Con toma del INPI por indígenas otomíes, suman 3 edificios federales ocupados
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Con toma del INPI por indígenas otomíes, suman 3 edificios federales ocupados

En los tres casos, las autoridades han asegurado que están abiertas al diálogo, mientras los inconformes acusan falta de compromiso real para atender sus demandas.
21 de octubre, 2020
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Tres edificios de instituciones nacionales  han sido tomados en los últimos meses por personas inconformes con la actuación de los organismos en los temas que les corresponden. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 17 de febrero; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 4 de septiembre; y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), desde el pasado 12 de octubre.

En los tres casos, las autoridades han publicado comunicados asegurando que están abiertas al diálogo. Y también en los tres casos, los inconformes se han quejado de que esos comunicados solo aparecen en internet, pero los titulares de las dependencias no se paran ahí a escucharlos ni demuestran un compromiso real para atender sus demandas. Por lo que no han anunciado que tengan intenciones de moverse.

La toma más reciente ocurrió el pasado 12 de octubre, en el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

“Es el momento de alzar la voz y de no quedarnos callados. 528 años nos han oprimido, nos han despojado, como para dejarnos otros 528 años más”, dice Maricela Mejía junto a otras cuatro mujeres otomíes que toman el rol de voceras en el primer piso de las instalaciones vacías del INPI.

Son más de 100 personas —incluyendo alrededor de 30 niñas y niños— que se presentan como indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, pero residentes en la Ciudad de México desde hace más de 20 años.

Y durante 20 años su reclamo ha sido tener acceso a una vivienda digna. Han vivido hacinados, sin servicios básicos y entre escombros en cuatro predios abandonados de la Ciudad, ubicados en la calle de Zacatecas 74 y Guanajuato 200, en la Colonia Roma; Avenida Zaragoza 1434, por Pantitlán; y Roma 18, en la Juárez. Este último fue abandonado desde el terremoto de 1985, pero el de 2017 lo volvió inhabitable y los expulsó a montar un campamento en plena calle, que el año pasado fue desalojado sin que se cumpliera la eterna promesa de regularizar su situación.

Por ello, explican ahora entre los pasillos del INPI, después de seis meses de estar más expuestos que el resto de la población a la pandemia de COVID-19, sin agua ni servicios básicos para mantener la higiene, sin poder tampoco vender sus artesanías para mantenerse, mientras los edificios de oficinas siguen semivacíos, decidieron venir a instalarse aquí, en la sede de este organismo que, dicen, no los representa en este gobierno como no los ha representado en los anteriores, pero que ahora sí será de verdad su casa.

No han ocupado los seis pisos ni han querido exhibir lo que han encontrado, pero hablan de quesos, botellas de tequila y muchas artesanías y fotos de indígenas que son solo de adorno. Se están quedando únicamente en el primer piso y la planta baja, que ya lucen tapizados de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con quien dicen que llevan cuatro años “caminando juntos” para ver si organizados logran ser escuchados.

Por eso, la expropiación de los predios en los que han vivido por décadas no es su única demanda. Por eso no se enfocaron ya en acudir a las autoridades de la Ciudad de México, que cada cambio de gobierno les han prometido que sí van a solucionar la situación y los han hecho llevar nuevamente documentos, quejas, pruebas, sin que después pase nada.

Por eso ahora han venido directamente a una institución federal, y suman a sus demandas que por fin se cumplan, a casi un cuarto de siglo de firmados en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés, para reconocer la autonomía y derechos de los pueblos originarios. Que se hagan consultas indígenas reales para los megaproyectos del actual gobierno, contra los que se oponen: el Tren Maya, en el sureste; el Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica; y los proyectos de infraestructura logística en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Cuestionadas sobre si hay mejoría o no con este gobierno, que inició reivindicando los pueblos indígenas en una ceremonia de entrega de bastón de mando, contestan que ahora están peor.

“Peña era un ladrón y hubo la desaparición de estudiantes, de Ayotzinapa, lo sabemos y lo señalamos. Pero realmente cuando entra López Obrador, que se declaró de izquierda, yo digo que no es mi presidente, no voté por él, recibió el bastón de mando no por mi comunidad, no fue por mi pueblo, porque cuando Morena entra, ni al año que entran mandan a reprimir a Roma 18. Entonces ahí vimos la imposición del gobierno. Nosotros ya vimos cómo era eso de la cuarta transformación, eso de que primero los pobres, sí: los primeros golpeados, primeros en los saqueos”, lamenta Mejía.

Autoridades ofrecen diálogo, pero no se presentan

El INPI publicó el jueves, a cuatro días de la toma, un comunicado diciendo que se ofrecía a los inconformes una reunión personal con el titular del Instituto, Adelfo Regino Montes. Pero los otomíes dicen que ni el lunes que entraron al edificio ni el resto de días se ha presentado a tratar de hablar con ellos.

Comunicación Social informó que se está planteando una mesa de trabajo a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Este miércoles el organismo publicó otro comunicado sobre una reunión de Montes con otra organización de 45 grupos distintos de indígenas, en el que presumió el respaldo que le dieron y que incluso esos grupos hicieron un llamado a los otros, los que están en el edificio tomado, para que haya diálogo.

En un estancamiento similar está la toma de la CNDH, que lleva ya mes y medio. El 15 de octubre fue el último comunicado del tema publicado por la dependencia, que se ofrece “abierta al diálogo para la construcción de acuerdos” con el Frente Nacional Ni Una Menos, el colectivo encabezado por Yesenia Zamudio que abandonó las instalaciones luego de un par de semanas, y con el Bloque Negro, que es quien continúa al interior.

“Para la Comisión Nacional resulta muy preocupante los riesgos en los que se pueden encontrar las personas en el inmueble por sus condiciones peculiares y sin la regulación correspondiente, considerando la presencia de niñas, niños y adolescentes”, señaló, sin especificar si se han cumplido las demandas que las chicas plantearon en un pliego petitorio, entre los que estaba la instalación de regaderas y la garantía de un espacio de refugio de madres de víctimas de feminicidio.

Actualmente, dentro del inmueble y en la calle, que permanece cerrada al tránsito vehicular, hay actividades culturales los fines de semana, trueque de productos, y por internet se están vendiendo copias impresas del cuadro de Francisco I. Madero que fue intervenido por la hija de Érika Hernández, una menor abusada sexualmente cuyo agresor está libre.

Mientras tanto, la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, que despachaba ahí, utiliza otras sedes de la Comisión o un módulo móvil instalado en la Alameda, según informó Comunicación Social.

La toma que podría estar más cerca de resolverse es la del vestíbulo de la CEAV, que lleva más de ocho meses. Ahí los empleados han podido seguir entrando y saliendo a los pisos superiores, y las víctimas se quejaron de que incluso rodeaban la cuadra cuando tenían que ir a otro edificio vecino, con tal de no darles la cara.

La clave ahí fue una recomendación que emitió a su favor la CNDH el pasado 14 de septiembre en la que les dio la razón respecto a que sufrieron malos tratos al iniciar la ocupación, y pidió al organismo que reconozca el carácter de víctimas federales de quienes todavía no están en el Registro Nacional de Víctimas, para poder recibir atención de esa institución.

Fuentes de la CEAV comentaron que ya hay reuniones para el cumplimiento de los puntos, se dará el registro adecuado a las personas que no lo tenían, y se negocia una compensación con cada víctima.

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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