El exmagistrado de la Ciudad de México Manuel Horacio Cavazos López, denunciado de violación sexual contra sus hijas de entonces 5 y 6 años y destituido del cargo en febrero pasado por esa denuncia, interpuso dos demandas de amparo, de las que Animal Político tiene copia, para ser restituido en el cargo.
Mientras que Patricia Gudiño Rodríguez, otra de las magistradas cuya ratificación fue rechazada porque propuso que se castigue con cárcel al progenitor (regularmente la mujer) que sea acusado por el otro de manipular a sus hijos, ya fue reincorporada desde septiembre pasado gracias a otro amparo.
En el caso de Cavazos López, no solo pide anular la decisión del Congreso de la Ciudad de México por considerar que no estuvo suficientemente fundada, sino que reclama que se le aplique la “ratificación tácita” —que lo dejaría en el cargo de forma vitalicia— con el argumento de que los diputados incumplieron el plazo que tenían para decidir si lo ratificaban o no.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, presidida por Eduardo Santillán, tenía 15 días hábiles para llevar a cabo todo el proceso de evaluación y ratificación de ocho magistrados que habían cumplido con su primer periodo de seis años, entre los que estaba también Héctor Jiménez López, cuestionado por permitir la liberación del exesposo de Abril Pérez Sagaón, que meses después fue asesinada.
Los 15 días empezaron a correr el 28 de enero, cuando la Comisión recibió la propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México pidiendo ratificar a siete magistrados, menos a Jiménez López.
El 5 y 6 de febrero, los candidatos fueron llamados a comparecencia, en la cual tenían que presentar además un ensayo sobre algún tema de su especialidad. Cuando tocó el turno de comparecer de Cavazos López, una diputada y dos diputados le advirtieron que votarían en contra de su ratificación porque uno de los requisitos es gozar de buena reputación y ya no contaba con ella por la denuncia por violación sexual contra sus hijas, aunque no estuviera juzgada.
Ante eso, Cavazos pidió una segunda audiencia que Santillán le concedió una semana después, el 13 de febrero, cuando se acercaba el límite del plazo para la decisión y con críticas incluso de los propios diputados que señalaron que ya había sido escuchado. El todavía magistrado acudió con sus abogados a “desvirtuar”, según dijo, las acusaciones en su contra y acusar que eran inventos de su exesposa, manipulando a sus hijas para declarar que su papá las había tocado.
El plazo se cumplía el 18 de febrero, pero el presidente de la Comisión no presentó los dictámenes hasta el día 26, de modo que llegaron a ser votados por el Pleno hasta el 27 de febrero y un día después, los magistrados rechazados, entre ellos Cavazos López y Jiménez López, dejaron el cargo.
Animal Político buscó a Santillán para preguntar si ese retraso podría ser argumento suficiente para revocar el proceso de no-ratificación, a lo que contestó que aunque esté en manos del Poder Judicial la decisión, no cree que vaya a proceder una impugnación por eso, ya que las evaluaciones al magistrado eran negativas y eso no dependía del tiempo.
“Es un tema que regularmente tenemos en el ámbito parlamentario, no son evaluaciones matemáticas inmediatas, sino procesos de generación de acuerdos, de consensos. Y los criterios que se han establecido siempre en el Poder Judicial pues es que eso no le genera ningún agravio. Si bien es cierto que no se llevaron a cabo en los plazos estrictamente señalados, también es cierto que eso no le generó ningún agravio, es decir, no es que la evaluación haya sido distinta. Entonces al no afectarse de manera determinante, no se le afectó ningún derecho”, señaló en entrevista.
Acusa que el Congreso confundió el concepto de honorabilidad
Una de las demandas de amparo está interpuesta ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, y la otra ante el Segundo. Contra quienes busca ampararse Cavazos López son el Congreso de la Ciudad de México y su Comisión de Administración y Procuración de Justicia, como autoridades ordenadoras, y contra el Consejo de la Judicatura y varias unidades que tienen que ver con pago de salarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX).
Además de los plazos, reclama que no hubo una correcta interpretación del concepto de “honorabilidad”, con el que tienen que cumplir todos los juzgadores, ya que debió limitarse a su desempeño laboral. También dice que confundieron el concepto de “evaluación pública”, ya que argumenta que eso solo implica que el proceso sea de conocimiento de la ciudadanía, pero no que pesen opiniones que él considera que fueron un linchamiento público promovido por su exesposa y por “publicaciones sensacionalistas”.
Animal Político fue quien dio a conocer el 23 de enero pasado que el entonces magistrado estaba denunciado, y tuvo acceso a la carpeta de investigación, en la que constan declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público, grabaciones de audio en las que una de las niñas cuenta a su mamá lo que su papá le hacía, pruebas periciales y psicológicas que acreditan que las menores tienen afectaciones compatibles con las que suelen presentar las víctimas de violencia sexual. Una denuncia que el pasado 23 de septiembre cumplió un año y sigue sin judicializarse —lo cual implicaría prisión preventiva para Cavazos—, pero tampoco se ha archivado.
Tras la revelación, organizaciones sociales y activistas, defensoras de derechos humanos, diputadas locales y federales, y hasta la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) expresaron opiniones de rechazo a la ratificación o dudas de que pudiera haber conflicto de interés en la resolución del caso y de la confirmación del puesto de magistrado.
La solicitud de amparo de Cavazos hace referencia a la segunda audiencia que le concedió el Congreso local y reclama que acudieron dos de esas activistas, a las que los diputados les concedieron “pleno valor probatorio” a argumentos que eran “intrigas” y opiniones vertidas “a sus espaldas”. Esto a pesar de que fue él mismo y sus abogados quienes decidieron retirarse y no escuchar a las defensoras.
El exmagistrado también presumió que en los documentos que remitió el Consejo de la Judicatura para recomendar su ratificación, se mencionó que habían recibido de la ciudadanía 69 opiniones a su favor y una en contra, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en la que se refirieron a la denuncia de violación. Pero el propio Consejo dijo que esto eran conductas “que tuvieron consecución en un ámbito familiar”.
También en el Congreso de la Ciudad de México se abrió un periodo para recibir opiniones, y según lo que reportó la comisión presidida por Santillán, fueron 181 en total: 157 a su favor y solo 24 en contra. Esto a pesar de que Animal Político dio a conocer que desde el día anterior a la comparecencia, la Fundación Arcoíris entregó una carta que tenía 657 firmas de rechazo, y tiene copia de al menos otras tres presentadas el 12 y 13 de febrero, una con 41 nombres, incluyendo a la diputada federal Lucero Saldaña, otra de AbolicionistasMx con 24 nombres, y una más de la Red de Abogadas Feministas de México (REDAFEM) con 38 firmas.
Con estos argumentos es que Cavazos pide ser restituido en el cargo, ratificado de forma automática, y que tanto el Consejo de la Judicatura como el Congreso se abstengan de proponer y evaluar a otros candidatos para ocupar el puesto que él tenía como magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales.
Gudiño consigue suspensión para volver al cargo
En el caso de Patricia Gudiño Rodríguez, aunque todavía no está resuelto el asunto de fondo, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México le concedió suspensión definitiva al amparo 644/2020, interpuesto a nivel federal, en el que reclamó violación al procedimiento de ratificación como magistrada por dilación.
El Tribunal Superior de Justicia confirmó a este medio que se recibió la orden legal de restituir a Gudiño como magistrada de la Primera Sala Familiar desde septiembre pasado.
Su caso es distinto porque el dictamen de la Comisión de Justicia proponía que sí fuera ratificada, pero el Pleno del Congreso lo rechazó.
En su comparecencia, el mismo día que la de Cavazos, Gudiño no solo escribió un ensayo sino que elaboró una propuesta de que fuera reincorporada la figura de “alienación parental” y no solo en el Código Civil, sino en el Penal, es decir, que se castigue con cárcel.
Esta figura ya fue derogada en 2017 en la Ciudad de México como causal para quitar la patria potestad de los hijos en conflictos de divorcio, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ha rechazado. Esto después del caso de Mireya Agraz, una mujer que se quitó la vida a ella y a sus hijos después de que un juez hubiera ordenado darle la custodia al padre, que estaba acusado de abusar sexualmente de ellos, con el argumento de que esas denuncias eran porque los niños estaban “alienados”.
Después de dicha exposición, la votación de la Comisión estuvo dividida, pero finalmente se inclinó a su favor. Aunque al presentar el dictamen ante el Pleno, no fue aprobado
Por ello, la Comisión de Justicia tenía 20 días, después de ese 27 de febrero, para volver a elaborar un dictamen. Pero ese mismo fin de semana llegó a México el coronavirus que provoca COVID-19 y a las pocas semanas el Congreso local suspendió las sesiones presenciales, las únicas en las que se pueden avalar decisiones como la ratificación de magistrados.
De acuerdo con Santillán, presidente de la Comisión de Justicia, en las próximas semanas ya se va a retomar el asunto para elaborar un nuevo dictamen y que pueda haber una sesión presencial del Pleno, en la que Gudiño sea destituida o ratificada definitivamente. Dicho proceso ya no incluirá comparecencias, sino que con lo existente, se hará una nueva valoración de la juzgadora.
