Cuatro estados de Morena no comprobaron gastos de fondos para salud
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Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Cuatro estados gobernados por Morena no comprobaron cómo gastaron 12 mil mdp de fondos para salud

La ASF detectó que estas irregularidades significan un probable quebranto millonario a las finanzas públicas.
Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
31 de octubre, 2020
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La Ciudad de México, Chiapas, Puebla y Veracruz, estados gobernados por Morena, no comprobaron en qué gastaron 12 mil 012.4 millones de pesos de recursos federales transferidos en 2019 a través del Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al revisar el gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 -correspondiente al primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX, Rutilio Escandón en Chiapas, Miguel Barbosa en Puebla y Cuitláhuac García en Veracruz-, la ASF detectó que estas entidades fueron las que incurrieron en las mayores irregularidades en el ejercicio de ambos fondos, lo que significa un probable quebranto millonario a las finanzas públicas y una afectación al derecho a la salud de la ciudadanía.

El Seguro Popular y el FASS han tenido el objetivo de dar cobertura de salud a la población sin seguridad social, y los recursos de ambos fondos federales deben destinarse a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, la construcción y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria y la contratación de personal médico y administrativo.

La ASF fiscalizó por separado el gasto que hicieron las 32 entidades federativas de los recursos tanto del Seguro Popular como del FASS.

Lee: ASF detectó ‘deficiencias operativas’ en los recursos del Fonden de 2019

En total, del Seguro Popular, todos los estados dejaron sin aclarar el ejercicio de 8 mil 499.6 millones de pesos. De ese total, 2 mil 695.2 millones corresponden a la CDMX; mil 963.6 millones a Veracruz, 788.5 millones a Chiapas y 712.6 millones a Puebla, con lo que tan sólo estas cuatro entidades reúnen el 72.4% (6 mil 159.9 millones de pesos) de todos los recursos con irregularidades.

En cuanto al FASS, los estados dejaron sin aclarar el ejercicio de 9 mil 536.6 millones de pesos, de los cuales, 4 mil 594.2 millones corresponden a la CDMX y mil 258.3 millones a Chiapas, que, en conjunto, representan el 61.3% (5 mil 852.5) del total de los recursos no comprobados. (En esta auditoría también fue señalado Oaxaca, gobernado por PRI, por no comprobar el uso de mil 488.4 millones de pesos).

Los recursos de los dos fondos federales para salud cuyo destino no aclararon los estados morenistas representan un probable daño al erario por 12 mil 012.4 millones de pesos. Sólo la CDMX suma irregularidades por 7 mil 289.4 millones de pesos, seguida por Chiapas, con 2 mil 056.8 millones; Veracruz, con 1 mil 963.6 millones, y Puebla, con 712.6 millones.

CDMX

La ASF concluyó que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, no comprobó que haya ejercido los recursos del Seguro Popular conforme a la ley, lo que generó un probable daño al erario por 2 mil 695 millones 221 mil pesos, de acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2019-A-09000-19-0631-2020.

“Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo cual se debió a que la información y documentación que proporcionó el Gobierno de la Ciudad de México se remitió de manera parcial, por lo que no permite verificar que los registros específicos de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente identificados, controlados y actualizados, con su documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido”, indica la auditoría.

El documento señala, por ejemplo, que la CDMX no comprobó si los Servicios de Salud Pública y la Secretaría de Salud local destinaron recursos del fondo al fortalecimiento de la infraestructura médica y la adquisición de equipamiento médico, así como para adquisición de medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Tampoco se comprobó si la autoridad local destinó, como establece la normatividad, hasta un 30% de los recursos transferidos por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

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En la auditoría de cumplimiento 2019-A-09000-19-0621-2020, correspondiente al ejercicio del FASS, la ASF concluyó que el gobierno de Sheinbaum no demostró la aplicación de 4 mil 594.2 millones de pesos en los objetivos del fondo.

“La entidad fiscalizada no presentó de forma certificada y completa los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que la entidad fiscalizada no acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indica el documento.

Entre otras irregularidades, el gobierno local no comprobó que el personal contratado con recursos del fondo cumplieran con el perfil de las plazas, ni si los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados. La ASF también presume que se utilizaron recursos para pagar sueldos a personas que se dieron de baja de la nómina o que estaban de licencia.

Por las irregularidades detectadas en el ejercicio de ambos fondos, la ASF solicitó iniciar 52 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios.

Chiapas

Al igual que la CDMX, el estado de Chiapas fue señalado por la ASF por el mal ejercicio de ambos fondos para la salud. En la auditoría de cumplimiento 2019-A-07000-19-0568-2020, relativo al gasto del Seguro Popular, la autoridad fiscalizadora señaló que el gobierno de Rutilio Escandón cometió irregularidades en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, así como control y entrega de bienes y servicios, que causaron un probable daño al erario de 788 millones 577.8 mil pesos.

Una de las anomalías detectadas fue que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH) abrió una cuenta para el manejo de los recursos del Seguro Popular y sus rendimientos financieros, pero en dicha cuenta recibió más recursos de otros fondos y programas. Además, se utilizó una cuenta bancaria puente como administradora, una cuenta para gastos de operación y siete cuentas para el pago de servicios personales, en las cuales se identificó una mezcla de recursos de diversas fuentes de financiamiento.

La ASF detectó que el gobierno local transfirió 531.2 millones de pesos a otras cuentas bancarias sin acreditar su reintegro a la cuenta original que administró los recursos.

“En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas”, señaló la ASF.

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En cuanto al gasto del FASS, en la auditoría de cumplimiento 2019-A-07000-19-0556-2020, la autoridad fiscalizadora detectó un posible daño a la Hacienda Pública por mil 258 millones 323 mil 457 pesos, debido a que, entre otras irregularidades, no se utilizó una cuenta específica para administrar los recursos del fondo, no se realizaron registros contables de los movimientos de dinero y se hicieron transferencias a 14 cuentas para efectuar pagos de nómina y gastos de operación.

La ASF señaló que, con recursos del FASS, se pagó sueldos a 67 funcionarios que no acreditaron estar adscritos a unidades médicas autorizadas, por un monto de 5.5 millones de pesos. También se pagó a 27 “aviadores” un monto de 5.3 millones de pesos. Además, el ISECH no efectuó el reintegro del ISR retenido de las nóminas pagadas con el FASS por un monto de 583.9 millones de pesos.

Otra irregularidad fue que el gobierno de Escandón pagó 8 millones 97 mil 662 pesos en un contrato para, supuestamente, la adquisición de medicamentos, pero no presentó evidencia de la entrega de los bienes.

La ASF solicitó 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios por estas anomalías.

En todos los casos, sin embargo, los estados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para entregar la documentación que crean conveniente para comprobar el faltante de los recursos. Si no se satisfacen las observaciones, la ASF puede emitir las siguientes acciones correctivas: promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; y denuncia de hechos.

Veracruz

En la auditoría de desempeño 2019-A-30000-19-1296-2020, la ASF señaló un posible quebranto de 1 mil 963.6 millones de pesos provenientes del fondo del Seguro Popular por parte de la administración de Cuitláhuac García. Entre las irregularidades, la autoridad fiscalizadora presume que el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (Revepss) pagó 295 millones 782 mil 600 pesos a 1 mil 040 “aviadores”

La ASF también señaló que el gobierno estatal no comprobó haber aplicado al menos el 20% de los recursos transferidos por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para financiar acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Otra de las anomalías detectadas es referente a la falta de transparencia, pues el gobierno de Veracruz no puso a disposición del público en general información referente a las coberturas y servicios ofrecidos.

La Auditoría solicitó que se inicien 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios para castigar las irregularidades.

Puebla

La ASF detectó que el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, cometió un probable daño al erario por 712.6 millones de pesos por el uso indebido de recursos del Seguro Popular. En la auditoría de desempeño 2019-A-21000-19-1049-2020, señaló, por ejemplo, que el gobierno estatal pagó 421.6 millones de pesos de más a una empresa que fue contratada para la adquisición de medicamentos.

La ASF solicitó sancionar a cuatro funcionarios por las irregularidades en el gasto.

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Foto: AFP

Ecuador: al menos 15 muertos y 21 heridos tras un nuevo motín carcelario

Con las víctimas de este lunes, el número de presos fallecidos en penales de Ecuador desde inicios de este año está próximo a alcanzar el centenar.
Foto: AFP
4 de octubre, 2022
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Al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas este lunes durante un nuevo motín entre reos en una cárcel de Ecuador, en otro episodio de violencia dentro del sistema penitenciario del país sudamericano y que expone nuevamente el debate sobre la falta de control del Estado dentro de estas instituciones.

Según confirmó la Fiscalía en Twitter, las muertes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, cerca de la ciudad de Latacunga, a unos 80 kilómetros de Quito.

La prisión alberga a unos 4.300 presos y es una de las más grandes del país.

Los incidentes comenzaron después de que este lunes los reclusos de la prisión participaran en el censo que realiza la institución para recabar los datos de la población penitenciaria del país, según dijo el subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, Jorge Flores, en declaraciones a la prensa.

Los reclusos treparon a los techos mientras se escuchaban detonaciones, según imágenes de noticias de televisión, recoge la agencia AFP.

Lee: En 29 estados se dicta más prisión preventiva de forma automática que justificada; delitos como robo, los más procesados

El SNAI a Personas Privadas de Libertad, encargado del control de las prisiones de Ecuador, que en principio anunció seis heridos, elevó la cifra de víctimas tras las primeras acciones efectuadas después de retomar el control de la prisión.

Efectivos de la policía, bomberos, equipos de apoyo de las fuerzas armadas y personal sanitario acudieron a la zona durante el suceso, informó el SNAI, quien coordinó con las fuerzas de seguridad la activación de “todos los protocolos de seguridad, con la finalidad de precautelar (proteger) la seguridad del centro carcelario”.

La policía ingresó en las instalaciones penitenciaras mientras que equipos de militares resguadaron los alrededores.

Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Reuters
Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Flores dijo a los periodistas que Leandro Norero, acusado de dirigir una banda de narcotráfico, parecía estar “entre las víctimas”, recoge la agencia AFP. Al respecto, la Fiscalía dijo en Twitter que “luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”.

Conocido con el alias “El Patrón”, fue detenido en mayo pasado por denuncias de lavado de dinero, en un operativo en el que presuntamente se incautaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.

Norero, sospechoso de vínculos con el narcotráfico, se convirtió en uno de los líderes de los reclusos, cuenta AFP.

El pasado 20 de septiembre, la policía informó de la detención de tres agentes de la cárcel de Cotopaxi por estar involucrados en un delito de tráfico de municiones.

Violencia vinculada al narcotráfico tras motín en Ecuador

En abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia en tres provincias para frenar la violencia relacionada con pandillas vinculada al narcotráfico. Una emergencia similar fue declarada el año pasado.

Las guerras territoriales entre las bandas ecuatorianas que luchan por el control de las lucrativas redes de cocaína han ejercido una gran presión sobre el sistema penitenciario superpoblado y con escasos recursos.

El peor enfrentamiento carcelario fue en la ciudad portuaria de Guayaquil en septiembre del año pasado, cuando murieron más de 120 reos.

El año pasado, la policía de Ecuador incautó un récord de 190 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína.

Con las víctimas registradas este lunes, el número de presos fallecidos en las cárceles de Ecuador desde inicios de 2022 está próximo a alcanzar el centenar, principalmente en cuatro masacres, ocurridas dos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, otra en la cárcel de Cuenca y ahora esta en la prisión de Latacunga.

Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32.000 reclusos. Desde 2020 han muerto más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros.

En las diferentes requisas policiales tras los enfrentamientos, se han encontrado distintos tipos de armas de fuego, inclusive fusiles, así como armas blancas y grandes cantidades de balas.


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