Morena, PT, PVEM y PES usaron su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma al artículo 77 de la Ley General de Salud, que le permitirá al gobierno federal llevarse 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, antes de Gastos Catastróficos, al flujo de la Tesorería, presuntamente para pagar la vacuna de COVID. También usaron esa mayoría para no admitir un solo candado que asegure que tales recursos de verdad se gastarán en eso.

Los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano propusieron varios cambios y agregados, conocidos como reservas, antes de aprobar en lo general y en lo particular la iniciativa, pero el bando contrario, Morena y sus aliados, desecharon la discusión en el pleno de cualquier propuesta, hasta la de una de sus propias compañeras, la de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, que pedía modificar la redacción de la iniciativa para no dejar el estimado de recursos solo con base en el periodo fiscal 2020.

Si bien en la parte de la exposición de motivos, la iniciativa de reforma presentada por el diputado morenista Iván Pérez Negrón señala que los recursos que se tomen del fondo se usarán para la atención de la pandemia de COVID-19, “lo que incluye la obtención de la vacuna en dosis suficientes, una vez que el mundo pueda contar con ella”, en los párrafos que se modifican y adicionan al artículo 77 de la Ley General de Salud y en los transitorios esto no queda especificado.

No hay un solo renglón donde se diga tal cual que el dinero se usará para atender la pandemia de COVID, mucho menos para la compra de las vacunas. En cuanto a la bolsa donde irán a parar estos recursos, solo se precisa que cuando este fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el remante (lo que sobra) podrá destinarse a fortalecer acciones en material de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar.

El resultado de todo ese proceso (la forma en cómo se usa o no los recursos del fondo), dice la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, “es la acumulación de una muy importante cantidad de recursos públicos destinados a la atención de la salud de los mexicanos que ni se erogan para cubrir enfermedades que provocan gastos catastróficos, ni se utilizan para ampliar la infraestructura, ni para una mayor cobertura de medicamentos y, ahora, tampoco para la atención de la pandemia de la enfermedad COVID-19”.

Los recursos acumulados que se mantengan en esa bolsa específica, asegura la iniciativa, seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos (como en el caso del cáncer) y la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos, así como el acceso a exámenes clínicos.

Mayoría se impone para no poner candados

Una tras otra, las peticiones de modificación y candados de la oposición para especificar en qué y cómo se gastarán los recursos fueron rechazadas por la mayoría de la Cámara de Diputados. Lo aprobado, aprobado estaba, aunque fuera entre gritos y señalamientos.

El martes 27 por la tarde, después de un largo debate en el que se presentaron posturas a favor y en contra de la iniciativa, la presidenta de la mesa directiva, la priista Dulce María Sauri Riancho, pidió abrir el tablero electrónico para la votación.

Concluido el tiempo para que los diputados votaran, Sauri Riancho declaró que no había el quórum suficiente, ante los reclamos de los legisladores de Morena, que acusaron a panistas y priistas de estar presentes en el salón de sesiones, pero no ejercer su voto. Ante los gritos y sin que los números cuadraran, la presidenta de la mesa directiva primero declaró un receso de 15 minutos y después levantó la sesión, para reanudarla hasta el día siguiente. El miércoles 28, los partidos de oposición intentaron la misma estrategia.

A las 11: 57 de la mañana, Dulce María Sauri Riancho instruyó la apertura del sistema electrónico. Minutos después la legisladora solicitó a los diputados que ya hubieran emitido su voto abandonar el salón, para no rebasar el número de 129 diputados que debe haber en el pleno por  las restricciones sanitarias de la epidemia de COVID.

El diputado morenista Rubén Cayetano García le solicitó entonces a la presidenta de la mesa que más bien le pidiera a los diputados de oposición, entre ellos los del PAN y los de su propio partido el PRI, que emitieran su voto, puesto que, dijo, estaban presentes en el salón pero sin votar.

Sauri hizo caso omiso de la petición de Cayetano García y le solicitó a la secretaria de la mesa directiva, la morenista Guadalupe Díaz, ordenar el cierre electrónico del sistema de votación. Pero la secretaria no atendió la petición de inmediato. La priista tuvo que volver a hacer la solicitud y pedirle que la acatara.

Al cierre del sistema, la secretaria informó que se habían emitido 242 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa quedaba aprobada en lo general. Ante esto, la priista Claudia Pastor pidió la palabra para reclamar que la secretaria “en un absoluto fraude se tardó en ejecutar la orden del cierre del sistema”. La voz de la legisladora apenas pudo escucharse entre los gritos de los legisladores de Morena, que salieron en defensa de su compañera y del procedimiento.

La presidenta de la mesa directiva tuvo que decretar un receso en tanto se reestablecía “el clima de diálogo y concordia”.

A las 12:32 se reanudó la sesión y los diputados de oposición presentaron más de 20 reservas para adicionarle o modificarle aspectos a la iniciativa, pero los legisladores de Morena y sus aliados rechazaron incluso discutir las propuestas en el pleno.

Las propuestas de cambios o adiciones solicitaban, sobre todo, ponerle candados a la reforma para que los 33 mil millones de pesos se etiquetaran en específico para la vacuna de COVID-19 y para que el dinero no se integrara a la Tesorería sino que se quedara ya etiquetado en el fondo.

Otras reservas pedían, como en el caso de la de la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán que las reservas del fondo, lo que quedará ahí, se duplicará cada año. Esa propuesta tampoco se admitió ni siquiera para discusión.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Itzcóatl Tonatih Bravo Padilla aseguro que estaban de acuerdo en que los recursos se etiqueten para COVID y se usen para ese propósito, pero sin transferirlos a la Tesorería, sino que se utilicen desde el mismo fondo. “No tiene sentido sacar el dinero de ahí, usémoslo desde el fondo y solo este año”. Su propuesta también se desechó.

Frente a las negativas de poner estos candados, los diputados de oposición acusaron a los morenistas y sus aliados de pretender usar el dinero para otros fines.

“Esos 33 mil millones no se van a atender necesidades de salud sino al gasto corriente de su gobierno y eso es una traición. Qué triste que le den la espalda a los enfermos de cáncer, de VIH-Sida y de otros padecimientos graves”, señaló la diputada María Alemán Ruíz, del PRI.

Si garantizan, agregó la legisladora, que eso va a la vacuna, “tienen los votos del PRI. Pero no lo hacen. Háganlo. Discutamos. Perdón si no creemos ya en sus palabras, pero cuando tomaron dinero de ahí para el Insabi se comprometieron a informar trimestralmente y no lo vemos”.

La panista Cecilia Asunción Patrón Laviada señaló que la realidad es que el gobierno federal tiene un boquete de 33 mil millones de pesos en la Ley de Ingresos. “No les salen las cuentas. Quieren abrir la puerta para transferir recursos a la Tesorería y convertir el dinero de la salud en gasto corriente”.

A las 4 de la tarde, con 249 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 17 y modifica el párrafo segundo del artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud.

El proyecto de decreto pasa al Senado para su análisis y votación.