 66 enfermedades catastróficas (que se incluyen hasta ahora en el fondo) y siguen existiendo enfermedades que se tienen que curar además de la pandemia, no podemos dejar a las mujeres y a los niños con cáncer que no tienen otra seguridad social”.
Cuando se le señala que en la iniciativa se asienta que eso se seguiría cubriendo, matiza que la preocupación (en su bancada) es que “ese fondo aunque cada año sobre dinero no significa que te lo puedas gastar para lo que tú quieras, y no se garantiza que se va a ir a la pandemia, dónde te garantiza eso si no es un fondo, es a gasto corriente, me lo gasto en lo que quiera, si lo mandas a la tesorería ya no hay garantía por un tema legal de cómo se maneja el recurso”.
Los focos rojos
Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que si se deja en este fondo solo dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el riesgo es que no se pueda después ampliar la cobertura y las intervenciones de enfermedades catastróficas, como cierto tipo de cáncer.
La cobertura en leucemia, por ejemplo, está por debajo del 50%. Y el fondo todavía no cubre cáncer de pulmón. “Más bien se tendría que buscar la manera de seguir ampliando cobertura e intervenciones”, subraya. Además, Méndez señala que los fideicomisos deben tener un remante, una bolsa de ahorro.
En este momento, agrega, parece conveniente tomar del remante porque el fideicomiso ya trae acumulado, “pero no va a ser adecuado que tomen y tomen para gasto corriente de una fuente que se fue creando año con año y que tiene matices de a quién le pertenece ese fondo porque se fue llenando con aportaciones federales y estatales que eran para un destino en específico: para atención de enfermedades catastróficas”.
Entérate:
Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señala que no es conveniente ponerle un tope a lo que se acumula en ese fondo, más porque no se ha precisado cómo se estableció esa cantidad.
“¿Quién nos dice ese tope, cómo sabemos que ese tope es el conveniente, cómo sabemos que eso es lo que requiere? No hemos visto un estudio de impacto presupuestario en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (de la Cámara de Diputados), así que cómo sabemos que esa es la cantidad óptima para dejar de reserva”, se pregunta la especialista.
La realidad, prosigue, “es que no se ha estimado el costo de lo que cuesta atender un tratamiento de cáncer, por ejemplo, la leucemia de los niños o el cáncer de mama. Además, ¿cómo sabemos cuántos mexicanos van a requerir ese servicio el próximo año y cuánto nos va a costar atenderlos? Se necesita saber eso para hacer una buena estimación”.
El otro riesgo, advierte Méndez, del CIEP, es que en 2021 la iniciativa plantea en su exposición de motivos que los 33 mil millones que se reintegrarán a la tesorería se usarán para hacer frente a la pandemia de covid, en específico a la vacuna, pero para el resto de los años no se especifica a qué se destinarán.
Sobre esto, Campos sostiene que la planeación de las finanzas públicas y del gasto público está limitada a un año de ejercicio. “No tenemos una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que responsabilice al gobierno de financiar los servicios públicos por más de un año. Es una carencia que hemos tenido en México y por eso hemos promovido la creación de un consejo fiscal que tenga la responsabilidad de planear las finanzas públicas a cinco, 10, 20 años”.
Campos también explica otro aspecto que le falta a la reforma planteada por Morena: no contiene medidas de gobernanza ni de rendición de cuentas a los ciudadanos. Es común, dice, “que en los países desarrollados cuando implementan este tipo de reformas tan delicadas, porque se habla de la vida de las personas, se ponen en marcha comisiones que le den seguimiento a la implementación de la reforma, para obligar el monitoreo y la evaluación, eso no está incluido aquí”.
La analista se pregunta entonces: “¿cómo los ciudadanos vamos a saber que esta reforma fue pertinente o no fue pertinente, cómo nuestros representantes van a saber qué otros aspectos hay que atender de esta reforma, qué hizo falta o qué sobró? Eso no se ha puesto ahí. No se ha mandatado que exista un informe para reportar a la Comisión de Salud o a la de Presupuesto”, concluye Campos.
