Guardia Nacional se extralimitó en funciones y sí agredió a migrantes: CNDH
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Guardia Nacional agredió a migrantes con piedras, toletes y escudos, se extralimitó en sus funciones: CNDH

El organismo emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, así como para el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Solicitó reparar el daño integral a las víctimas.
AFP
30 de octubre, 2020
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Nueve meses después de que la Guardia Nacional lanzara gases lacrimógenos, piedras e hiciera uso de la fuerza para impedir que cientos de migrantes lograran cruzar de Guatemala hacia México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos hacia integrantes de la caravana que ingresó al país en enero.

Cuando ocurrieron los hechos, el gobierno de México defendió la actuación de la Guardia Nacional para impedir el paso de la caravana, descartó algún incidente, que se hayan violado sus derechos o cualquier acto de represión.

Sin embargo, el organismo constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar al país por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.

Por estas agresiones contra los integrantes de la caravana, el organismo emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, así como para el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Solicitó a la Secretaría de Seguridad reparar el daño integral a las víctimas en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Las víctimas relataron que al cruzar el cauce del Río Suchiate o al encontrarse caminando en compañía de sus hijos por la carretera federal a Tapachula, elementos del INM y la Guardia Nacional les arrojaron piedras y los golpearon con toletes y escudos para evitar su ingreso a territorio mexicano, luego fueron detenidos y trasladados a una estación migratoria por funcionarios de ambas instituciones.

“Aproximadamente a las 16:00 horas nos encontrábamos en la carretera entre Unión Hidalgo y Tapachula, Chiapas, en compañía de mi hija de 1 año de edad cuando varios elementos de la Guardia Nacional nos encapsularon ya que viajaba con la caravana, fue que empezaron a detenernos, a mí y a mi hija nos rociaron con gas lacrimógeno sin importar que tenía a mi hija en brazos, quien lloró mucho por el ardor que teníamos en la cara y en el cuerpo. Fue que corrí con mi hija y más adelante me detuvieron…”, narra una de las víctimas.

De acuerdo con la Comisión, al permitir que elementos de la Guardia Nacional realizaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de cinco niños, tres adolescentes y seis adultos.

El artículo 96 de la Ley de Migración señala que “las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones (…) sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”. Dicho ordenamiento es exclusivo del INM.

En este sentido, la Guardia Nacional no tienen atribuciones para efectuar la detención de extranjeros aun cuando no cuenten con la documentación para acreditar su estancia legal en México.

El despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en el Río Suchiate y en el Puente Fronterizo tenía como finalidad llevar a cabo el acompañamiento, protección y seguridad a los Agentes de Migración, sin embargo, de acuerdo con el organismo, la Guardia se extralimitó en sus acciones.

En la recomendación 50/2020, la CNDH también exhibe la omisión del personal del INM que consintió que servidores públicos de la Guardia Nacional desempeñaran tareas que por mandato de ley no les corresponden.

El INM sostuvo que su personal en todo momento respetó los derechos humanos de los integrantes de la caravana y negó agresiones.

Las personas que presentaron las quejas por violaciones a sus derechos dieron su testimonio, mostraron pruebas de las lesiones que tuvieron, y recabaron notas periodísticas y videos que muestran el uso de la fuerza durante los operativos.

Gobierno negaba violaciones a derechos humanos

La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos negados por el gobierno.

Tras los hechos con los migrantes en enero, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Guardia Nacional “fue una guardia que solo ordenó a los migrantes para entrar a nuestro país”, respetando los derechos humanos.

“México es un país de asilo y refugio que protege a los migrantes”, sostuvo la secretaria de Gobernación en ese entonces.

El 21 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó algún incidente con los migrantes y que se hayan violado sus derechos, pese a los videos y fotografías que publicaron medios de comunicación y defensores de derechos humanos, pero días después reconoció que sí ocurrieron “hechos aislados”.

Durante una conferencia matutina reconoció que la Guardia Nacional, en algunos casos, ha utilizado la fuerza contra los migrantes en la frontera sur, aunque rechazó que cometieran excesos para su contención.

Agencias de noticias, medios de comunicación y los mismos visitadores de la CNDH lograron captar imágenes de como perseguían a los migrantes y la forma en que se lanzaron sobre ellos y los inmovilizaban para evitar que lograran su recorrido.

Entérate: Gobierno dice que no hubo incidentes con migrantes, pero imágenes muestran otra cosa

Después de que en mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a México, el gobierno de López Obrador endureció su política migratoria y desplegó a la Guardia Nacional para contener a los migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos.

Organizaciones ciudades acusaron al gobierno federal de criminalizar la migración, y de someterse a las presiones de Trump.

El presidente López Obrador, en sus discursos, ha mencionado que la Guardia Nacional recibe capacitación en materia de derechos humanos, y ha destacado que su gobierno busca erradicar los abusos de cualquier corporación de seguridad.

Reparación del daño 

La CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente. También pide inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.

Asimismo, colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere “los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza”.

También pide que se imparta al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el Instituto Nacional de Migración.

Para el INM se recomienda hacer las gestiones necesarias para localizar a las víctimas de dichas agresiones, para otorgarles atención médica y psicológica, lo que incluye la provisión de medicamentos y su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas.

Además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.

 

Secretaría de Seguridad atiende recomendación

Este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado en el que señala que recibió atenderá la recomendación de la CNDH en torno a este caso.

La SSPC señala que colaborará ampliamente con la CNDH “en la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, para llevar a cabo las investigaciones conducentes”.

En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la dependencia iniciará las acciones conducentes a fin de que se otorgue la reparación integral a las personas afectadas.

La SSPC también diseñará los instrumentos necesarios en el marco de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y continuará fomentando la capacitación en materia de derechos humanos.

Adicionalmente harán un análisis puntual de las facultades que legalmente puede ejercer la Guardia Nacional en materia migratoria en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para garantizar la legalidad de su actuación. “No hay que olvidar que la Ley de la Guardia Nacional establece facultades específicas en la materia para colaborar con dicho Instituto, por lo que esta Secretaría ejercerá sus atribuciones conforme lo establece la normatividad aplicable”, expresan.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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